Camino de Libertad

Veinte ensayos de F. A. Hayek,

en el 50 Aniversario de su Premio Nobel

REVISTA PROCESOS DE MERCADO

INSTITUTO JUAN DE MARIANA

Índice de contenidos

Introducción del Instituto Juan de Mariana.

Presentación del Profesor Huerta de Soto.

Sobre la revista Procesos de Mercado.

Discurso de recepción del Premio Nobel: “La pretensión del conocimiento”.

Colección de artículos publicados en Procesos de Mercado:

1- Economía y conocimiento.

2- Las raíces socialistas del nazismo.

3- Por qué los peores se colocan a la cabeza.

4- Los intelectuales y el socialismo.

5- El carácter subjetivo de los datos en las ciencias sociales.

6- Sindicatos, inflación y beneficios.

7- La decadencia de la ley.

8- La redistribución de la riqueza y la política tributaria.

9- Libertad y libertades.

10- Los resultados de la acción del hombre.

11- Contención del poder y desmitización de la política.

12- Libertad económica y gobierno representativo.

13- Un modelo de Constitución.

14- Dos tipos de mente.

15- ¿Adónde va la democracia?

16- El atavismo de la justicia social.

17- La campaña contra la inflación keynesiana.

18- El centenario de Keynes: la crítica austríaca.

19- El orden extenso y el aumento de la población.

20- La fatal arrogancia.

Apéndice: Hayek, sobre la regulación de la vivienda.

- El problema de la vivienda y del urbanismo.

- La congelación de los alquileres.

INTRODUCCIÓN DEL

INSTITUTO JUAN DE

MARIANA

Friedrich August von Hayek (1899-1992) fue un destacado economista, filósofo y teórico social austriaco-británico. Reconocido por su defensa del liberalismo clásico y por su crítica al socialismo y al intervencionismo estatal, ha sido ampliamente reconocido como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX.

Profesor en la London School of Economics, la Universidad de Chicago o la Universidad de Friburgo, su obra se centra en el papel del mercado y la información en la coordinación de la economía, argumentando que el conocimiento está disperso entre los individuos y que solamente el sistema de precios puede integrarlo eficazmente.

Su celebrado libro Camino de servidumbre (1944) alertó sobre los riesgos de la planificación centralizada, influyendo sobremanera en el pensamiento económico y político de su tiempo y dando pie al auge del liberalismo en los años 80.

En 1974, recibió el Premio Nobel de Economía en reconocimiento a sus aportes a la teoría monetaria y la interdependencia de los fenómenos económicos y sociales. El presente volumen conmemora el 50 aniversario de dicha distinción.

Este proyecto conjunto de la revista Procesos de Mercado y el Instituto Juan de Mariana rinde homenaje a la brillante trayectoria intelectual de Hayek. El volumen, recopilado por Diego Sánchez de la Cruz con la inestimable colaboración con Juan Navarrete, reúne en un único volumen una veintena de ensayos del intelectual austriaco publicados a lo largo de los años en las páginas de Procesos de Mercado.

El lector podrá consultar el discurso pronunciado por Hayek en la ceremonia de recepción del Premio Nobel (“La pretensión del conocimiento”), amén de dos decenas de artículos firmados por el autor entre los años 1936 y 1988 y publicadas en Procesos de Mercado a lo largo de los años. Asimismo, se adjunta un apéndice con dos artículos firmados por Hayek en 1960 en los que se alude al mercado de la vivienda y su regulación, cuestión de indudable actualidad y relevancia en 2024.

Como volumen complementario, el Instituto Juan de Mariana también conmemora el 50 aniversario del Premio Nobel otorgado a Hayek con la publicación de Cartas hayekianas, una colección de textos firmados por autores del Instituto y dedicados a la vida y obra del brillante pensador austriaco.

PRESENTACIÓN DEL

PROFESOR

JESÚS HUERTA DE SOTO

En octubre de 1974, con diecisiete años de edad, comenzaba mi segundo curso de Ciencias Económicas (en la llamada rama de

“Economía General”, para distinguirla de la “de empresa”), oficialmente matriculado en la Universidad Complutense de Madrid, pero como alumno del Centro de Estudios Universitarios (CEU) que entonces dependía de la misma.

El curso anterior había sido para mí muy excitante. Desde su comienzo entré en contacto, por una serie de casualidades inexplicables, con la Escuela Austriaca de Economía. Había adquirido varios cajones de libros escritos por los principales autores de la Escuela que me llegaron de Estados Unidos; y lo que es más importante, había literalmente devorado La acción humana de Mises (que había fallecido el año anterior en septiembre de 1973), Los fundamentos de la libertad de Hayek, Man, Economy and State de Rothbard y Competencia y función empresarial de Kirzner.

Todo ello lo simultaneé con la puntual asistencia a todas las clases, y la discusión diaria con mis sufridos profesores a los que continuamente cuestionaba todo lo que me enseñaban. Su paciencia y generosidad para conmigo fueron encomiables pues, a pesar de todos los aprietos en que les puse, siempre me aprobaron todas las asignaturas con las máximas calificaciones.

Y fue precisamente en ese ambiente de gran efervescencia y expectación académica en torno a una “Escuela Austriaca de Economía” de la que prácticamente hasta entonces nadie había oído hablar en nuestras aulas, cuando recién comenzado el segundo curso y ante el asombro de mis compañeros y profesores, la Academia Sueca anunció a bombo y platillo la concesión del Premio Nobel de Economía al economista entonces vivo de la Escuela Austriaca más distinguido Friedrich A. Hayek, “por sus contribuciones en el ámbito de la teoría del capital y de los ciclos, y por sus profundos análisis sobre los fundamentos de la libertad”.

Ni yo ni nadie nos lo esperábamos en absoluto. Para mí fue una completa sorpresa y supuso un espaldarazo definitivo, no solo por el prestigio académico que dio a lo que ya venía defendiendo ante mis compañeros y profesores desde el curso anterior, sino sobre todo porque lo consideré una señal divina que me indicaba que debía dedicar el resto de mi vida, con toda mi energía, ánimo y entusiasmo, al estudio, defensa y divulgación de las teorías de la Escuela Austriaca de Economía y de la libertad.

Recuerdo esas semanas y meses como uno de los más felices de mi vida, solo comparables cuando, justamente casi cincuenta años después, uno de mis más brillantes discípulos, el profesor Javier Gerardo Milei, ganó las elecciones y alcanzó la presidencia de la República Argentina con un programa precisamente fundamentado en la Escuela Austriaca de Economía y en la filosofía política del anarcocapitalismo.

Es por tanto para mí una gran felicidad rememorar esos momentos claves de mi vida, así como un gran honor y un motivo de gran satisfacción hacer esta presentación especialmente dedicada a los seguidores del Instituto Juan de Mariana que, en cooperación con la revista Procesos de Mercado que fundé hace ahora ya más de veinte años, hoy reciben este volumen conmemorativo del cincuentenario de la concesión del Premio Nobel de Economía a Hayek.

Mi máximo agradecimiento a todos los que lo han hecho posible y mi apoyo incondicional al Instituto Juan de Mariana. Todo mi ánimo y mejores deseos para que todos los lectores recojan la antorcha que yo en su día recibí, la perfeccionen y engrandezcan y la entreguen a su vez con todo entusiasmo a los que vengan después de nosotros.

¡Viva la libertad, carajo!

SOBRE LA REVISTA

PROCESOS DE MERCADO

Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política es una revista científica de publicación semestral y de acceso libre que se dirige a un cada vez más amplio público interesado en el análisis económico desde una perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía. Fundada en 2004, esta revista ha mantenido un sólido compromiso con la excelencia académica y la promoción del pensamiento económico austriaco mediante la publicación de investigaciones que destacan tanto por su rigor como por su impacto en la comprensión del concepto dinámico del mercado.

El objetivo de Procesos de Mercado es proporcionar un foro para el desarrollo y expansión del pensamiento de la Escuela Austriaca de Economía. La revista se publica de manera continua con dos ediciones anuales, un número de invierno en diciembre y uno de verano en junio.

La estructura de Procesos de Mercado refleja su compromiso con la difusión del pensamiento económico austriaco mediante diversas secciones que abarcan tanto análisis académicos como contenidos de actualidad.

En cada edición, la sección de artículos académicos presenta investigaciones originales y exhaustivas que abordan temas de economía política, teoría económica y cuestiones relacionadas con las ciencias sociales desde la óptica austriaca.

La sección de notas, por su parte, permite el desarrollo de análisis más concisos y puntuales, enriqueciendo el debate desde una perspectiva ágil y más desahogada.

En documentos, la revista incluye capítulos de libros y textos fundamentales de autores representativos de la Escuela Austriaca con el fin de acercar al lector a las obras de referencia en esta tradición.

En el apartado de reseñas de libros se evalúan críticamente obras recientes y clásicas, ofreciendo una reflexión sobre su contribución e impacto en la economía y el pensamiento liberal.

El epígrafe de noticias, quizá el más importante a nivel histórico, recoge la actualidad sobre los distintos eventos y sucesos que se desarrollan dentro del ámbito austriaco, en particular dentro de la Escuela Austriaca de Madrid, manteniendo a los lectores informados sobre la vida académica de esta escuela de pensamiento.

Finalmente, una sección de sugerencias de nuevas lecturas proporciona recomendaciones de obras y artículos adicionales de actualidad.

La dirección y gestión editorial de la revista están a cargo del profesor Jesús Huerta de Soto y de un equipo conformado por el Consejo Editorial, el Consejo Asesor y el Comité Científico. Este conjunto de profesionales académicos, junto con la inestimable labor de los revisores, establece las directrices académicas y asegura que los artículos publicados cumplen con los estándares de calidad esperados, promoviendo al mismo tiempo un proceso de revisión constructivo y eficiente que permite mejorar los trabajos sometidos a evaluación para alcanzar el alto nivel científico que caracteriza a la revista. La publicación de Procesos de Mercado se constituye así como una plataforma fundamental para el debate y el desarrollo de ideas dentro de la economía política, promoviendo la reflexión sobre los principios del mercado, el orden social espontáneo y la libertad individual.

“LA PRETENSIÓN DEL

CONOCIMIENTO”

DISCURSO DE

RECEPCIÓN DEL PREMIO

NOBEL

LA PRETENSIÓN

DEL CONOCIMIENTO*

FRIEDRICH A. H AYEK

La singular ocasión de esta conferencia, combinada con el principal problema práctico con que los economistas han de enfrentarse hoy en día, ha hecho casi inevitable la elección del tema.

Por una parte, la reciente creación del Premio Nobel de Economía marca una etapa significativa en el proceso por el que, en opinión de la gente, las ciencias económicas han alcanzado en parte la dignidad y el prestigio de las ciencias físicas. Por otro lado, en el momento actual se espera de los economistas que digan cómo ha de extirparse del mundo libre la seria amenaza de la inflación acelerada que —hemos de admitirlo— es el resultado de la política que la mayor parte de los economistas han recomendado, e incluso urgido, a los gobiernos. Hoy por hoy tenemos pocos motivos para sentirnos orgullosos: como profesión, hemos creado una confusión enorme.

En mi opinión, el fallo de los economistas en la consecución de una política más acertada se halla íntimamente relacionado con la propensión a imitar en todo lo posible los procedimientos de las prestigiosas ciencias físicas, lo cual, en nuestra materia, puede conducirnos a un completo error. Es éste un procedimiento que ha sido calificado de actitud «científica», pero que, como ya dije hace treinta años, «es decididamente acientífica en el verdadero sentido de la palabra, ya que supone una aplicación mecánica y acrítica de unos hábitos de pensamiento a campos diferentes de aquellos en que dichos hábitos se han formado».1 Quisiera

* Discurso pronunciado en Estocolmo, con motivo de la recepción del Premio Nobel de Economía, el 11 de diciembre de 1974, publicado en Les Prix Nobel en 1974, Estocolmo, 1975 [trad. española en ¿Paro o inflación? , Unión Editorial, Madrid 1975].

1 «Scientism and the study of society», Economica, vol. IX, n.º 35, agosto de 1942, reeditado en The Counter-Revolution of Science, Chicago, 1952 [trad. esp.: La contrarrevolución de la ciencia, Unión Editorial, 2003].

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XI, n.º 1, Primavera 2014, pp. 437 a 450

FRIEDRICH A. HAYEK

comenzar explicando cómo algunos de los más graves errores de la política económica de estos últimos años son directa consecuencia de esta actitud cientista.

La teoría que ha presidido la política monetaria y financiera durante los últimos treinta años —y que, en mi opinión, es en gran parte resultado de una errónea concepción del procedimiento científico— se centra en la afirmación de que existe una correlación simple entre pleno empleo y demanda global de bienes y servicios, lo que induce a creer que se puede asegurar de un modo permanente el pleno empleo siempre que se mantenga el gasto total de dinero a un nivel conveniente. Entre las diversas teorías que tratan de explicar el paro en gran escala es ésta probablemente la única en cuyo apoyo pueden aducirse importantes argumentos cuantitativos. Sin embargo, yo la considero fundamentalmente falsa, y la experiencia me dice que actuar bajo su inspiración es sumamente peligroso.

Todo esto me lleva al problema de fondo. A diferencia de lo que sucede en las ciencias físicas, en la economía —lo mismo que en las demás ciencias que tratan de lo que yo llamo fenómenos «esencialmente complejos»— los aspectos de los hechos a explicar que pueden proporcionarnos datos cuantitativos son muy limitados y a veces marginales. Mientras que en las ciencias físicas se supone generalmente, acaso con razón, que cualquier factor importante que determine los acontecimientos observables puede ser a su vez observado y medido, en el estudio de fenómenos «esencialmente complejos», como el mercado, que dependen de las actividades de muchos individuos, las circunstancias que determinan el resultado de un proceso difícilmente (por razones que más adelante explicaré) serán siempre completamente conocidas y mensurables . Mientras que en las ciencias físicas el investigador será siempre capaz de medir, sobre la base de una teoría prima facie, lo que considera importante, en las ciencias sociales se trata a menudo como importante únicamente lo que puede ser medido. Esto nos conduce a veces a una situación en la que se pretende que nuestras teorías se formulen tan solo en términos referidos a magnitudes mensurables.

Difícilmente puede negarse que semejante pretensión, totalmente arbitraria, limita los hechos que deben admitirse como posibles

LA PRETENSIÓN DEL CONOCIMIENTO

causas de los acontecimientos del mundo real. Este punto de vista, que con frecuencia se acepta ingenuamente como si obedecie-ra a una exigencia del método científico, tiene algunas consecuencias bastante paradójicas. Por supuesto, en lo que respecta al mercado y a otras estructuras sociales semejantes, conocemos muchos hechos que no pueden medirse y de los que tenemos tan solo una muy imprecisa y general información. Y puesto que los efectos de estos hechos en un caso determinado no pueden confirmarse mediante una evidencia cuantitativa, son sencillamente desestimados por quienes solo admiten lo que consideran evidencia científica, procediendo, por tanto, ingenuamente con la ficción de que solo son relevantes los factores que se pueden medir.

La correlación entre demanda global y pleno empleo, por ejemplo, solo puede ser aproximada; pero como es la única sobre la que tenemos datos cuantitativos, la aceptamos como la única conexión causal que cuenta. Siguiendo esta pauta, podemos encontrar mayor evidencia «científica» en una teoría falsa, la cual será aceptada desde el momento en que aparece como más «científica», que en una explicación correcta, rechazada por carecer de la suficiente evidencia cuantitativa.

Trataré de ilustrar esto refiriéndome brevemente a lo que considero ser la principal causa del paro masivo, explicando al mismo tiempo la razón por la que dicho paro no puede corregirse de forma permanente a través de la política inflacionista que la teoría hoy en boga recomienda. Entiendo que la explicación correcta está en la existencia de discrepancias entre la distribución de la demanda de los diferentes bienes y servicios y la asignación del trabajo y demás recursos necesarios para producir esos bienes y servicios. Tenemos un buen conocimiento «cualitativo» de las fuerzas que llevan a una correspondencia entre la demanda y la oferta en los diferentes sectores del sistema económico, de las condiciones en que dicha correspondencia puede obtenerse y de los factores que impiden semejante ajuste. Las distintas etapas de este proceso se basan en hechos de experiencia cotidiana, por lo que quienes se tomen la molestia de seguir el razonamiento comprenderán sin dificultad la validez de las suposiciones fac-tuales, así como la corrección lógica de las conclusiones que de ellas se deriven. Tenemos buenas razones para pensar que el paro

FRIEDRICH A. HAYEK

indica que la estructura de precios y salarios relativos se ha distor-sionado (de ordinario, a causa de la fijación de precios impuesta por los monopolios o por el gobierno), y que para restablecer el equilibrio entre la demanda y la oferta de trabajo en todos los sectores habrá que introducir algunos cambios en los precios y salarios relativos y ciertas transferencias de trabajo.

Pero cuando se nos pide una evidencia cuantitativa de la particular estructura de precios y salarios que se necesitaría para asegurar una venta fluida y continua de los productos y servicios ofrecidos, debemos admitir que carecemos de semejante información. En otras palabras, conocemos las condiciones generales en las que puede establecerse lo que, no muy acertadamente, llamamos «equilibrio»; pero desconocemos los precios y salarios particulares que se darían si el mercado produjera tal equilibrio. Solo podemos indicar las condiciones bajo las que podemos esperar que se establezcan en el mercado los precios y salarios en los que la demanda igualará a la oferta. Pero en modo alguno podemos conseguir una información estadística que muestre la forma en que los precios y salarios actuales se desvían de aquellos que ase-gurarían una venta continua de la oferta de trabajo existente. Esta exposición de las causas del paro es una teoría empírica, en el sentido de que podría demostrarse que es falsa: por ejemplo, si con un aporte constante de dinero un incremento general de los salarios no condujese al paro. Pero no es el tipo de teoría que puede utilizarse para obtener predicciones numéricas y específicas concernientes a las tasas de salarios, o a la distribución que puede esperarse en el trabajo.

¿Por qué en las ciencias económicas hemos de alegar ignorancia sobre aquella clase de hechos respecto a los que, en el caso de una teoría física, se le pide al científico una información precisa?

No es sorprendente que quienes se maravillan de los logros de las ciencias físicas encuentren insatisfactoria esta posición e insistan en los tipos de prueba que han encontrado en ellas. La razón de este estado de cosas, como ya indiqué, es que las ciencias sociales, como también ocurre en biología, pero no en las ciencias físicas, se ocupan de estructuras esencialmente complejas, es decir, en las que las propiedades características solo pueden mostrarse mediante modelos compuestos por un gran número de variables.

LA PRETENSIÓN DEL CONOCIMIENTO

La competencia, por ejemplo, es un proceso que produce ciertos resultados tan solo si interviene un número muy elevado de personas.

En algunas investigaciones, especialmente cuando se plantean problemas de tipo similar en las ciencias físicas, las dificultades pueden superarse mediante el uso, no de una información específica acerca de los elementos individuales, sino de datos sobre la frecuencia relativa o la probabilidad de la aparición de las diferentes propiedades relativas de los elementos. Pero ello solo es cierto en los casos en que nos encontramos ante lo que el doctor Warren Weaver (quien perteneció a la Fundación Rockefeller) ha llamado, empleando una distinción que debe entenderse en un sentido más amplio, «fenómenos de complejidad inorganizada», en contraposición a los «fenómenos de complejidad organizada»

que tratamos en las ciencias sociales.2 Complejidad organizada significa, en este caso, que el carácter de las estructuras correspondientes no depende solo de las propiedades de los elementos individuales que las componen y de la frecuencia relativa con que se producen, sino también de la forma en que los elementos individuales se relacionan entre sí. Por esta razón, al explicar el funcionamiento de tales estructuras, no podemos sustituir la información sobre los elementos individuales por una información estadística, sino por una información completa sobre cada elemento, si es que nuestra teoría ha de servirnos para formular predicciones específicas acerca de acontecimientos individuales. Si carecemos de esta información específica sobre los elementos individuales, habremos de limitarnos a lo que en otra ocasión he denominado meras «predicciones por modelos», es decir, predicciones de algunos de los atributos generales de las estructuras, pero sin que contengan afirmaciones específicas sobre los elementos individuales que componen dichas estructuras.3

2 Warren Weaver, «A quarter century in the natural sciences», The Rockefeller Foundation Annual Report 1958, cap. I, «Science and complexity».

3 Véase mi ensayo «The theory of complex phenomena», en The Critical Approach to Science and Philosophy. Essais in Honor of K.R. Popper, ed. M. Bunge, Nueva York, 1964, y reeditado (con añadiduras) en mis Studies in Philosophy, Politics and Economics, Londres y Chicago, 1967 [trad. esp.: «La teoría de los fenómenos complejos», en Estudios de filosofía, política y economía, Unión Editorial, 2007].

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Esto es particularmente válido en relación con nuestras teorías sobre la determinación de los sistemas de precios y salarios relativos que se formarían espontáneamente en un mercado que funcionara correctamente. En la determinación de estos precios y salarios intervendrán los efectos de la información particular que posee cada uno de los que intervienen en el proceso de mercado, conjunto de hechos que en su totalidad no pueden ser conocidos por el observador científico o por cualquier otra persona individual. Tal es el verdadero motivo de la superioridad del orden de mercado y la razón por la que, mientras no lo pertur-be la intervención estatal, acaba siempre por desplazarse hacia otros tipos de ordenamiento en los que la asignación de recursos se basa en un conocimiento de los hechos particulares (disperso entre innumerables individuos) superior al que una persona determinada puede poseer. Pero dado que nosotros, los observadores científicos, no podemos conocer nunca todas las determinantes de semejante orden ni, por lo tanto, dilucidar cuál será la estructura particular de los precios y salarios en que la demanda igualará a la oferta, tampoco podemos medir las desviaciones con respecto a este orden. Y tampoco podemos comprobar es-tadísticamente nuestra teoría de que son las desviaciones de este sistema de «equilibrio» de precios y salarios las que hacen imposible vender ciertos productos y servicios a los precios que se ofrecen.

Antes de proseguir con el tema inmediato de esta conferencia, es decir, los efectos de todo lo anterior sobre la política de empleo que actualmente se sigue, quisiera definir con mayor precisión las tan a menudo olvidadas limitaciones inherentes a nuestro conocimiento numérico. Con ello pretendo borrar la impresión de que en general rechazo el método matemático en economía. Considero como un gran mérito de la técnica matemática el que nos permita describir, mediante ecuaciones algebraicas, el carácter general de un modelo, aunque ignoremos los valores numéricos que determinan su manifestación particular. Sin esta técnica algebraica apenas habríamos conseguido una visión de conjunto de las mutuas interdependencias de los diferentes elementos que concurren en el mercado. Pero dicha técnica ha dado origen a la ilusión de que podemos utilizarla para determinar y predecir los

LA PRETENSIÓN DEL CONOCIMIENTO

valores numéricos de esas magnitudes, lo cual ha llevado a una estéril búsqueda de constantes cualitativas.

Y esto ha ocurrido a pesar de que los modernos fundadores de la economía matemática no se hacían tales ilusiones. Es cierto que sus sistemas de ecuaciones que describen el modelo de un equilibrio de mercado están construidos de tal manera que, si pudiéramos rellenar todos los espacios de sus fórmulas abstractas, es decir, si conociéramos todos los parámetros de esas ecuaciones, podríamos calcular los precios y cantidades de todas las mercancías y servicios vendidos. Pero, como demostró claramente Vilfredo Pareto, uno de los fundadores de esta teoría, no se trata de «llegar a un cálculo numérico de los precios», ya que, como él decía, sería «absurdo» suponer que podemos poseer todos los datos.4 El punto clave lo habían visto ya aquellos notables anti-cipadores de la economía moderna que fueron los escolásticos españoles del siglo XVI, los cuales insistían en que lo que ellos llamaban pretium mathematicum, el precio matemático, depende de tantas circunstancias particulares que solo Dios puede conocerlo.5 ¡Ojalá que nuestros economistas matemáticos tomaran tal afirmación en serio! Por mi parte, dudo de que su búsqueda de magnitudes mensurables haya aportado alguna contribución significativa a nuestra comprensión teórica de los fenómenos económicos, aparte su valor como descripción de situaciones particulares. Y tampoco estoy dispuesto a aceptar la excusa de que esta rama de la ciencia es todavía muy joven: ¡Sir William Petty, fundador de la econometría, fue colega de Sir Isaac Newton en la Royal Society!

No faltan casos en los que la falsa creencia de que las magnitudes mensurables pueden ser magnitudes importantes ha oca-sionado un daño real en el campo económico: el actual problema de la inflación y el paro es ciertamente uno de los más serios.

El prejuicio cientista ha hecho que la mayoría de los economistas hayan descuidado lo que generalmente constituye la verdadera 4 V. Pareto, Manuel d’économie politique, 2.ª ed., París, 1927, pp. 223-24.

5 Véase, por ejemplo, Luis de Molina, De iustitia et iure, Colonia, 1596-1600, tomo II, disp. 347, n.º 3, y particularmente Juan de Lugo, Disputationum de iustititia et iure tomus secundus, Lión, 1642, disp. 26, sect. 4, n.º 40.

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causa del paro masivo, debido a que dicha causa no podía ser confirmada por relaciones directamente observables entre magnitudes mensurables. Por el contrario, la casi exclusiva preocupación por ciertos fenómenos superficiales cuantitativamente mensurables ha producido una política de efectos negativos.

He de admitir, por supuesto, que el tipo de teoría que yo propongo como la verdadera explicación del paro tiene un contenido en alguna forma limitado, ya que solo permite hacer unas predicciones sobre el tipo de acontecimientos previsibles en una situación dada. Pero los efectos prácticos de otras construcciones más ambiciosas no han sido muy afortunados. Prefiero un conocimiento verdadero, aunque imperfecto, aun en el caso de que no pueda determinar y predecir gran parte de su objeto, a una pretensión de conocimiento exacto que probablemente será falso. El crédito de ciertas teorías aparentemente simples, pero falsas, por su aparente conformidad con modelos científicos reconocidos, puede tener, como demuestra el presente ejemplo, graves consecuencias.

En el caso que comentamos, las verdaderas medidas que la teoría «macroeconómica» dominante ha recomendado como remedio del paro, especialmente el incremento de la demanda global, se han convertido en causa de una mala asignación de recursos que inevitablemente conducirá a un paro todavía mayor. La continua inyección de cantidades adicionales de dinero en sectores del sistema económico en los que crea una demanda temporal, que cesará cuando dicha inyección se detenga o decrezca, junto a la expectativa de un alza continua de los precios, hace que el trabajo y demás recursos se destinen a empleos que solo durarán mientras el incremento de la cantidad de dinero mantenga el mismo nivel, o incluso tan solo mientras se siga acelerando a un ritmo determinado. Lo que esta política ha producido no es tanto un nivel de empleo que no se hubiera podido alcanzar con otros medios como una distribución del empleo que no puede mantenerse indefinidamente y que, tras un cierto tiempo, solo puede mantenerse mediante una tasa de inflación que conducirá rápidamente a una desorganización de toda la actividad económica. Lo cierto es que, debido a un erróneo punto de vista teórico, nos encontramos en una precaria situación en la que no podemos impedir la

LA PRETENSIÓN DEL CONOCIMIENTO

reaparición de un paro considerable; y ello no porque, como algunos erróneamente interpretan mi posición, dicho paro sea causado deliberadamente como medio para combatir la inflación, sino porque surge necesariamente como consecuencia lamentable, pero inevitable, de la errónea política seguida, tan pronto como la inflación deje de acelerarse.

Debemos, sin embargo, dejar a un lado estos problemas de inmediata importancia práctica que hemos planteado principalmente para ilustrar las importantes consecuencias que pueden originar los errores concernientes a los problemas abstractos de la filosofía de la ciencia. Hay motivos para preocuparse de los peligros a largo plazo creados en un campo mucho más amplio por la aceptación acrítica de afirmaciones que tienen la apariencia de ser científicas, como ocurre con los problemas que acabamos de discutir.

Con estas consideraciones he pretendido demostrar que —por lo que hace a mi materia, aunque creo que también puede aplicarse generalmente a las ciencias humanas— lo que a una mirada superficial aparece como el procedimiento más científico es a menudo el menos científico, y, además, que en estas actividades hay unos límites definidos en cuanto a lo que podemos esperar de la ciencia. Ello significa que esperar de la ciencia —o del control deliberado de acuerdo con los principios científicos— más de lo que el método científico es capaz de darnos puede producir unos efectos deplorables. El progreso de las ciencias naturales ha sobrepa-sado en nuestro tiempo tan ampliamente nuestras expectativas que la simple sugerencia de que puede tener límites resulta necesariamente sospechosa. A esta idea se opondrán principalmente aquellos que piensan que nuestro creciente poder de predicción y de control, aceptado generalmente como característica del avance científico, puede permitirnos, si lo aplicamos a los procesos sociales, modelarlos enteramente a nuestro placer. Pero lo cierto es que —en contraste con el optimismo que suelen despertar los descubrimientos científicos— el conocimiento que nos proporciona el estudio de la sociedad tiene con frecuencia consecuencias nocivas sobre nuestras aspiraciones, y tal vez no sea sorprendente el que los más impetuosos jóvenes de nuestra profesión no estén siempre dispuestos a aceptar esta verdad. Incluso la confianza en

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el poder ilimitado de la ciencia suele estar basada en la falsa creencia de que el método científico consiste en la aplicación de unas técnicas ya hechas, o en la aplicación de la forma, más que de la sustancia, del procedimiento científico, como si para resolver todos los problemas sociales no se necesitaran más que unas cuantas recetas de cocina. A veces tengo la impresión de que las técnicas de la ciencia se aprenden con más facilitad que el pensamiento que nos muestra cuáles son los problemas y cómo debemos plan-tearlos.

Existe un grave conflicto entre lo que se espera de la ciencia para la satisfacción de las esperanzas populares y lo que aquélla puede dar realmente. Aun cuando todos los verdaderos científicos reconocen las limitaciones de la ciencia en el ámbito de los problemas humanos, mientras la gente espere más de ella, habrá siempre alguien que, tal vez sinceramente, pretenda hacer más de lo que realmente está en su mano para satisfacer las demandas populares. Es a menudo muy difícil para el experto, y por supuesto imposible en muchos casos para el que no lo es, distinguir en nombre de la ciencia entre las reivindicaciones justificadas y las que no lo son. La enorme publicidad que los medios de comunicación han hecho recientemente del informe —elaborado en nombre de la ciencia— Los límites del crecimiento, y el silencio de los mismos medios sobre las devastadoras críticas que algunos expertos competentes6 han hecho a tal informe, debe suscitar nuestro recelo ante el uso que puede hacerse del prestigio de la ciencia. Las reivindicaciones de un tratamiento más científico de las actividades humanas y el afán de sustituir los procesos espontáneos por un «control humano consciente», no es ciertamente patrimonio exclusivo de las ciencias económicas. Si no estoy equivocado, la psicología, la psiquiatría, algunas ramas de la sociología, y más aún la llamada filosofía de la historia, están aún 6 Véase The Limits to Growth: a Report of the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, Nueva Yor, 1972; para un examen sistemático por parte de un economista competente, véase Wilfred Beckerman, In Defence of Economic Growth, Londres, 1974; un panorama de las primeras críticas de los expertos en Gottlfried Haberler, Economic Growth and Stability, Los Angeles, 1974, quien con razón califica su efecto de «devastador».

LA PRETENSIÓN DEL CONOCIMIENTO

más dominadas por lo que he llamado el prejuicio cientista y por engañosas reivindicaciones acerca de lo que la ciencia puede conseguir.7

Si hemos de salvaguardar la reputación de la ciencia y evitar la indebida apropiación del conocimiento basada en una simi-litud superficial de procedimiento con el de las ciencias físicas, habremos de esforzarnos con ahínco en desenmascarar tales pretensiones, algunas de las cuales se han convertido en intereses creados de ciertos departamentos universitarios. Nunca agradecere-mos lo suficiente a algunos modernos filósofos de la ciencia, como Karl Popper, el habernos proporcionado un criterio seguro para distinguir entre lo que debemos o no aceptar como científico, criterio que seguramente falla en algunas de las doctrinas que hoy se aceptan. Hay, sin embargo, algunos problemas especiales, en relación con ciertos fenómenos esencialmente complejos de los que las estructuras sociales son un buen ejemplo, que me inducen a concluir repitiendo en términos más generales las razones que demuestran que dicha actitud no solo origina obstáculos insalvables para la predicción de determinados acontecimientos, sino que también, al actuar como si poseyéramos un conocimiento científico que nos permite superarlos, puede convertirse en un serio impedimento para el progreso del intelecto humano.

El punto clave que debemos recordar es que el rápido progreso de las ciencias físicas se ha producido en campos en los que se demostró que la explicación y la predicción podían basarse en leyes que consideraban los fenómenos observados como funciones de relativamente pocas variables, ya se tratara de hechos particulares o bien de frecuencias relativas de acontecimientos. Éste puede ser incluso el motivo fundamental que nos lleva a designar como «físicos» estos campos frente a aquellas estructuras más organizadas que yo llamo fenómenos «esencialmente complejos».

No hay razón alguna para que la situación sea idéntica en ambos 7 He dado algunas ilustraciones de estas tendencias en otros campos en mi conferencia inaugural como Profesor Visitante en la Universidad de Salzburgo, Die Irtü-mer des Konstruktivismus und die Grundlagen legitimer gesellschaftlicher Gebilde, Munich, 1970, publicada de nuevo para el Instituto Walter Eucken de Frigurgo en Brisgovia, por J.C.B. Mohr, Tubinga, 1975, y nuevamente como capítulo I de este volumen.

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campos. Las dificultades que encontraremos en los fenómenos esencialmente complejos no se refieren —como una visión superficial podría inducir a creer— a la formulación de teorías que expliquen los hechos observados, si bien dichos fenómenos pueden originar dificultades en lo que respecta a la comprobación de las explicaciones propuestas y a la eliminación de las explicaciones falsas. Esas dificultades se deben principalmente al problema que surge cuando aplicamos nuestras teorías a cualquier situación particular del mundo real. Una teoría sobre fenómenos esencialmente complejos debe referirse a un amplio número de hechos particulares, todos los cuales deben ser constatados antes de que podamos extraer de ella una predicción o de que podamos comprobarla.

Conseguido este objetivo, es posible que no se presente ninguna dificultad para formular predicciones contrastables. Con la ayuda de las modernas computadoras no parece que pueda existir dificultad para obtener una predicción introduciendo los datos apropiados en las fórmulas programadas. La verdadera dificultad estriba en conocer los hechos concretos. Para la solución de este problema —a veces insoluble— la ciencia poco puede contribuir.

Un simple ejemplo mostrará la naturaleza de esta dificultad.

Pensemos en el caso de varias personas, de destreza aproximadamente igual, que juegan al balón. Si, además de nuestro conocimiento general sobre la habilidad de los jugadores, conociéramos algunos hechos particulares, como su estado de atención, sus percepciones y el estado de su corazón, pulmones, músculos, etc., tal vez podríamos predecir el resultado de cada momento del juego. Si estuviéramos familiarizados con el juego y con los equipos, conoceríamos bastante bien todo aquello de lo que depende el resultado. Pero es claro que no nos es posible conocer esos hechos, y, por consiguiente, el resultado del juego quedará fuera de la gama de predicciones científicas, aunque podemos conocer los efectos que los acontecimientos particulares producirán sobre el resultado del juego. Ello no quiere decir que durante el juego no podamos hacer predicciones. Si conocemos las reglas de los diferentes juegos y presenciamos una partida, podremos saber en seguida de cuál de ellos se trata y qué tipo de acciones son previsibles. Pero

LA PRETENSIÓN DEL CONOCIMIENTO

nuestra capacidad de predicción quedará limitada a las características generales de los acontecimientos previsibles, sin que podamos predecir los acontecimientos particulares.

Esta explicación corresponde a lo que antes llamé meras predicciones por modelos, a las cuales nos vamos progresivamente limitando a medida que vamos pasando de las esferas en las que prevalecen leyes relativamente simples a los fenómenos dominados por normas complejamente organizadas. Conforme vamos avanzando nos encontramos, con frecuencia creciente, con que podemos averiguar, si no todas, sí algunas de las circunstancias particulares que determinan el resultado de un proceso dado. Por consiguiente, podremos predecir algunas pero no todas las características de dicho resultado. A menudo solo podremos predecir algunas características abstractas del modelo contemplado: relaciones entre tipos de elementos de los que individualmente conocemos muy poco. Incluso podremos hacer predicciones que pueden ser falsadas a pesar de satisfacer la prueba de Popper sobre significación empírica.

Desde luego, en comparación con las precisas predicciones que nos hemos acostumbrado a esperar en las ciencias físicas, esta especie de meras predicciones por modelo es un sucedáneo que en absoluto puede satisfacernos. Sin embargo, el peligro contra el que quiero prevenir es precisamente la creencia de que es necesario conseguir más para tener derecho a ser aceptado como científico.

Este camino nos llevaría al charlatanismo o a algo peor, ya que el actuar en la creencia de que poseemos el conocimiento y el poder necesarios para moldear los procesos sociales a nuestro antojo, cuando en realidad no podemos hacerlo, puede tener probablemente consecuencias muy graves.

En las ciencias físicas pocas objeciones pueden hacerse contra el intento de hacer lo imposible; podemos incluso pensar que no debemos descorazonar al demasiado confiado, ya que, después de todo, sus experimentos pueden dar lugar a nuevas ideas.

Pero en las ciencias sociales la falsa creencia de que el ejercicio de cierto poder podría tener consecuencias benéficas nos conduciría posiblemente a otorgar a alguna autoridad un nuevo poder de coerción sobre otros seres humanos. Aun cuando semejante poder no fuera en sí mismo pernicioso, su ejercicio impediría

FRIEDRICH A. HAYEK

el funcionamiento de aquellas fuerzas espontáneas que, aunque no las comprendamos, tanto nos ayudan en la vida real para conseguir nuestras metas. Tan solo estamos empezando a comprender el delicado sistema de comunicación en que se basa el funcionamiento de la sociedad industrial avanzada. Este sistema de comunicación, al que llamamos mercado, resulta ser un mecanismo mucho más eficiente para digerir la información dispersa que todos los diseñados deliberadamente por el hombre.

Para que el hombre, en su empeño por mejorar el orden social, no haga más daño que bien, habrá de convencerse de que en este campo, como en todos aquellos en que prevalece un tipo de organización esencialmente compleja, no puede adquirir el conocimiento completo que le permita dominar los acontecimientos posibles . Además, el conocimiento que puede conseguir tendrá que usarlo no para moldear los resultados en la forma en que el artesano construye su obra, sino como el jardinero actúa con las plantas: ayudando al crecimiento proporcionando un entorno apropiado.

Existe un peligro en esa sensación de continuo progreso que ha engendrado el avance de las ciencias físicas y que incita al hombre («embriagado por el éxito», según frase característica del primitivo comunismo) a intentar someter nuestro entorno natural y humano al control de nuestra voluntad. El reconocimiento de unos límites infranqueables en su capacidad de conocer debe dar al estudioso de la sociedad una lección de humildad que le impida convertirse en cómplice del funesto esfuerzo del hombre por controlar la sociedad, esfuerzo que no solo lo convertiría en un tirano de los demás, sino que incluso podría llevarle a la destrucción de una civilización que no ha construido ningún cerebro, sino que ha surgido de los esfuerzos libres de millones de individuos.

LA PRETENSIÓN DEL CONOCIMIENTO

COLECCIÓN DE ARTÍCULOS

DE F. A. HAYEK

PUBLICADOS EN

PROCESOS DE MERCADO

FRIEDRICH A. HAYEK

ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO*

F. A. H AY EK

I

La ambigüedad del título de este ensayo no es accidental. Su tema principal es desde luego el rol que los supuestos y las proposiciones acerca del conocimiento poseído por los diferentes miembros de la sociedad juegan en el análisis económico. Pero esto no está en absoluto desconectado de la otra cuestión que podría discutirse bajo el mismo título, la pregunta de hasta qué punto el análisis económico formal transmite algún conocimiento acerca de lo que sucede en el mundo real. De hecho mi principal aseveración será que las tautologías, de las cuales consiste esencialmente el análisis formal del equilibrio en economía, pueden convertirse en proposiciones que nos digan algo acerca de la causalidad en el mundo real sólo hasta el punto en el que seamos capaces de llenar esas proposiciones formales con enunciados definitivos acerca de cómo el conocimiento es adquirido y comunicado. Brevemente aseveraré que el elemento empírico en teoría económica —la única parte a la que le conciernen no sólo las implicaciones sino las causas y los efectos y que por lo tanto lleva a conclusiones que, en cualquier caso en principio, serían capaces de verificación1— consiste en proposiciones acerca de la adquisición de conocimiento.

* Discurso presidencial al London Economic Club, el 10 de noviembre de 1936.

Publicado por primera vez en Economica (Febrero de 1937). Traducido por Luis Luque.

Durante la traducción al castellano se decidió incluir las notas de pie de página contenidas en dos publicaciones distintas de este ensayo que se utilizaron como fuente. [a]:

«The L.S.E. Essays on Cost», ed. J.M. Buchanan and G.F. Thirlby (New York University Press, 1981) y [b]: «Individualism and Economic Order» (The University of Chicago Press, 1980). Las notas que no indiquen otra cosa fueron incluidas como se presentan en ambas publicaciones.

1 O más bien falsación. Cf. K. Popper, Logik der Forschung, (Vienna 1935), pássim.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XIII, n.º 1, Primavera 2016, pp. 413 a 438

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Tal vez debería comenzar recordándoles el interesante hecho de que en un buen número de intentos recientes hechos en diferentes campos para impulsar la investigación teórica más allá de los límites del análisis del equilibrio tradicional, la respuesta pronto ha probado dirigirse a los supuestos que hacemos con respecto a un punto que, sino idéntica al mío, es al menos parte de él, a saber, la cuestión de la predicción. Pienso que el campo en el que, como uno esperaría, se atrajo por primera vez una amplia atención sobre los supuestos concernientes a la predicción, fue la teoría del riesgo2. El incentivo que fue ejercido en esta conexión por el trabajo del Profesor F. H. Knight podría probar tener una profunda influencia más allá de su especial campo. No mucho después los supuestos asumidos acerca de la predicción probaron ser de fundamental importancia para la solución de los rompecabezas en la teoría de la competencia imperfecta, las cuestiones de los duopolios y oligopolios.

Y desde entonces se ha vuelto más y más obvio que en el tratamiento de las cuestiones más «dinámicas», como el dinero y las fluctuaciones industriales, los supuestos asumidos acerca de la predicción y de las «anticipaciones» juegan un rol igualmente central, y que en particular los conceptos que fueron asumidos en estos campos desde el análisis del equilibrio puro, como aquellos de una tasa de interés de equilibrio, podrían ser apropiadamente definidos sólo en términos de supuestos concernientes a la predicción.

La situación aquí parece ser que antes de que podamos explicar por qué las personas cometen errores, primero debemos explicar por qué es que deberían alguna vez estar en lo correcto.

En general parece que hemos llegado a un punto en el que todos nos percatamos de que el mismo concepto de equilibrio puede hacerse definitivo y claro sólo en términos de supuestos concernientes a la predicción, a pesar de que tal vez no estemos de acuerdo exactamente en cuáles sean estos supuestos. Esta cuestión me ocu-pará más adelante en este ensayo. En este momento sólo estoy preocupado por mostrar que en la presente coyuntura, así queramos 2 Una inspección más completa de los procesos por los cuales la importancia de las anticipaciones fue gradualmente introducida en el análisis económico probablemente tendría que comenzar con Appreciation and Interest (1896) del Profesor Irving Fisher.

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definir los límites de la economía estática o que queramos ir más allá de estos, no podemos escapar del molesto problema de cuál es la posición exacta que tienen en nuestro razonamiento los supuestos acerca de la predicción ¿Puede ser esto un simple accidente?

Como ya he sugerido, la razón para esto me parece que es que tenemos que lidiar aquí sólo con un aspecto especial de una cuestión mucho más amplia que debimos haber enfrentado mucho más temprano. Cuestiones esencialmente similares a aquellas mencionadas, de hecho surgen tan pronto como cuando tratamos de aplicar el sistema de tautologías —aquella serie de proposiciones que son necesariamente ciertas porque son simples transformaciones de los supuestos desde los que partimos y que constituyen el contenido principal del análisis del equilibrio3— a la situación de una sociedad que consta de varias personas independientes. He tenido la sensación desde hace tiempo que el propio concepto de equilibrio y los métodos que empleamos en el análisis puro, tienen un claro significado sólo cuando se confinan al análisis de la acción de un único individuo y que realmente estamos pasando a una esfera diferente e introduciendo silenciosamente un nuevo elemento de naturaleza totalmente distinta cuando lo aplicamos a la explicación de las interacciones entre cierto número de individuos distintos. Estoy seguro de que hay muchos que consideran con impacien-cia y desconfianza a aquella tendencia, que es inherente en todos los análisis del equilibrio modernos, de convertir a la economía en 3 Quisiera aclarar desde un principio que a lo largo de este artículo utilizo la expresión «análisis del equilibrio» en el sentido más estrecho que es equivalente al enfoque «funcional» (distinguido del «genético-causal») bautizado así por el Profesor Hans Mayer y la que solía describirse vagamente como la «escuela matemática». Es alrededor de este enfoque que han girado la mayoría de las discusiones de los últimos diez o quince años. Es cierto que el Profesor Mayer nos ha ofrecido la posibilidad de otro enfoque, el genético-causal, pero difícilmente pueda negarse que esto sigue siendo en gran medida una promesa. Debería sin embargo mencionarse aquí que algunas de las sugerencias más estimulantes en problemas estrechamente relacionados a los aquí tratados han provenido de este círculo. Cf., H. Mayer, «“Der Erkenntniswert der funktionellen Preistheorien”, Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart», 2 (1931); P. N. Rosenstein-Rodan, «“Das Zeitmoment in der mathematischen Theorie des wirtschaftlichen Gleichgewichts”, Zeitschrift für Nationalökonomie», 1, Nro. 1, y «The role of Time in Economic Theory», Economica N.S., 1 (1), (1934). NdelT: Nota incluida s ó lo en [a].

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una rama de la lógica pura, un conjunto de proposiciones autoevi-dentes que, como en las matemáticas o la geometría, no están sujetas a ninguna otra prueba más allá de la consistencia interna. Pero parece que, sólo si este proceso es llevado lo suficientemente lejos, puede traer consigo su propio remedio. Al destilar de nuestros razonamientos sobre los hechos de la vida económica aquellas partes que son verdaderamente a priori, no sólo aislamos un elemento de nuestro razonamiento como una especie de Lógica Pura de la Elección en toda su pureza, sino que también aislamos y hacemos énfasis en la importancia de otro elemento que ha sido bastante descuidado. Mi crítica de las recientes tendencias de hacer la teoría económica más y más formal no es que hayan ido muy lejos, sino que no la han llevado lo suficientemente lejos como para completar el aislamiento de esta rama de la lógica y para devolver a la investigación de los procesos causales a su merecido lugar, usando la teoría económica formal como una herramienta en la misma forma que las matemáticas.

II

Pero antes de poder probar mi aseveración de que las proposiciones tautológicas del análisis del equilibrio puro como tales no son directamente aplicables a la explicación de las relaciones sociales, primero debo mostrar que el concepto de equilibrio tiene un claro significado al ser aplicado a las acciones de un único individuo y cuál es este significado. En contra de mi aseveración puede ser argumentado que es precisamente aquí que el concepto de equilibrio no tiene significación alguna, porque si quisiera aplicarse, todo lo que podría decirse es que una persona aislada siempre estaría en equilibrio.

Pero este último enunciado, aunque una perogrullada, no muestra sino la forma en la que el concepto de equilibrio es usado típicamente de forma incorrecta. Lo que es relevante no es si una persona está en equilibrio o no, sino que sus acciones estén en relación de equilibrio entre ellas. Todas las proposiciones del análisis del equilibrio, como las proposiciones de que los precios relativos corresponderán a los costes relativos, o que una persona igualará los retornos marginales de cualquier factor en sus distintos usos, son proposiciones

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acerca de relaciones entre acciones. Puede decirse que las acciones de una persona están en equilibrio en tanto que pueden ser entendidas como parte de un plan. Sólo si es este el caso, solamente si todas estas acciones han sido decididas en un único instante y considerando un mismo conjunto de circunstancias, es que nuestros enunciados acerca de sus interconexiones, los cuales los deducimos de nuestros supuestos sobre el conocimiento y las preferencias de una persona, tienen aplicación alguna. Es importante recordar que estos llamados «datos», desde los que partimos en este tipo de análisis, son (aparte de sus gustos) todos los hechos dados a la persona en cuestión, las cosas según él sabe (o cree) que existen y en ningún caso en un sentido de hechos objetivos. Es sólo por esto que las proposiciones que deducimos son necesariamente válidas a priori y que preservamos la consistencia del argumento.4

Las dos conclusiones principales de estas consideraciones son, primero, que ya que existen relaciones de equilibrio entre las acciones sucesivas de una persona sólo en tanto que sean parte de la ejecución del mismo plan, cualquier cambio en el conocimiento relevante de la persona, esto es, cualquier cambio que lo lleve a alterar su plan, perturba la relación de equilibrio entre las acciones ejecutadas anteriores al cambio en su conocimiento y a las posteriores a esto. En otras palabras, la relación de equilibrio abarca sólo aquellas acciones durante el período en el que sus anticipaciones probaron ser correctas. Segundo, que ya que el equilibrio es una relación entre acciones y ya que las acciones de una persona deben tener lugar de forma sucesiva en el tiempo, es obvio que el paso del tiempo es esencial para dar al concepto de equilibrio cualquier significado. Esto merece mencionarse puesto que muchos economistas parecen haber sido incapaces de encontrar un lugar para el tiempo en los análisis del equilibrio y en consecuencia han sugerido que el equilibrio sea concebido como atemporal. Me parece que esta es una declaración sin sentido.

4 Cf., en este punto particular L. Mises, Grundprobleme der Nationalökonomie (Jena 1933), págs. 22 ss., 160 ss.

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III

Ahora, a pesar de lo que he dicho antes acerca del dudoso significado del análisis del equilibrio en este sentido si se aplica a las condiciones de una sociedad competitiva, por supuesto no quiero negar que el concepto fue originalmente introducido precisamente para describir la idea de algún tipo de balance entre las acciones de diferentes individuos. Todo lo que he argumentado hasta ahora es que el sentido en el que usamos el concepto de equilibrio para describir la interdependencia de las diferentes acciones de una persona, no admite inmediatamente su aplicación a las relaciones entre acciones de diferentes personas. La cuestión es realmente el uso que le damos cuando hablamos del equilibrio refiriéndonos a un sistema competitivo.

La primera respuesta que parecería seguir a nuestro enfoque es que el equilibrio en este caso existe si las acciones de todos los miembros de la sociedad sobre un período de tiempo son todas ejecuciones de sus respectivos planes individuales, sobre los que cada quien decidió al principio del período. Sin embargo cuando nos preguntamos qué implica esto exactamente, parece que la respuesta levanta más dificultades que las que esclarece. No hay especial dificultad acerca del concepto de una persona aislada (o un grupo de personas dirigido por una sola de ellas) actuando sobre un período de tiempo de acuerdo a un plan preconcebido. En este caso la ejecución del plan no necesita satisfacer ningún criterio especial para que su ejecución sea concebible. Puede por supuesto estar basado en supuestos incorrectos en cuanto a los hechos externos y a este respecto puede tener que ser cambiado. Pero siempre habrá un conjunto concebible de eventos externos que podrían hacer posible que el plan se ejecute como fue originalmente concebido. La situación es sin embargo diferente con los planes siendo determinados de forma simultánea pero independientemente por un cierto número de personas. En un primer caso, para que todos estos planes puedan llevarse a cabo, es necesario que estén basados en la expectativa de un mismo conjunto de eventos externos, ya que, si personas diferentes fueran a basar sus planes en expectativas conflictivas, ningún conjunto de eventos externos podrían ha-

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cer posible la ejecución de todos estos planes. En segundo caso, en una sociedad basada en el intercambio, dichos planes se referirían en una extensión considerable a acciones que requieren acciones correspondientes de parte de los otros individuos. Esto significa que los planes de diferentes individuos deben ser compatibles en un sentido especial si va a ser incluso concebible que puedan ser llevados a cabo todos ellos.5 O para ponerlo de otra forma, ya que una parte de los «datos» en los que cualquiera de las personas basa sus planes será la expectativa de que otras personas actúen en una forma particular, es esencial para la compatibilidad de los diferentes planes que los planes de los unos contengan exactamente aquellas acciones que formarán los datos para los planes de los otros.

En el tratamiento tradicional del análisis del equilibrio parte de esta dificultad es aparentemente evitada por la suposición de que los datos, en la forma de tablas de demanda representando los gustos individuales y los hechos técnicos, serán dados de forma idéntica a todos los individuos y que su actuación bajo las mismas premisas determinará de alguna forma que sus planes se adapten unos a otros. Que esto no supera realmente la dificultad creada por el hecho de que las acciones de una persona son los datos de otra persona y que esto implica en cierto grado un razonamiento circular, ha sido señalado muchas veces. Lo que sin embargo parece haber escapado de nuestra atención es que todo este procedimiento implica una confusión de una naturaleza mucho más general, de la cual el punto antes mencionado es tan solo un ejemplo particular y 5 Desde hace mucho me ha maravillado por qué no ha habido, hasta donde sé, ningún intento sistemático en sociología para analizar las relaciones sociales en términos de correspondencia y no-correspondencia, o compatibilidad y no-compatibilidad, de los fines y deseos de los individuos. NdelT: En [a] se incluye además el siguiente comentario: « Me parece que la técnica matemática de analysis situs (topología) y particularmente conceptos desarrollados por ella tales como el homeomorfismo podrían probar ser muy útiles en esta conexión, aunque pueda parecer dudoso incluso hasta si esta técnica, en cualquier caso en el actual estado de su desarrollo, es adecuada a la complejidad de las estructuras con las que tenemos que tratar. Un primer intento hecho recientemente en esta dirección por un eminente matemático (Karl Menger, Moral, Wills und Weltgestaltung, [Viena 1934]) aún no ha llevado a resultados muy esclarecedo-res. Pero podemos esperar con interés el tratado en teoría sociológica exacta que el Profesor Menger ha prometido para un futuro cercano. (Cf., “Einige neuere Fortschritte in der exakten Behandlung sozialwissenschaftlicher Probleme”, in Neuere Fortschritte in den exakten Wissenschaften (Viena 1936), p. 132.)».

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que se debe a una equivocación en el término «dato». Los datos que ahora se supone que son hechos objetivos y los mismos para todas las personas, evidentemente no son ya más la misma cosa que los datos que formaron el punto inicial de las transformaciones tautológicas de la Lógica Pura de la Elección. Ahí «datos» significaba todos los hechos y sólo los hechos, que estaban presentes en la mente de la persona que actúa y sólo esta interpretación subjetiva del término dato hacía de estas proposiciones verdades necesarias.

«Dato» significaba dado, conocido por la persona en consideración.

Pero en la transición desde el análisis de la acción de un individuo al análisis de la situación en una sociedad el concepto ha sufrido un insidioso cambio de significado.

IV

La confusión acerca del concepto de dato está en el fondo de tantas de nuestras dificultades en este campo que es necesario considerarla en algo más de detalle. Dato significa por supuesto algo dado, pero la cuestión que es dejada abierta y que en las ciencias sociales es capaz de dos respuestas diferentes, es a quién se suponen dados los hechos. Los economistas parecen haber estado siempre algo in-quietos subconscientemente acerca de este punto y haberse tran-quilizado a sí mismos contra la sensación de que no saben exactamente a quién fueron dados los hechos, al resaltar el hecho de que fueron dados —incluso al usar la redundante expresión «datos dados». Pero esto no resuelve la cuestión de si los hechos referidos se suponen dados al economista o a las personas cuyas acciones éste quiere explicar y si este fuera el caso, si se asume que los mismos hechos son conocidos por todas las distintas personas en el sistema o si los «datos» para las distintas personas pueden ser diferentes.

No parece haber duda posible de que estos dos conceptos de «datos», por una parte en el sentido de hechos objetivos reales, como el observador economista se supone que los conoce, y por otra parte en el sentido subjetivo, como cosas conocidas por las personas cuyo comportamiento tratamos de explicar, son real y fundamentalmente diferentes y deben ser mantenidas separadas de forma cuidadosa. Y, como veremos, la cuestión de por qué los datos en el

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sentido subjetivo del término vendrían a corresponder alguna vez a los datos objetivos, es uno de los principales problemas a los que tenemos que dar respuesta.

La utilidad de la distinción se hace aparente de forma inmediata cuando la aplicamos a la cuestión de lo que podemos querer decir con el concepto de que una sociedad esté en algún momento en un estado de equilibrio. Evidentemente hay dos sentidos en los que puede decirse que los datos subjetivos, dados a las diferentes personas, y sus planes individuales, que necesariamente se siguen de ellos, estén en concordancia. Podemos simplemente querer decir que estos planes son mutuamente compatibles y que en consecuencia existe un conjunto concebible de eventos externos que permitirán a todas las personas llevar a cabo sus planes sin causar ninguna decepción. Si esta compatibilidad mutua de intenciones no está dada y en consecuencia ningún conjunto de eventos externos puede satisfacer a todas las expectativas, podríamos decir claramente que este no es un estado de equilibrio. Tenemos una situación en la que es inevitable la revisión de sus planes de al menos una parte de las personas, o, para usar una frase que en el pasado ha tenido un significado más bien vago, pero que parece venir al caso perfectamente, en la que perturbaciones endógenas son inevitables.

Queda sin embargo la otra cuestión de si los conjuntos subjetivos de datos corresponden a los datos objetivos y si en consecuencia las expectativas sobre las cuales se basan los planes son corro-boradas por los hechos. Si la correspondencia entre los datos en este sentido fuera requerida para el equilibrio nunca sería posible decidir de otra forma que retrospectivamente, al final del período para el que las personas han planeado, si al principio la sociedad estaba en equilibrio. Parece estar más en conformidad con el uso establecido decir en esos casos que el equilibrio, como se definió en el primer sentido, puede ser perturbado por una imprevista evolución de los datos (objetivos), y describir esto como una perturbación exógena. De hecho parece poco posible atribuir algún significado definitivo al muy usado concepto de cambio en los datos (objetivos) a menos que distingamos entre evoluciones externas en conformidad con, y aquellas diferentes de, las expectativas generales; y definir como «cambio» cualquier divergencia entre la evolu-

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ción real y la evolución anticipada, independientemente de si representa un «cambio» en algún sentido absoluto. Si, por ejemplo, la alternancia de las estaciones se interrumpiera repentinamente y el clima permaneciera constante desde un cierto día en adelante, esto ciertamente representaría un cambio de los datos en nuestro sentido, que es, un cambio con respecto a las expectativas, aunque en un sentido absoluto no representase un cambio sino la ausencia de cambio. Pero todo esto significa que podemos hablar de cambio en los datos sólo si el equilibrio en el primer sentido existe, esto es, si las expectativas coinciden. Si están en conflicto, cualquier evolución en los hechos externos podría confirmar las expectativas de algunos y decepcionar a los demás y no habría forma de decidir qué fue un cambio en los datos objetivos.6

V

Para una sociedad podemos entonces hablar de un estado de equilibrio en un instante —pero significa sólo que existe compatibilidad mutua entre los diferentes planes que los individuos han compuesto para la acción en el tiempo. Y el equilibrio continuará, una vez que exista, mientras los datos externos correspondan a las expectativas comunes de todos los miembros de la sociedad. La continuación de un estado de equilibrio en este sentido no es dependiente de que los datos externos sean constantes en un sentido absoluto y por lo tanto no está necesariamente confinado a un proceso estacionario. El análisis del equilibrio viene a ser en principio aplicable a una sociedad progresiva y a aquellas relaciones de precios intertemporales que nos han dado tantos problemas en tiempos recientes.7

6 Cf. «The Maintenance of Capital», Economica N.S., 2 (1935), p. 265, publicado nuevamente en «Profits, Interest and Investment» (Londres, 1939) 7 Esta separación del concepto de equilibrio de un proceso estacionario no me parece más que el resultado necesario de un proceso que lleva ya bastante tiempo. Que la asociación de estos dos conceptos no sea esencial sino que se deba a razones históricas es hoy probablemente el sentimiento general. Si no se ha efectuado aún una separación completa, aparentemente es sólo porque no se ha sugerido todavía una definición alternativa del estado de equilibrio que exprese de forma general aquellas

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Estas consideraciones parecen arrojar luces de forma considerable a la relación entre equilibrio y predicción, algo que ha sido debatido acaloradamente en tiempos recientes.8 Parece que el concepto de equilibrio simplemente significa que las predicciones de los diferentes miembros de la sociedad son correctas en un sentido especial. Deben ser correctas en el sentido de que el plan de cada persona se base en las expectativas de tan solo aquellas acciones de otras personas que estas personas intentan ejecutar y que todos esos planes estén basados en la expectativa de un mismo conjunto de hechos externos, de manera que bajo ciertas condiciones nadie tendría razón alguna para cambiar sus planes.

Una correcta predicción no es entonces, como ha sido a veces entendida, una precondición que debe existir para que se pueda llegar al equilibrio. Es más bien la característica definitoria de un estado de equilibrio. Para este propósito no es necesario que la predicción sea perfecta en el sentido de que necesite extenderse indefinidamente en el futuro, o que todo el mundo deba predecir absolutamente todo correctamente. En cambio, deberíamos decir que el equilibrio durará mientras las anticipaciones prueben ser correctas y que estas necesitan ser correctas sólo en aquellos puntos que sean relevantes para las decisiones de los individuos. Pero proposiciones del análisis del equilibrio que son esencialmente independientes del concepto de estado estacionario. Sin embargo es evidente que la mayoría de las proposiciones del análisis del equilibrio no se supone que sean sólo aplicables en un estado estacionario que probablemente nunca se alcanzará. El proceso de separación parece haber comenzado con Marshall y su distinción entre los equilibrios de corto y largo plazo. (Cf. Afirmaciones como esta: «For the nature of equilibrium itself, and that of the causes by which it is determined, depend on the length of the period over which the market is taken to extend». Principles, 7ma ed., 1, 6, p. 330.) La idea de que un estado de equilibrio que no fuera un estado estacionario era ya inherente en mi artículo «Das intertemporale Gleichgewichtssystem der Preise und die Bewegungen des Geldwerts»

(Weltwirtschaftliches Archiv, 28 [1928]) y es por supuesto esencial si queremos utilizar el instrumental del equilibrio para la explicación de cualquiera de los fenómenos conectados con la «inversión». Sobre toda esta materia se puede encontrar mucha información histórica en E. Schams, «Komparative Statistik», Zeitschrift für Nationalökonomie, 2, Nro. 1 (1930). NdelT: En [b] se incluye a esta nota el siguiente comentario: «Ver también de F. H. Knight “The Ethics of Competition” (Londres, 1935) págs. 175 ss.; para un mayor desarrollo de estos temas desde la primera publicación de este ensayo, revi-sar de este autor “Pure Theory of Capital” (Londres, 1941) capítulo ii».

8 Cf. Particularmente O. Morgenstern, «Vollkommene Voraussicht und Wirtschaftliches Gleichgewicht», Zeitschrift für Nationalökonomie (1934), 6, p. 3.

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sobre esta cuestión de qué es predicción o conocimiento relevante nos detendremos más adelante.

Antes de continuar probablemente debería detenerme por un momento para ilustrar con un ejemplo concreto lo que acabo de decir acerca del significado de un estado de equilibrio y de cómo este puede ser perturbado. Consideremos las preparaciones que sucederían en cualquier momento para la producción de casas. La-drilleros, plomeros y otros estarán todos produciendo materiales que en cada caso corresponderán a cierta cantidad de casas para las que justo esta cantidad del particular material será requerido.

De forma similar podemos imaginar a los futuros compradores acumulando ahorros los cuales les permitirán en ciertas fechas comprar unas cantidades definidas de casas. Si todas estas actividades representan preparaciones para la producción (y adquisición) de la misma cantidad de casas podemos decir que hay equilibrio entre ellas en el sentido de que todas las personas comprometidas podrán encontrarse con que pueden llevar a cabo sus planes.9 Esto no necesariamente debe ser así, ya que otras circunstancias que no son parte de sus planes de acción pueden terminar siendo diferentes de lo que esperaban. Parte de los materiales pueden destruirse por un accidente, las condiciones climáticas pueden hacer imposible la construcción, o un invento puede alterar las proporciones en las que los diferentes factores son requeridos. Esto es lo que llamaríamos un cambio en los datos (externos), lo que perturbaría el equilibrio que ha existido.

Pero si los diferentes planes hubieran sido desde el principio in-9 Otro ejemplo de mayor importancia general sería por supuesto la correspondencia entre «inversión» y «ahorro» en el sentido de la proporción (en términos de coste relativo) en la cual los empresarios proveen bienes de producción y bienes de consumo para una fecha particular y la proporción en que los consumidores en general distri-buirán en esa fecha sus recursos entre bienes de producción y bienes de consumo. (Cf.

mis ensayos, «Profits, Interest and Investment» (Londres, 1939), págs. 135-56, y «The Maintenance of Capital», en el mismo volumen, págs. 83-134). Puede ser interesante mencionar en esta conexión en el curso de las investigaciones del mismo campo, que me llevaron a estas especulaciones, la teoría de las crisis, del gran sociólogo francés G.

Tarde que apuntó a la « contradiction des croyances», « contradiction de jugements» o « contradictions des espérances» como la causa principal de estos fenómenos ( Psychologie économique (Paris 1902) 2, págs. 129-8; Cf. también N. Pinkus, Das Problem des Norma-len in der Nationalökonomie (Leipzig, 1906), págs. 252 y 275.

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compatibles, es inevitable que los planes de alguien fueran frustrados y debieran ser cambiados y que en consecuencia todo el conjunto de acciones sobre el período no mostraría aquellas características que aplicarían si todas las acciones de cada individuo fueran interpretadas como parte de un único plan que este haya hecho desde un principio.10

VI

Cuando en todo esto enfatizo la diferencia entre mera intercompa-tibilidad de los planes individuales11 y la correspondencia entre ellos y los hechos externos reales o datos objetivos, por supuesto no quiero sugerir que el inter-acuerdo subjetivo no esté provocado de alguna forma por los datos externos. No habría razón por la que los datos subjetivos de distintas personas deban alguna vez corres-ponderse a menos que sean debidos a la experiencia de los mismos hechos objetivos. Pero el punto es que al análisis puro del equilibrio no le concierne la forma en que esta correspondencia se produce. En la descripción de un existente estado de equilibrio, el cual proporciona este análisis, simplemente es asumido que los datos subjetivos coinciden con los hechos objetivos. Las relaciones de equilibrio no pueden ser deducidas meramente desde los hechos objetivos, ya que el análisis de lo que harán las personas sólo puede comenzar desde aquello que es conocido por ellas. Ni tampoco 10 Es una cuestión interesante, pero que no puedo discutir aquí, si para que podamos hablar de equilibrio, cada uno de los individuos debe estar en lo correcto o si no sería suficiente si, como consecuencia de una compensación de errores en diferentes direcciones, las cantidades de las diferentes mercancías que llegan al mercado fueran las mismas que si todos los individuos hubiesen acertado. Me parece que un equilibrio en el estricto sentido requeriría satisfacer la primera condición, pero puedo concebir que un concepto más amplio, requiriendo sólo la segunda condición, podría ser útil ocasionalmente. Una discusión más completa sobre este problema tendría que considerar toda la cuestión del significado que algunos economistas (incluyendo a Pareto) atribuyen a la ley de los grandes números en esta conexión. Acerca de este tema en general ver P.N.Rosenstein-Rodan, « The Coordination of the General Theories of Money and Price», Economica, (Agosto 1936).

11 O ya que en vista del carácter tautológico de la Lógica Pura de la Elección «los planes individuales» y los «datos subjetivos» pueden ser usados de manera intercambiable, entre la concordancia de los datos subjetivos de los diferentes individuos.

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el análisis del equilibrio pude comenzar tan solo de un conjunto de datos subjetivos dado, ya que los datos subjetivos de diferentes personas serán compatibles o incompatibles, esto es, que ya deter-minarían si el equilibrio existía o no.

No conseguiremos mucho más aquí a menos que nos pregunte-mos las razones de nuestra preocupación con el reconocidamente ficticio estado de equilibrio. Sea lo que sea que es ocasionalmente dicho por economistas demasiado puros, parece no haber duda posible de que la única justificación para esto sea la supuesta existencia de una tendencia hacia el equilibrio. Es sólo con esta afirmación que la economía deja de ser un ejercicio de lógica pura y se convierte en una ciencia empírica; y es a la economía como una ciencia empírica hacia donde debemos volcar ahora nuestra atención.

A la luz de nuestro análisis acerca del significado de un estado de equilibrio, debería ser fácil decir cuál es el contenido real de la afirmación de que una tendencia hacia el equilibrio existe. Difícilmente puede significar algo más que, bajo ciertas condiciones, el conocimiento y las intenciones de los diferentes miembros de la sociedad se supone que se van poniendo cada vez más de acuerdo, o, para poner la misma cosa en términos menos generales y menos exactos pero más concretos, que las expectativas de las personas y particularmente de los empresarios se harán cada vez más correctas. En esta forma la afirmación de la existencia de una tendencia hacia el equilibrio es claramente una proposición empírica, esto es, una afirmación acerca de lo que sucede en el mundo real lo cual debería ser, al menos en principio, capaz de verificarse. Y otorga a nuestro algo abstracto enunciado un significado más plausible de sentido común. El único problema es que todavía estamos más o menos en la oscuridad acerca de: 1) las condiciones bajo las cuales se supone que existe esta tendencia; y 2) la naturaleza del proceso mediante el cual el conocimiento individual cambia.

VII

En las presentaciones típicas del análisis del equilibrio se hace generalmente aparentar como si estuvieran resueltas estas cues-

ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

tiones de cómo surge el equilibrio. Pero si miramos más de cerca, pronto se hace evidente que estas demostraciones aparentes no llegan a algo más que a la prueba aparente de lo que ya se asu-mía.12 El mecanismo que generalmente se adopta para este propósito es la suposición de un mercado perfecto donde cada evento es conocido inmediatamente por cada miembro. Es necesario recordar aquí que el mercado perfecto que es requerido para satisfacer los supuestos del análisis del equilibrio no debe ser confinado a los mercados particulares de cada una de las mercancías; sino que todo el sistema económico debe ser asumido como un mercado perfecto en el que todo el mundo conoce todo. El supuesto de un mercado perfecto significa nada menos que todos los miembros de la comunidad, aun sino se supone que sean estrictamente omniscientes, al menos se supone que conocen automáticamente todo aquello que es relevante para sus decisiones.

Parece que el esqueleto en el armario, el «hombre económico», a quien hemos exorcizado con oración y ayuno, ha vuelto por la puerta trasera en la forma de un individuo cuasi-omnisciente.

La declaración de que si la gente sabe todo entonces se está en equilibrio, es verdadera simplemente porque así es como definimos el equilibrio. El supuesto de un mercado perfecto en este sentido es sólo otra forma de decir que el equilibrio existe, pero no nos deja más cerca de una explicación de cómo ni cuándo dicho estado surge. Está claro de que si queremos afirmar que bajo ciertas condiciones la gente se acercará a ese estado, debemos explicar a través de qué proceso adquirirán el conocimiento necesario. Desde luego cualquier supuesto acerca de la verdadera adquisición de conocimiento a lo largo de este proceso sería también de un carácter hipotético. Pero esto no significa que todos los supuestos estén igualmente justificados. Debemos lidiar aquí con supuestos acerca de la causalidad, de forma tal que lo que asumamos no sólo sea considerado como posible (lo cual ciertamente no es el caso si tan 12 Esto parece admitirse implícitamente, aunque difícilmente se reconoce conscientemente, cuando en los últimos tiempos se enfatiza frecuentemente que el análisis del equilibrio sólo describe las condiciones del equilibrio sin intentar derivar la posición del equilibrio a partir de los datos. El análisis del equilibrio en este sentido sería por supuesto de lógica pura y no contendría ninguna afirmación acerca del mundo real.

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solo consideramos a las personas como omniscientes) sino que también deba ser considerado como probable de ser cierto; y debe ser posible, al menos en principio, demostrar que sea cierto en casos particulares.

El punto esencial aquí es que son estas hipótesis aparentemente subsidiarias o supuestos de que las personas efectivamente aprenden de la experiencia y de cómo adquieren conocimiento, lo que constituye el contenido empírico de nuestras proposiciones acerca de lo que sucede en el mundo real. Usualmente aparecen camufla-das e incompletas como una descripción del tipo de mercado al que nuestra proposición se refiere; pero este es sólo un aspecto, aunque tal vez el más importante, del problema más general de cómo el conocimiento es adquirido y comunicado. El punto importante del que los economistas frecuentemente no parecen estar conscientes es que la naturaleza de estas hipótesis es en muchos aspectos bastante diferente a la de los supuestos más generales desde los que la Lógica Pura de la Elección comienza. Las principales diferencias me parece que son dos.

Primero, los supuestos desde los que parte la Lógica Pura de la Elección son hechos que sabemos que son comunes a todo el pensamiento humano. Pueden ser considerados como axiomas que definen o delimitan el campo dentro del que somos capaces de comprender o mentalmente reconstruir los procesos de pensamiento de otras personas. Son por lo tanto universalmente aplicables al campo en el que estamos interesados —aunque por supuesto dónde están estos límites in concreto es una pregunta empírica. Se refieren a un tipo de acción humana (que comúnmente llamamos racional, o simplemente consciente, para distinguirla de la acción instintiva) más que a las condiciones particulares bajo las cuales esta acción es emprendida.

Pero los supuestos o hipótesis, que tenemos que introducir cuando queremos explicar los procesos sociales, conciernen a la relación del pensamiento de un individuo con el mundo exterior, la cuestión de en qué medida y cómo su conocimiento corresponde a los hechos externos. Y las hipótesis deben necesariamente manejarse en términos de afirmaciones acerca de conexiones causales, sobre cómo la experiencia crea conocimiento.

Segundo, mientras que en el campo de la Lógica Pura de la Elección nuestro análisis puede ser exhaustivo, esto es, mientras poda-

ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

mos desarrollar aquí un aparato formal que cubra todas las situaciones concebibles, las hipótesis suplementarias deben por necesidad ser selectivas, esto es, que debemos seleccionar de entre la variedad infinita de posibles situaciones aquellos tipos ideales que por alguna razón consideremos que son especialmente relevantes para las condiciones del mundo real.13 Por supuesto podríamos también desarrollar una ciencia separada, cuya materia esté per definitionem confi-nada a un «mercado perfecto» o algún otro objeto similarmente definido, justo como la Lógica de la Elección sólo aplica a personas que tienen que asignar medios limitados a una diversidad de fines.

Para el campo así definido nuestras proposiciones volverían a ser ciertas a priori. Pero para dicho procedimiento careceríamos de la justificación que consiste en la suposición de que la situación en el mundo real es similar a aquella que suponemos que sea.

VIII

Ahora debo volver a la pregunta de cuáles son las hipótesis concretas concernientes a las condiciones bajo las cuales se supone que las personas adquieren el conocimiento relevante y el proceso por el que se supone que lo adquieren. Si fuera del todo claro cuáles son las hipótesis usualmente empleadas a este respecto, deberíamos escudriñarlas en dos aspectos: deberíamos investigar si serían necesarias y suficientes para explicar un movimiento hacia el equilibrio y deberíamos mostrar hasta qué punto serían confirmadas por la realidad. Pero me temo que estoy llegando a un punto en el que se vuelve sumamente difícil decir cuáles exactamente son los supuestos sobre la base de los cuales afirmamos que hay una 13 La distinción aquí trazada puede ayudar a resolver la vieja diferencia entre economistas y sociólogos acerca del rol que juegan los tipos ideales en el razonamiento de la teoría económica. Los sociólogos suelen enfatizar que el procedimiento usual de la teoría económica involucra el uso de tipos ideales particulares, mientras que el teórico de la economía señala que su razonamiento es de una generalidad tal que no necesita hacer uso de ningún tipo ideal. La verdad parece ser que dentro del campo de la Lógica Pura de la Elección, en la que los economistas están mayormente interesados, estos están en lo correcto, pero que tan pronto se quiera utilizarlo para la explicación de un proceso social tienen que usarse tipos ideales de una forma u otra.

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tendencia hacia el equilibrio y proclamar que nuestro análisis tenga una aplicación en el mundo real14. No puedo pretender que haya llegado aún mucho más lejos en este punto. En consecuencia todo lo que puedo hacer es una serie de preguntas a las que debemos encontrar respuesta si queremos tener claro el significado de nuestro argumento.

La única condición, acerca de cuya necesidad para el establecimiento de un equilibrio los economistas parecen estar de acuerdo, es la «constancia de los datos». Pero luego de lo que hemos visto sobre la vaguedad del concepto de «datos» deberíamos sospechar, y correctamente, que esto no nos lleva mucho más lejos. Incluso si asumimos —como probablemente deberíamos— que aquí el término es utilizado en su sentido objetivo (que incluye, recordemos, las preferencias de los diferentes individuos) no está claro en lo absoluto que esta sea necesaria o suficiente para que las personas puedan realmente adquirir el conocimiento necesario, o que la intención haya sido presentarla como una declaración de las condiciones en que lo harían. Es bastante significativo que en cualquier caso algunos autores15 crean necesario añadir como una condición adicional separada la de «conocimiento perfecto». En efecto veremos que la constancia de los datos objetivos no es ni condición necesaria ni suficiente. Que no pueda ser una condición necesaria se sigue del hecho de que, en primer lugar, nadie querría interpretarlo en el sentido absoluto de que nada deba suceder jamás en el mundo y, en segundo lugar, como ya hemos visto, que tan pronto como quisiéramos incluir cambios que ocurran periódicamente o tal vez incluso cambios que sucedan a un ritmo constante, la única forma en la que podemos 14 Los antiguos economistas fueron a menudo más explícitos en este punto que sus sucesores. Por ejemplo Adam Smith («Wealth of Nations» ed. Cannan, I, 116): «In order, however, that this equality [of wages] may take place in the whole of their advantages or disadvantages, three things are required even when there is perfect freedom. First, the employment must be well known and long established in the neighborhood…»; o David Ricardo («Letters to Malthus», 22 de octubre de 1811, pág. 18): «It would be no answer to me to say that men were ignorant of the best and cheapest mode of conduct-ing their business and paying their debts. Because that is a question of fact, not science, and might be argued against almost every proposition in Political Economy». NdelT: Nota incluida sólo en [b].

15 Ver N. Kaldor, « A Classificatory Note on the Determinateness of Equilibrium», Review of Economic Studies, 1, Nro. 2, (1934), p. 123.

ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

definir la constancia es en referencia a las expectativas. Todo a lo que esta condición equivale entonces es que debe haber alguna regularidad discernible en el mundo que haga posible predecir eventos de manera correcta. Pero mientras esto claramente no es suficiente para probar que las personas aprenderán a predecir eventos correctamente, lo mismo es cierto en un grado un poco menor sobre la constancia de los datos en un sentido absoluto. Para un individuo, la constancia de los datos no significa en absoluto una constancia de todos los hechos independientes de él mismo, ya que, por supuesto, sólo las preferencias y no las acciones de otras personas pueden ser asumidas en este sentido como constantes. Y como todas aquellas personas cambiarán sus decisiones en la medida en que ganen experiencia sobre los hechos externos y las acciones de otras personas, no hay razón por la que estos procesos de cambios sucesivos deban tener un final. Estas dificultades son bien conocidas16 y sólo las menciono aquí para recordarles lo poco que sabemos acerca de las condiciones bajo las cuales un equilibrio sería alguna vez alcanzado. Pero no propongo seguir esta línea más allá, no porque a la cuestión de la probabilidad empírica de que las personas aprenden (esto es, que sus datos subjetivos tenderían a corresponder entre sí y con los hechos objetivos) le falten problemas muy interesantes y sin responder.

La razón es más bien que me parece que hay otro camino más fruc-tífero para aproximarnos al problema central.

IX

Las cuestiones que acabo de discutir acerca de las condiciones bajo las cuales sea probable que las personas adquieran el conocimiento necesario y el proceso por el que ellos lo adquirirían, al menos ha recibido alguna atención en discusiones pasadas. Pero hay una cuestión más allá que pienso que es igualmente importante, pero que parece no haber recibido atención alguna y es cuánto conocimiento y qué tipo de conocimiento deben poseer los distintos individuos para que podamos hablar de equilibrio. Está claro que para que el concepto pueda tener alguna significación empírica no pue-16 Acerca de todo esto cf. Kaldor, « A Classificatory Note... », pássim.

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de presuponerse que todo el mundo conoce todo. Ya he tenido que utilizar el indefinido término de «conocimiento relevante», esto es, el conocimiento que es relevante a una persona en particular. Pero

¿qué es este conocimiento relevante? Difícilmente puede significar simplemente el conocimiento que de hecho influenció sus acciones, porque sus decisiones podrían haber sido distintas no sólo si, por ejemplo, el conocimiento que poseía hubiese estado correcto en vez de incorrecto, sino también de haber poseído un conocimiento pleno acerca de distintos campos.

Claramente aquí hay un problema de División del Conocimiento 17

el cual es bastante análogo, y tan importante como, el problema de división del trabajo. Pero mientras que este último ha sido una de las principales materias de estudio desde el principio de nuestra ciencia, el primero ha sido completamente descuidado, a pesar de que me parece que es el verdadero problema central de la economía como una ciencia social.18 El problema que pretendemos resolver es: cómo la interacción espontánea de un conjunto de personas, cada una poseyendo sólo pedacitos ( bits) de conocimiento, produce un estado de cosas en el que los precios corresponden a los costes, etc.; y qué podría surgir a partir de la dirección deliberada sólo de alguien que tuviese la combinación del conocimiento de todos aquellos individuos. La experiencia nos muestra que algo de esto sucede, ya que la observación empírica de que los precios tienden a corresponder a los costes fue el comienzo de nuestra ciencia. Pero en nuestro análisis, en vez de mostrar qué pedacitos de informa-17 Cf. L. v. Mises Gemeinwirtschaft (2da. Ed.; Jena, 1932), pág. 96: «Die Verteilung der Verfügungsgewalt über die wirtschaftlichen Güter der arbeitsteilig wirtschaften-den Sozialwirtschaft auf viele Individuen bewirkt eine Art geistiger Arbeitsteilung, ohne die Produktionsrechnung und Wirtschaft nicht möglich wären». NdelT: En la traducción al castellano («Socialismo», Nueva York, Western Books Foundation) : «La repartición, entre numerosos individuos, de la facultad de disponer de los bienes económicos en la sociedad que se funda en la división del trabajo, realiza una especie de división del trabajo intelectual, sin la que sería imposible el cálculo de la producción y de la economía». Esta nota sólo fue incluida en [b].

18 No estoy seguro, pero espero, que la distinción entre la Lógica Pura de la Elección y la economía como una ciencia social es esencialmente la misma distinción que el Profesor A. Ammon tiene en mente cuando enfatiza una y otra vez que « Theorie des Wirtschaftens» no es aún una « Theorie der Volkswirtschaft». NdelT: «Teoría de la actividad económica» y «Teoría de la economía», respectivamente. Esta nota sólo fue incluida en [a].

ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

ción deben poseer las distintas personas para poder producir ese resultado, caemos en el supuesto de que todo el mundo conoce todo y por lo tanto evadimos cualquier solución real al problema.

Sin embargo, antes de poder proceder más allá en considerar esta división del conocimiento entre distintas personas, es necesario ser más específicos acerca del tipo de conocimiento que es relevante en esta conexión. Se ha vuelto costumbre entre los economistas recalcar sólo la necesidad de conocer los precios, aparentemente porque —como consecuencia de las confusiones entre datos objetivos y subjetivos— se da por sentado el conocimiento total de los hechos objetivos. En tiempos recientes incluso el conocimiento de los precios actuales se ha dado tanto por sentado que la única conexión en que la cuestión del conocimiento se consideraba problemática era en la anticipación de precios futuros. Pero, como ya he indicado al principio, las expectativas de precios e incluso el conocimiento de los precios actuales son sólo una muy pequeña sección del problema del conocimiento como yo lo veo. El aspecto más amplio del problema del conocimiento que me preocupa es el conocimiento del hecho básico de cómo las distintas mercancías pueden ser obtenidas y utilizadas,19 y bajo qué condiciones son realmente obtenidas y usadas, esto es, la pregunta general de por qué los datos subjetivos de las diferentes personas corresponden a los hechos objetivos. Nuestro problema del conocimiento aquí es precisamente la existencia de esta correspondencia, la cual en mucho del análisis del equilibrio actual simplemente se asume que existe, pero que debemos explicar si queremos mostrar por qué las proposiciones, que son necesariamente ciertas acerca de la actitud de una persona hacia las cosas que él cree que tienen ciertas propiedades, vengan a ser ciertas para las acciones de una sociedad con respecto 19 El conocimiento en este sentido es más de lo que usualmente se describe como habilidad y la división del conocimiento de la que hablamos aquí es más de lo que se trata en la división del trabajo. Para ponerlo brevemente, «habilidad» se refiere sólo al conocimiento del que una persona hace uso en su oficio, mientras que este conocimiento, acerca del que debemos saber algo para poder ser capaces de decir algo acerca de los procesos en la sociedad, es el conocimiento de las posibilidades de acción alternativas de las que no se hace un uso directo. Puede añadirse aquí que el conocimiento, en el sentido en que usamos aquí el término, es idéntico a la predicción sólo en el sentido en que todo conocimiento es capacidad de predecir.

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a las cosas que o bien poseen realmente estas propiedades o que, por alguna razón que tenemos que explicar, es creído comúnmente por los miembros de la sociedad que poseen estas propiedades.20

Volviendo al problema especial que he estado discutiendo, la cantidad de conocimiento que los diferentes individuos deben poseer para que el equilibrio pueda prevalecer (o el conocimiento «relevante» que deben poseer), deberíamos acercarnos a una respuesta si recordamos cómo se hace evidente que el equilibrio no existe o que está siendo perturbado. Hemos visto que las conexiones del equilibrio se romperán si cualquier persona cambia sus planes, bien sea porque cambian sus preferencias (que no nos concierne aquí) o porque nuevos hechos le son conocidos. Pero hay evidentemente dos formas distintas en las que él puede aprender nuevos hechos que le hagan cambiar sus planes, las cuales para nuestros propósitos tienen significados totalmente diferentes. Él puede percatarse de los nuevos hechos como si fuese por accidente, esto es de una forma que no sea necesariamente una consecuencia del intento de ejecutar su plan original, o puede que sea inevitable que en el curso de su intento encuentre que los hechos son distintos a los que esperaba. Es obvio que, para que pueda proceder de acuerdo a su plan, su conocimiento debe ser correcto sólo en los puntos en los que será necesariamente confirmado o corregido en el curso de la ejecución del plan. Pero podría no tener conocimiento de cosas que, si lo hubiera tenido, ciertamente habría afectado a su plan.

20 Que todas las proposiciones de teoría económica se refieren a cosas que son definidas en términos de actitudes humanas hacia ellas, esto es, que por ejemplo el

«azúcar» acerca de la cual la teoría económica ocasionalmente habla, no está definida por sus cualidades «objetivas», sino por el hecho de que las personas creen que servirá a ciertas necesidades de una cierta forma, es la fuente de todo tipo de dificultades y confusiones, particularmente en conexión con el problema de la «verificación». Es por supuesto también en esta conexión que el contraste entre la ciencia social de la verste-hende y el enfoque conductista se hace tan evidente. No estoy seguro de que los conductistas en las ciencias sociales estén lo suficientemente conscientes de cuánto del enfoque tradicional tendrían que abandonar si quisieran ser consistentes, o de que quisieran adherirse a ello consistentemente si fueran conscientes. Implicaría, por ejemplo, que las proposiciones de la teoría monetaria tendrían que referirse exclusivamente a, digamos, «discos redondos de metal con un cierto sello» o algún objeto o grupo de objetos similarmente definidos.

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La conclusión pues que debemos sacar es que el conocimiento relevante que debe poseer para que el equilibrio pueda prevalecer es el conocimiento que está destinado a adquirir en vista de la posición en la que originalmente está y los planes que entonces hace.

Ciertamente no es todo el conocimiento que, si él adquiriese por accidente, le sería útil y lo llevaría a un cambio de su plan. Y por lo tanto podríamos tener muy bien una posición de equilibrio sólo porque algunas personas no tienen oportunidad de aprender nuevos hechos los cuales, si los conociesen, les inducirían a cambiar sus planes. O en otras palabras, es sólo en relación con el conocimiento que una persona está obligada a adquirir en el transcurso de la ejecución de su plan original y de sus sucesivas alteraciones que es probable alcanzar un equilibrio.

Mientras que esta posición representa en un sentido una posición de equilibrio, es sin embargo claro que no lo es en el sentido especial en el que se consideraría al equilibrio como un tipo de posición óptima. Para que los resultados de la combinación de pedacitos individuales de conocimiento sean comparables a los resultados de una dirección de un dictador omnisciente, aparentemente deben ser introducidas condiciones adicionales.21 Y mientras parece bastante claro que es posible definir la cantidad de conocimiento que los individuos deben poseer para que se obtenga este resultado, no conozco ningún intento real en esta dirección. Una condición probablemente sería que cada uso alternativo de cualquier tipo de recurso sea conocido por el dueño de alguno de esos recursos que esté siendo usado para otro propósito y que de esta forma todos los diferentes usos de estos recursos estén conectados, bien sea directa o indirectamente.22 Pero menciono esta condición 21 Estas condiciones son usualmente descritas como ausencia de «fricciones». En un artículo publicado recientemente (« Quantity of Capital and the Rate of Interest». Journal of Political Economy, 44, Nro.5 (1936), p.638) el Profesor F. H. Knight correctamente señala que «el “error” es el significado usual de fricción en las discusiones económicas».

22 Esta sería una condición, aunque probablemente no una suficiente, para asegurar que, con un estado dado de demanda, la productividad marginal de los diferentes factores de producción en sus diferentes usos deberían igualarse y que en este sentido un equilibrio de la producción debería haber surgido. Que no sea necesario, como uno podría pensar, que todos los posibles usos alternativos de cualquier tipo de recursos deban ser conocidos para al menos uno de los dueños de cada grupo de dichos recur-

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sólo como un ejemplo de cómo en la mayoría de los casos será suficiente que en cada campo sea un cierto margen de personas que entre ellos posean todo el conocimiento relevante. Elaborar esto en profundidad sería una tarea interesante y muy importante, pero excedería demasiado los límites de este ensayo.

A pesar de que lo que he dicho acerca de este punto ha sido mayormente en forma de crítica, no quiero parecer indebidamente abatido acerca de lo que ya hemos logrado en este campo. Incluso si nos hemos saltado un eslabón esencial en nuestro argumento, todavía creo que por lo que es implícito en su razonamiento, la economía ha llegado más lejos que cualquier otra ciencia social a responder la pregunta central de todas las ciencias sociales: Cómo la combinación de fragmentos de conocimiento existentes en diferentes mentes puede producir resultados que, si se quisiera que fuesen producidos deliberadamente, requeriría un conocimiento de parte de la mente directora que ninguna persona individual podría poseer. Para demostrar que en este sentido la acción espontánea de los individuos, bajo ciertas condiciones que podemos definir, producirán una distribución de recursos que podría ser entendida como si hubiese sido hecha de acuerdo a un plan único, a pesar de que nadie lo haya planificado, me parece en efecto una respuesta al problema que ha sido descrito metafóricamente como el de la «mente social». Pero no debe sorprendernos que dichas pretensiones de nuestra parte sean usualmente rechazadas por los sociólogos, ya que no las hemos basado en los pilares correctos.

sos que son usados para un propósito particular, se debe al hecho de que las alternativas conocidas por los dueños de los recursos en un uso particular son reflejados en los precios de estos recursos. De esta forma puede ser una distribución de conocimiento suficiente de los usos alternativos, m, n, o,… y, z, de una mercancía, si A quien usa la cantidad de estos recursos poseídos por él para m, conoce de n; y si B, quien usa los suyos para n, conoce de m; mientras que C quien usa los suyos para o, conoce de n, etc.; hasta que lleguemos a L, quien usa los suyos para z, pero que sólo conoce y. No estoy claro en qué medida, adicionalmente a esto, sea requerida una distribución particular del conocimiento de las diferentes proporciones cuando distintos factores puedan ser combinados en la producción de una mercancía cualquiera. Para un completo equilibrio se requerirán supuestos adicionales acerca del conocimiento que poseen los consumidores sobre la capacidad de prestación de servicios de las mercancías para la satisfacción de sus deseos.

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Sólo hay un punto más en esta conexión que quisiera mencionar. Este es que, si la tendencia hacia el equilibrio, que tenemos razones para creer que existe con bases empíricas, es sólo hacia un equilibrio relativo a ese conocimiento que las personas adquirirán en el curso de su actividad económica y que si otro cambio del conocimiento debe ser considerado como un “cambio en los datos”

en el sentido usual de la expresión, que cae fuera de la esfera del análisis del equilibrio, esto significaría que el análisis del equilibrio realmente no nos dice nada acerca del significado de dichos cambios en el conocimiento; e iría lejos en explicar por qué el análisis puro parece tener tan extraordinariamente poco que decir acerca de las instituciones, como la prensa, cuyo propósito es comunicar conocimiento. Y podría incluso explicar por qué la preocupación con el análisis puro crearía tan frecuentemente una peculiar ceguera sobre el rol que juegan en la vida real instituciones tales como la publicidad.

X

Con estas observaciones más bien inconexas sobre temas que mere-cerían un examen mucho más cuidadoso, debo concluir mi inspección de estos problemas. Sólo hay uno o dos comentarios adicionales que quisiera añadir.

Primero es que, al recalcar que la naturaleza de las proposiciones empíricas de las que tenemos que hacer uso si el aparato formal del análisis del equilibrio nos va a servir para una explicación del mundo real y que al enfatizar que las proposiciones acerca de cómo las personas aprenderán, que son relevantes en esta conexión, son de una naturaleza fundamentalmente distinta de aquella del análisis formal, no pretendo sugerir que se abre aquí, ni cómo, una amplio campo para la investigación empírica. Dudo bastante si dicha investigación nos enseñaría algo nuevo. El punto importante es más bien que deberíamos aclararnos acerca de cuáles son las cuestiones de hecho de las que depende la aplicabilidad de nuestro argumento en el mundo real, o, para poner lo mismo en otras palabras, en qué punto nuestro argumento, cuando es aplicado a los fenómenos del mundo real, se convierte en objeto de verificación.

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El segundo punto es que por supuesto no quiero sugerir que el tipo de problemas que he estado discutiendo fuera a ajeno a los argumentos de los economistas de las generaciones más viejas. La única objeción que puede hacerse en contra de ellos es que han mezclado tanto los dos tipos de proposiciones, las a priori y las empíricas, de las que cualquier economista realista hace uso constante, que frecuentemente es imposible ver qué tipo de validez claman para un enunciado particular. Trabajos más recientes han estado más libres de esta falla —pero sólo al precio de dejar más y más oscuro el tipo de relevancia que tienen sus argumentos para los fenómenos del mundo real. Todo lo que he tratado de hacer ha sido encontrar el camino de vuelta al significado de sentido común de nuestro análisis, el cual, me temo, somos propensos a perder de vista al volverse más elaborados nuestros análisis. Podrán incluso creer que mucho de lo que he dicho ha sido un lugar común. Pero de tiempo en tiempo es probablemente necesario separarse de los tecnicismos del argumento y preguntarse bastante ingenuamente de qué es que se trata todo. Si tan solo he mostrado que en algunos aspectos la respuesta a esta pregunta no sólo no es obvia, sino que algunas veces ni siquiera sabemos cuál es, entonces he logrado mi propósito.

LAS RAÍCES SOCIALISTAS DEL NAZISMO*

FRIEDRICH A. HAYEK

“Todas las fuerzas antiliberales se están combinando contra todo lo que es liberal.”

A. Moeller van den Bruck1

Es un error general considerar el nacionalsocialismo como una simple revuelta contra la razón, como un movimiento irracional sin trasfondo intelectual alguno. Si fuera así, el movimiento sería mucho menos peligroso que lo que es. Pero nada más lejos de la verdad ni más engañoso. Las doctrinas del nacionalsocialismo son la cima de una larga evolución ideológica, de un proceso en el que han participado pensadores que ejercieron una gran influencia mucho más allá de las fronteras de Alemania. Se piense lo que se quiera sobre sus premisas de partida, lo cierto es que los hombres que engendraron las nuevas doctrinas, escritores vigorosos, han dejado la impronta de sus ideas sobre el pensamiento europeo entero. Desarrollaron su sistema con rigurosa consecuencia, y una vez que se aceptan las premisas iniciales no es posible escapar a su lógica. Es, simplemente, el colectivismo, libre de todas las huellas de una tradición individualista que pudiera embarazar su realización.

Aunque en este desarrollo llevaron la dirección los pensadores alemanes, no estuvieron en modo alguno solos. Thomas Carlyle y Houston Stewart Chamberlain, Auguste Comte y Georges Sorel han participado en esta expansión continua tanto como cualesquier alemanes.2 El desarrollo de esta dirección intelectual dentro

* Camino de Servidumbre, Unión Editorial, 2008, Capítulo XII, pp. 255-270.

1 Arthur Moeller van den Bruck, Das dritte Reich (Hamburgo: Hanseatische Ver-lagsanstalt, 1931), p. 102. Una traducción condensada autorizada apareció en 1934; véase Arthur Moeller van den Bruck, Germany’s Third Empire, trad. E.O. Lorimer (Londres: G. Allen and Unwin, 1934; reedic. Nueva York: Fertig, 1971). —Ed.

2 Para más datos sobre Carlyle y Chamberlain, véase la introducción del autor, nota 4. Sobre Comte y Sorel, véase el capítulo 1, nota 9, y el cap. 11, nota 4, respectivamente. —Ed.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XVI, n.º 1, Primavera 2019, pp. 387 a 403

FRIEDRICH A. HAYEK

de Alemania lo ha trazado con acierto, recientemente, Mr. R.D.

Butler en su estudio sobre Las raíces del nacionalsocialismo.3 Pero aunque tiene algo de aterrador su permanencia a través de ciento cincuenta años, en una forma casi inalterada y siempre recurrente, como lo ha puesto de manifiesto dicho estudio, es fácil exagerar la importancia que estas ideas ejercieron en Alemania antes de 1914.

No pasaron de ser una corriente intelectual en un pueblo que era entonces más diverso, quizá, en sus opiniones que cualquier otro.

Y en su conjunto estuvieron representadas por una pequeña minoría y tenidas en gran desprecio por la mayoría de los alemanes, como ocurrió en otros países.

Entonces, ¿cómo es que estas opiniones, sostenidas por una minoría reaccionaria, acabaron por ganar la asistencia de la gran mayoría de los alemanes y, prácticamente, de toda su juventud? No fue sólo la derrota, el sufrimiento y la ola de nacionalismo lo que trajo su triunfo. Todavía menos fue su origen, como muchas gentes desean creer, una reacción capitalista contra el avance del socialismo. Por el contrario, la ayuda que dio el predominio a estas ideas vino precisamente del campo socialista. En realidad, no fue la burguesía, sino más bien la ausencia de una fuerte burguesía, lo que contribuyó a elevarlas al poder.

Las doctrinas que guiaron a los sectores dirigentes de Alemania en la generación pasada no se oponían al socialismo en cuanto marxismo, sino a los elementos liberales contenidos en aquél: su internacionalismo y a su democracia. Y a medida que se hizo más claro que eran precisamente estos elementos los obstáculos para la realización del socialismo, los socialistas de la izquierda se aproxi-maron más y más a los de la derecha. Fue la unión de las fuerzas anticapitalistas de la derecha y la izquierda, la fusión del socialismo radical con el conservador, lo que expulsó de Alemania a todo lo que era liberal.

En Alemania, la conexión entre socialismo y nacionalismo fue estrecha desde un principio. Es significativo que los más importantes antecesores del nacionalsocialismo —Fichte, Rodbertus y Lassalle— fueron al mismo tiempo padres reconocidos del 3 Hayek se refiere aquí a Rohan Butler, The Roots of National Socialism (Nueva York: E.P. Dutton, N. York 1942). —Ed.

LAS RAÍCES SOCIALISTAS DEL NAZISMO

socialismo.4 Mientras el socialismo teórico, en su forma marxista, dirigía el movimiento obrero alemán, el elemento autoritario y nacionalista retrocedía temporalmente a segundo plano. Pero no por mucho tiempo.5 A partir de 1914 surgen de las filas del socialismo marxista un predicador tras otro que conducen al redil del nacionalsocialismo, no a los conservadores y reaccionarios, sino a los trabajadores manuales y a la juventud idealista. Sólo más tarde alcanzó la marea del socialismo nacionalista considerable importancia y se transformó rápidamente en la doctrina hitleriana. La histeria bélica de 1914, que, precisamente por causa de la derrota alemana, no se curó jamás por completo, es el comienzo del moderno desenvolvimiento que produjo el nacionalsocialismo, el cual surgió durante este periodo gracias en buena parte a la asistencia de viejos socialistas.

* * *

Quizá el primer representante de esta orientación, y en muchos aspectos el más característico, fue el difunto profesor Werner Sombart, cuya conocida obra Händler und Helden (Mercaderes y Héroes) apareció en 1915.6 Sombart había comenzado como socialista marxista, y todavía en 1909 afirmaba con orgullo que había dedicado la mayor parte de su vida a luchar por las ideas de Karl Marx.

4 El filósofo alemán Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) enseñó en Jena, Berlín, y Erlangen, y en 1810 fue el primer rector de la nueva Universidad de Berlín. En 1807-08

publicó una serie de lecciones con la intención de impulsar el nacionalismo alemán para oponerse a Napoleón; sus categorías filosóficas anticiparon el concepto nazi de Herrenvolk. El economista alemán Johann Karl Rodbertus (1805-1875) es conocido como fundador del socialismo científico y propuso un programa que habría conducido gradualmente a un estado socialista en el Imperio alemán. El autor político y pan-fletista alemán Ferdinand Lassalle (1825-1864) fundó la Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein (Asociación General de los Trabajadores Alemanes), precursora del Partido Socialdemócrata. —Ed.

5 Y sólo parcialmente. En 1892, uno de los jefes del partido socialdemócrata, August Bebel, fue capaz de decir a Bismarck: «el Canciller del Reich puede estar tran-quilo; la socialdemocracia alemana es una especie de escuela preparatoria del milita-rismo.» Ferdinand August Bebel (1840-1913) fue un dirigente del movimiento socialdemócrata alemán y uno de sus principales portavoces en el Reichstag. —Ed.

6 Werner Sombart, Händler und Helden: patriotische Besinnungen (Munich y Leipzig: Duncker & Humblot, 1915). Más sobre Sombart en el capítulo 1, nota 13. —Ed.

FRIEDRICH A. HAYEK

Sombart ha contribuido tanto como el que más a difundir por toda Alemania las ideas socialistas y el resentimiento anticapitalista de diversos matices; y si en el pensamiento alemán penetraron elementos marxistas en una proporción no superada por ningún otro país hasta la revolución rusa, ello se debió en gran medida a Sombart. Durante un tiempo, fue considerado como el representante más distinguido de la perseguida intelectualidad socialista, inca-pacitada, por sus opiniones radicales, para obtener una cátedra universitaria. Y aun después de la anterior guerra, la influencia, dentro y fuera de Alemania, de su obra de historiador, que enfocó como marxista después de dejar de serlo en política, alcanzó extraordinaria difusión, la cual se advierte particularmente en las obras de muchos de los planificadores ingleses y americanos.

En su libro de guerra, este viejo socialista saludó la «guerra alemana» como el conflicto inevitable entre la civilización comercial de Inglaterra y la cultura heroica de Alemania. Su desprecio hacia los criterios «comerciales» del pueblo inglés, que había perdido todos sus instintos guerreros, no tiene límite. Nada es más despreciable a sus ojos que el general afán por la felicidad individual. Y lo que él presenta como la máxima orientadora de la moral inglesa, a saber: sé justo, «para que puedas alcanzar el bienestar y prolongar tus días sobre la tierra», es, para él, «la más infame sentencia que haya salido jamás de una mente comercial».7 La «idea alemana del Estado», como la formularon Fichte, Lassalle y Rodbertus, es que el Estado, ni lo fundan individuos, ni se forma de individuos, ni es un agregado de individuos, ni su finalidad es la de servir cualesquier intereses individuales. Es una Volksgemeinschaft, en la que el individuo no tiene derechos, sino tan sólo deberes.8 Las reclama-ciones del individuo son siempre una consecuencia del espíritu comercial. «Las ideas de 1789» —Libertad, Igualdad, Fraternidad—

son ideales típicamente comerciales, sin otro fin posible que el de asegurar ciertas ventajas a los individuos.

7 Sombart, Händler und Helden, cit., p. 19. —Ed.

8 Volksgemeinschaft podría traducirse como «comunidad del pueblo», si bien con los nazis fue llevada más allá con el fin de incluir algo parecido a una «comunidad racialmente pura». —Ed.

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Antes de 1914, todos los verdaderos ideales alemanes de vida heroica estuvieron en mortal peligro ante el continuo avance de los ideales comerciales ingleses, el confort inglés y el sport inglés. El pueblo inglés, no sólo se ha corrompido por completo a sí mismo, pues todos los miembros de los sindicatos se están hundiendo en la «cié-naga del confort», sino que ha comenzado a infectar a los demás pueblos. Sólo la guerra ha ayudado a los alemanes a recordar que eran realmente un pueblo de soldados, un pueblo cuyas actividades todas, y particularmente las económicas, estaban subordinadas a los fines militares. Sombart sabía que otros pueblos desprecian a los alemanes porque éstos consideran la guerra como sagrada, pero él les glorifica por eso. Considerar la guerra como inhumana y sin sentido es un producto de los criterios comerciales. Hay una vida superior a la vida individual, la vida del pueblo y la vida del Estado, y el cometido del individuo consiste en sacrificarse por esta vida superior. La guerra es, para Sombart, la consumación del sentido heroico de la vida, y la guerra contra Inglaterra es la guerra contra el ideal opuesto, el ideal comercial de la libertad del individuo y del confort inglés, que a sus ojos encuentra su más despreciable expresión en. .

las máquinas de afeitar halladas en las trincheras inglesas.

* * *

Si el exabrupto de Sombart fue en aquel tiempo excesivo, incluso para la mayoría de los alemanes, otro profesor alemán llegaba, en lo esencial, a las mismas ideas en una forma más moderada y más universitaria, pero por esta razón aún más eficaz. El profesor Johann Plenge era una autoridad sobre Marx tan grande como Sombart. Su libro Marx und Hegel marca el comienzo del moderno renacimiento hegeliano entre los universitarios marxistas; y no puede haber duda acerca de la naturaleza genuinamente socialista de las convicciones de que partió. Entre sus numerosas publicaciones de guerra, la más importante es un libro, breve, pero muy discutido en su tiempo, que lleva este significativo título: 1789 y 1914.

Años simbólicos en la historia del pensamiento político.9 Está dedicado 9 Los dos libros de Johann Plenge a los que se refiere Hayek son Marx und Hegel (Tubinga: H. Laupp, 1911), y 1789 und 1914: die symbolischen Jahre in der Geschichte

FRIEDRICH A. HAYEK

al conflicto entre las «Ideas de 1789», el ideal de libertad, y las

«Ideas de 1914», el ideal de organización.

La organización es para él, como para todos los socialistas que extraen su socialismo de una tosca aplicación de los ideales científicos a los problemas de la sociedad, la esencia del socialismo.

Ella fue, como justamente destaca, la raíz del movimiento socialista al engendrarse en Francia en los comienzos del siglo XIX.

Marx y el marxismo han traicionado esta idea fundamental del socialismo con su fanática, pero utópica, adhesión a la idea abstracta de libertad. Ahora es cuando la idea de organización vuelve a su lugar, en todas partes, como lo muestra la obra de H.G. Wells (cuyo Future in America influyó profundamente en el profesor Plenge, y a quien éste señala como una de las figuras sobresalientes del socialismo moderno), pero particularmente en Alemania, donde ha sido mejor entendida y más plenamente realizada.10 La guerra entre Inglaterra y Alemania es, pues, realmente un conflicto entre dos principios opuestos. La «guerra mundial económica» es la tercera gran etapa de la lucha espiritual en la historia moderna. Es de igual importancia que la Reforma y la revolución burguesa por la libertad. Es la lucha por la victoria de las nuevas fuerzas nacidas de la avanzada vida económica del siglo XIX: socialismo y organización.

«Porque, en la esfera de las ideas, Alemania fue el más convencido exponente de todos los sueños socialistas y, en la esfera de la realidad, el más poderoso arquitecto del sistema económico más altamente organizado. —En nosotros está el siglo XX. Cualquiera que sea el final de la guerra, somos el pueblo ejemplar. Nuestras ideas determinarán los objetivos de la vida de la Humanidad—. La Historia mundial vive al presente el colosal espectáculo de un nuevo gran ideal de vida que con nosotros gana su victoria final, des politischen Geistes (Berlín: J. Springer, 1916). Historiador y pensador político, Johann Plenge (1874-1963) enseñó en Leipzig y en Münster. Fue uno de los impulsores del «socialismo organizativo» y apoyó también un resurgir de la sociología, ciencia que pensaba que podía ser utilizada para adiestrar a los ejecutivos que dirigirían las organizaciones a gran escala. —Ed.

10 Hayek se refiere a la obra de H.G. Wells, Future in America: A Search after Realities (Londres y Nueva York: Harper & Brothers, 1906). —Ed.

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mientras, a la vez, en Inglaterra se desploma definitivamente uno de los principios históricos mundiales.»11

La economía de guerra creada en Alemania en 1914 «es la primera realización de una sociedad socialista, y su espíritu, la primera aparición activa, y no sólo reivindicatoria, de un espíritu socialista. Las necesidades de la guerra han establecido la idea socialista en la vida económica alemana, y así la defensa de nuestra nación ha proporcionado a la Humanidad la idea de 1914, la idea de la organización alemana, de la comunidad popular (Volksgemeinschaft) del socialismo nacional. .12 Sin advertirlo nosotros realmente, toda nuestra vida política, en el Estado y en la economía, se ha elevado a un nivel superior. Estado y vida económica forman una nueva unidad. .13 El sentimiento de responsabilidad económica que caracteriza la labor del funcionario público domina toda la actividad privada.»14 La nueva constitución corporativa alemana de la vida económica [que el profesor Plenge admite no estar todavía madura o completa]. . «es la más alta forma de vida del Estado que jamás se haya conocido sobre la tierra.»15

Al principio, el profesor Plenge esperaba todavía conciliar el ideal de libertad y el ideal de organización, aunque, en gran parte, a través de la completa, pero voluntaria, sumisión del individuo al conjunto. Pero pronto desaparecen de sus escritos estos residuos de las ideas liberales. En 1918, la unión entre socialismo y política de poder inexorable se ha completado ya en su mente. Poco antes del fin de la guerra exhortó a sus compatriotas, desde la revista socialista Die Glocke, de la siguiente manera:

«Ha llegado la hora de admitir que el socialismo debe ser una política de poder, porque tiene que ser organización. El socialismo tiene que ganar el Poder; no debe jamás destruirlo ciegamente. Y la más importante y crítica cuestión para el socialismo, cuando los pueblos hacen la guerra, es necesariamente ésta: ¿cuál es el pueblo 11 Johann Plenge, 1789 und 1914,. cit., p. 20. —Ed.

12 Ibid., p. 82. —Ed.

13 Ibid., p. 120. —Ed.

14 Ibid., p. 121. —Ed.

15 Ibid. —Ed.

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llamado entre todos al Poder, porque es el conductor ejemplar en la organización de los pueblos?»16

Y adelanta todas las ideas que servirán después para justificar el nuevo orden de Hitler: «Precisamente desde el punto de vista del socialismo, que es organización, el derecho absoluto de autodeter-minación de los pueblos, ¿no es el derecho a la anarquía económica individualista? ¿Estamos dispuestos a otorgar una completa auto-determinación al individuo en la vida económica? Un socialismo consecuente sólo puede conceder derecho de asociación política a un pueblo si ello corresponde a la distribución real de las fuerzas históricamente determinadas.»

* * *

Los ideales que Plenge expresó con tanta claridad fueron especialmente populares en ciertos círculos, de donde quizá derivaron, formados por hombres de ciencia e ingenieros alemanes, los cuales clamaban, precisamente como ahora lo hacen tan ruidosamente sus trasuntos ingleses, por la organización planificada centralmente de todos los aspectos de la vida. A la cabeza de ellos estaba el famoso químico Wilhelm Ostwald, una de cuyas manifestaciones sobre este punto ha alcanzado cierta celebridad. Según se dice, manifestó públicamente que «Alemania tiene que organizar a Europa, que aún carece de organización. Explicaré a usted ahora el gran secreto de Alemania: nosotros, o quizá la raza alemana, hemos descubierto el significado de la organización. Mientras las demás naciones viven todavía bajo el régimen del individualismo, nosotros hemos ya alcanzado el de la organización».17

Ideas muy semejantes a éstas fueron corrientes en las oficinas del dictador alemán de las materias primas, Walter Rathenau, 16 Ésta y la siguiente cita aparecieron evidentemente en el periódico socialista Die Glocke poco antes del final de la guerra. Los redactores de la edición alemana de los Collected Works no pudieron localizar la fuente exacta de la cita, y yo tampoco he podido. —Ed.

17 El químico alemán Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932) dio clases sobre todo en Leipzig, donde fundó un periódico y un instituto; colaboró también en la fundación de muchas sociedades científicas. Sus muchos descubrimientos hicieron que se le concediera el Premio Nobel en 1909. —Ed.

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quien, aunque se habría estremecido ante las consecuencias de su economía totalitaria, de haberlas experimentado, merece un lugar importante en una historia completa del desarrollo de las ideas nazis.18 A través de sus escritos ha determinado, probablemente más que cualquier otro hombre, las opiniones económicas de la generación que creció en Alemania durante la primera guerra mundial e inmediatamente después; y algunos de sus colaboradores más íntimos formaron luego la espina dorsal de la administración del Plan quinquenal de Goering. Muy semejantes fueron también las enseñanzas de otro antiguo marxista, Friedrich Naumann, cuya Mitteleuropa alcanzó probablemente en Alemania más circulación que ningún otro libro de guerra.19

Pero correspondió a un activo político socialista, miembro del ala izquierda del partido socialdemócrata en el Reichstag, el desarrollo más completo de estas ideas y su extensa difusión. Paul Lensch había definido ya en sus primeros libros la guerra como la

«vía de escape de la burguesía inglesa ante el avance del socialismo», y explicado cuán diferentes eran el ideal socialista de libertad y la concepción inglesa.20 Sin embargo, sólo en su tercer libro 18 El industrial y político alemán Walther Rathenau (1867-1922) aportó su experiencia como ex director del cartel de la electricidad en calidad de asesor en la obtención de materias primas para el Ministerio de la Guerra alemán durante la I Guerra mundial. En un influyente panfleto publicado después de la guerra propugnó la socialización de la economía prosiguiendo la planificación del tiempo de guerra en tiempos de paz. Internacionalista progresista, y judío, Rathenau fue asesinado en 1922 al poco tiempo de ser nombrado Ministro de Asuntos Exteriores. Sobre la influencia de Rathenau en Hayek, véase F.A. Hayek, Hayek on Hayek, cit., p. 47 {p. 50 de la edición española} —Ed.

19 Un buen resumen de las ideas de Naumann, tan características de la combinación germana de socialismo e imperialismo como todas las que hemos citado en el texto, se encontrará en R. D. Butler, The Roots of National Socialism, 1941, pp. 203-9.

Hayek se refiere a Friedrich Naumann, Mitteleuropa (Berlín: G. Reimer, 1915). El libro fue traducido por Christabel Meredith con el título Central Europe (Nueva York: A.A.

Knopf, 1917; reeditado en: Westport, CT: Greenwood, 1971). Periodista, escritor y dirigente político, Friedrich Naumann (1860-1919) fundó el Partido Democrático Alemán al final de la I Guerra mundial. En su libro Naumann propugnaba una reorganización económica y política de la Europa central bajo la hegemonía germano-prusiana. —Ed.

20 El economista y periodista alemán Paul Lensch (1873-1926) estaba asociado, antes de la guerra, al ala marxista del Partido socialdemócrata alemán, pero fue desli-zándose cada vez más hacia la derecha durante la guerra. Sus críticas al partido le valieron la expulsión en 1922. Probablemente Hayek se refiere aquí a los libros de

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de guerra, el de mayor éxito, en su Tres años de revolución mundial,21

lograron sus ideas características, bajo la influencia de Plenge, su pleno desarrollo. Lensch basa su argumentación en un interesante y, en muchos aspectos, puntual relato histórico de cómo la adopción del proteccionismo por Bismarck permitió en Alemania una evolución hacia formas de concentración industrial y cartelización que, desde su punto de vista marxista, representaban una etapa más alta en el desarrollo industrial.

«El resultado de la decisión de Bismarck en el año 1879 fue que Alemania asumió el papel de revolucionaria; es decir, de un Estado cuya posición respecto al resto del mundo es la del representante de un sistema económico más alto y avanzado. Comprendido esto, advertiremos que, en la presente revolución mundial, Alemania representa el lado revolucionario, y su mayor antagonista, Inglaterra, el contra-rrevolucionario. Este hecho prueba cuán escasamente afecta la constitución de un país, sea liberal y republicana o monárquica y autocrática, a la cuestión de saber si, desde el punto de vista del desarrollo histórico, este país ha de considerarse o no como liberal.

O, para decirlo más llanamente, nuestras concepciones del liberalismo, la democracia, etc., se derivaron de las ideas del individualismo inglés, de acuerdo con las cuales un Estado con un gobierno débil es un Estado liberal, y toda restricción impuesta a la libertad del individuo se considera producto de la autocracia y el militaris-mo.»22

En Alemania, «representante designada por la Historia» de esta forma superior de vida económica, «la lucha en pro del socialismo se ha simplificado extraordinariamente, porque todas las condiciones que el socialismo requiere de antemano están ya establecidas.

Y, por ende, para todos los partidos socialistas era forzosamente de interés vital que Alemania pudiera sostenerse triunfante contra Lensch Die deutsche Sozialdemokratie under der Weltkrieg: eine politische Studie (Berlín: Singer, 1915) y Das englische Weltreich (Berlín: Singer, 1915). —Ed.

21 Paul Lensch: Drei Jahre Weltrevolution, 1917. Una persona sagaz permitió disponer, todavía en curso la anterior guerra, de la traducción inglesa de esta obra: Three Years of World Revolution. Prólogo de J.E.M. (Londres: Constable and Co., Ltd., 1918).

22 Ibid., pp. 25-26. En este pasaje Lensch decía en realidad: «desde el punto de vista del desarrollo histórico, ese país tiene que ser considerado revolucionario o no.»

—Ed.

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sus enemigos y, con ello, cumplir su histórica misión de revolucionar el mundo. Por tanto, la guerra de la Entente contra Alemania recordaba la tentativa de la baja burguesía de la edad precapitalista para evitar la ruina de su propia clase.»23

Esta organización del capital, prosigue Lensch, «que comenzó inconscientemente antes de la guerra y que durante la guerra ha continuado conscientemente, se mantendrá de modo sistemático después de la lucha. No a causa de un gusto por los sistemas de organización, ni aun porque el socialismo se haya reconocido como un principio superior de desarrollo social. Las clases que son hoy día los verdaderos introductores del socialismo son, en teoría, sus declarados adversarios o, por lo menos, lo fueron hasta hace poco tiempo. El socialismo está llegando, y de hecho ha llegado en cierto modo, porque no podemos ya vivir sin él».24

Las únicas gentes que todavía se oponen a esta marcha son los liberales. «A esta clase de gente, que inconscientemente razona según patrones ingleses, pertenece toda la burguesía culta alemana. Sus nociones políticas de «libertad» y «derechos ciudadanos», de constitucionalismo y parlamentarismo, se derivan de la concepción individualista del mundo, cuya clásica encarnación es el liberalismo inglés, adoptada por los portavoces de la burguesía alemana en las décadas sexta, séptima y octava del siglo XIX. Pero estos patrones están pasados de moda y descompuestos, de la misma manera que el liberalismo inglés, pasado de moda, ha sido destrozado por esta guerra. Lo que ha de hacerse ahora es saltar por encima de estas ideas políticas heredadas y contribuir al nacimiento de un nuevo concepto del Estado y la sociedad. También en esta esfera debe presentar el socialismo una consciente y decidida oposición al individualismo. A este respecto es un hecho sorprendente que en la supuesta reaccionaria Alemania las clases trabajadoras hayan ganado para sí una posición mucho más sólida y poderosa en la vida del Estado que lo logrado en Inglaterra o Francia.»25

23 Ibid., pp. 67-68. —Ed.

24 Ibid., p. 204. —Ed.

25 Ibid., p. 208. —Ed.

FRIEDRICH A. HAYEK

Lensch continúa con unas consideraciones que, también, contienen mucha verdad y merecen ser examinadas:

«Cuando los socialdemócratas, con la ayuda de este sufragio

[universal], ocuparon todos los puestos que pudieron obtener en el Reichstag, en los Parlamentos de los estados, en los ayuntamientos, en los tribunales laborales, en las Cajas de subsidio de enfermedad, etc., penetraron muy profundamente en el organismo estatal; pero el precio que pagaron por ello fue que el Estado, a su vez, ejerció una profunda influencia sobre las clases trabajadoras. No hay duda que, como resultado de los duros esfuerzos socialistas durante cincuenta años, el Estado no es ya el del año 1867, cuando se adoptó el sufragio universal; pero la Socialdemocracia, a su vez, no es ya la que era entonces. El Estado ha experimentado un proceso de socialización, y la Socialdemocracia ha experimentado un proceso de nacionalización. »26

* * *

A su vez, Plenge y Lensch suministraron las ideas directoras a los maestros inmediatos del nacionalsocialismo, particularmente Oswald Spengler y A. Moeller van den Bruck, por mencionar sólo los dos nombres más conocidos.27 Cabe discutir hasta qué punto 26 Ibid., p. 210. —Ed.

27 Lo mismo vale para otros muchos de los dirigentes intelectuales de la generación que produjo el nazismo, tales como Othmar Spann, Hans Freyer, Carl Schmitt y Ernst Jünger. Respecto a éstos, véase el interesante estudio de Aurel Kolnai, The War against the West, 1938, que padece, sin embargo, el defecto de pasar por alto a sus creadores socialistas por limitarse al periodo de la posguerra, cuando de estos ideales se habían apoderado ya los nacionalsocialistas. El libro del historiador y crítico Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925) Das dritte Reich («El Tercer Reich»), fue publicado originariamente en 1923, e influyó profundamente en Adolf Hitler. En el libro, del que un extracto proporcionaba la cita que introduce el capítulo, Moeller van den Bruck cri-ticaba ideologías como el socialismo, el liberalismo y la democracia, y pedía la formación de una nueva conciencia propia de los alemanes y la institución de un estado autoritario con control centralizado estricto de la economía. El filósofo de la historia alemán Oswald Spengler (1880-1936), otro crítico de la democracia parlamentaria liberal, predijo la inevitable decadencia de la cultura europea, que sería sustituida por una nueva época de cesarismo (análoga a la sustitución de la cultura griega por la romana, siendo esta última «carente de inspiración, bárbara, disciplinada, práctica, protestante, prusiana»—p. 26), en su libro The Decline of the West, traducido por Charles

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puede considerarse socialista al primero. Pero es ahora evidente que en su alegato sobre Prusianismo y Socialismo, aparecido en 1920, no hace sino dar expresión a ideas ampliamente sostenidas por los socialistas alemanes.28 Bastarán unas cuantas muestras de su argumentación. «El viejo espíritu prusiano y el credo socialista, que hoy se odian entre sí con odio de hermanos, son uno y el mismo.»29

Los representantes de la civilización occidental en Alemania, los liberales alemanes, forman «el invisible ejército inglés que, después de la batalla de Jena, dejó tras sí Napoleón sobre el suelo alemán».30 Para Spengler, hombres como Hardenberg y Humboldt y todos los demás reformadores liberales eran «ingleses». Pero este espíritu «inglés»31 será expulsado por la revolución alemana que comenzó en 1914.

«Las tres últimas naciones de Occidente han aspirado a tres formas de existencia que están representadas por las famosas consignas: Libertad, Igualdad, Comunidad. Toman cuerpo en las formas políticas del parlamentarismo liberal, la democracia social y el Francis Atkinson, 2 vols. (Nueva York: A.A. Knopf, 1926-1928). El sociólogo y economista austriaco Othmar Spann (1878-1950) enseñó en la Universidad de Viena, donde Hayek fue uno de sus alumnos. Era el profeta del «universalismo intuitivo», que pre-paró el camino al austrofascismo, atacó la democracia, el liberalismo, el socialismo, y el individualismo en sus leccions. Más datos sobre Spann, y la reacción de Hayek contra él, en Caldwell, Hayek’s Challenge, cit, pp. 137-39. El filósofo y sociólogo alemán Hans Freyer (1887-1969) fue otro precursor intelectual de los nazis. En su libro Revolution von Rechts («Revolución en la Derecha»), publicado en 1931, propugnó el fin de la lucha de clases y, por medio de «reformas» educativas, el surgimiento de un «estado del pueblo» alemán nacionalista. En sus escritos, el escritor y ensayista alemán Ernst Jünger (1895-1998) glorificó los aspectos estéticos, espirituales, y heroicos de la guerra, y propugnó que la nación alemana hiciese suyo un ethos y una organización milita-rista. Su relato de primera mano de la guerra de trincheras en la I Guerra mundial, In Stahlgewittern, traducido al inglés como Storm of Steel por Michael Hofmann (Nueva York: Penguin Books, 2004). Sobre el jurista Carl Schmitt, véase cap. VI, nota 5. —Ed.

28 Hayek se refiere a Oswald Spengler, Preussentum und Sozialismus (Munich: Beck, 1920). —Ed.

29 Ibid., p. 4. —Ed.

30 Ibid., p. 7. —Ed.

31 Ibid., p. 62. Bajo su liderazgo, el estadista prusiano Karl August, Fürst von Hardenberg (1750-1822) supervisó la abolición de la servidumbre, una reforma extensiva de los militares prusianos y, con Heinrich Stein, la reforma del sistema educativo prusiano. Para más datos sobre Humboldt, véase la introducción del autor, nota 4. —Ed.

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socialismo autoritario..32 El instinto alemán, o, más correctamente, prusiano, dice: el poder pertenece al conjunto. . Cada uno recibe su puesto. Se manda o se obedece. Esto es, desde el siglo XVIII, socialismo autoritario, esencialmente antiliberal y antidemocrático, frente a lo que significan el liberalismo inglés y la democracia francesa.. 33 Hay en Alemania muchos contrastes aborrecidos y mal vistos, pero despreciable sobre el suelo alemán, sólo lo es el liberalismo.34

«La estructura de la nación inglesa se basa sobre la distinción entre rico y pobre; la de la prusiana, sobre la que hay entre mando y obediencia. El significado de la distinción de clases es, con arreglo a esto, fundamentalmente diferente en los dos países.»35

Después de señalar la esencial diferencia entre el sistema inglés de libre competencia y el sistema prusiano de «administración económica», y después de mostrar (siguiendo expresamente a Lensch) cómo, desde Bismarck, la deliberada organización de la actividad económica ha asumido nuevas formas, cada vez más socialistas, Spengler continúa:

«En Prusia existía un verdadero Estado, en el más ambicioso significado de la palabra. No podían existir, estrictamente hablando, personas privadas. Todo el que vivía dentro de un sistema que trabajaba con la precisión de un aparato de relojería era en algún modo uno de sus eslabones. La conducción de los negocios públicos no podía, por consiguiente, estar en manos de los particulares, como supone el Parlamentarismo. Era un Amt, y el político responsable era un funcionario público, un servidor de la comunidad.»36

32 La fórmula spengleriana encuentra su eco en una frase, a menudo citada, de Carl Schmitt, la primera autoridad nazi en Derecho constitucional, según la cual la evolución del Estado se realiza «en tres etapas dialécticas: del Estado absoluto de los siglos xvii y xviii, a través del Estado neutral del liberal siglo xix, al Estado totalitario, en el que Estado y sociedad son idénticos». (C. Schmitt, Der Hüter der Verlassung.

Tubinga, 1931, p. 79.)

33 Oswald Spengler, Preussentum und Sozialismus, cit., p. 15. —Ed.

34 Ibid., p. 34. —Ed.

35 Ibid., p. 43-44. —Ed.

36 Ibid., p. 60. —Ed.

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La «idea prusiana» exige que todo el mundo sea funcionario público, que el Estado fije todos los salarios y sueldos. La administración de toda la propiedad, especialmente, se convierte en una función asalariada. El Estado del futuro será un Beamtenstaat. Pero

«la cuestión decisiva, no sólo para Alemania, sino para el mundo, que tiene que ser resuelta por Alemania para el mundo, es: en el futuro, ¿gobernará el comercio al Estado, o el Estado gobernará al comercio? Frente a esta cuestión, el Prusianismo y el Socialismo son iguales.. Prusianismo y Socialismo combaten a Inglaterra en nuestro mismo seno».37

De aquí sólo faltaba un paso para que el santo patrono del nacionalsocialismo, Moeller van den Bruck, proclamase que la guerra mundial era la guerra entre liberalismo y socialismo:

«Hemos perdido la guerra contra el Occidente. El socialismo la ha perdido contra el liberalismo.»38 Como para Spengler, el liberalismo es, pues, el enemigo a muerte. Moeller van den Bruck celebra el hecho de que «no hay juventud liberal en Alemania hoy día. Hay jóvenes revolucionarios; hay jóvenes conservadores. Pero ¿quién querría ser liberal?.. El liberalismo es una filosofía de la vida a la que ahora la juventud alemana vuelve la espalda con asco, con ira, con especial desprecio, porque no hay nada más extranjero, más repugnante, más opuesto a su filosofía. La juventud alemana de hoy reconoce en el liberal a su archienemigo».39 El Tercer Reich de Moeller van den Bruck pretendía dar a los alemanes un socialismo adaptado a su naturaleza y no contaminado por las ideas liberales del Occidente. Y así lo hizo.

Estos escritores no representan, en modo alguno, un fenómeno aislado. Ya en 1922, un observador independiente pudo hablar de un «fenómeno peculiar y, a primera vista, sorprendente» que era 37 Ibid., p. 97. —Ed.

38 Arthur Moeller van den Bruck: Sozialismus und Aussenpolitik (Breslau: W.G

Korn, 1933), pp. 87, 90 y 100. Los artículos aquí recogidos, particularmente el relativo a

«Lenin y Keynes», que debate más detalladamente el tema discutido en el texto, se publicaron primero entre 1919 y 1923. En el original, las tres referencias de Hayek son sobre las citas de van den Bruck, y las incluye incorrectamente como aparecen en las páginas 87, 90, y 100 respectivamente, y no donde aparecen realmente, en las páginas 100-102. —Ed.

39 Ibid., pp. 101-2. —Ed.

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dable observar entonces en Alemania: «La lucha contra el orden económico capitalista, según este criterio, es una continuación de la guerra contra la Entente con las armas del espíritu y la organización económica, el camino que conduce al socialismo práctico, un retorno del pueblo alemán a sus mejores y más nobles tradiciones.»40

La lucha contra el liberalismo en todas sus formas, el liberalismo que había derrotado a Alemania, fue la idea común que unió a socialistas y conservadores en un frente único. Primero, fue principalmente en el Movimiento Juvenil Alemán, casi por entero socialista en inspiración y propósitos, donde estas ideas se acepta-ron más fácilmente y donde se completó la fusión del socialismo y el nacionalismo. Desde finales de la década de los 20 y hasta la llegada de Hitler al poder, un círculo de jóvenes congregados en tomo a la revista Die Tat y dirigidos por Ferdinand Fried fue, en la esfera intelectual, el principal exponente de esta tradición.41 El libro de Fried, Ende des Kapitalismus, es quizá el producto más característico de este grupo de Edelnazis, como se les llamaba en Alemania, y es particularmente inquietante su semejanza con tanta parte de la literatura que vemos en la Inglaterra de hoy, donde podemos observar el mismo movimiento de aproximación entre la derecha y los socialistas de la izquierda, y casi el mismo desprecio 40 K. Pribram: «Deutscher Nationalismus und deutscher Sozialismus», en el Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, volumen 49, 1922, pp. 298-99. El autor menciona como otros ejemplos de la misma vía de argumentación al filósofo Max Scheler, predicador de «la misión mundial socialista de Alemania», y al marxista K.

Korsch, que escribía conforme al espíritu de la nueva Volksgemeinschaft. El filósofo alemán Max Scheler (1874—1928), que escribió sobre ética, religión, metafísica, y sobre el lugar de la persona en la sociedad, pertenecía al movimiento fenomenológico con Husserl. Durante la I Guerra mundial elaboró textos de propaganda para el gobierno.

El periodista y escritor marxista Karl Korsch (1886-1961) fue un dirigente del Partido Comunista alemán desde 1920 a 1926, que escribía con frecuencia para sus diarios y redactaba su periódico teórico, Die Internationale. Fue expulsado del partido bajo acusaciones de revisionismo en 1926, y abandonó Alemania en 1934, estableciéndose finalmente en los Estados Unidos. —Ed.

41 El periodista alemán Ferdinand Fried (1898-1967) escribió de economía para varios periódicos, y fue el teórico económico del Tatkreis, grupo de jóvenes revolucionarios conservadores. En su órgano Die Tat (traducido de varias maneras como «La Acción» o «El Hecho») se oponían a la democracia parlamentaria y al capitalismo, y propugnaban una economía nacional autárquica y planificada. —Ed.

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por todo lo que es liberal en el viejo sentido. El «socialismo conservador» (y, en otros círculos, el «socialismo religioso») fue el slogan con el que un gran número de escritores prepararon la atmósfera donde triunfó el «nacionalsocialismo». El «socialismo conservador» es la tendencia que domina ahora en Inglaterra. La guerra contra las potencias occidentales «con las armas del espíritu y de la organización económica», ¿no había casi triunfado antes de que la verdadera guerra comenzara?

POR QUÉ LOS PEORES

SE COLOCAN A LA CABEZA*

FRIEDRICH A. HAYEK

«Todo poder corrompe, y el poder absoluto

corrompe absolutamente».

Lord Acton1

Tenemos que examinar ahora una creencia de la que obtienen con-suelo muchos que consideran inevitable el advenimiento del totalitarismo y que debilita seriamente la resistencia de otros muchos que se opondrían a él con toda su fuerza si aprehendieran plenamente su naturaleza. Es el creer que los rasgos más repulsivos de los regímenes totalitarios se deben al accidente histórico de haber los establecido grupos de guardias negras y criminales. Seguramente, se arguye, si la creación del régimen totalitario en Alemania elevó al poder a los Streichers y Killingers, los Leys y Heines, los Himmlers y Heydrichs, ello puede probar la depravación del carácter alemán, pero no que la subida de estas gentes sea la necesaria consecuencia de un sistema totalitario2. ¿Es que el mismo tipo de sistema, si fuera

* Camino de servidumbre, Capítulo X, Unión Editorial, 2017, pp. 223-240.

1 [Lord Acton, Historical Essays and Studies, ed. de John Neville Figgis y Reginald Vere Laurence (Londres: Macmillan, 1919), p. 504. —Ed.]

2 [La lista de Hayek comprende una galería de sinvergüenzas, de infames, de

«canallas y asesinos». El periodista y político Julius Streicher (1885-1946), que inicialmente estuvo asociado a Hitler, es recordado por la vehemencia de su persecución de los judíos en su periódico Der Stürmer. Fue acusado de crímenes de guerra en el juicio de Nuremberg, y ahorcado. Manfred von Killinger (1886-1944) se hizo un nombre en los primeros años 1920 por su papel en el asesinato de Matthias Erzberger, el político que firmó el armisticio. Miembro de las SA (Sturmabteilung), las tropas de asalto de camisa parda que sirvieron como primera fuerza armada del partido nazi, más tarde ingresó en la diplomacia. Killinger se suicidó en Bucarest en el momento en que el ejército soviético entraba en la ciudad. Robert Ley (1890-1945) fue el motor dirigente de la reorganización forzada de los sindicatos en un único frente laboral, y también, dentro de éste, del movimiento recreativo Kraft durch Freude. Se suicidó ahorcándose en Nuremberg antes de que comenzasen los juicios. Edmund Heines (1897—1934) era Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XVI, n.º 2, Otoño 2019, pp. 291 a 310

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necesario para lograr fines importantes, no podrían instaurarlo gentes decentes, para bien de la comunidad general?

No vamos a engañarnos a nosotros mismos creyendo que todas las personas honradas tienen que ser demócratas o es forzoso que aspiren a una participación en el gobierno. Muchos preferirían, sin duda, confiarla a alguien a quien tienen por más competente. Aunque pueda ser una imprudencia, no hay nada malo ni deshonroso en aprobar una dictadura de los buenos. El totalitarismo, podemos ya oír, es un poderoso sistema lo mismo para el bien que para el mal, y el propósito que guíe su uso depende enteramente de los dictadores. Y quienes piensan que no es el sistema lo que debemos temer, sino el peligro de que caiga en manos de gente perversa, pueden incluso verse tentados a conjurar este peligro procurando que un hombre honrado se adelante a establecerlo.

Sin duda, un sistema «fascista» inglés diferiría muchísimo de los modelos italiano o alemán; sin duda, si la transición se efec-tuara sin violencia, podríamos esperar que surgiese un tipo mejor de dirigente. Y si yo tuviera que vivir bajo un sistema fascista, sin ninguna duda preferiría vivir bajo uno instaurado por ingleses que bajo el establecido por otros hombres cualesquiera. Sin embargo, todo esto no significa que, juzgado por nuestros criterios actuales, un sistema fascista británico resultase, en definitiva, ser muy diferente o mucho menos intolerable que sus prototipos. Hay fuertes razones para creer que los que nos parecen los rasgos peores de los sistemas totalitarios existentes no son subproductos accidentales, sino fenómenos que el totalitarismo tiene que producir por fuerza más temprano o más tarde. De la misma manera que el general de la SA e íntimo asociado de su primer dirigente, Ernst ROM. Fue ejecutado en junio de 1934 durante la «Noche de los Cuchillos Largos» en la que Hitler purgó elementos de la SA. Tras la purga, las SS ( Schutzstaffeln), de camisa negra, que había comenzado como guardia personal de Hitler, fueron colocadas por encima de las SA, y Heinrich Himmler (1900-1945) fue situado a la cabeza de las SS y de la Gestapo ( Geheime Staatspolizei), o policía secreta del estado. Himmler expandió y transformó a las SS en una guardia de elite que, entre sus tareas, tenía la de la administración de los campos de concentración y exterminio. Principal artífice del holocausto, Himmler escapó a la ejecución ingiriendo una tableta de cianuro tras su captura por los británicos. Reinhard Heydrich (1904-1942), conocido por «el ahorcador», estaba bajo el mando de Himmler en la Gestapo. Fue asesinado por la resistencia checa en 1942: como repre-salia la aldea de Lidice fue arrasada y todos los hombres ejecutados. —Ed.]

POR QUÉ LOS PEORES SE COLOCAN A LA CABEZA gobernante democrático que se dispone a planificar la vida económica tendrá pronto que enfrentarse con la alternativa de asumir poderes dictatoriales o abandonar sus planes, así el dictador totalitario pronto tendrá que elegir entre prescindir de la moral ordinaria o fracasar. Esta es la razón de que los faltos de escrúpulos y los aventureros tengan más probabilidades de éxito en una sociedad que tiende hacia el totalitarismo. Quien no vea esto no ha advertido aún toda la anchura de la sima que separa al totalitarismo de un régimen liberal, la tremenda diferencia entre la atmósfera moral que domina bajo el colectivismo y la naturaleza esencialmente individualista de la civilización occidental.

Las «bases morales del colectivismo» se han discutido mucho en el pasado, naturalmente; pero lo que nos importa aquí no son sus bases, sino sus resultados morales. Las discusiones corrientes sobre los aspectos éticos del colectivismo, o bien se refieren a si el colectivismo es reclamado por las convicciones morales del presente, o bien analizan qué convicciones morales se requerirían para que el colectivismo produjese los resultados esperados. Nuestra cuestión, empero, estriba en saber qué criterios morales producirá una organización colectivista de la sociedad, o qué criterios imperarán probablemente en ella. La interacción de moral social e instituciones puede muy bien tener por efecto que la ética producida por el colectivismo sea por completo diferente de los ideales morales que condujeron a reclamar un sistema colectivista. Aunque estemos dispuestos a pensar que, cuando la aspiración a un sistema colectivista surge de elevados motivos morales, este sistema tiene que ser la cuna de las más altas virtudes, la verdad es que no hay razón para que un sistema realce necesariamente aquellas cualidades que sirven al propósito para el que fue creado. Los criterios morales dominantes dependerán, en parte, de las características que conducirán a los individuos al éxito en un sistema colectivista o totalitario, y en parte, de las exigencias de la máquina totalitaria.

* * *

Tenemos que retornar por un momento a la etapa que precede a la supresión de las instituciones democráticas y a la creación de un

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régimen totalitario. En este punto, la general demanda de acción resuelta y diligente por parte del Estado es el elemento dominante en la situación, y el disgusto por la lenta y embarazosa marcha del procedimiento democrático convierte la acción por la acción en objetivo. Entonces, el hombre o el partido que parece lo bastante fuerte y resuelto para «hacer marchar las cosas» es quien ejerce la mayor atracción. «Fuerte», en este sentido, no significa sólo una.

mayoría numérica; es la ineficacia de las mayorías parlamentarias lo que tiene disgustada a la gente. Lo que ésta buscará es alguien con tan sólido apoyo que inspire confianza en que podrá lograr todo lo que desee. Entonces surge el nuevo tipo de partido, organizado sobre líneas militares.

En los países de Europa central, los partidos socialistas habían familiarizado a las masas con las organizaciones políticas de carácter paramilitar encaminadas a absorber lo más posible de la vida privada de sus miembros. Todo lo que se necesitaba para dar a un grupo un poder abrumador era llevar algo más lejos el mismo principio, buscar la fuerza, no en los votos seguros de masas ingentes, en ocasionales elecciones, sino en el apoyo absoluto y sin reservas de un cuerpo menor, pero perfectamente organizado. La probabilidad de imponer ‘un régimen totalitario a un pueblo entero recae en el líder que primero reúna en derredor suyo un grupo dispuesto voluntariamente a someterse a aquella disciplina totalitaria que luego impondrá por la fuerza al resto.

Aunque los partidos socialistas tenían poder para, lograrlo todo sí hubieran querido hacer uso de la fuerza, se resistieron a hacerlo.

Se habían impuesto a sí mismos, sin saberlo, una tarea que sólo el cruel, dispuesto a despreciar las barreras de la moral admitida, puede ejecutar.

Por lo demás, muchos reformadores sociales del pasado sabían por experiencia que el socialismo sólo puede llevarse a la práctica por métodos que desaprueban la mayor parte de los socialistas.

Los viejos partidos socialistas se vieron detenidos por sus ideales democráticos; no poseían la falta de escrúpulos necesaria para llevar a cabo la tarea elegida. Es característico que, tanto en Alemania como en Italia, al éxito del fascismo precedió la negativa de los partidos socialistas a asumir las responsabilidades del gobierno. Les fue imposible poner entusiasmo en el empleo de los métodos para

POR QUÉ LOS PEORES SE COLOCAN A LA CABEZA los que habían abierto el camino. Confiaban todavía en el milagro de una mayoría concorde sobre un plan particular para la organización de la sociedad entera. Pero otros habían aprendido ya la lección, y sabían que en una sociedad planificada la cuestión no podía seguir consistiendo en determinar qué aprobaría una mayoría, sino en hallar el mayor grupo cuyos miembros concordasen suficientemente para permitir una dirección unificada de todos los asuntos; o, de no existir un grupo lo bastante amplio para imponer sus criterios, en cómo crearlo y quién lo lograría.

Hay tres razones principales para que semejante grupo, numeroso y fuerte, con opiniones bastante homogéneas, no lo formen, probablemente, los mejores, sino los peores elementos de cualquier sociedad. Con relación a nuestros criterios, los principios sobre los que podrá seleccionarse un grupo tal serán casi enteramente negativos.

En primer lugar, es probablemente cierto que, en general, cuanto más se eleva la educación y la inteligencia de los individuos, más se diferencian sus opiniones y sus gustos y menos probable es que lleguen a un acuerdo sobre una particular jerarquía de valores. Coro-lario de esto es que si deseamos un alto grado de uniformidad y semejanza de puntos de vista, tenemos que descender a las regiones de principios morales e intelectuales más bajos, donde prevalecen los más primitivos y «comunes» instintos y gustos. Esto no significa que la mayoría de la gente tenga un bajo nivel moral; significa simplemente que el grupo más amplio cuyos valores son muy semejantes es el que forman las gentes de nivel bajo. Es, como si dijéramos, el mínimo común denominador lo que reúne el mayor número de personas. Si se necesita un grupo numeroso lo bastante fuerte para imponer a todos los demás sus criterios sobre los valores de la vida, no lo formarán jamás los de gustos altamente diferenciados y desarrollados; sólo quienes constituyen la «masa», en el sentido peyora-tivo de este término, los menos originales e independientes, podrán arrojar el peso de su número en favor de sus ideales particulares.

Sin embargo, si un dictador potencial tiene que confiar enteramente sobre aquellos que, por sus instintos sencillos y primitivos, resultan ser muy semejantes, su número difícilmente podrá dar suficiente empuje a sus esfuerzos. Tendrá que aumentar el número, convirtiendo más gentes al mismo credo sencillo.

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Entra aquí el segundo principio negativo de selección: será capaz de obtener el apoyo de todos los dóciles y crédulos, que no tienen firmes convicciones propias, sino que están dispuestos a aceptar un sistema de valores confeccionado si se machaca en sus orejas con suficiente fuerza y frecuencia. Serán los de ideas vagas e imperfectamente formadas, los fácilmente modelables, los de pasiones y emociones prontas a levantarse, quienes engrosarán las filas del partido totalitario.

Con el esfuerzo deliberado del demagogo hábil, entra el tercero y quizá más importante elemento negativo de selección para la forja de un cuerpo de seguidores estrechamente coherente y homogéneo. Parece casi una ley de la naturaleza humana que le es más fácil a la gente ponerse de acuerdo sobre un programa negativo, sobre el odio a un enemigo, sobre la envidia a los que viven mejor, que sobre una tarea positiva. La contraposición del «nosotros» y el

«ellos», la lucha contra los ajenos al grupo, parece ser un ingrediente esencial de todo credo que enlace sólidamente a un grupo para la acción común. Por consecuencia, lo han empleado siempre aquellos que buscan no sólo el apoyo para una política, sino la ciega confianza de ingentes masas. Desde su punto de vista, tiene la gran ventaja de concederles mayor libertad de acción que casi ningún programa positivo. El enemigo, sea interior, como el

«judío» o el «kulak», o exterior, parece ser una pieza indispensable en el arsenal de un dirigente totalitario.

Que el judío viniera a ser en Alemania el enemigo, hasta que las

«plutocracias» ocuparon su sitio, fue, lo mismo que la selección del kulak en Rusia, el resultado del resentimiento anticapitalista sobre el que se basa el movimiento entero. En Alemania y Austria llegó a considerarse al judío como representativo del capitalismo, porque un tradicional despego de amplios sectores de la población hacia las ocupaciones comerciales hizo más accesibles éstas a un grupo que había sido prácticamente excluido de las ocupaciones tenidas en más estima. Es la vieja historia de la raza extranjera, sólo admitida para los oficios menos respetados, y más odiada aún por el hecho de practicarlos. Que el antisemitismo y el anticapitalismo alemanes surgiesen de la misma raíz, es un hecho de gran importancia para comprender lo que sucedió allí; pero rara vez lo han comprendido los observadores extranjeros.

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* * *

Considerar la tendencia universal de la política colectivista a volverse nacionalista como debida por entero a la necesidad de asegurarse un resuelto apoyo, sería despreciar otro y no menos importante factor. Incluso cabe dudar que se pueda concebir con realismo un programa colectivista como no sea al servicio de un grupo limitado, que el colectivismo pueda existir en otra forma que como alguna especie de particularismo, sea nacionalismo, racismo o clasismo. La creencia en la comunidad de fines e intereses entre camaradas parece presuponer un mayor grado de semejanza de ideas y creencias que el que existe entre los hombres en cuanto simples seres humanos.

Aunque sea imposible conocer personalmente a todos los miembros de nuestro grupo, por lo menos han de ser del mismo tipo que los que nos rodean y han de hablar y pensar de la misma manera y sobre las mismas cosas, para que podamos identificarnos con ellos.

El colectivismo a escala mundial parece ser inimaginable, si no es al servicio de una pequeña elite. Daría lugar, ciertamente, no sólo a problemas técnicos, sino, sobre todo, a problemas morales que ninguno de nuestros socialistas desea afrontar. Si el proletariado inglés tiene derecho a una participación igualitaria sobre la renta obtenida actualmente de los recursos en capital de Inglaterra y sobre la intervención de su uso, porque es el resultado de una explotación, por el mismo principio todos los indios tendrían derecho, no sólo a la renta, sino también al uso de una parte proporcional del capital británico.

Pero, ¿cuáles son los socialistas que se proponen seriamente una división igualitaria entre la población del mundo entero de los recursos en capital existentes? Todos consideran el capital como perteneciente no a la humanidad, sino a la nación; y, aun dentro de la nación, pocos se arriesgarían a defender que debe privarse de

«su» equipo de capital a las regiones ricas para ayudar a las regiones más pobres. Lo que los socialistas proclaman que se les debe a los camaradas en cualquier país, no están dispuestos a concedér-selo al extranjero. Desde un punto de vista colectivista, si se es consecuente, las pretensiones de las naciones «desheredadas», acerca de una nueva división del mundo, están enteramente justificadas; pero si se fuese también consecuente en su aplicación, las que la demandan con más estrépito perderían con ello casi tanto como las

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más ricas naciones. Por lo mismo, tienen buen cuidado en no basar sus pretensiones en principios igualitarios, sino en su pretendida superioridad para organizar a otros pueblos.

Una de las contradicciones inherentes a la filosofía colectivista está en que, como descansa en la moral social humanitaria que el individualismo ha desarrollado, sólo puede practicarse dentro de un grupo relativamente pequeño. Que el socialismo sea internacionalista en tanto permanece dentro de la teoría, y que tan pronto como se lleva a la práctica, sea en Rusia o en Alemania, se torne violentamente nacionalista, es una de las razones por las que el «socialismo liberal», que es como la mayoría del mundo occidental se imagina el socialismo, tiene que mantenerse en el plano de la teoría pura, mientras que la práctica del socialismo es totalitaria en todas partes3. El colectivismo no tiene sitio para el amplío humanitarismo liberal, sino tan sólo para el estrecho particularismo de los totalitarios.

Si la «comunidad» o el Estado son antes que el individuo; si tienen fines propios, independientes y superiores a los individuales, sólo aquellos individuos que laboran para dichos fines pueden ser considerados como miembros de la comunidad. Consecuencia necesaria de este criterio es que a una persona sólo se la respeta en cuanto miembro del grupo; es decir, sólo si trabaja y en cuanto trabaja para los fines considerados comunes, y su plena dignidad le viene de su condición de miembro y no simplemente de ser hombre. En realidad, los conceptos mismos de humanidad y, por consiguiente, de internacionalismo, en cualquiera de sus formas, son por entero productos de la concepción individualista del hombre, y no hay lugar para ellos en un sistema ideológico colectivista4.

3 Véase. sobre esto una instructiva discusión en Franz. Borkenau, Socialism, National or International? (Londres: Routledge and Sons, 1942.

4 Pertenece por entero al espíritu del colectivismo lo que Nietzsche hace decir a su Zarathustra:

«Mil objetivos han existido hasta aquí porque han existido mil individuos. Pero falta todavía la argolla para los mil cuellos: el objetivo único falta. La humanidad no tiene todavía un designio.

Pero decidme, por favor, hermanos: si aún falta a la humanidad el designio, ¿no es la humanidad misma lo que falta?»

[Hayek cita del libro de Friedrich Nietzsche Thus Spake Zarathustra; el pasaje aparece en el capítulo 15. —Ed.]

POR QUÉ LOS PEORES SE COLOCAN A LA CABEZA Aparte del hecho fundamental de no poder extenderse la comunidad del colectivismo sino hasta donde llegue o pueda crearse la unidad de propósito de los individuos, varios factores contribuyen a reforzar la tendencia del colectivismo a hacerse particularista y cerrado. De éstos, uno de los más importantes radica en que, como la aspiración del individuo a identificarse con un grupo es muy frecuentemente el resultado de un sentimiento de inferioridad, su aspiración sólo podrá satisfacerse si la condición de miembro del grupo le confiere alguna superioridad sobre los extraños. A veces, al parecer, es un aliciente más para sumergir la personalidad en la del grupo el hecho de que los violentos instintos que el individuo sabe ha de refrenar dentro del grupo pueden recibir rienda suelta en la acción colectiva contra el extraño. Hay una profunda verdad en el título del libro de R. Niebuhr Hombre moral y sociedad inmoral, aunque apenas podamos seguir al autor en las conclusiones que extrae de su tesis.

Existe, sin duda, como dice en algún lugar, «una creciente tendencia en el hombre moderno a imaginarse que su propia conducta se ajusta a una ética porque ha delegado sus vicios en grupos cada vez más amplios»5. Cuando actúan en nombre de un grupo, las gentes parecen liberadas de muchas de las restricciones morales que dominan su conducta como individuos dentro del grupo.

La clara actitud antagonista que la mayor parte de los planificadores adopta frente al internacionalismo se explica, además, por el hecho de que en el mundo actual todos los contactos exteriores de un grupo son obstáculos para que aquéllos planifiquen eficazmente la esfera en que pueden intentarlo. No es, pues, una casualidad que el recopílador de uno de los más amplios estudios colectivos sobre la planificación haya descubierto con tristeza que «la mayor parte de los ‘planificadores’ son nacionalistas militantes»6.

5 De un artículo del Dr. Niebuhr, citado por E.H. Carr, en The Twenty Years’ Crisis, 1941, p. 203. [El artículo que Carr cita es el de Reinhold Niebuhr, «A Critique of Fascism», Atlantic Monthly, vol. 139, mayo de 1927, p. 639. El teólogo protestante americano Reinhold Niebuhr (1892-1971) propugnaba el realismo cristiano. En su Moral Man and Immoral Society, cit., Niebuhr examinaba las implicaciones de la idea de que los grupos sociales llevan a cabo prácticas que pueden ser consideradas repugnantes a nivel individual. —Ed.]

6 Findlay MacKenzie (ed.), Planned Society, Yesterday, Today, Tomorrow: A Sympo-sium, 1937, p. xx. [Reseña de Hayek, de 1938, del volumen de MacKenzie, se ha

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Las inclinaciones nacionalista e imperialista de los planificadores socialistas, mucho más frecuentes de lo que en general se reconoce, no están siempre tan patentes como, por ejemplo, en el caso de los Webbs y algunos otros de los primeros fabianos, cuyo entusiasmo por la planificación se combina característicamente con la veneración por todas las unidades políticas grandes y poderosas y el desdén hacia los Estados pequeños. El historiador Elie Halévy, hablando de su primer encuentro con los Webbs, hace cuarenta años, refiere que el socialismo de éstos era profundamente antiliberal. No odiaban a los tories, antes bien, eran extraordinariamente indulgentes para ellos; pero no concedían perdón al liberalismo gladstoniano. Era el tiempo de la guerra de los boers, y tanto los liberales avanzados como los hombres que comenzaban a formar el partido laborista habían apoyado generosamente a los boers contra el imperialismo británico en nombre de la libertad y la humanidad. Pero los dos Webbs y su amigo Bernard Shaw se man-tuvieron aparte. Fueron ostentosamente imperialistas. La independencia de las pequeñas naciones podía significar algo para el individualista liberal; no significaba nada para colectivistas como ellos. Puedo todavía oír a Sidney Webb explicándome que el futuro pertenecía a las grandes naciones administradoras, donde los funcionarios gobiernan y la policía conserva el orden. Y el mismo Halévy cita a Bernard Shaw, quien argumentaba, por la misma época, que «el mundo es por necesidad de los Estados grandes y poderosos, y que los pequeños deben abrirles sus fronteras, o serán aniquilados»7.

He citado por extenso estos pasajes, que no sorprenderían en una exposición de los antepasados alemanes del nacionalsocialismo, reeditado en F.A. Hayek, Socialism and War, . cit., pp. 242-44 {páginas 287-88 de la traducción española, cit.}. —Ed.]

7 E. Halévy, L’Ère des Tyrannies, París, 1938, p. 217, e History of the English People, Epílogo, vol. I, pp. 105-6. [El primer libro de Halévy se tradujo con el título de The Era of Tyrannies: Essays on Socialism and War, cit., y la discusión de los Webb y Shaw se encuentra en la página 271 de la traducción. El dramaturgo y ensayista irlandés George Bernard Shaw (1856-1950) fue uno de los primeros miembros de la Sociedad Fabiana. Su obra más famosa es Pygmalion, pero fue conocido también, en el periodo de entregue-rras, por folletos como The Intelligent Woman’s Guide to Socialism and Capitalism (Londres: Constable, 1928). Para más datos sobre los Webb, véase capítulo 5, nota 3. —Ed.]

POR QUÉ LOS PEORES SE COLOCAN A LA CABEZA porque suministran un tan característico ejemplo de esa glorifica-ción del poder que con facilidad conduce del socialismo al nacionalismo y que afecta profundamente a los criterios éticos de todos los colectivistas. Por lo que a los derechos de las pequeñas naciones se refiere, Marx y Engels apenas fueron mejores que la mayoría de los colectivistas consecuentes, y las opiniones que ocasionalmente expresaron sobre los checos o los polacos recuerdan las de los nacionalsocialistas actuales8.

* * *

Mientras a los grandes escritores políticos individualistas del siglo XIX, a Lord Acton o a Jacob Burchardt, y hasta a los socialistas contemporáneos nuestros que, como Bertrand Russell, han heredado la tradición liberal, el poder en sí les ha parecido siempre el archidiablo, para el colectivista puro es por sí mismo una meta9.

8 Véase K. Marx, Revolución y Contrarrevolución, y la carta de Engels a Marx el 23

de mayo de 1851. [ Revolution and Counter-revolution es una historia de la revolución de 1848, escrita por Friedrich Engels y publicada en origen como artículos en el New York Tribune entre octubre de 1851 y septiembre de 1852. Se incluyó en Friedrich Engels, The German Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1967), y la discusión de los polacos y los «checos» se halla en las pp. 174-81. Aunque escritos por Engels, los artículos se enviaban al periódico a través de Marx y publicados bajo el nombre de Marx, y por ello Hayek se refiere a Marx como autor, en vez de a Engels.

Aquí reproducimos parte de lo que Engels escribió a Marx en su carta del 23 de mayo de 1851: «Cuanto más pienso sobre ello, más obvio se me hace que los polacos son une nation foutue [una nación acabada] que sólo sigue sirviendo para algo hasta que llegue el tiempo en que la propia Rusia se lance a la revolución agraria. A partir de ese momento Polonia ya no tendrá razón de ser absolutamente. La única contribución de los polacos a la historia ha sido caer en estúpidas travesuras a la vez valerosas y pro-vocadoras. No se puede citar ni un solo momento en que Polonia, aun comparada solamente con Rusia, haya representado progreso o hecho algo de importancia histórica».

La correspondencia Marx-Engels puede verse online en http://www.marxists.org/

archive/marx/ —Ed.]

9 [El historiador suizo Jacob Burckhardt (1818-1897) escribió principalmente sobre el Renacimiento italiano y la civilización griega, esperando que el conocimiento de los fundamentos de la cultura europea serviría de baluarte contra los trastornos sociales, políticos y culturales de los que fue testigo el siglo XIX. En su libro Force and Freedom: Reflections on History, trad. de James Hastings Nichols (Nueva York: Pantheon, 1943), basado en las lecciones que dio inmediatamente antes de la formación del Imperio alemán, proféticamente advirtió de la llegada de perodos de grandes guerras nacionales y de los peligros de los estados todopoderosos. El

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No es sólo, como Rusell lo ha descrito con tanto acierto, que el deseo de organizar la vida social conforme a un plan unitario surja automáticamente y en gran parte de un afán de poder10. Es, más aún, el resultado de la necesidad en que se ven los colectivistas, para alcanzar su meta, de crear un poder el poder de unos hombres sobre otros hombres de magnitud jamás antes conocida, y la consecuencia de que su éxito depende de la medida en que logren este poder.

Ello es así aunque muchos socialistas liberales se guíen en sus esfuerzos por la trágica ilusión de creer que para extinguir el poder basta con privar a los individuos particulares del que poseen en un sistema individualista, y transferirlo a la sociedad. Lo que escapa a todos los que así argumentan es que, al concentrar el poder de tal modo que pueda ponerse al servicio de un único plan, no se transfiere tan sólo, sino que se aumenta infinitamente; al reunir en las manos de un organismo único el poder que antes se repartía independientemente entre muchos, se crea un poder infinitamente mayor que el que antes existía, casi tan acrecido en alcance como diferente en naturaleza. Es enteramente falaz argüir, como se hace a veces, que el gran poder ejercido por una Oficina de Planificación Central «no sería mayor que el poder colectivamente ejercido por los consejos de administración de. las empresas privadas»11.

En una sociedad en régimen de competencia no hay nadie que pueda usar ni siquiera una pequeña fracción del poder que disfru-taría una oficina de planificación socialista, y si nadie puede conscientemente ejercer este poder, es un abuso del lenguaje asegurar que aquél equivale al de todos los capitalistas sumados12. Es un filósofo inglés Bertrand Russell (1872-1970), que hizo importantes aportaciones a los fundamentos de las matemáticas, a la lógica, y a la filosofía analítica, fue también una figura pública famosa por su sus actividades antibelicistas, sus frecuentes matrimonios e incluso sus numerosos negocios, y en los últimos años, por apoyar el desarme nuclear. —Ed.]

10 Bertrand Russell, The Scientific Outlook, 1931, p. 211.

11 B.E. Lippincott, en su Introducción a O. Lange y F.M. Taylor, On the Economic Theory of Socialism, cit., p. 35.

12 No debemos dejarnos engañar nosotros mismos por el hecho de que la palabra poder, además del sentido que recibe con respecto a las personas, se usa también en un sentido impersonal (o más bien, antropomórfico) para cualquier causa determinante. Siempre habrá, por supuesto, algo que determina cualquier cosa que suceda, y

POR QUÉ LOS PEORES SE COLOCAN A LA CABEZA simple juego de palabras hablar del «poder colectivamente ejercido por los consejos de administración de las empresas privadas», en tanto éstas no se combinen en una acción concertada; lo que, por lo demás, significaría el final de la competencia y la creación de una economía planificada. Dividir o descentralizar el poder significa necesariamente reducir la cuantía absoluta del poder, y el sistema de la competencia es el único sistema dirigido a hacer mínimo, por descentralización, el poder que los hombres ejercen sobre los hombres.

Hemos visto ya por qué la separación de los fines económicos y los políticos es una garantía esencial de la libertad individual, y por qué es consecuentemente atacada por todos los colectivistas. A esto tenemos que añadir ahora que la «sustitución del poder económico por el político», tan a menudo demandada hoy, significa necesariamente la sustitución de un poder que es siempre limitado por otro del que no hay escape. Lo que se llama poder económico, aunque es cierto que puede ser un instrumento de coerción, jamás es, en las manos de los particulares, poder exclusivo o completo, poder sobre la vida entera de una persona. Pero centralizado como un instrumento de poder político, crea un grado de dependencia que apenas se distingue de la esclavitud.

* * *

De los dos rasgos centrales de todo sistema colectivista, la necesidad de un conjunto de fines comúnmente aceptados por el grupo y el supremo deseo de dar al. grupo el poder máximo para alcanzar estos fines, surge un sistema de moral social definido, que en algunos puntos coincide, y en otros choca violentamente con el nuestro, pero que difiere de éste en un punto por el cual es dudoso que podamos llamarlo una moral social: es el de privar a la conciencia individual de toda libertad para aplicar sus propias normas y ni siquiera dar unas normas generales que se obliga o se permite al individuo observar en todas las circunstancias. Esto hace de la moral social colectivista algo tan diferente de lo que nosotros en este sentido la cuantía del poder existente será siempre la misma. Pero esto no es verdad para el poder ejercido conscientemente por los seres humanos.

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hemos conocido con este nombre, que nos resulta difícil descubrir algún principio en ella. Y, sin embargo, lo posee.

La diferencia de principio es casi la misma que ya consideramos en relación con el Estado de Derecho. Como la ley formal, las reglas de la ética individualista, por imprecisas que puedan ser en muchos aspectos, son generales y absolutas; prescriben o prohíben un tipo general de acción, sin considerar si en cada caso particular el fin último es bueno o malo. Defraudar o robar, torturar o traicionar una confidencia, se considera malo, sin atención a que en el caso particular se siga o no de ello un daño. Ni el hecho de que en un cierto caso nadie pueda resultar perjudicado por ello, ni cualquier alto propósito por el cual se hubiere cometido este acto, puede alterar el hecho de que es malo. Aunque a veces nos veamos forzados a elegir entre diferentes males, éstos siguen siendo males.

El principio de que el fin justifica los medios se considera en la ética individualista como la negación de toda moral social. En la ética colectivista se convierte necesariamente en la norma suprema; no hay, literalmente, nada que el colectivista consecuente no tenga que estar dispuesto a hacer si sirve «al bien del conjunto», porque el «bien del conjunto» es el único criterio, para él, de lo que debe hacerse. La raison d’état, en la que ha encontrado su más explícita formulación la ética colectivista, no conoce otro límite que el fijado por la oportunidad; es decir, por la adecuación del acto particular al fin perseguido. Y lo que la raison d’état afirma respecto a las relaciones entre los diferentes países se aplica igualmente a las relaciones entre los diferentes individuos dentro del Estado colectivista.

No puede haber límite a lo que su ciudadano debe estar dispuesto a hacer, ni acto que su conciencia pueda impedirle cometer, si es necesario para un fin que la comunidad se ha propuesto o que sus superiores le ordenan cumplir.

* * *

La ausencia de unas normas formales absolutas en la ética colectivista no significa, por lo demás, que no existan en el individuo algunos hábitos provechosos que una comunidad colectivista fomentará, y otros que combatirá. Muy al contrario, pondrá mucho más interés en los hábitos de vida del individuo que una comunidad

POR QUÉ LOS PEORES SE COLOCAN A LA CABEZA individualista. Ser miembro útil de una sociedad colectivista exige cualidades muy definidas, que han de reforzarse mediante una práctica constante. La razón por la que designamos estas cualidades como «hábitos provechosos», y difícilmente podemos considerarlas como virtudes morales, es que jamás se permitiría al individuo poner estas normas por encima de cualquier mandato definido o convertirlas en un obstáculo para el logro de cualquier particular objetivo de su comunidad. Sólo sirven, por así decirlo, para llenar cualquier vacío que puedan dejar las órdenes directas o la designa-ción de objetivos particulares, pero jamás pueden justificar un conflicto con la voluntad de la autoridad.

Las diferencias entre las virtudes que continuarán estimándose bajo un sistema colectivista y las que desaparecerán, se ponen bien de manifiesto por la comparación de las virtudes que incluso sus mayores enemigos admiten que los alemanes, o quizá mejor el

«prusiano típico», poseen, y aquellas que, según la opinión común, les faltan y que el pueblo inglés, con alguna justificación, se ufana de poseer en grado sobresaliente. Pocas personas negarán que los alemanes, en general, son industriosos y disciplinados, directos y enérgicos hasta llegar a la rudeza, concienzudos y tenaces en cualquier tarea que emprendan, que poseen un fuerte sentido del orden y del deber que muestran una estricta obediencia a la autoridad y que a menudo revelan una gran disposición para sacrificarse personalmente y un gran valor ante el peligro físico. Todo ello hace del alemán un instrumento eficiente para llevar a término una tarea asignada, y han sido cuidadosamente educados de acuerdo con ello en el viejo Estado prusiano y en el nuevo Reich dominado por Prusia. Lo que a menudo se piensa que falta al «alemán típico» son las virtudes individualistas de la tolerancia y el respeto para otros individuos y sus opiniones, de la independencia de juicio y la entereza de carácter y disposición para defender sus propias convicciones frente a un superior, qué los mismos alemanes, en general conscientes de su carencia, llaman Zivilcourage, de la consideración hacia el débil y el enfermo y de aquel sano desprecio y desagrado del poder que sólo una vieja tradición de libertad personal puede crear. También parecen mal dotados de la mayoría de aquellas pequeñas pero, sin embargo, tan importantes cualidades que facilitan el trato entre hombres en una sociedad libre:

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cortesía y sentido del humor, modestia personal, respeto a la vida privada de los demás y confianza en las buenas intenciones de su vecino.

Después de lo que ya hemos dicho, no causará sorpresa que estas virtudes individualistas sean, a la vez, virtudes sociales eminentes, virtudes que suavizan los contactos sociales y que hacen menos necesaria y, a la par, más difícil la intervención desde arriba.

Son virtudes que florecen donde ha prevalecido el tipo de sociedad individualista o comercial, y que faltan cuando predomina la sociedad militar o colectivista; una diferencia que es, o fue, tan perceptible entre las diversas regiones de Alemania, como lo es ahora entre los criterios que imperan en Alemania y los característicos del Occidente. Hasta hace poco, por lo menos, en aquellas partes de Alemania que estuvieron más tiempo expuestas a las fuerzas civilizadoras del comercio, las viejas ciudades comerciales del sur y el oeste y las ciudades anseáticas, los conceptos morales generales eran, probablemente, mucho más afines a los de los pueblos occidentales que a los que ahora han dominado Alemania entera.

Sería, sin embargo, muy injusto considerar desprovistas de fervor moral a las masas de un pueblo totalitario porque prestan apoyo ilimitado a un sistema que nos parece la negación de casi todos los valores morales. Para la gran mayoría de ellas, lo opuesto es, probablemente, cierto: la intensidad de las emociones morales dentro de un movimiento como el nacionalsocialismo o el comunismo sólo puede compararse, probablemente, con la de los grandes movimientos religiosos de la historia. Una vez se admita que el individuo es sólo un medio para servir a los fines de una entidad más alta, llamada sociedad o nación, síguense por necesidad la mayoría de aquellos rasgos de los regímenes totalitarios que nos espantan. Desde el punto de vista del colectivismo, la intolerancia y la brutal supresión del disentimiento, el completo desprecio de la vida y la felicidad del individuo, son consecuencias esenciales e inevitables de aquella premisa básica; y el colectivista puede admitirlo y, a la vez, pretender que su sistema es superior a uno en que los intereses «egoístas» del individuo pueden obstruir la plena realización de los fines que la comunidad persigue. Cuando los filósofos alemanes presentan una y otra vez como inmoral en sí el afán

POR QUÉ LOS PEORES SE COLOCAN A LA CABEZA por la felicidad personal y únicamente como laudable el cumplimiento de un deber impuesto, son perfectamente sinceros, por difícil que pueda ser comprenderlo a quienes han crecido en una tradición diferente.

Donde hay un fin común que todo lo domina, no hay espacio para normas o preceptos morales generales. Dentro de una limitada extensión, lo hemos experimentado nosotros mismos durante la guerra. Mas ni la guerra ni los mayores peligros han traído, en Inglaterra, sino una muy moderada aproximación al totalitarismo, descartando muy pocos de los demás valores al concentrarse en el servicio de un propósito único. Pero donde unos cuantos fines específicos dominan la sociedad entera, es inevitable que la crueldad pueda convertirse ocasionalmente en un deber, que los actos que sublevan todos nuestros sentimientos, tales como el fusila-miento de los rehenes o la matanza de los viejos o los enfermos, sean tenidos como meras cuestiones de utilidad, que el desarraigo y el traslado forzoso de cientos de miles de personas llegue a ser un instrumento político aprobado por casi todos, excepto las víctimas, o que sugestiones. como la de un «reclutamiento de mujeres para fines de procreación» puedan ser consideradas seriamente.

Ante los ojos del colectivista hay siempre un objetivo superior a cuya consecución sirven estos actos y que los justifican para aquél, porque la prosecución del fin común de la sociedad no puede someterse a limitaciones por respeto a ningún derecho o valor individual.

Pero mientras la masa de los ciudadanos del Estado totalitario muestra a menudo devoción altruista hada un ideal, aunque sea uno que nos repugne, la cual les hace aprobar e incluso realizar tales actos, no puede decirse lo mismo en defensa de quienes dirigen su política. Para ser un elemento útil en la conducción de un Estado totalitario no basta que un hombre esté dispuesto a aceptar especiosas justificaciones para viles hazañas; tiene que estar activamente dispuesto a romper con toda norma moral que alguna vez haya conocido, si se considerase necesario para el logro del fin que se le ha encomendado. Como es únicamente el líder supremo quien determina los fines, sus instrumentos no pueden tener convicciones morales propias. Tienen, ante todo, que entregarse sin reservas a la persona del líder; pero, después de esto, la cosa más importante

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es que carezcan por completo de principios y sean literalmente capaces de cualquier cosa. No deben tener ideales propios a cuya realización aspiren, ni ideas acerca del bien o del mal que puedan interferir con las intenciones del líder. Así, poco atractivo pueden ofrecer los puestos de poder a quienes mantienen creencias morales de la clase que en el pasado guió a los pueblos europeos, poco que les pueda compensar la aversión hacia muchas de las particulares tareas y escasas las oportunidades para satisfacer cualquier deseo más idealista o para una recompensa por los riesgos indudables y el sacrificio de la mayoría de los placeres de la vida privada y de la independencia personal, que llevan consigo los puestos de gran responsabilidad. Los únicos gustos que se satisfacen son el del poder como tal, el placer de ser obedecido y el de formar parte de una máquina eficaz e inmensamente poderosa a la cual todo tiene que dejar paso.

Por consiguiente, así como hay poco que pueda inducir a los hombres que son justos, según nuestros criterios, a pretender posiciones directivas en la máquina totalitaria, y mucho para apartar-los, habrá especiales oportunidades para los brutales y los faltos de escrúpulos. Habrá tareas que cumplir cuya maldad, vistas en sí, nadie pondrá en duda, pero que tienen que llevarse a cabo en servicio de algún fin superior y han de ejecutarse con la misma destreza y eficacia que cualquier otra. Y como habrá necesidad de actos intrínsecamente malos, que todos los influidos por la moral social tradicional se resistirán a tomar sobre sí, la disposición para realizar actos perversos se convierte en un camino para el ascenso y el poder. En una sociedad totalitaria, los puestos en que es necesario practicar la crueldad y la intimidación, el engaño premedi-tado y el espionaje, son numerosos. Ni la Gestapo, ni la administración de un campo de concentración, ni el Ministerio de Propaganda, ni las SA o las SS (o sus equivalentes italianos o rusos) son puestos apropiados para el ejercicio de los sentimientos huma-nitarios13. Y, sin embargo, a través de puestos como éstos va el camino que conduce a las más altas posiciones en el Estado totalitario. Es singularmente cierta la conclusión a que llega, después de 13 [Véase este capítulo, nota 2, para más datos sobre la Gestapo, las SA, y las SS.

—Ed.]

POR QUÉ LOS PEORES SE COLOCAN A LA CABEZA una breve enumeración análoga de los deberes de las autoridades de un Estado colectivista, un distinguido economista norteamericano: «tienen que hacer estas cosas, lo quieran o no; y la probabilidad de que quienes están en el mando sean individuos que aborrezcan la posesión y el ejercicio del poder es del mismo orden que la probabilidad de que una persona extraordinariamente bondadosa se hiciese cargo del látigo en una plantación de esclavos»14.

No podemos, sin embargo, agotar el tema aquí. El problema de la selección de los líderes está estrechamente unido al amplio problema de la selección con arreglo a las opiniones sostenidas, o, mejor dicho, con arreglo a la facilidad con que una persona se acomoda a un conjunto de doctrinas siempre cambiante. Y esto nos lleva a uno de los más característicos rasgos morales del totalitarismo, a su relación con todas las virtudes que entran bajo la deno-minación general de honestidad y a sus efectos sobre ellas. Pero es una cuestión tan importante que requiere capítulo aparte.

14 El profesor F.H. Knight, en The Journal of Political Economy, diciembre de 1938, p. 869.

LOS INTELECTUALES

Y EL SOCIALISMO*

F. A. H AY EK

I

En todos los países democráticos, y en los Estados Unidos más que en otros, prevalece la fuerte creencia de que la influencia de los intelectuales sobre la política es insignificante. Sin duda esto es cierto acerca del poder de los intelectuales para influir con sus particulares opiniones del momento en las decisiones hasta el punto de modificar el voto popular en cuestiones en las que ellos se apar-tan del punto de vista de las masas. Sin embargo, probablemente nunca han ejercido una influencia tan grande en periodos de cierta duración como la que ejercen hoy en esos países. Este poder lo ejercen moldeando la opinión pública.

A la luz de la historia reciente, es un tanto curioso el hecho de que este poder decisivo de quienes tratan profesionalmente de ideas de segunda mano aún no sea reconocido de manera más general. La evolución política del mundo occidental durante los últimos cien años proporciona la más clara prueba de ello. El socialismo nunca y en ninguna parte ha sido al principio un movimiento de la clase obrera. Tampoco es un remedio obvio a un mal evidente que exijan necesariamente los intereses de esa clase. Es una construcción de teóricos, derivada de ciertas tendencias del pensamiento abstracto con el que durante mucho tiempo sólo los intelectuales estuvieron familiarizados; y fueron precisos muchos esfuerzos de los intelectuales para persuadir a las clases obreras de que lo adop-tasen como programa suyo.

* Publicado en The University of Chicago Law Review, Vol. 16, N.º 3, primavera de 1949 [trad. esp. de Asunción Rodríguez, publicada en Hayek, Socialismo y guerra, vol. X

de Obras Completas de F.A. Hayek, Unión Editorial, 1999, pp. 263-281; también en Hayek, Democracia, justicia y socialismo, Unión Editorial, 2005, pp. 71-98].

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XIII, n.º 2, Otoño 2016, pp. 515 a 536

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En todos los países que han evolucionado hacia el socialismo, la fase de desarrollo en que el socialismo ejerce una influencia determinante en la política ha ido precedida en muchos años de un periodo en el que los ideales socialistas regían el pensamiento de los intelectuales más activos. En Alemania, esta etapa se alcanzó hacia el final del siglo pasado; en Inglaterra y Francia, aproximadamente en la época de la Primera Guerra Mundial.

Para el observador fortuito parecería como si los Estados Unidos hubieran alcanzado esta fase después de la Segunda Guerra Mundial y el atractivo de un sistema económico dirigido y planificado fuera ahora tan poderoso para los intelectuales americanos como nunca lo había sido para sus colegas alemanes o ingleses. La experiencia apunta hacia que, una vez alcanzada esta fase, es mera cuestión de tiempo el que los puntos de vista que en ese momento mantienen los intelectuales se conviertan en la fuerza rectora de la política.

Por tanto, el carácter del proceso por el que las opiniones de los intelectuales influyen en la política del mañana tiene un interés que supera lo académico. Si sólo deseamos anticipar o bien queremos influir en el curso de los acontecimientos, es un hecho mucho más importante de lo que se suele comprender. Lo que a un observador contemporáneo le puede parecer como una lucha de intereses contradictorios con frecuencia se ha decidido mucho antes en un enfrentamiento de ideas limitado a círculos restringidos. Sin embargo, bastante paradójicamente, en general sólo los partidos de izquierda han hecho todo lo posible por divulgar la creencia de que fue la fuerza numérica de los intereses materiales contrapuestos la que decidió los asuntos políticos, mientras que en la práctica estos mismos partidos han actuado con éxito y de forma habitual como si entendieran la postura clave de los intelectuales. Bien de forma intencionada, bien conducidos por la fuerza de las circunstancias, siempre han encaminado sus principales esfuerzos a obtener el apoyo de esta «élite», mientras que los grupos más conservadores han actuado, tan habitual como infructuosamente, sobre una visión más ingenua de la democracia masiva y han intentado, normalmente de forma vana, alcanzar y convencer directamente al votante individual.

LOS INTELECTUALES Y EL SOCIALISMO

II

No obstante, el término intelectuales no proporciona de entrada un verdadero panorama de la numerosa clase a la que nos referimos, y el hecho de que no tengamos otro nombre mejor para referirnos a quienes tratan profesionalmente de ideas de segunda mano no es la menor de las razones por las que su poder no se comprende mejor. Incluso las personas que emplean abusivamente la palabra «intelectual» se inclinan a negarlo a muchos que sin duda representan esa función característica. Ésta no es ni la del pensador original ni la del erudito o experto en un área de pensamiento en particular.

El típico intelectual no tiene por qué ser ninguna de estas dos cosas: no tiene por qué poseer un conocimiento especial de nada en especial ni ser particularmente inteligente para desempeñar su papel de intermediario en la difusión de ideas. Lo que le capacita para el trabajo es la amplia gama de temas sobre los que puede hablar y escribir fácilmente y un puesto o unos hábitos a través de los cuales se familiariza con nuevas ideas más deprisa que aquellos a los que él se dirige.

Mientras no se concrete la lista de todas las profesiones y actividades que pertenecen a esta clase, resulta difícil percatarse de lo numerosa que es, cómo se amplía constantemente su ámbito de actividad en la sociedad moderna y hasta qué punto hemos llegado a depender de ella. La clase en cuestión no está integrada sólo por periodistas, profesores, ministros, oradores, publicistas, comentaristas de radio, novelistas, dibujantes y artistas, todos los cuales pueden ser maestros de la técnica de comunicar ideas, pero suelen ser aficionados en lo que a la esencia de lo que comunican se refiere. Esta clase también comprende a muchos profesionales y técnicos, como los científicos y médicos, quienes por su relación habitual con la letra impresa se convierten en transmisores de las nuevas ideas fuera de sus propias áreas y a quienes, debido al conocimiento experto de sus propias materias, son escuchados con más respeto que otros. El hombre común de hoy aprende poco acerca de los acontecimientos o de las ideas que no venga por un conducto de esta clase, y fuera de nuestros respectivos campos de trabajo específicos casi todos somos en este sentido hombres comunes, dependientes para nuestra información e instrucción de

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aquellos que hacen de esa tarea su oficio para estar al corriente de la opinión. Y son estos intelectuales quienes deciden qué puntos de vista y opiniones deben llegarnos, qué hechos son suficientemente importantes como para contárnoslos y de qué forma y en qué perspectiva nos los deben presentar. El que nosotros sepamos algo de los resultados del trabajo del experto y del pensador original, depende principalmente de la decisión de aquéllos.

Tal vez el profano no se dé plenamente cuenta de hasta qué punto incluso la reputación popular de los científicos y eruditos es fruto de la labor de esta clase y se ve inevitablemente afectada por sus opiniones sobre materias que poco tienen que ver con los méritos de los verdaderos logros. Y es particularmente significativo para nuestro problema el que todo hombre de ciencia tal vez pueda mencionar, en relación con su especialidad, varios ejemplos de hombres que han alcanzado inmerecidamente una enorme reputación como grandes científicos por el solo hecho de defender lo que los intelectuales consideran como puntos de vista políticos «progresistas»; pero todavía estoy por encontrarme con un solo ejemplo en el que esa pseudo-reputación científica se haya otorgado por razones políticas a un hombre de ciencia de inclinaciones más conservadoras. Esta creación de reputaciones que hacen los intelectuales es particularmente importante en los campos en los que el resultado de los estudios expertos no lo emplean otros especialistas, sino que dependen de la decisión política del público en general.

En verdad apenas habrá alguna otra forma mejor que ésta de ilustrar la actitud que los economistas profesionales han adoptado ante la expansión de doctrinas tales como el socialismo o el proteccionismo. Probablemente nunca hubo en ningún momento una mayoría de economistas, reconocidos por sus iguales como tales, favorables al socialismo (o, lo que para el caso es lo mismo, a la protección). Con toda probabilidad también puede afirmarse que ningún otro grupo similar de estudiosos contiene una proporción tan alta de miembros decididamente opuestos al socialismo (o a la protección). Esto es tanto más significativo si se piensa que, con toda probabilidad, lo que en tiempos recientes indujo a muchos a elegir la economía como profesión fue su inicial interés por los esquemas socialistas de reforma. Sin embargo, no es el punto de vista predominante de los expertos, sino el de una minoría, muchos

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de ellos de nivel bastante dudoso en su profesión, el que recogen y difunden los intelectuales.

La influencia omnipresente de los intelectuales en la sociedad contemporánea está aún más reforzada por la creciente importancia de la «organización». Una creencia común, aunque probablemente equivocada, es que el incremento de organización aumenta la influencia del experto o especialista. Esto puede ser cierto del experto administrador y organizador, si existe esa gente, pero difícilmente del experto en un campo o conocimiento en particular. Se trata más bien de la persona cuyo conocimiento general se supone que le capacita para apreciar la opinión del experto —y juzgar entre los expertos de distintos campos— cuyo poder se intensifica. El punto importante para nosotros, sin embargo, es que el profesor que accede a la presidencia de la universidad, el científico que se hace cargo de un instituto o fundación, el profesor que dirige una publicación o se hace promotor activo de una organización que sirve a una causa en particular, todos ellos dejan inmediatamente de ser profesores o expertos y se convierten en intelectuales en el sentido en que empleamos el término, gente que juzga todos los asuntos no por sus méritos específicos, sino, al modo característico de los intelectuales, tan sólo a la luz de ciertas ideas generales a la moda. El número de instituciones de esta clase que alimentan a los intelectuales y acrecientan su número y sus poderes crece cada día.

Casi todos los «expertos» en la mera técnica de obtener conocimiento acerca de algo son, con respecto al asunto que traen entre manos, intelectuales y no expertos.

En el sentido en que aquí empleamos el término, los intelectuales son de hecho un fenómeno de la historia bastante nuevo. Aunque nadie se lamentará de que la educación haya dejado de ser un privilegio de las clases adineradas, el hecho de que estas clases ya no sean las más cultas y el hecho de que el gran número de personas que deben su posición sólo a su educación general no posean esa experiencia del funcionamiento del sistema económico que la administración de la propiedad da, son importantes para comprender el papel del intelectual. El Profesor Schumpeter, que ha dedicado un revelador capítulo de su Capitalismo, Socialismo y Democracia a algunos aspectos de nuestro problema, ha destacado, justamente, que la ausencia de responsabilidad directa para los

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asuntos prácticos y la consiguiente ausencia de conocimiento de primera mano de los mismos es lo que distingue al intelectual característico del resto de la gente que también ejerce el poder de la palabra hablada y escrita. Sin embargo, sería muy prolijo estudiar aquí con más detenimiento la evolución de esta clase y la curiosa reivindicación que ha presentado uno de sus teóricos, el único cuyos puntos de vista no estaban decididamente influidos por sus propios intereses económicos. Uno de los puntos importantes que habría que examinar en esta discusión sería lo mucho que esta clase ha sido estimulada artificialmente por la ley sobre la propiedad intelectual.1

III

No es sorprendente que el verdadero hombre de ciencia o experto y el práctico hombre de negocios sientan con frecuencia menosprecio por el intelectual, no sean proclives a reconocer su poder y se sientan ofendidos cuando lo descubren. Individualmente consideran a los intelectuales en su mayoría como gente que no conoce a fondo nada en particular, y cuyo criterio sobre los temas que ellos dominan da pocas muestras de un particular buen juicio. Pero sería un error garrafal infravalorar su poder por esta razón. Aun cuando con frecuencia su conocimiento pueda ser superficial y su inteligencia limitada, esto no altera el hecho de que es su criterio el que determina las opiniones que guiarán la actuación de la sociedad en un futuro no tan lejano. No es una exageración decir que una vez que la facción más activa de los intelectuales se ha convertido a una serie de creencias, el proceso por el que éstas serán aceptadas por todos es casi automático e irresistible. Ellos son los órganos que la sociedad moderna ha desarrollado para difundir el conocimiento y las ideas y son sus convicciones y opiniones las que 1 Sería interesante descubrir hasta qué punto una visión crítica y profunda de los beneficios para la sociedad de la ley sobre propiedad intelectual o la expresión de las dudas acerca del interés público en que exista una clase que vive de escribir libros tendría la oportunidad de manifestarse públicamente en una sociedad en la que los canales de expresión están tan mayoritariamente controlados por gente que tiene intereses creados en la situación existente.

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funcionan como el cedazo por el que todo nuevo concepto ha de pasar antes de que llegue a las masas.

Pertenece a la naturaleza del trabajo del intelectual el uso de su propio conocimiento y convicciones en la realización de su tarea diaria. Ocupa ese puesto porque posee, o ha tenido que tratar día a día, el conocimiento que su empleador normalmente no tiene, y por consiguiente sus actividades pueden ser dirigidas por otros sólo en cierta medida. Y precisamente porque la mayoría de los intelectuales son intelectualmente honestos, es inevitable que sigan sus propias convicciones cuando así lo juzguen conveniente y que impriman sus opiniones en todo lo que pasa por sus manos.

Incluso cuando la dirección de la política está en manos de hombres de negocios con opiniones diferentes, la puesta en práctica de la política estará en general en manos de los intelectuales y con frecuencia será la decisión acerca de los pormenores la que determine el resultado neto. La ilustración de todo esto la encontramos en casi todos los campos de la sociedad contemporánea. Los periódicos de propiedad «capitalista», las universidades presididas por

«reaccionarios» equipos gubernativos, los sistemas de radiodifusión propiedad de los gobiernos conservadores, es sabido que todos ellos han influido en la opinión pública en la dirección del socialismo, porque tal era la convicción del personal. Esto ha sucedido con frecuencia no sólo a pesar sino quizás incluso por los intentos de aquellos que están en la cima de controlar la opinión y de imponer los principios de la ortodoxia.

Las consecuencias de este filtro de ideas a través de las convicciones de una clase constitutivamente inclinada a adoptar ciertas opiniones no se limitan en absoluto a las masas. Fuera de su campo particular, el experto no suele depender menos de esta clase ni le influye menos la selección de sus puntos de vista. El resultado es que hoy, en la mayor parte del mundo occidental, incluso los opositores más acérrimos del socialismo toman de fuentes socialistas su conocimiento de la mayoría de los temas sobre los que no tienen información de primera mano. No siempre es evidente la conexión de sus propuestas prácticas con algunos de los más generales supuestos del pensamiento socialista, y en consecuencia muchos de los que se creen decididos opositores de ese sistema de pensamiento se convierten de hecho en eficaces difusores de sus ideas. ¿Quién

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no conoce al hombre práctico que en su propio campo denuncia el socialismo como «nociva podredumbre», pero cuando se sale de su campo predica el socialismo como cualquier periodista de izquierdas?

En ningún otro campo se ha dejado sentir más intensamente la influencia predominante de los intelectuales socialistas durante los últimos cien años que en los contactos entre distintas civilizaciones nacionales. Excedería con mucho los límites de este artículo rastrear las causas y la importancia del hecho decisivo de que en el mundo moderno los intelectuales sean casi los únicos que proporcionan el acercamiento a la comunidad internacional. Esto es lo que principalmente cuenta en el extraordinario espectáculo que ha supuesto el que durante generaciones el occidente teóricamente

«capitalista» haya prestado su moral y su apoyo material casi exclusivamente a esos movimientos ideológicos de los países orienta-les que pretendían minar la civilización occidental; y que al mismo tiempo la información de que el público occidental ha dispuesto acerca de los acontecimientos de la Europa central y del este se haya visto teñida casi exclusivamente de una predisposición socialista. Muchas de las actividades «educativas» de las fuerzas de ocupación americanas en Alemania han proporcionado claros y recientes ejemplos de esta tendencia.

IV

Por esta razón es muy importante que se entiendan correctamente las razones que llevan a inclinar a tantos intelectuales al socialismo. El primer punto al que deben hacer frente abiertamente aquellos que no comparten esta tendencia es que lo que determina las opiniones de los intelectuales no son ni intereses egoístas ni malas intenciones, sino sobre todo convicciones honestas y buenas intenciones. De hecho, es preciso reconocer que en general el típico intelectual está hoy más dispuesto a ser socialista cuanto más se guía por la buena voluntad y la inteligencia, y en el plano del razonamiento puramente intelectual estará más capacitado que la mayoría de los que se le oponen dentro de su clase para vislumbrar un mejor planteamiento. Si aún seguimos pensando que está equivo-

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cado, hemos de reconocer que puede ser un error genuino el que lleva a esa gente inteligente y bien intencionada que ocupa puestos clave en nuestra sociedad a difundir ideas que nos parecen una amenaza para nuestra civilización.2 Nada podría ser más importante que intentar entender las fuentes de este error para poder contrarrestarlo. Sin embargo, aquellos que suelen ser considerados representantes del orden establecido y que creen comprender los peligros del socialismo suelen estar muy alejados de esa comprensión. Tienden a ver a los intelectuales socialistas nada más que como un puñado nocivo de radicales cultos, sin apreciar su influencia, y por su actitud general hacia ellos hacen que se radicali-cen aún más en su oposición al orden establecido.

Si queremos comprender esta particular tendencia de un amplio sector de los intelectuales debemos aclarar dos puntos. El primero es que suelen juzgar todos los temas concretos exclusivamente a la luz de ciertas ideas generales; el segundo, que los errores característicos de cualquier época con frecuencia se derivan de algunas verdades genuinas y nuevas que ésta ha descubierto y que son aplicaciones erróneas de nuevas generalizaciones que han demostrado su valor en otros campos. La conclusión a la que nos lleva el análisis completo de estos hechos es que refutar eficazmente estos errores requerirá con frecuencia un progreso intelectual mayor y a menudo un progreso en puntos muy abstractos y que pueden parecer muy alejados de los aspectos prácticos.

Quizás el rasgo más característico del intelectual es que juzga las nuevas ideas no por los méritos que les son propios sino por la facilidad con que encajan en su concepción general, en la representación del mundo que él considera moderno o avanzado. Y es a través de la influencia que esta representación ejerce sobre él y sobre sus opiniones acerca de temas concretos como crece el poder de las ideas para bien y para mal en proporción a la generalidad, abstracción y vaguedad de las mismas. Cuando sabe poco sobre unos temas concretos, su criterio debe ser el de la coherencia con sus 2 Así, pues, no fue (como sugería un recensor de The Road to Serfdom, el Profesor J.

Schumpeter) «la cortesía ante una falta» sino la profunda convicción de la importancia de esto lo que me hizo, en palabras del profesor Schumpeter, «atribuir rara vez a los opositores nada que estuviera más allá del error intelectual».

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restantes opiniones, el de la adecuación para combinarlos dentro de una imagen coherente del mundo. Sin embargo, esta selección entre las numerosas ideas nuevas que aparecen en cada momento crea el característico clima de opinión, la Weltanschauung dominante de un periodo que será favorable a recibir algunas opiniones y desfavorable a otras y que hará que el intelectual acepte rápidamente una conclusión y rechace otra sin entender verdaderamente los conceptos.

En algunos aspectos el intelectual está realmente más cerca del filósofo que de cualquier especialista, y el filósofo es en más de un sentido una especie de príncipe entre los intelectuales. Aunque su influencia se aparta mucho de los asuntos prácticos, y por ende es más difícil y cuesta más tiempo seguirle la pista que al intelectual común, es del mismo tipo y a la larga incluso más poderosa que la de este último. Es el mismo empeño hacia una síntesis, perseguida más metódicamente, el mismo juicio sobre opiniones concretas en tanto en cuanto encajen en un sistema general de pensamiento y no por méritos propios, el mismo afán por conseguir una visión del mundo coherente, lo que conforma para ambos la base principal para aceptar o rechazar ideas. Por esta razón, el filósofo tiene probablemente más influencia sobre los intelectuales que cualquier otro erudito o científico y más que nadie determina la forma en que los intelectuales ejercen su función de censura. La popular influencia de los especialistas científicos comienza a competir con la del filósofo sólo cuando dejan de ser especialistas y empiezan a filosofar acerca de los avances de su tema —y normalmente sólo cuando los intelectuales lo han hecho suyo por razones que tienen poco que ver con su valor científico.

El «clima de opinión» de cualquier periodo es por tanto esencialmente un conjunto de preconcepciones muy general por el que el intelectual juzga la importancia de nuevos hechos y opiniones.

Estas ideas preconcebidas son principalmente aplicaciones a los que a él considera los aspectos más significativos de los avances científicos, una transferencia a otros campos de aquello que más le ha impresionado del trabajo de los especialistas. Podríamos dar una larga lista de los tópicos y modas intelectuales que en el curso de dos o tres generaciones han dominado a su vez el pensamiento de los intelectuales. Si se trataba de un «enfoque histórico» o de la

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teoría de la evolución, el determinismo decimonónico y la creencia en la influencia predominante del entorno frente a la herencia, la teoría de la relatividad o la creencia en el poder del inconsciente, cada uno de estos conceptos generales se ha convertido en la piedra de toque merced a la cual se han probado las innovaciones en diferentes campos. Parece como si estas ideas, cuanto menos específicas o precisas (o menos comprendidas) fueran, más amplia sería su influencia. A veces no es más que una vaga impresión rara vez expresada en palabras la que ejerce una profunda influencia.

La creencia de que el control deliberado o la organización consciente siempre es también en los asuntos sociales superior a los resultados de procesos espontáneos que no están dirigidos por una mente humana, o que cualquier otro orden basado en un plan diseñado de antemano debe de ser mejor que otro formado por el equilibrio de fuerzas contrapuestas, ha afectado profundamente al desarrollo político.

Sólo en apariencia es diferente el papel de los intelectuales cuando se trata más específicamente del desarrollo de ideales sociales. Aquí sus propensiones características se manifiestan convirtiendo en dogma a algunas abstracciones, racionalizando y lle-vando a los extremos ciertas ambiciones que nacen de las relaciones normales entre los hombres. Dado que la democracia es algo bueno, cuanto más lejos puedan llevarse los principios democráticos, mejor les parecerá. La más poderosa de estas ideas generales que han moldeado el desarrollo político en época reciente es naturalmente el ideal de igualdad material. No es típicamente una de las convicciones morales que crecen espontáneamente, aplicadas primero a las relaciones entre individuos particulares, sino una construcción intelectual originariamente concebida en lo abstracto y de dudoso significado o aplicación en momentos concretos. Sin embargo, ha funcionado intensamente como principio de selección entre vías alternativas de política social, ejerciendo una presión continua en dirección a una organización de los asuntos sociales que nadie concibe claramente. El hecho de que una medida concreta tienda a traer una mayor igualdad se ha llegado a contemplar como una recomendación tan fuerte que poco más habría que considerar. Ya que aquellos que guían la opinión tienen una convicción definida de este aspecto de cada tema concreto, la igualdad ha

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determinado el cambio social más fuertemente incluso de lo que pretendían sus defensores.

Sin embargo, no sólo los ideales morales actúan de esta forma.

A veces las actitudes de los intelectuales hacia los problemas de orden social pueden ser la consecuencia de adelantos del conocimiento puramente científico y es en estos casos cuando sus puntos de vista erróneos sobre determinados temas pueden beneficiarse durante un cierto tiempo de todo el prestigio de los últimos logros científicos. No es extraño que un auténtico adelanto del conocimiento sea a veces origen de un nuevo error. Si de las nuevas generalizaciones no se derivaran conclusiones falsas, se convertirían en verdades finales que nunca requerirían ser revisadas. Aunque por norma una nueva generalización compartirá solamente las falsas consecuencias que pueden derivarse de ella con los puntos de vista que se mantenían antes y por tanto no conducirán a un nuevo error, es bastante probable que una nueva teoría, igual que su valor se pone de manifiesto a través de las nuevas conclusiones válidas a las que conduce, provoque otras conclusiones nuevas cuyo avance ulterior demostrará que eran equivocadas. Pero en un caso así aparecerá una creencia falsa apoyada por todo el prestigio del último saber científico. Aunque en el campo concreto al que se aplica esta creencia todas las pruebas científicas puedan estar en contra de él, no obstante será elegida, ante el tribunal de intelectuales y a la luz de las ideas que rigen su pensamiento, como el punto de vista más acorde con el espíritu de la época. Los especialistas que de esta forma alcancen una fama notoria y amplia influencia no serán pues aquellos que hayan obtenido el reconocimiento de sus iguales, sino con frecuencia hombres a los que los demás expertos consideran excéntricos, aficionados o incluso fraudulentos, pero que a los ojos del público general aparecen como el mejor exponente conocido en su materia.

En concreto, no cabe duda de que la forma en que durante los últimos cien años el hombre ha aprendido a organizar las fuerzas de la naturaleza ha contribuido enormemente a la creencia de que un control de las fuerzas sociales similar traería consigo análogas mejoras en las condiciones humanas. El que, con la aplicación de las técnicas ingenieriles, la dirección de todas las formas de actividad humana conforme a un único plan coherente, demuestre tener

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el mismo éxito en la sociedad que ha tenido en innumerables tareas de ingeniería es una conclusión demasiado creíble como para no seducir a la mayoría de aquellos que se alegran de los logros de las ciencias naturales. Hay que admitir que se requerirían poderosos argumentos para oponerse a la fuerte presunción a favor de tal conclusión, así como que estos argumentos aún no se han expresado adecuadamente. No basta con señalar los defectos de determinadas propuestas basándose en esta clase de razonamiento. El argumento no perderá su fuerza hasta que se demuestre conclu-yentemente que lo que ha demostrado ser un éxito en la producción de adelantos en tantas áreas tiene limitaciones de utilidad y es absolutamente dañino si se extiende más allá de estos límites. Ésta es una tarea que aún no se ha realizado satisfactoriamente y que tendrá que lograrse antes de que este impulso concreto hacia el socialismo desaparezca.

Éste es, por supuesto, sólo uno de los muchos casos en que se precisa un ulterior avance intelectual para poder refutar las nocivas ideas hoy dominantes, y en el que el curso que sigamos lo decidirá en definitiva la discusión de temas muy abstractos. Al hombre de negocios no le basta con estar seguro, desde su íntimo conocimiento de un campo determinado, de que las teorías del socialismo derivadas de ideas más generales no serán viables. Podrá estar perfectamente en lo cierto, y aun así su resistencia se verá arrollada y se desencadenarán todas las tristes consecuencias que él ha previsto si no se apoya en una verdadera refutación de las idées mères. Tan pronto como el intelectual capte el meollo de la argumentación general, quedarán barridas las más válidas objeciones al tema concreto.

V

Pero esta no es toda la historia. Las fuerzas que influyen en el reclutamiento en las filas de los intelectuales operan en la misma dirección y ayudan a explicar por qué tantos de entre los más capaces se inclinan por el socialismo. Existen por supuesto tantas diferencias de opinión entre los intelectuales como entre otros grupos de gente, pero parece ser cierto que en general son los intelectuales

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más activos, inteligentes y originales los que con más frecuencia se inclinan al socialismo, en tanto que sus oponentes suelen ser de un calibre inferior. Esto es cierto sobre todo durante las primeras etapas de infiltración de las ideas socialistas; más tarde, aunque fuera de los círculos intelectuales aún puede ser un acto de valor el pro-fesar convicciones socialistas, la presión de la opinión entre intelectuales estará con frecuencia tan a favor del socialismo que se requerirá más fuerza e independencia para que un hombre se resista a ella que para sumarse a lo que sus compañeros consideran como puntos de vista modernos. Por ejemplo, nadie que conozca un buen número de facultades universitarias (y desde esta óptica la mayoría de los profesores universitarios probablemente tienen que ser clasificados como intelectuales más que como expertos) puede permanecer ajeno al hecho de que los profesores más brillantes y con mayor éxito son en su mayoría socialistas, en tanto que aquellos que mantienen una visión política más conservadora suelen ser mediocridades. Éste es de por sí un importante factor que conduce a la joven generación hacia el campo socialista.

El socialista verá, por supuesto, en esto sólo una prueba de que las personas más inteligente están hoy abocadas a ser socialistas.

Pero ésta no es ni con mucho la explicación verdadera, ni siquiera más probable. La principal razón de esta situación es probablemente que, para el hombre excepcionalmente capaz que acepta el presente orden de la sociedad, se le ofrecen numerosas oportunidades nuevas de influencia y poder, mientras que para el insatisfecho y descontento una carrera intelectual es el camino más prometedor tanto para ganar influencia y poder como para contribuir al logro de sus ideales. Más aún: el hombre más inclinado al conservadu-rismo con una capacidad de primera clase elegirá en general el trabajo intelectual (y el sacrificio de la recompensa material que esta elección suele conllevar) sólo si ese trabajo, en cuanto tal, le divier-te. De ahí que sea más fácil que se convierta en un experto hombre de ciencia que en un intelectual en el sentido específico del término; mientras que para los de mentalidad más radical la búsqueda intelectual suele ser más un medio que un fin, un camino precisamente hacia esa clase de amplia influencia que ejerce el profesional intelectual. Es, pues, probable, no que los más inteligentes suelan ser socialistas, sino que una proporción mucho mayor de socialis-

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tas de entre las mejores mentes se dediquen a aquellas tareas intelectuales que en la sociedad moderna les otorgan una influencia decisiva sobre la opinión pública.3

La selección del personal de los intelectuales también está estrechamente ligada al interés predominante que muestran en general y por las ideas abstractas. Las especulaciones acerca de la posible reconstrucción total de la sociedad otorgan al intelectual un plato mucho más acorde con su paladar que las consideraciones prácticas y de alcance limitado de aquellos que buscan una mejora por etapas del orden existente. En concreto, el pensamiento socialista debe su atractivo para los jóvenes en gran parte a su carácter visio-nario; el valor mismo para permitirse el pensamiento utópico es en ese sentido una fuente de fuerza para los socialistas de la que la-mentablemente carece el liberalismo tradicional. Esta diferencia funciona en favor del socialismo no sólo porque la especulación acerca de los principios generales proporciona una oportunidad para el juego de la imaginación de aquellos que están libres del estorbo de un gran conocimiento de los hechos de cada día, sino también porque satisface un deseo legítimo de entender la base racional de cualquier orden social y da lugar al ejercicio de ese afán constructivo para el que el liberalismo, una vez que ha ganado sus grandes victorias, deja pocas salidas. El intelectual, por su disposición global, no está interesado en detalles técnicos o dificultades de tipo práctico. Lo que le atrae es la amplitud de miras, la falsa comprensión del orden social como un todo que el sistema planificado promete.

Este hecho, el que los gustos del intelectual se satisficieran mejor por las especulaciones de los socialistas, le fue fatal a la influencia de 3 Otro fenómeno conocido se relaciona con esto: hay pocas razones para creer que la capacidad del intelectual de primera clase para el trabajo original sea más infrecuente entre gentiles que entre judíos, y sin embargo no cabe duda de que casi en todas partes los hombres de raza judía constituyen un número desproporcionadamente grande de intelectuales en el sentido en que nosotros lo usamos, es decir de las filas de los intérpretes profesionales de ideas. Puede que éste sea su don especial y ciertamente es su principal oportunidad en países en los que el prejuicio pone obstáculos en su camino en otros campos. Seguramente ellos son mucho más receptivos hacia las ideas socialistas que la gente de otras razas porque constituyen una parte muy grande de los intelectuales.

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la tradición liberal. Una vez que las demandas básicas de los programas liberales parecían satisfechas, los pensadores liberales se volvieron hacia los problemas de detalle y empezaron a descuidar el desarrollo de la filosofía general del liberalismo que, en consecuencia, dejó de ser un tema vivo que dejaba lugar a la especulación general. Por tanto durante algo más de medio siglo sólo los socialistas han ofrecido algo parecido a un programa explícito de desarrollo social, una imagen del futuro de la sociedad que ambi-cionaban y un conjunto de principios generales para conducir las decisiones sobre temas concretos. Pero aun cuando, si estoy en lo cierto, sus ideales padecen intrínsecas contradicciones y cualquier intento de llevarlos a la práctica debe producir algo totalmente diferente de lo que ellos esperan, eso no cambia el hecho de que su programa de cambio sea el único que ha influido en el desarrollo de las instituciones sociales. Esto es así porque su filosofía se ha convertido en la única filosofía general explícita de la política social mantenida por un gran grupo, el único sistema o teoría que provoca nuevos problemas y abre nuevos horizontes que ellos han logrado despertar en la imaginación de los intelectuales.

Los desarrollos reales de la sociedad durante este periodo estuvieron determinados, no por una batalla de ideales contradictorios, sino por el contraste entre una situación establecida y ese ideal de una posible sociedad futura que sólo los socialistas apo-yaban ante el público. Muy pocos de los demás programas que se ofrecían proporcionaban verdaderas alternativas. La mayoría de ellos eran meros compromisos o casas a medio hacer entre los tipos más extremos de socialismo y el orden existente. Todo lo que se precisaba para hacer que casi cualquier propuesta socialista pareciera razonable a estas mentes «juiciosas», constitutivamente convencidas de que la verdad debe estar siempre en medio de los extremos, era que alguien defendiera una propuesta suficientemente más extrema. Parecía haber una sola dirección por la que dirigirnos y la única duda parecía ser a qué velocidad y hasta dónde podía continuar el movimiento.

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VI

La importancia del especial atractivo para los intelectuales que el socialismo obtiene de su carácter especulativo quedará claro si además contrastamos la postura del teórico socialista con la de su homólogo liberal en el viejo sentido de la palabra. Esta comparación también nos llevará a la lección que podamos extraer de una adecuada apreciación de las fuerzas intelectuales que están soca-vando los cimientos de una sociedad libre.

Paradójicamente, una de las principales desventajas que privan al pensador liberal de la influencia popular está estrechamente ligada al hecho de que hasta que el socialismo haya llegado realmente, él tendrá más oportunidades de influir directamente en las decisiones de la política en curso y que, en consecuencia, no sólo no se verá tentado por la especulación de largo alcance que es la fuerza de los socialistas, sino que la rechazará porque cualquier esfuerzo de esta naturaleza seguramente reducirá el bien inmediato que él pueda hacer. Cualquiera que sea su poder de influir en las decisiones prácticas lo debe a su relación con los representantes del orden establecido, y esa relación la pondría en peligro si se dedica-ra al tipo de especulación que atrae a los intelectuales y a través de la cual podría influir en el desarrollo durante largos periodos. Para poder cargar con el peso de cualquier tipo de poder tiene que ser

«práctico», «inteligente» y «realista». Mientras se preocupe por temas inmediatos, la recompensa será la influencia, el éxito material y la popularidad entre aquellos que hasta cierto punto comparten su visión general. Pero éstos tienen poco respeto por esas especulaciones sobre principios generales que conforman el clima intelectual. Verdaderamente, si se permite el lujo de la especulación de largo alcance está en condiciones de ganarse la reputación de estar

«incapacitado» o de ser incluso medio socialista, porque no desea identificar el orden existente con el sistema libre al que aspira.4

4 El ejemplo reciente más deslumbrante de tal condena como «socialista» de una obra liberal un tanto fuera de la ortodoxia lo han proporcionado algunos comentarios sobre el folletos del fallecido Henry Simon Economic Policy for a Free Society (Chicago: University of Chicago Press, 1948). No es preciso estar de acuerdo con la totalidad de la obra e incluso podemos considerar algunas de las propuestas que se hacen en ella como incompatibles con una sociedad libre, y aun así considerar la obra como una de las

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Si, en lugar de esto, sus esfuerzos continúan en dirección a la especulación general, pronto descubrirá que no es bueno asociarse demasiado estrechamente con aquellos que parecen compartir la mayoría de sus convicciones y pronto se verá aislado. Realmente hoy puede haber pocos cometidos menos agradecidos que el esencial de desarrollar el cimiento filosófico sobre el que debe basarse el desarrollo posterior de una sociedad libre. Dado que aquel que lo emprenda debe aceptar buena parte de la estructura del orden establecido, aparecerá ante muchos de los intelectuales de mente más especuladora sólo como un tímido apologista de las cosas como son y, al mismo tiempo, los hombres de negocios le tacharán de teórico falto de práctica. No es suficientemente radical para aquellos que sólo conocen el mundo en el que «con desahogo juntos moran los pensamientos» y demasiado radical para aquellos que sólo ven «con qué dureza chocan en el espacio las cosas». Si aprovecha el apoyo que puede conseguir de los hombres de negocios, seguramente se desacreditará ante aquellos de los que depende para la difusión de sus ideas. Al mismo tiempo, necesitará evitar con mucho cuidado cualquier cosa que asemeje extravagancia o exageración. Así como no se sabe de ningún teórico socialista que se haya desacreditado a sí mismo ante sus colegas ni por la más tonta de las propuestas, el liberal anticuado se condenará a sí mismo por una propuesta impracticable. Sin embargo, para los intelectuales él no será ni suficientemente arriesgado ni especulativo y los cambios y mejoras de la estructura social que tenga que ofrecer parecerán limitados en comparación con lo que su imaginación menos limitada conciba.

Al menos en una sociedad en la que los principales requisitos de libertad ya se han logrado y las mejoras posteriores han de tener que ver con aspectos de detalle comparativo, el programa liberal no puede tener nada del brillo de una nueva invención. La apreciación de las mejoras que tiene que ofrecer requiere un conocimiento aportaciones más importantes realizadas en época reciente a nuestro problema y como justo el tipo de obra que hace falta para iniciar el análisis de los temas fundamentales.

Incluso aquellos que estén en radical desacuerdo con algunas de sus propuestas deberían darle la bienvenida como aportación que suscita clara y valerosamente los problemas centrales de nuestro tiempo.

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mayor acerca del funcionamiento de la sociedad existente del que posee el intelectual medio. El análisis de estas mejoras debe continuar a un nivel más práctico que el de los programas más revolucionarios, dando así un aspecto poco atractivo para el intelectual y tendiendo a atraer elementos hacia los que él se siente directamente antagonista. Aquellos que conocen mejor el funcionamiento de la sociedad actual también suelen estar interesados en la conservación de rasgos particulares de esa sociedad que puede no ser defendible sobre los principios generales. A diferencia de la persona que busca un orden futuro enteramente nuevo y que busca orientación de forma natural en el teórico, los hombres que creen en el orden existente también suelen pensar que lo entienden mucho mejor que cualquier teórico y, por consiguiente, tienden a rechazar todo lo que no les resulta familiar o es teórico.

La dificultad de encontrar un apoyo real y desinteresado para una política sistemática de la libertad no es nueva. En un texto que con frecuencia me ha recordado la recepción de un reciente libro mío,5 Lord Acton describía hace tiempo cómo «[en] todas las épocas los amigos sinceros de la libertad han sido escasos y sus triunfos se han debido a las minorías, que han prevalecido al asociarse con auxiliares cuyos objetivos diferían de los suyos propios; y esta asociación, que siempre es peligrosa, a veces ha sido desastrosa, al dar a los oponentes una razón para oponerse. .». Más recientemente, uno de los más distinguidos economistas americanos vivos

[Frank H. Knight]se ha quejado en una línea similar de que la principal tarea de aquellos que creen en los principios básicos del sistema capitalista con frecuencia consiste en defender este sistema contra los propios capitalistas —realmente los grandes economistas liberales desde Adam Smith hasta hoy siempre han sabido esto.

El obstáculo más importante que separa a los hombres prácticos que tienen la causa de la libertad genuinamente en el corazón de aquellas fuerzas que en la esfera de las ideas deciden el curso de la evolución es su profunda desconfianza de la especulación teórica y su tendencia a la ortodoxia; esto más que ninguna otra cosa crea una barrera infranqueable entre ellos y los intelectuales 5 Acton, The History of Freedom, Londres, 1922 [trad. esp. en Lord Acton, Ensayos sobre la libertad y el poder, Unión Editorial, Madrid, 1999].

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que se dedican a la misma causa y cuya ayuda es indispensable para que la causa perdure. Aunque tal vez sea natural esta tendencia entre los hombres que defienden un sistema porque ha quedado justificado en la práctica, y para los que la justificación intelectual parece indiferente, es fatal para su supervivencia porque le priva del apoyo que más necesita. La ortodoxia de cualquier tipo, cualquier pretensión de que un sistema de ideas es definitivo y debe aceptarse globalmente sin cuestionarlo, es la única postura que forzosamente suscita el antagonismo de todos los intelectuales, cualquiera que sea su opinión sobre temas determinados.

Cualquier sistema que juzgue a los hombres por la plenitud de su conformidad con un conjunto dado de opiniones, por su «solidez»

o la amplitud en que se pueda confiar que mantendrán opiniones aprobadas acerca de todos los temas, carece de aquel apoyo sin el que ningún conjunto de ideas puede mantener su influencia en la sociedad moderna. La capacidad para criticar puntos de vista admitidos, para explorar nuevas perspectivas y para experimentar con nuevos conceptos proporciona un ambiente sin el que el intelectual no puede respirar. Una causa que no posea estas características no puede recibir su apoyo y está por tanto condenada en cualquier sociedad que, como la nuestra, descanse sobre sus servicios.

VII

Puede ser que una sociedad libre como la que nosotros hemos conocido lleve en sí misma las fuerzas de su propia destrucción, que una vez que la libertad se haya conseguido se dé por sentada y deje de ser valorada y que el libre crecimiento de las ideas que es la esencia de una sociedad libre conlleve la destrucción de los cimientos sobre los que se asienta. No cabe duda de que en países como los Estados Unidos el ideal de libertad tiene hoy menos atractivo real para los jóvenes del que tiene en países en los que han aprendido lo que significa perderla. Por otra parte, se dan todos los síntomas de que en Alemania y en otros lugares la tarea de construir una sociedad libre para los jóvenes que no la han conocido puede resultar tan emocionante y fascinante como cualquier esquema socialista de los que han surgido en los últimos cien años.

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Un hecho sorprendente, aunque lo han experimentado muchos visitantes, es que al hablar con estudiantes alemanes acerca de los principios de una sociedad liberal uno se encuentra con una au-diencia más interesada y más entusiasta incluso de lo que podría esperarse encontrar en cualquiera de las democracias occidentales.

En Gran Bretaña también ya está surgiendo entre los jóvenes un nuevo interés por los principios del verdadero liberalismo que desde luego no existía hace unos años.

¿Significa esto que la libertad se valora sólo cuando se ha perdido, que el mundo debe pasar en todas partes por una fase oscura de totalitarismo socialista antes de que las fuerzas de la libertad puedan reunir fuerzas de nuevo? Puede que así sea, pero espero que no tenga que ser así. Por tanto, mientras la gente que durante mucho tiempo determina la opinión pública continúe siendo atraí-da por los ideales del socialismo, la tendencia proseguirá. Si hemos de impedir esa evolución, tendremos que ser capaces de ofrecer un nuevo programa liberal que despierte la imaginación. Una vez más tenemos que hacer de la edificación de la sociedad libre una aventura intelectual, un acto de valor. Lo que nos falta es una utopía liberal, un programa que no parezca ni una defensa de las cosas tal y como son ni una especie de socialismo diluido, sino un radicalis-mo verdaderamente liberal que no se arredra ante las susceptibili-dades de los poderosos (incluidos los sindicatos), que no es tan excesivamente práctico que se limite a lo que hoy parece políticamente posible. Necesitamos dirigentes intelectuales que estén preparados para resistir a las lisonjas del poder y que deseen trabajar por un ideal por muy pequeñas que sean las perspectivas de conseguirlo enseguida. Deben ser hombres que deseen ajustarse a los principios y luchar por su plena realización por muy remota que esté. Los compromisos prácticos deben dejárselos a los políticos. El libre comercio o la libertad de oportunidades son ideales que tal vez aún estimulen la imaginación de muchos, pero una mera «libertad razonable de comercio» o una mera «relajación de los controles» no son ni respetables intelectualmente ni parece que inspiren ningún entusiasmo.

La principal lección que el verdadero liberal debe aprender del éxito de los socialistas es que fue su valor para ser utópicos lo que les valió el apoyo de los intelectuales y, por tanto, una influencia

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sobre la opinión pública que está haciendo posible cada día lo que hasta hace poco parecía totalmente remoto. Quienes se han interesado exclusivamente por lo que parecía viable de acuerdo con el estado de opinión existente han encontrado constantemente que incluso esto se ha convertido rápidamente en políticamente imposible como resultado de los cambios en una opinión pública que ellos no han hecho nada por guiar. A menos que podamos hacer, una vez más, de los cimientos filosóficos de una sociedad libre un tema intelectual vivo y de su puesta en práctica una tarea que rete a la inventiva y a la imaginación de nuestras mentes más vivas, las perspectivas de libertad serán realmente sombrías. Pero si podemos recuperar esa fe en el poder de las ideas que fue la enseña del liberalismo en su mejor momento, la batalla no estará perdida. El renacimiento intelectual del liberalismo está en marcha en muchas partes del mundo. ¿Está aún a tiempo?

EL CARÁCTER SUBJETIVO

DE LOS DATOS

DE LAS CIENCIAS SOCIALES

FRIEDRICH A. H AYEK*

Antes de que procedamos a considerar el efecto del cientismo en el estudio de la sociedad, conviene examinar brevemente el peculiar objeto y los métodos de los estudios sociales. Éstos no tratan de relaciones entre cosas, sino de relaciones entre hombres y cosas o de las relaciones que mantienen los hombres entre sí. Tienen que ver con las acciones de los hombres, y su objetivo es explicar los resultados no intencionados o no planeados de los actos de muchas personas.

Sin embargo, no todas las disciplinas relacionadas con la vida del hombre en grupos presentan problemas que difieran mucho de los que abordan las ciencias naturales. La extensión de las enfermedades contagiosas es, evidentemente, un problema estrechamente relacionado con la vida del hombre en sociedad, y sin embargo, su estudio no posee las especiales características de las ciencias sociales en sentido estricto. Análogamente, el estudio de los caracteres hereditarios, el de la nutrición, o el de la investigación de las variaciones en el número o en la composición de la edad en las poblaciones no se diferencia significativamente de los estudios similares en los animales.1 Y lo mismo puede decirse de ciertas ramas de la antropología o de la etnografía, en la medida en que también les conciernen los atributos físicos del hombre. En otras palabras, existen ciencias naturales aplicadas al hombre que no tienen por qué plantear problemas que no puedan abordarse con los métodos de las ciencias naturales. En la medida en que nuestro interés se centre en reflejos inconscientes o en procesos del cuerpo humano, no existe ningún obstáculo para tratarlos e investigarlos

«mecánicamente», como manifestaciones que obedecen a fenómenos externos objetivamente observables. Tienen lugar sin su conocimiento y sin que él tenga facultad alguna para modificarlos; y las condiciones

* En La contrarrevolución de la ciencia. Unión Editorial, Madrid 2003, pp. 49-64.

1 No obstante, la mayoría de los problemas de este último grupo harán surgir cuestiones características de las ciencias sociales propiamente dichas cuando inten-temos explicarlos.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. VII, n.º 1, Primavera 2010, pp. 325 a 336

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bajo las que se producen pueden establecerse mediante observación externa, sin que haya lugar a suponer que la persona observada clasifica los estímulos externos de otro modo diferente al que puede definirse en términos puramente físicos.

Las ciencias sociales en sentido estricto, es decir, aquellas que solían recibir el nombre de ciencias morales,2 tratan de la acción consciente o reflexiva propia del hombre, de actos de los que puede decirse que una persona realiza en función de una elección entre varias alternativas que se le presentan, y aquí la situación es esencialmente distinta. Los estímulos externos que puedan causar u ocasionar tales acciones pueden, por supuesto, definirse en términos puramente físicos. Pero si intentamos hacer tal cosa con el objeto de explicar la acción humana, estaríamos limitándonos más allá de nuestro conocimiento de la situación. No es porque hayamos encontrado dos cosas que se comportan de forma análoga en relación a otras por lo que esperamos que también les parezcan similares al resto de la gente, sino porque a nosotros nos parecen semejantes. Sabemos que la gente reaccionará de la misma forma respecto de estímulos externos que, de acuerdo con todo contraste objetivo, son diferentes; y quizá también que reaccionará de formas completamente distintas respecto de estímulos físicamente idénticos si éstos afectan a sus cuerpos en diferentes lugares o circunstancias. En otras palabras, sabemos que, en sus decisiones conscientes, el hombre clasifica los estímulos externos de una forma que sólo conocemos a través de nuestra experiencia subjetiva de este tipo de clasificación. Damos por supuesto que nuestros semejantes consideran diversas cosas como semejantes o distintas del mismo modo que nosotros lo hacemos, aun a pesar de que no existe contraste objetivo ni conocimiento de la relación de estas cosas con el resto del mundo exterior que lo justifiquen. Nuestro proceder se basa en la experiencia de que el resto de la gente, en general (aunque no siempre —como es el caso de los locos o de los daltónicos) clasifica sus impresiones sensoriales del mismo modo que nosotros.

Pero no sólo sabemos esto. Sería imposible explicar o entender la acción humana sin hacer uso de este conocimiento. Las personas, en efecto, se comportan de la misma forma respecto de las cosas, no porque esas cosas sean idénticas en sentido físico, sino porque han aprendido a cla-sificarlas dentro de un mismo grupo, puesto que pueden usarlas de la misma forma o esperan de ellas lo que para la gente a la que afectan es 2 A veces, el término alemán Geisteswissenschaften se utiliza ahora en inglés para describir las ciencias sociales en el sentido estricto que aquí estamos empleando. Sin embargo, este vocablo alemán fue introducido por el traductor de la Lógica de J.S.

Mill como equivalente a ciencias morales, por lo que no hay muchas razones para emplear esta traducción en lugar del término original en inglés.

EL CARÁCTER SUBJETIVO DE LOS DATOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

un efecto equivalente. En realidad, la mayoría de los fines de la acción social o humana no son «hechos objetivos» en el sentido estricto que las Ciencias atribuyen a este concepto en contraposición a «opiniones», y no pueden definirse en términos físicos. En lo que concierne a las acciones humanas, las cosas son lo que la gente que actúa piensa que son.

La mejor forma de entenderlo es mediante un ejemplo para el que podemos escoger casi cualquier fin de la acción humana. Tomemos el concepto de «herramienta» o «instrumento», o el de cualquier herramienta concreta como un martillo o un barómetro. Es fácil ver que estos conceptos no se refieren a «hechos objetivos», esto es, a cosas para las que no importa lo que la gente pueda pensar sobre ellas. Un detenido análisis lógico de estos conceptos mostrará que expresan relaciones entre varios (al menos tres) términos, de los que el primero es la persona pensante o actuante, el segundo algún efecto deseado o imaginado, y el tercero una cosa propiamente dicha. Si el lector intenta construir una definición, pronto descubrirá que no puede hacerlo sin recurrir a términos como «sirve para» o «pensado para», o a alguna otra expresión relativa al uso para el que alguien la diseñó.3 Y una definición que haya de comprender todos los elementos de la clase no contendrá ninguna referencia a su materia, a su forma o a cualquier otro atributo físico. Un martillo corriente o un martillo a vapor, un barómetro aneroide o un barómetro de mercurio, no tienen nada en común excepto el propósito4 para el que las personas piensan que pueden usarse.

3 Se ha sugerido muchas veces que esta es la razón por la que la economía y otras ciencias teóricas aplicadas al estudio de la sociedad deberían denominarse ciencias

«teleológicas». Este término es, sin embargo, desorientador, puesto que sugiere que no sólo son deliberadas las acciones de los individuos, sino que también las estructuras sociales son diseñadas deliberadamente por alguien con un propósito determinado. Esto conduce, bien a una «explicación» de los fenómenos sociales en clave de los fines impuestos por algún poder superior, o bien al no menos fatal error de considerar todos los fenómenos sociales como resultado de una planificación humana consciente, lo que constituye un obstáculo para la recta comprensión de estos fenómenos. Algunos autores, especialmente O. Spann, se han servido del término teleológico para justificar las más abstrusas especulaciones metafísicas. Otros, como K. Englis, lo han empleado de forma irreprochable, distinguiendo claramente entre ciencias teleológicas y normativas. (Véase especialmente el clarificador estudio que de este problema realiza K. Englis en Teleologische Theorie der Wirtschaft [Brünn, 1930].) Aun así, el término sigue siendo desorientador. Si se precisa un nombre, el término ciencias praxeo-lógicas, procedente de A. Espinas, adoptado por T. Kotarbinsky y E. Slutsky, y que ahora ha definido con nitidez y empleado sistemáticamente Ludwig von Mises en Nationalökonomie [Ginebra, 1940]), parece ser el más apropiado.

4 Aun cuando la gran mayoría de los objetos o los fenómenos que determinan la acción humana —y que, por tal motivo, han de ser definidos, no por sus

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No debe objetarse que estos son meros ejercicios de abstracción para llegar a términos genéricos como los que se emplean en las ciencias físicas. La cuestión es que son abstracciones de todos los atributos de las cosas que se examinan y que sus definiciones deben girar en torno a las actitudes mentales del hombre hacia las cosas. La significativa diferencia entre los dos puntos de vista salta a la vista con claridad si pensamos, por ejemplo, en el problema que se le presenta al arqueó-logo cuando trata de averiguar si una piedra que semeja un utensilio es en realidad un «artefacto», es decir algo hecho por el hombre o es simplemente un producto casual de la naturaleza. No hay otra forma de de-terminarlo si no es tratando de entender cómo funcionaba la mente del hombre prehistórico o intentando comprender cómo éste habría fabri-cado tal utensilio. El hecho de que no seamos plenamente conscientes de que esto es lo que realmente hacemos en tales casos y de que, necesariamente, hemos de confiar en nuestro conocimiento de cómo funciona la mente humana, se debe principalmente a la imposibilidad de concebir un observador que no posea una mente humana y que interprete lo que ve en función de cómo opera su propia mente.

La diferencia entre el enfoque de las ciencias naturales y el de las ciencias sociales no puede describirse de otra forma mejor que llamando a las primeras «objetivas» y a las segundas «subjetivas». No obstante, estos términos son ambiguos y podrían inducir a confusión si no se explican convenientemente. Mientras que para el científico que cultiva las ciencias naturales el contraste entre los hechos objetivos y las opiniones subjetivas es algo sencillo, la distinción no puede aplicarse tan fácilmente a las ciencias sociales. La razón es que el objeto o los «hechos»

de las ciencias sociales son también opiniones —no las opiniones de quienes estudian los fenómenos sociales, por supuesto, sino las opiniones de aquellos cuyas acciones dan lugar al objeto de estudio del científico social. En un sentido, sus hechos son, pues, tan poco «subjetivos»

como los de las ciencias naturales, porque son independientes del observador; lo que el científico social estudia no está determinado por su capricho o por su imaginación, sino que también se ofrece a la observación de otros individuos. Pero, en el sentido en que distinguimos los hechos características físicas, sino por las actitudes humanas hacia ellos— son medios para obtener un fin, eso no significa que la naturaleza intencional o «teleológica»

de su definición sea el punto esencial. Los fines humanos para los que las diferentes cosas sirven son el tipo más importante —si no el único— de actitudes humanas que han de formar la base de tal clasificación. Un fantasma, o un buen o mal augu-rio, no dejan de pertenecer también a la clase de fenómenos que determinan la acción humana, los cuales carecen de equivalente físico; aunque quizá no puedan ser considerados como instrumentos de la acción humana.

EL CARÁCTER SUBJETIVO DE LOS DATOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

de las opiniones, los hechos de las ciencias sociales son meramente las opiniones de la gente cuyas acciones estudiamos. Se diferencian de los hechos de las ciencias físicas en que son creencias u opiniones que sostienen los individuos; creencias que, como tales, son nuestros datos, independientemente de que sean verdaderas o falsas, y, lo que es más, no podemos observarlas directamente dentro de la mente de los individuos, sino que hemos de identificarlas a partir de lo que ellos hacen y dicen, merced a que tenemos una mente similar a la suya.

El sentido en que hemos empleado aquí el contraste entre el enfoque subjetivista de las ciencias sociales y el enfoque objetivista de las ciencias naturales añade poco más a lo que habitualmente se expresa diciendo que el primero aborda, en primera instancia, los fenómenos de la mente de los individuos y no directamente los fenómenos materiales. Las ciencias sociales estudian fenómenos que pueden entenderse sólo porque nuestro objeto de estudio tiene una mente de estructura similar a la nuestra. Esta circunstancia es un hecho empírico en no menor grado que lo es nuestro conocimiento del mundo exterior. Ello queda demostrado, no sólo por la mera posibilidad de comunicarse con otras personas —un conocimiento que empleamos cada vez que hablamos o escribimos—, sino también porque lo confirman los resultados de nuestro estudio del mundo exterior. Mientras que, ingenuamente, se ha dado por hecho que todas las cualidades sensoriales (o sus relaciones) que los hombres tenían en común eran propiedades del mundo exterior, podía sostenerse que nuestro conocimiento de las otras mentes no se diferenciaba de nuestro conocimiento del mundo exterior. Pero una vez que hemos aprendido que nuestros sentidos nos presentan como diferentes o similares cosas que no guardan otras relaciones de semejanza o diferencia que no sean la medida en que afectan nuestros sentidos, la circunstancia de que los hombres clasifican los estímulos externos de una determinada manera se convierte en un significativo hecho empírico. Aunque las cualidades desaparezcan de nuestra imagen científica del mundo exterior, deben permanecer como parte de nuestra imagen científica de la mente humana. De hecho, la eliminación de las cualidades de nuestra imagen del mundo exterior no significa que esas cualidades dejen de «existir», sino que cuando las estudiamos, estamos examinando, no el mundo físico, sino la mente del hombre.

En algunas ocasiones, como cuando distinguimos entre las propiedades «objetivas» de cosas que se manifiestan en sus relaciones recíprocas y las propiedades que los hombres les atribuyen, sería preferible oponer «objetivo» a «imputado», en lugar de emplear el ambiguo término subjetivo. Sin embargo, la palabra imputado es de limitada utilidad. Las principales razones por las que es más conveniente conservar los términos subjetivo y objetivo para significar este contraste, aun

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a pesar de sus connotaciones desorientadoras, son que la mayoría de las palabras que podrían sustituirlos, tales como mental y material, llevan consigo una carga de asociaciones metafísicas aún mayor y que, al menos en economía,5 hace tiempo que se emplea el término subjetivo en el mismo sentido en que lo usamos aquí. Lo que es más importante es que la palabra subjetivo destaca otro importante factor al que nos referiremos más adelante: que el conocimiento y las creencias de los distintos individuos, aun cuando posean una estructura común que hace posible la comunicación, son sin embargo distintas y con frecuencia contradictorias en muchos aspectos. Si pudiéramos dar por cierto que todo el conocimiento y las creencias de las distintas gentes fueran idénticos, o bien si estuviéramos hablando de una sola mente, no importaría que lo calificáramos como un hecho «objetivo» o como un fenómeno subjetivo. Pero el conocimiento específico que guía la acción de cualquier grupo de personas nunca se da como un cuerpo coherente y consistente.

Sólo existe en la forma dispersa, incompleta e inconsistente que aparece en muchas mentes individuales, y la dispersión e imperfección de todo el conocimiento son dos de los factores básicos desde donde las ciencias sociales han de partir. Lo que los filósofos y los cultivadores de la lógica rechazaban desdeñosamente como «meras» imperfecciones de la mente humana se convierte en un factor básico de crucial importancia para las ciencias sociales. Después veremos cómo la visión «absolutista» opuesta, la que considera el conocimiento, y especialmente el conocimiento concreto de circunstancias particulares, como si fuera algo dado «objetivamente», igual para todas las personas, es una constante fuente de errores en las ciencias sociales.

La «herramienta» o «instrumento» que antes hemos puesto como ejemplo de los fines de la acción humana puede encajar también en cualquier otra rama de las disciplinas sociales. Una «palabra» o una «frase», un «crimen» o un «castigo»,6 no son, desde luego, hechos objetivos en el sentido en que se puedan definir sin tener en cuenta nuestro conocimiento de las intenciones conscientes de la gente respecto de ellos.

Y, en general, puede decirse lo mismo cuando se trata de explicar la conducta humana respecto de las cosas; las cuales no se deben definir en 5 Y creo que también en el estudio de los métodos psicológicos.

6 La creencia de algunos sociólogos de que pueden convertir el «crimen» en un hecho objetivo definiéndolo como aquellos actos por los que una persona es casti-gada, es pura ilusión. Tan sólo desplazan el elemento subjetivo un paso más atrás, pero no lo eliminan. El castigo sigue siendo algo subjetivo que no puede definirse en términos objetivos. Si, por ejemplo, observamos que cada vez que una persona ejecuta un determinado acto le es colocada una cadena al cuello, esto no nos dice si se trata de una recompensa o de un castigo.

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función de lo que descubramos acerca de ellas empleando los métodos objetivos de la ciencia, sino en función de lo que la persona actuante piensa acerca de ellas. Una medicina o un cosmético, por ejemplo, como objetos de estudio social, no son lo que cura una enfermedad o lo que mejora el aspecto de una persona, sino lo que la gente crea que tiene tales efectos. Cualquier conocimiento que poseamos sobre la naturaleza de una cosa material, pero que la gente cuyos actos queremos explicar no posea, es tan poco relevante como nuestro escepticismo respecto de la eficacia de un embrujo de cara a entender la conducta del salvaje que sí cree en él. Si al investigar nuestra sociedad contemporánea, encontramos que las «leyes de la naturaleza» —que debemos tomar como un dato, pues afectan a las acciones de los individuos— son aproximadamente las mismas que las que figuran en los tratados de los científicos, esto, que es un mero accidente, no debe engañarnos acerca del carácter diferente de esas leyes cuando pasamos de un campo a otro. Lo relevante en el estudio de la sociedad no es si esas leyes de la naturaleza son ciertas en sentido objetivo, sino simplemente si la gente las cree y actúa en función de ellas. Si el conocimiento «científico» ordinario que posee la sociedad que estudiamos incluye la creencia de que la tierra no producirá sus frutos hasta que tengan lugar ciertos ritos o conjuros, ello será tan importante para nosotros como cualquier ley de la naturaleza que hoy creemos verdadera. Y todas las «leyes físicas de la producción» que, por ejemplo, encontramos en economía, no son leyes físicas en el sentido de las ciencias físicas, sino creencias de las personas acerca de lo que pueden hacer.

Lo que es cierto respecto de las relaciones de los hombres con las cosas es, por supuesto, tanto o más cierto respecto de las relaciones entre los hombres, las cuales, a efectos de estudio, no pueden definirse en los términos objetivos de las ciencias físicas, sino sólo en función de las creencias humanas. Incluso una relación puramente biológica en apariencia, como la que existe entre padres e hijos, en el ámbito y en el objeto de los estudios sociales no se define ni puede definirse en términos físicos: no influirá en la conducta de los padres el que sea o no correcta la convicción de que su hijo desciende realmente de ellos.

Todo esto se presenta con mucha mayor claridad en economía, la disciplina social cuya teoría ha sido más ampliamente desarrollada. Y

probablemente no es exagerado afirmar que todo avance importante de la teoría económica en los últimos cien años ha consistido en una aplicación más intensa y consistente del subjetivismo.7 No es necesario 7 Ludwig von Mises ha sido, probablemente, quien ha profundizado con mayor consistencia en esta vía, y creo que la mayoría de las peculiaridades que aportan sus

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aclarar que los fines de la actividad económica no pueden definirse en términos objetivos, sino sólo en relación a un propósito humano. Ni las

«materias primas», ni los «bienes económicos», ni tampoco los «alimentos» o el «dinero», pueden definirse en términos físicos, sino sólo en función de las ideas que la gente tiene acerca de las cosas. La teoría económica no tiene nada que decir acerca de la definición que un enfoque objetivista o materialista intentaría dar del dinero: unos pequeños discos metálicos de forma circular. Nada tiene que decir acerca del hierro o del acero, de la madera o del petróleo, o del trigo y los huevos como tales. La historia de cualquier bien concreto muestra que, conforme evoluciona el conocimiento humano, el mismo objeto o cosa material puede representar categorías económicas bien distintas. Tampoco podremos distinguir en términos físicos cuándo dos personas realizan un trueque o un intercambio monetario, o cuándo tiene lugar un juego o un ritual religioso. A menos que podamos comprender lo que las personas persiguen con sus actos, cualquier intento de explicarlos, esto es, de aplicarles reglas que relacionen situaciones semejantes con actos parecidos, está condenado al fracaso.8

Este carácter esencialmente subjetivo de toda la teoría económica

—el cual se ha desarrollado con mucha mayor claridad que en la mayoría de las demás ciencias sociales,9 pero que, a mi entender, comparte puntos de vista, que para muchos lectores resultan a primera vista extraños e inaceptables, encuentran su origen en el hecho de que, en materia de desarrollo sistemático del enfoque subjetivista, Mises ha ido por delante de sus contemporáneos durante mucho tiempo. Probablemente, todas las notas características de sus teorías

—desde su teoría monetaria (muy por delante de su tiempo, allá por 1912) hasta lo que él denomina apriorismo—, su visión de la economía matemática en general y de la medida de los fenómenos económicos en particular, así como su crítica de la planificación, todas emanan directamente (aunque, quizá, no siempre con el mismo grado de justificación) del subjetivismo como posición central. Véase especialmente sus obras Grundprobleme der Nationalökonomie (Jena, 1933) y Human Action (1949).

8 Algunos de los primeros economistas lo vieron con mucha claridad. Sin embargo, los intentos posteriores para hacer «objetiva» la economía, en el sentido de las ciencias naturales, oscurecieron esta conclusión. Por ejemplo, Ferdinando Galiani, en Della Moneta (1751), señalaba que «son iguales las cosas que procuran la misma satisfacción a aquél respecto de quien se dice que son equivalentes. Cualquiera que busque equivalencias en otro lugar, siguiendo otros principios, y que espere encon-trarlas en el peso o en la apariencia, muestra una escasa comprensión de las realidades de la vida humana. Una hoja de papel es, con frecuencia, equivalente al dinero, respecto del cual difiere tanto en el peso como en la apariencia; por otro lado, dos dineros de peso, cualidades y apariencia similares, a menudo no son equivalentes» (tomado de A.E. Monroe, Early Economic Thought [1930], p. 303).

9 Con la probable excepción de la lingüística, por lo que puede afirmarse con cierta justificación que «es de una importancia capital para la metodología de las

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con todas ellas, entendidas en sentido estricto— queda muy bien ilustrado si hacemos un examen atento de uno de sus teoremas más simples como, por ejemplo, la «ley de la renta». En su forma original, ésta era una proposición acerca de las variaciones en el valor de una cosa definida en términos físicos, como puede ser la tierra. Afirmaba, en efecto,10 que las variaciones en el valor de los productos para cuya producción se necesita la tierra provocarían cambios mucho más acusados en el valor de la tierra que en el valor del resto de los factores que intervienen en su producción. Expresada en esta forma, la proposición no es más que una generalización empírica que no nos explica por qué ni bajo qué condiciones se cumplirá. En la economía moderna, su lugar lo ocupan dos proposiciones distintas de naturaleza diferente que, juntas, conducen a la misma conclusión. Una forma parte de la economía teórica pura, y afirma que, cuando para producir un bien son necesarios distintos factores (escasos) en proporciones variables y cuando uno de esos factores sólo puede emplearse para producir el bien en cuestión (o sólo unos pocos bienes diferentes) mientras que los demás son susceptibles de un mayor número de usos alternativos, una variación en el valor del producto afectará al valor del primero en mayor medida que a los demás. La segunda proposición es la constatación empírica de que la tierra forma parte, por lo común, de la primera clase de factores, es decir, la gente sabe de muchos más usos para su trabajo que para un determinado lote de tierra. La primera de estas proposiciones, como todas las de la economía teórica pura, es un enunciado acerca de las implicaciones de ciertas actitudes humanas hacia las cosas y, como tal, necesariamente independiente del tiempo y del espacio. La segunda afirma que las condiciones postuladas en la primera proposición prevalecen en un determinado momento y con respecto a cierto lote de tierra porque las personas sostienen determinadas creencias acerca de su utilidad y de la utilidad de otras cosas necesarias para su cultivo.

ciencias sociales» (Edward Sapir, Selected Writings [Berkeley: Univesity of California Press, 1949], p. 166). Sapir, cuyas obras me eran desconocidas cuando escribí este ensayo, destaca muchos de los puntos que aquí se han señalado. Ver, por ejemplo, ibid. , p. 46: «No existe ningún ente en la experiencia humana que pueda definirse de forma adecuada como la suma o el producto de sus propiedades físicas tomadas mecánicamente», y «Todos los entes significativos y sus propiedades físicas han de pasar, pues, por el tamiz de la significación funcional o relacional».

10 En su forma extrema ricardiana, la proposición es, naturalmente, que una variación en el valor del producto afectará sólo al valor de la tierra, dejando el valor del trabajo completamente inalterado. En esta forma (ligada a la teoría «objetiva» del valor de Ricardo), puede entenderse como un caso límite de la proposición más general reflejada en el texto.

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Como generalización empírica, esto último puede ser refutado, y lo será con frecuencia. Si, por ejemplo, un lote de tierra se emplea para producir cierta clase de fruta cuyo cultivo requiere una especial capa-citación, el efecto de un descenso en la demanda de esa fruta puede recaer exclusivamente en los salarios de esos trabajadores especializados, mientras que el valor de la tierra puede que permanezca prácticamente inalterado. En tal situación, sería en los salarios, en lugar de la tierra, donde se cumpliría la «ley de la renta». Pero cuando nos preguntamos por qué o cómo podemos averiguar si la ley de la renta se cumple en un determinado caso, la respuesta no nos la darán la información física acerca de las propiedades de la tierra, de la mano de obra o del producto. Ésta depende de los factores subjetivos presentes en la versión teórica de la ley de la renta; y sólo en la medida en que podamos descubrir cuáles son los conocimientos y las creencias de las personas implicadas sobre los aspectos relevantes estaremos en condiciones de predecir en qué forma una variación en el precio del producto afectará a los precios de los factores. Lo que es cierto de la teoría de la renta, también lo es generalmente de la teoría de los precios: nada nos dice acerca de la evolución de los precios del hierro, del algodón, o de otras cosas con tales o cuales propiedades físicas, sino sólo sobre cosas acerca de las que la gente tiene ciertas creencias y de las que quiere servirse de una determinada manera. Y nuestra explicación de un precio concreto, por tanto, no puede nunca verse afectada por ningún conocimiento adicional que nosotros (los observadores) adquiramos sobre el bien en cuestión, sino sólo por un conocimiento adicional sobre lo que la gente que emplea ese bien piensa de él.

No podemos abordar aquí un examen similar de los fenómenos, más complejos, que estudia la economía, cuyo progreso en los últimos años ha estado estrechamente relacionado con el avance del subjetivismo.

Sólo podemos destacar los nuevos problemas que estas investigaciones revelan como partes centrales de la disciplina, como son la cuestión de la compatibilidad de las intenciones y las expectativas de diferentes personas, la división del conocimiento entre ellas y el proceso por el que se adquiere el conocimiento relevante y se forman las expectativas.11

Pero aquí no nos interesan los problemas específicos de la teoría económica, sino el carácter común de todas las disciplinas que tratan de los resultados de la acción humana consciente. Los puntos que queremos destacar son que en todos esos campos debemos partir de lo que 11 Puede encontrarse un examen algo más detallado de estos problemas en Hayek,

«Economics and Knowledge», Economica (febrero de 1937), reimpreso en Individualism and Economic Order (Chicago: University of Chicago Press, 1948).

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los hombres piensan y quieren hacer: del hecho de que los individuos que forman la sociedad tienen como guía de sus actos una clasificación de cosas y eventos en concordancia con un sistema de percepciones sensoriales y de conceptos que tiene una estructura común a todos ellos que nosotros conocemos, porque también nosotros somos hombres; y que el conocimiento concreto que posean los individuos será distinto en aspectos importantes. La acción del hombre hacia los objetos externos, así como también todas las relaciones entre los hombres y todas las instituciones sociales, sólo podrán comprenderse en la medida en que partamos de lo que los hombres piensan acerca de ellas. La sociedad tal y como la conocemos se ha desarrollado sobre la base de los conceptos y las ideas que la gente sostiene; por lo que sólo podemos identificar los fenómenos sociales en la medida en que éstos tengan un reflejo en la mente de los hombres.

La estructura de la mente humana, el principio común por el que las personas clasifican los fenómenos externos, nos proporciona el conocimiento de los elementos recurrentes sobre los que las diferentes estructuras sociales descansan, y sólo en función de él podremos describir y explicar esas estructuras.12 Aun cuando los conceptos o las ideas sólo pueden existir, evidentemente, en la mente de los individuos y, concretamente, sólo dentro de la mente individual pueden interactuar las ideas, no es el conjunto de las mentes individuales en toda su complejidad, sino los conceptos individuales, las ideas que la gente se ha formado acerca de sus semejantes y de las cosas, los que verdaderamente componen elementos de la estructura social. Si la estructura social puede permanecer inalterada aun a pesar de que los individuos se vayan sucediendo en lugares concretos, esto no se debe a que esos sucesivos individuos sean idénticos unos a otros, sino a que la sucesión se produce en determinadas relaciones, en determinadas actitudes que adoptan hacia otra gente como objetos de ciertas visiones que esa gente tiene acerca de ellos. Los individuos son, meramente, los nodos de la red de relaciones, y son las diversas actitudes que los individuos adoptan 12 Ver C.V. Langlois y C. Seignobos, Introduction to the Study of History (Londres, 1898), p. 218: «Las acciones y las palabras siempre tienen esta característica: que cada una de ellas es la acción o la palabra de un individuo; la imaginación sólo puede representarse actos individuales, copias de los que ya nos ha proporcionado la observación directa. Como son acciones de hombres que viven en sociedad, la mayoría de ellas son realizadas simultáneamente por muchos individuos y están dirigidas hacia una finalidad común. Son actos colectivos; pero, tanto en la imaginación como en la observación directa, se reducen siempre a una suma de acciones individuales.

El “hecho social”, como lo entienden algunos sociólogos, es una construcción filosófica, no un hecho histórico.»

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respecto de sus semejantes (o respecto de sus actitudes similares o diferentes respecto de los objetos físicos) lo que forma los elementos recurrentes, habituales e identificables de la estructura. Si un policía sustituye a otro en un determinado puesto, esto no significa que el nuevo agente sea idéntico a su predecesor en todos los aspectos, sino solamente que es su sucesor en determinadas actitudes hacia otros hombres y en calidad de objeto receptor de ciertas conductas de esos hombres en lo que respecta a su función como policía. Y esto es suficiente para preservar un elemento estructural constante que puede separarse para ser estudiado aisladamente.

Aunque podamos identificar estos elementos de las relaciones humanas sólo porque nos son conocidos a partir del funcionamiento de nuestra mente, esto no quiere decir que el significado de su combinación en una pauta concreta que ponga en relación a distintos individuos sea algo obvio para nosotros. Es sólo mediante el paciente seguimiento de las implicaciones que conlleva el que mucha gente sostenga determinados puntos de vista como podemos llegar a entender —a veces tan sólo identificar— los resultados involuntarios, y a veces incomprensibles, de los actos individuales —y aún así interrelacionados— que los hombres realizan en sociedad. El que, en este intento de reconstruir esas diversas pautas que rigen las relaciones sociales, tengamos que asociar la acción del individuo, no a las cualidades objetivas de las personas y las cosas hacia las que él proyecta su acción, sino a los hombres y al mundo físico tal y como aparecen a los ojos de los hombres cuyas acciones intentamos explicar, parte del hecho de que sólo los conocimientos o las creencias de las personas pueden motivar su acción consciente.

SINDICATOS, INFLACIÓN

Y BENEFICIOS*

FRIEDRICH A. VON H AYEK

En el campo de la economía que estudia las relaciones laborales se observan tendencias gravemente amenazadoras para nuestra prosperidad futura. Las causas de esta situación no son nuevas, y se extienden por lo menos a los últimos veinticinco años. Pero durante buena parte de ese tiempo, y en especial en el largo periodo de prosperidad que acabamos de atravesar, parecía que los Estados Unidos iban a ser capaces de salvar esos nuevos obstáculos, solo considerados importantes por un puñado de alarmistas. Hoy nos sobran razones para pensar que las cosas van a llegar muy pronto a un punto decisivo. Ese momento crítico podrían deparárnoslo las nuevas exigencias sindicales que más tarde exa-minaré con detalle. Aunque también puede ocurrir que Walter Reuther no juzgue este momento favorable para la prueba de fuerza, y la lucha fatal se aplace una vez más. Sea como quiera, tengo pocas dudas de que pronto habremos de enfrentarnos a cuestiones esenciales que hemos venido soslayando demasiado tiempo sin que tan larga tolerancia con las prácticas e instituciones que las suscitan haya contribuido en nada a resolverlas.

Antes de referirnos a los problemas concretos que las nuevas exigencias sindicales plantean, debo explicar cómo veo el problema político más general nacido del poder de los modernos sindicatos, y describir las características de la fase de nuestras fluctuaciones económicas en la que parece van a tener que solventarse aquellos problemas.

La primera de esas tareas tiene dos aspectos distintos aunque íntimamente relacionados: el carácter que han llegado a asumir

* Publicado en Philip D. Bradley, ed., The Public Stake in Union Power, Nueva York, 1959 [trad. esp. en F.A. Hayek, ¿Inflación o pleno empleo? cit., pp. 141-167].

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. IX, n.º 1, Primavera 2012, pp. 469 a 487

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las organizaciones laborales y los nuevos poderes que han conseguido, no por sí mismas, sino como resultado de las nuevas ideas sobre el papel a desempeñar por el crédito y la política fiscal.

Acerca del primer aspecto, y aunque en él resida la clave del problema sindical, puedo ser muy breve. Los hechos esenciales son en este punto tan conocidos que puedo limitarme a mencionar algunos puntos descollantes. Los sindicatos no han conseguido su importancia y poder actuales por el mero ejercicio del derecho de asociación. Lo que son se lo deben en gran medida a que legisladores y tribunales han venido otorgándoles privilegios de los que no goza ninguna otra persona o entidad. Son la única institución con la que el gobierno ha fracasado totalmente en la que es su función primordial: la de procurar que nadie ejerza coacción sobre otro; y por coacción no entiendo aquí ante todo la que sufren los empresarios, sino la impuesta por unos trabajadores a otros. Solo por la coacción que a los sindicatos se les ha permitido ejercer sobre quienes desean trabajar en condiciones no aprobadas por ellos han podido someter a los empresarios a toda suerte de presiones nocivas. Y esto ha sido posible porque en el campo de las relaciones laborales ha llegado a aceptarse el principio de que el fin justifica los medios, y, pues las metas de los esfuerzos sindicales merecen la aprobación pública, no deben afectarles las normas ordinarias del derecho. El moderno desarrollo del sindicalismo ha sido posible sobre todo porque la política se basó en la creencia de que al interés público convenía que los trabajadores estuviesen lo más organizados posible, y que los sindicatos no debían encontrar obstáculos en la consecución de un fin tan loable. Grave error, pero ya tan admirablemente tratado por el profesor Sylvester Petro, de la Universidad de Nueva York, en su libro The Labor Policy of the Free Society 1 que basta que me limite a hacer referencia a su obra.

Más habré de extenderme al tratar de las circunstancias concretas que han hecho del dominio de los sindicatos sobre los salarios un peligro tan grande para el mundo actual. Con frecuencia oímos que el éxito de la continua presión sindical en pro de 1 Nueva York, 1957.

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salarios más altos provoca necesariamente inflación. Esto no es cierto como principio general, pero sí, y en alto grado, en las especiales condiciones en que hoy vivimos. Al haberse convertido en doctrina generalmente aceptada el supuesto deber de las autoridades monetarias de proporcionar créditos suficientes para asegurar el pleno empleo, sea cual fuere el nivel de los salarios, hasta el punto de que ese deber ha tomado carta de naturaleza en nuestras leyes, el poder de los sindicatos para aumentar los salarios nominales no puede por menos de llevar a una inflación continua y progresiva. Ha llegado el momento de saborear los frutos de las bendiciones que hace años impartió John M. Keynes.

No nos importan ahora los primores de su teoría, sino el supuesto en que de hecho descansa toda su argumentación, y que no es otro que la idea de que resulta más fácil privar al trabajador de una parte de su salario real reduciendo el valor de la moneda que rebajando la cifra que figura en el sobre de su paga, y que ése es el método a emplear cada vez que los salarios reales se hacen demasiado altos para permitir el «pleno empleo». En lo que se equivocaba Lord Keynes era en la ingenua creencia de que los trabajadores iban a dejarse engañar mucho tiempo por esa artimaña sin responder a cada descenso del poder adquisitivo de los salarios con la exigencia de mayores ingresos, exigencia muy difícil de contrarrestar cuando se sabe que no va a permi-tírsele tener ningún efecto sobre el empleo.

A lo que hemos llegado es a un reparto de las responsabilidades por el que un grupo puede forzar un cierto nivel salarial sin preocuparse de sus efectos sobre el empleo, ya que hay un organismo encargado de proporcionar cuanto dinero se necesite para asegurar la plena ocupación con salarios de esa cuantía. Una vez aceptado este principio, es evidente que a las autoridades monetarias no les queda otra opción que la de una política que provoca una inflación continua. Pero si en el actual estado de opinión no pueden hacer otra cosa, ello no cambia el hecho de que, como siempre, es la política monetaria la única causante de la inflación.

Acabamos de vivir la primera gran etapa de esa inflación de costes [ cost-push inflation] como ahora se la llama. Ha sido uno de los más largos periodos de prosperidad conocidos. Pero aunque la tendencia al alza salarial continúa, hace tiempo que las fuerzas

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impulsoras de esa prosperidad han empezado a languidecer. Probablemente hemos llegado al punto en que nos toca recoger la cosecha inevitable de todo periodo de inflación. Nadie puede darlo por seguro, y bien puede ocurrir que una nueva dosis masiva de inflación nos saque una vez más, y muy rápidamente, del letargo; lo que, en mi opinión, solo significa posponer el día fatal y hacer el resultado último mucho más grave. La prosperidad hija de la inflación nunca ha sido ni será duradera. Depende de factores alimentados, no solo por la inflación, sino por un aumento en su tasa; y aunque podemos permitirnos una inflación permanente, a cualquiera se le alcanza que no podemos vivir mucho tiempo con una inflación a escala progresiva.

La prosperidad alimentada por la inflación no termina porque la demanda final se haga insuficiente para equilibrar el mercado, ni puede perpetuarse con solo conservar a un nivel suficiente esa demanda. Comienza siempre, como ha ocurrido ahora, por un descenso en la inversión, y es la disminución de ingresos en las industrias de bienes de capital la que acaba por afectar a la demanda final. Bien es cierto que esta contracción secundaria de la demanda final puede hacerse acumulativa y tender a convertirse en factor dominante, pudiendo transformar así lo que sería un periodo de recesión y reajuste en una grave depresión. Sobran, pues, razones para contrarrestar esas tendencias e impedirles entrar en una espiral deflacionaria. Pero eso no significa que con solo mantener la demanda final a un nivel suficientemente alto podamos asegurar la continuación del pleno empleo y evitar los reajustes y los concomitantes fenómenos de paro, característicos del paso de una situación inflacionaria a otra de estabilidad monetaria. La razón es que entre la inversión y la demanda final no existe una relación de causa-efecto tan directa y sencilla como a menudo se cree ingenuamente. Una variación en el volumen de la demanda final no determina siempre un cambio proporcional, o más que proporcional, del mismo signo en la inversión. En el conjunto de la estructura precios-costes operan otros factores determinantes de la tasa de inversión provocada por un cierto nivel de demanda. Es el cambio en estos factores el que, al determinar un descenso en la inversión y las rentas, hace disminuir más tarde la demanda final.

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No puedo examinar aquí con detalle este mecanismo, tan complejo como debatido. Me limitaré a dos consideraciones que demuestran, en mi opinión, que la teoría, hoy dominante, de la «falta de poder adquisitivo» como causa de la depresión es errónea.

Una es el hecho empírico de que no solo la inversión ha empezado muchas veces a decaer mientras la demanda final y los precios seguían en plena expansión, sino que los intentos para reavivar la inversión estimulando la demanda final han fracasado casi siempre. La gran depresión de los años treinta fue la primera ocasión en que, bajo la égida de esas «teorías del poder adquisitivo», se hicieron desde el primer momento esfuerzos deliberados para mantener los salarios y el poder de compra; con lo que conseguimos convertir aquel trance en la más larga y grave depresión que se recuerda. La segunda consideración a hacer es que los argumentos en que descansa la teoría del poder adquisitivo son contradictorios. Parecen dar por supuesto que, incluso en una situación de empleo pleno o casi pleno, el aumento en la demanda de bienes de consumo provoca el traspaso de los recursos destinados a obtenerlos a la producción de bienes de capital; es decir, que al hacerse más acuciante la demanda de bienes de consumo, el efecto inmediato sería producir menos bienes de esta clase y más bienes de producción. Pero de continuar esta tendencia, llegaríamos al caso extremo en que la excesiva demanda de bienes de consumo haría que no se produjese ninguno y solo se ofre-ciesen, en cambio, bienes de inversión. No cabe duda de que algún mecanismo hace que tal cosa no ocurra. Pero sin comprender ese mecanismo, no podremos estar seguros de que no pueda funcionar también cuando no se da el pleno empleo. Es evidente que no podemos aceptar las ideas comúnmente admitidas en estas cuestiones, pues además de no ofrecernos solución aceptable para un problema tan crucial, no pueden ser llevadas a sus últimas consecuencias sin acabar en el absurdo.

Y paso ya a mi tema principal. Si he dedicado tanto espacio a diagnosticar la situación económica en la que vienen a incidir las nuevas exigencias laborales, es en parte porque nos las presentan a la vez como no inflacionarias y como salvaguardia o remedio frente a la depresión, pero principalmente porque en la situación actual se hará toda clase de presiones sobre los

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empresarios para evitar una disputa laboral, que en esta coyuntura puede tener consecuencias muy graves. Pero las decisiones que habrán de tomar las empresas enfrentadas con esas nuevas exigencias afectan a cuestiones de principio y pueden tener, por consiguiente, efectos muy profundos, hasta el punto de llegar a decidir en buena parte el futuro de nuestra sociedad. Por eso deberían ser tomadas exclusivamente en función de su significado a largo plazo, y no dejar que las afecte el deseo de sortear nuestras dificultades momentáneas. Pero, dado el poder que han llegado a alcanzar los sindicatos, la capacidad de las empresas para oponerse a cualquier tipo de exigencias perjudiciales depende del apoyo que les preste la opinión pública. Por eso tiene la mayor importancia que lleguemos a entender claramente lo que esas exigencias implican, lo que el ceder a ellas y dar por bueno el principio en que se apoyan supondría para el futuro de nuestra economía.

Como se recordará, el señor Reuther ha presentado las peticiones de la UAW (United Automobile Workers) para 1958 en forma de dos «paquetes», consistentes, en una serie de «demandas básicas mínimas comunes para todos los empresarios» y otra serie de demandas complementarias «a añadir a las mínimas para aquellas empresas en situación económica más favorable», lo que, en otras palabras, significa unas exigencias aplicables a la industria automovilística en general y otras especialmente dirigidas a los Tres Grandes. El primer «paquete» no consiste sino en las clásicas tres tazas del caldo acostumbrado —aunque se nos dice que representa el mayor aumento salarial en la historia de la industria del automóvil—, y solo lo consideraré brevemente como ejemplo de lo ya dicho acerca del carácter inflacionario de tales exigencias, y especialmente de su alcance en la situación económica por la que atravesamos. Es el segundo lote de peticiones el que suscita problemas tan nuevos como interesantes y constituye, en mi opinión, una auténtica amenaza para el futuro de nuestra economía.

Del primer lote de demandas solo quiero examinar la pretensión de que el aumento de los salarios en proporción al incremento de la producción media por asalariado no es inflacionario, y que «aumentar el poder adquisitivo de las masas» mediante

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incrementos salariales es un medio excelente para combatir la depresión. La refutación no es difícil. A cualquiera se le alcanza que un cambio en la producción por trabajador no es lo mismo que un cambio en la productividad de la mano de obra. Para verlo con claridad nos basta considerar un caso extremo, pero en modo alguno imposible, como es el de la sustitución de las actuales centrales eléctricas por otras a base de energía atómica y altamente automatizadas. Cuando se construye una de estas modernas centrales nos encontramos con que un puñado de hombres basta para producir una enorme cantidad de energía eléctrica, con lo que su producción per cápita puede aumentar cientos de veces.

Pero esto no significa que la productividad del trabajo en esa industria haya aumentado significativamente en algún sentido relevante para nuestro problema o que en esa industria el producto marginal de un número determinado de trabajadores haya aumentado. El incremento de la productividad media del trabajo en la industria es el resultado de la inversión hecha en ella, y no refleja en modo alguno el valor que el trabajo de un hombre añade a su producción. Elevar los salarios en proporción al incremento de la productividad media en esa industria supondría elevarlos muy por encima de su producto marginal en otras industrias de esa economía; y, a menos de suponer que los empleados en esa industria tienen derecho a una parte del producto de aquella inversión, y por ello a ganar mucho más de lo que la mano de obra equivalente gana en otra parte, nos encontraremos ante un alza general en los salarios nominales muy superior a la que puede satisfacerse sin una elevación general de las rentas monetarias, es decir, sin inflación.

Esto no significa, por supuesto, que los sindicatos no puedan conseguir elevar los salarios monetarios a ese nivel, sino que el hacerlo sería altamente inflacionario y no supondría un aumento apreciable en los salarios reales del conjunto de los trabajadores de esa clase. Quiero detenerme algo más en este ejemplo porque arroja no poca luz sobre uno de los aspectos cruciales del poder del moderno monopolio sindical. Donde se han hecho importantes inversiones a largo plazo, es el propietario quien se encuentra casi a merced de un auténtico monopolio de la oferta de trabajo.

Una vez creadas tales empresas, y mientras puedan mantenerse

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sin renovaciones o reinversiones importantes, los trabajadores están en situación de apropiarse de un porcentaje casi ilimitado de las ganancias debidas a la inversión de capital. La exigencia de una participación concreta en el aumento de la productividad media debido a la inversión de capital no es otra cosa que un intento de expropiar ese capital. Y nada impide que un monopolio sindical realmente poderoso lo consiga en buena medida en cuanto a las inversiones comprometidas irrevocablemente en un determinado aspecto de la producción.

Pero esto es solo un efecto a plazo relativamente corto, y los beneficios que el conjunto de los trabajadores puede obtener de esa política resultan muy otros cuando consideramos sus efectos sobre los alicientes para las nuevas inversiones. Por mi parte, estoy convencido de que ese poder de los monopolios sindicales es, junto con los métodos tributarios contemporáneos, el principal disuasor de las inversiones privadas en equipo productivo. No debe sorprendernos que la inversión privada dé marcha atrás apenas surgen nubes en el horizonte económico cuando hemos creado una situación en la que la mayor parte de lo obtenido con el éxito de una inversión cuantiosa y arriesgada va a parar a manos de los sindicatos y del gobierno, mientras que las siempre posibles pérdidas corren a cargo del inversor. La naturaleza del hombre le hace olvidarse de esos inconvenientes en las etapas de prosperidad, pero no debe maravillarnos que tan pronto como las perspectivas se hacen algo más oscuras reaparezcan unos temores muy razonables y nos veamos frente a un nuevo «agota-miento de las oportunidades de inversión» que no es sino el resultado de nuestras propias insensateces.

Esto me lleva al segundo aspecto de las peticiones generales de la UAW: su alcance en un momento de peligrosa depresión.

Se pretende que un aumento de los salarios en esta coyuntura provocará un incremento general del poder adquisitivo e invertirá así la tendencia a una contracción de las rentas. No pretendo negar que, en un momento en que corremos el peligro de entrar en una espiral deflacionaria, sea aconsejable evitar una nueva disminución en la capacidad general de gasto. Lo que discuto es que el aumento de los salarios resulte apropiado para conseguirlo.

Lo que ante todo necesitamos no es que algunos ganen más, sino

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que haya más personas con ingresos regulares y en especial que aumente el empleo en las industrias de bienes de capital. Es muy probable que, en la actual coyuntura económica, un aumento de los salarios provoque la inmediata disminución del empleo en las industrias afectadas, aun cuando no se llegue a ello mediante un conflicto seguido de paro, lo que, en las actuales condiciones, afectaría aún más rápidamente al empleo, y tendría casi con toda seguridad efectos indirectos aún más graves sobre el empleo en las industrias de bienes de equipo. Creo que, en condiciones de pleno empleo o cercanas a él, un aumento de los salarios reales en las industrias de bienes de consumo puede actuar como incentivo para la inversión, porque, hablando en plata, anima al empresario a sustituir brazos por máquinas. Pero esto no sucede cuando gran parte de la capacidad del equipo existente se halla inactiva. En tal situación, la inversión depende exclusivamente de la cantidad de producto final que puede ser vendida con beneficio, y esta perspectiva no puede sino empeorar cuando se empieza por elevar los costes monetarios.

Pero no debo extenderme más sobre el primero de los «paquetes» del señor Reuther, puesto que, al fin y al cabo, no plantea problemas que no nos sean desde hace tiempo familiares. Aun cuando algunas de las consideraciones que acabo de hacer no se repitan o subrayen con la necesaria frecuencia, no contienen nada nuevo.

La parte interesante de las propuestas está en el segundo «paquete», el de las condiciones discriminatorias para las empresas más prósperas de la industria automovilística. No es fácil decir lo que el señor Reuther pretende o espera conseguir con ellas, pero sí vale la pena preguntarse cuáles serán las consecuencias si al fin se sale con la suya.

Muchos recordarán que antes de que la UAW formulase tales demandas ya había solicitado que los Tres Grandes redujesen en 100 dólares el precio de sus coches, y prometido que de ser aten-dida esta petición, la UAW lo tendría en cuenta al presentar sus nuevas exigencias. Su sugerencia no fue aceptada, y de ello quiere hacerse ahora justificación para las nuevas apetencias. No creo que esa petición de rebaja deba ser tomada muy en serio, y probablemente hemos de verla como una maniobra de relaciones

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públicas destinada a congraciarse a la opinión con vistas a las posteriores exigencias. El sindicato había ya empleado la misma táctica doce años antes. Pero un breve examen del significado de aquella petición nos ayudará a comprender el problema actual.

Exclusivamente a efectos dialécticos, supongamos que la General Motors, y acaso también los otros dos grandes fabricantes de automóviles, pudiesen vender sus coches con beneficio a un precio menor, y que durante un corto periodo la medida les resultase incluso ventajosa. Nadie dudará de que esto supondría el rápido fin de los demás fabricantes y dejaría a los Tres Grandes solos en el mercado. Si esto es así, lo primero que hemos de preguntarnos es por qué no se deciden a bajar sus precios. Una respuesta obvia es que esa medida no tardaría en enfrentarlos con los organismos antitrust. Hemos llegado a una ridícula situación en la que cualquier intento para actuar de modo competitivo expone a los productores más eficientes a la acusación de aspirar al monopolio. No sé qué ventajas se imagina el señor Reuther que iban a obtener sus trabajadores de ese resultado, si es que realmente lo pretendía. Lo menciono solo para señalar que, casi con certeza, los efectos de su maniobra serían contrarios a uno de los objetivos más constantes de nuestros gobiernos.

Parece muy dudoso que a los Tres Grandes les interese eliminar a los pequeños fabricantes de automóviles. Si a alguno de ellos le pareciese deseable, podría en breve plazo obligar a los otros dos a seguir el camino que conduce a ese resultado. Pero es mucho más probable que una empresa como la General Motors, que se toma tantas molestias para mantener la competencia entre sus diferentes ramas, considere por las mismas razones que, a la larga, le interesa conservar la capacidad de experimentación independiente que representan los pequeños fabricantes. Al fin y al cabo, los responsables de esas grandes empresas probablemente comprenden mejor que muchos de los observadores ajenos a ellas que la excepcional eficiencia de ciertas organizaciones no es resultado necesario de su tamaño, sino más bien al contrario es el resultado de la excepcional eficiencia de ciertas organizaciones. Saben también, sin duda, que esa excepcional eficiencia no es el fruto automático de un modelo establecido de una vez para siempre, sino del esfuerzo constante y la permanente innovación

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para superar lo mejor que otros puedan hacer. Estoy convencido de que, en esta esfera, los esquemas simplificados de los que el teórico de la economía se sirve legítimamente como una primera aproximación, y que tratan los costes como función del tamaño y enfocan el problema desde el punto de vista de las economías de escala, representan un obstáculo para la comprensión realista de sus más importantes factores. Muchos de los rasgos peculiares a los que una determinada empresa debe su éxito son comparables a los que caracterizan a los individuos: forman parte de una tradición intangible de aproximación a los problemas basada en una tradición que se transmite, pero que siempre va cambiando, y que si bien puede conceder la superioridad durante largos periodos, puede también verse desafiada en cualquier momento por una personalidad empresarial nueva y más eficaz. Si yo fuese responsable del destino de una de esas compañías, no solo pensaría que obraba en interés de la empresa al sacrificar la consecución temporal de un mayor control del mercado para conservar los estímulos que la han mantenido tanto tiempo en la cima, sino también que al esforzarme por prolongar su liderazgo, y utilizar con tal fin parte de los mayores beneficios que su eficiencia le permite obtener, obraba en interés de toda la comunidad. Cualquier superioridad de un individuo o una empresa es también ventajosa para la sociedad aunque no la posea nadie más, y debe hacerse pleno uso de ella, siempre que no se impida a otros mejorar sus resultados por todos los medios a su alcance.

Pensar en esas situaciones como si se tratase de monopolios debidos a los impedimentos legales para competir en una determinada rama industrial conduce a un total desenfoque del problema.

Será útil recordarlo cuando pasamos a ocuparnos de las concretas peticiones que los trabajadores del automóvil han dirigido exclusivamente a las tres empresas más importantes del ramo.

Me resulta difícil comprender lo que el señor Reuther se propone realmente conseguir con ellas, y cuáles son las destinadas a obtener un beneficio real para los trabajadores, a diferencia de las incluidas más bien como simples catalizadores del apoyo de la opinión pública. El resultado de la aceptación de esas exigencias dependerá de las medidas que después tomen los que gestio-nan estas empresas, medidas cuya naturaleza en modo alguno

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resulta obvia. Así pues, me veo obligado a consider las consecuencias de la aceptación de esas exigencias en base a los supuestos alternativos referentes a la forma en que estas corporaciones responderán.

Las «demandas económicas complementarias» dirigidas a los Tres Grandes consisten en que la mitad de los beneficios que excedan del 10 por 100 de lo que denominan «capital neto» deben ser divididos en partes iguales entre el personal y los consumidores, de modo que una cuarta parte de ese «exceso de beneficios» anuales sería devuelta a los compradores de coches y la otra entregada a los sindicatos para que la utilizasen a su antojo. Es este último rasgo el que distingue a la propuesta de todos los planes de participación en los beneficios, y en especial del ofrecido por algunos fabricantes de automóviles a sus trabajadores y rechazado por éstos. No se trata de dar a cada trabajador una cierta participación en la propiedad de la empresa, y, por tanto, en sus beneficios, sino de dar al sindicato, es decir, a los representantes de los trabajadores empleados en la empresa en cada momento, el control sobre la cuarta parte —por ahora— de los beneficios que excedan del 10 por 100 sobre el capital neto.

Hay varios motivos para que parezca atractiva la idea de que los trabajadores de una empresa tengan preferencia para invertir sus ahorros en ella, como hay también buenas razones para que las grandes esperanzas que algunos habían puesto en tales planes no se hayan visto confirmadas. Aunque el trabajador puede encontrar mayor satisfacción en trabajar para una empresa en cuyos beneficios tiene una parte, por pequeña que sea, y ello puede hacerle poner mayor interés en su prosperidad, es también natural que, si tiene ahorros para invertir, prefiera no arriesgarlos en la misma empresa de cuya prosperidad depende el resto de sus ingresos.

Pero es cosa muy diferente el pedir que los trabajadores empleados en cada momento en una firma tengan, sin haber contribuido a su capital, parte en los beneficios. El efecto dependerá en buena medida de cómo sea distribuida esa parte entre los trabajadores o utilizada de algún otro modo en su beneficio. Sobre esto, la propuesta, tal como ha sido publicada, nos deja casi a oscuras.

Se dice solo que los trabajadores de cada empresa «decidirán

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democráticamente qué destino quieren dar al dinero», y se añade una lista de los posibles fines, rematada con «cualquier otro que juzguen aconsejable». Me pregunto si ésta no es la frase más amenazadora de todo el documento, pues deja abierta la posibilidad de que al trabajador le llegue muy poco o nada, y el dinero sea utilizado para los fines colectivos del sindicato, es decir, para aumentar su poder.

En cuanto a los efectos sobre la situación de las empresas interesadas, los hay a corto y a largo plazo. A plazo relativamente corto, las empresas podrán elegir entre absorber la pérdida de beneficios netos y continuar más o menos con su anterior política de precios o tratar de recuperarse inmediatamente alterándo-los. En el primer caso, ocuparían una posición más fuerte frente a sus competidores en el mercado de trabajo y a la vez ofrecerían al consumidor el equivalente a un menor precio, aunque es dudoso el efecto que sobre la elección del comprador tendría la esperanza de una rebaja incierta, y en el mejor de los casos pequeña, a fin de año. En cualquier caso, tal política les llevaría inexorablemente a fortalecer su superioridad sobre las empresas menos florecientes y a aumentar las probabilidades de hundirlas. Si, por el contrario, las empresas afectadas decidieran que no podían permitirse reducir los beneficios y les era más conveniente aumentar los precios (en la medida de lo posible) para rehacer sus ganancias, los compradores de coches no solo se verían privados de las supuestas ventajas, sino que tendrían que pagar más que antes, pues de su bolsillo habrían de salir los beneficios destinados a satisfacer las exigencias sindicales.

Pero, a la larga, las empresas no tendrían esa opción. El señor Reuther oscurece el problema principal al calificar de «excesivos» los beneficios que excedan del 10 por 100 del «capital neto»

sin impuestos (es decir, el 4,8 por 100 tras los impuestos). Pasa-ré por alto las dificultades que el vago concepto de «capital neto»

suscita en este contexto, pero, con fines dialécticos, daré por supuesto que cabe atribuirle un sentido suficientemente definido.

Así, pues, sea cual fuere la base de cálculo, resulta difícil ver en qué sentido los beneficios obtenidos por las industrias florecientes pueden calificarse de «excesivos». Cierto que son altos comparados con los de aquellas compañías de la misma rama industrial

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que luchan por sobrevivir, pero no en otro sentido. Los criterios de rentabilidad comúnmente aceptados no nos dicen que los beneficios obtenidos por esas tres empresas sean mayores de los necesarios en campo de tan altos riesgos para hacer atractiva la inversión de nuevo capital. A finales del pasado año, el valor de las acciones de Ford y Chrysler estaba por debajo del valor contable de sus activos, y solo las de General Motors excedían del valor contable de sus activos en más de la media de todas las compañías incluidas en el índice Dow-Jones de precios de los valores industriales.2 Pero incluso si pudiera mantenerse en serio que los beneficios de esas empresas son en algún sentido «excesivos», sería un argumento para que, en interés general, se invirtiese más capital en esas compañías, en vez de hacer la inversión en ellas menos rentable. O, suponiendo que hubiese fundamento para afirmar que las grandes empresas del automóvil están consiguien-do «beneficios monopolísticos», no podría aducirse mayor razón para no interesar a los trabajadores en la conservación de tales beneficios.

Esto me trae, por último, al principio general en que se basan esas peticiones, y a lo que su aplicación supondría para nuestro sistema económico. La cuestión hay que examinarla con independencia de las cifras mencionadas en los «paquetes» del señor Reuther. Si es justo que los empleados de una determinada empresa perciban una cuarta parte de los beneficios que excedan del 10 por 100, no lo será menos que la próxima vez pidan la mitad, o incluso un porcentaje mayor. Es práctica corriente, y con demasiada frecuencia eficaz, la de introducir un nuevo principio empezando por una petición de escasa cuantía, para, una vez aceptado el principio, hacerlo valer hasta sus últimas consecuencias. Acaso el señor Reuther peque de imprudente al pedir a la primera nada menos que una cuarta parte de los que llama beneficios excesivos. La posibilidad de que se saliera con la suya habría sido mucho mayor de haber empezado con un modesto 10

por 100. El que a la primera ocasión haya pedido tanto puede 2 Véase la declaración de Theodore O. Yntema, vicepresidente financiero de la empresa Ford, ante el Subcomité de Trusts y Monopolios de la Comisión de Justicia del Senado, 4-5 febrero 1958.

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ayudar al público a darse cuenta de lo que la aceptación de ese principio supondría.

El reconocimiento del derecho del trabajador a participar, solo por serlo, en el reparto de los beneficios de la empresa, con independencia de cuál sea su contribución al capital, lo convierte en copropietario de esa empresa. En este sentido, la petición es, sin duda, puramente socialista, y, lo que es peor, no basada en el socialismo más complejo y racional, sino en aquel más crudo al que suele llamarse sindicalismo. Es la forma generalmente adoptada por las primitivas exigencias socialistas, y hoy abandonada por sus teóricos a causa de sus absurdas consecuencias. Cabe ofrecer argumentos racionales en pro de la nacionalización de todo el capital industrial (aunque creo plenamente demostrable, y la experiencia general lo confirma, que las consecuencias de semejante política serían desastrosas), pero no hay modo de apoyar racionalmente la pretensión de que los trabajadores empleados en cada momento en una empresa o rama industrial deberían ser colectivamente propietarios del equipo de esa industria. Cualquier intento de analizar las consecuencias de semejante situación muestra que es totalmente incompatible con la utilización racional de los recursos de la sociedad y no tardaría en conducir a la completa desorganización del sistema económico. El resultado sería, simplemente, que un grupo cerrado de trabajadores se atrincheraría como nuevo propietario de cada empresa y procede-ría a obtener cuantos beneficios pudiese de la propiedad de la que se había apoderado. Se habría conseguido expropiar a un grupo de capitalistas, pero solo para dar a otro un derecho no menos exclusivo (y probablemente no menos interino) sobre ese capital.

No es éste lugar adecuado para demostrar lo inviable de un sistema sindicalista, ni es necesario repetir argumentos bien conocidos. Lo que sí hay que poner de relieve es que el acceder a las exigencias del señor Reuther supondría un paso hacia el sindicalismo, y que, una vez dado ese primer paso, es difícil ver cómo podrían resistirse las posteriores exigencias en esa dirección. Si la UAW tiene hoy poder suficiente para apropiarse de parte del capital de algunas de las mayores empresas del país, no hay razón para que no lo utilice muy pronto para apropiarse de otras, y al final de todas, y para que no ocurra otro tanto en las demás

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industrias. Nada retrata más vivamente lo peligroso de la situación a la que nos hemos dejado arrastrar durante los últimos veinticinco años que el hecho de que resulte necesario examinar en serio tales exigencias y explicar largo y tendido por qué no deben en modo alguno ser aceptadas si queremos conservar el carácter fundamental de nuestra economía. Espero que si las demandas de que aquí hablo no han producido mayor revuelo, sea porque la mayoría de la gente cree que no van a ser exigidas en serio y que, al menos por esta vez, se trata solo de una maniobra con vistas a la negociación. Pero mucho me temo que la indiferencia nazca de que el público aún no se ha dado cuenta de que lo que está en juego es algo más que la prosperidad de tres grandes empresas. Lo que se pondrá a prueba cuando esas exigencias sean hechas en serio es la cuestión crucial de hasta qué punto va a permitirse a los grupos organizados de trabajadores industriales utilizar el poder coercitivo que han llegado a adquirir para obligar al resto del país a cambiar las instituciones básicas sobre las que descansa nuestro sistema social y económico. No se trata ya de una situación en la que podamos permitirnos seguir pensando que en todo conflicto de intereses la razón está dividida y lo deseable es un compromiso. Ni siquiera el temor a las graves consecuencias que en esta coyuntura puede tener una prolongada disputa laboral, quizá acompañada de un largo paréntesis en la producción, debe influir en nuestra postura. Es un momento en el que cuantos desean conservar el sistema de mercado basado en la libre empresa deben también desear y apoyar sin ambigüedades el pleno rechazo de esas exigencias, sin acobardarse ante las consecuencias que a corto plazo pueda provocar.

Muchos pensarán todavía que los grandes fabricantes de automóviles son muy capaces de cuidarse de sí mismos y no tenemos por qué preocuparnos por sus problemas. Esto ya no es cierto. Nos hemos dejado llevar a una situación en la que los sindicatos se han hecho tan poderosos, mientras al empresario se le privaba de toda defensa efectiva, que debemos abrigar serias dudas sobre el resultado en el caso de que el señor Reuther, siguiendo su táctica favorita, concentre su ataque en uno solo de los Tres Grandes.

Hemos llegado a un punto en el que la cuestión de cómo ayudar a esa empresa a resistir unas exigencias que, de ser satisfechas,

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nos colocarían en el camino del sindicalismo debe convertirse en magna preocupación pública. La verdad es que el señor Reuther puede estar en situación de ejercer las más fuertes presiones no solo sobre esa empresa, sino sobre el público en general, porque de él dependerá el que la actual recesión se convierta en una grave depresión. Debería quedar bien claro que la responsabilidad es enteramente suya, y que no habrá amenaza capaz de asustar al público hasta el punto de obligarle a forzar un compromiso que a la larga podría ser aún más fatal.

En tal situación, el economista no debe faltar a su deber de hablar sin pelos en la lengua. La tarea no es agradable para quien, como científico, debe tratar de ser imparcial y se inclina a no tomar partido en disputas de intereses o, si se ve obligado a hacerlo, a favorecer a la parte de los relativamente más pobres. He de admitir mis dudas en cuanto a que la preocupación dominante en tantos economistas por lo que consideran la justicia, antes que por las consecuencias de una medida para la sociedad en general, haya sido en conjunto beneficiosa. Pero estoy plenamente seguro de que el problema actual no tiene nada que ver con la justicia entre las partes, y plantea una cuestión de principio que debería ser resuelta a la luz de las consecuencias que su adopción general tendría para nuestra sociedad. Si esto supone que al economista, cuyo principal deber es el de examinar y exponer las consecuencias a largo plazo, le toca ponerse del lado que puede resultar más impopular, sobre todo entre sus colegas intelectuales, ello no será sino un motivo más para hacerlo así sin reservas y de modo inequívoco.

Puedo concluir con las palabras de uno de los economistas más sabios e independientes, ya citadas al frente de un famoso ensayo titulado Reflexiones sobre el sindicalismo, que hoy está resultando profético. El pasaje de Alfred Marshall con el que Henry Simons encabezó aquel ensayo, dice: «Los estudiosos de las ciencias sociales deben temer el aplauso popular; algo va mal cuando todos hablan bien de ellos. Ante una serie de opiniones que a un periódico le basta defender para aumentar su tirada, el científico que desea dejar el mundo en general y su país en particular mejor de lo que habrían estado de no haber él nacido está obligado a ocuparse de las limitaciones, defectos y errores, si los tienen,

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de esas afirmaciones, y a no defenderlas incondicionalmente en ningún caso. Es casi imposible para ese hombre ser un verdadero patriota y tener fama de ello en su tiempo.»3 Probablemente no es menos imposible en nuestra época para un economista ser un verdadero amigo de los trabajadores y tener fama de serlo.

División entre dirección y propiedad, la falta de poder real de los accionistas y la tendencia de las grandes empresas a desarrollarse en imperios cerrados en sí y posiblemente irresponsables, agregando poderes enormes y en gran medida incontrolables, no es un hecho que debamos aceptar como inevitable, sino el resultado de unas condiciones creadas por la ley y que la ley puede cambiar. Si queremos, podemos detener e invertir este proceso.

Las dos modificaciones legislativas que he examinado serían probablemente a este respecto de un alcance muy superior de lo que puede parecer a primera vista y de lo que podría describir en unos pocos párrafos.

Permítaseme repetir, en conclusión, que el principal mérito de estos cambios me parece que es el de ligar la gestión, de un modo más eficaz de lo que está actualmente, a la exclusiva tarea de emplear el capital de los accionistas de la manera más ventajosa posible e impedir que pueda ponerse al servicio de cualquier

«interés público». La tendencia actual no solo a permitir, sino también a impulsar, semejante uso de los recursos societarios me parece que es peligrosa en sus consecuencias a corto y a largo plazo.

El efecto inmediato es ampliar enormemente los poderes de la gestión sobre problemas de carácter cultural, político y moral, para los que una probada habilidad en usar recursos de manera eficiente en la producción no confiere necesariamente una especial competencia; y, al mismo tiempo, colocar una vaga e indefinible «responsabilidad social» en el lugar de una tarea específica y controlable. Ahora bien, mientras a corto plazo el resultado es incrementar un poder irresponsable, a largo plazo comporta un mayor control de las empresas por parte del poder estatal. Cuanto más se acepta el hecho de que las propias empresas deben estar 3 Henry C. Simons, «Some reflections on syndicalism», Journal of Political Economy, vol. LII, n.º 1 (marzo de 1944), p. 1.

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al servicio de específicos «intereses públicos», tanto más persuasiva resulta la pretensión de que, dado que se reconoce que el gobierno es el guardián del interés público, a él le corresponde también el poder de decir a las empresas qué es lo que tienen que hacer.

El poder de hacer el bien según su juicio autónomo está destinado a convertirse en un estadio meramente transitorio. El precio que muy pronto tendrán que pagar por este breve periodo de libertad será el de recibir instrucciones de la autoridad política que se supone representan el interés público. A menos que no se crea que las empresas sirven mejor el interés público dedicando sus recursos únicamente al objetivo de asegurar la mayor rentabilidad posible en términos de beneficio a largo plazo, la razón de ser de la libre empresa desaparece.

No puedo resumir mejor lo que he tratado de decir que citando una breve afirmación en la que mi colega el profesor Milton Friedman expresó hace dos años este importante principio: «Si es cierto que algo puede destruir nuestra sociedad libre, minar sus más profundos fundamentos, es la aceptación generalizada por parte de la dirección de las empresas de responsabilidades sociales de algún modo distintas de las de ganar el mayor dinero posible. Se trata de una doctrina fundamentalmente subversiva.»4

4 The Social Science Reporter’s Eighth Social Science Seminar on «Three Mayor Factors in Business Management: Leadership, Decision Making, and Social Respon-sibility, 19 de marzo de 1958. Resumen de A. Diehm, Graduate School of Business, Stanford University.

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LA DECADENCIA DE LA LEY*

FRIEDRICH A. HAYEK

«El dogma de que el poder absoluto, en la hipóte-

sis de su origen popular, sea tan legítimo como la

libertad, comenzó a oscurecer el ambiente».

Lord Acton**

1. La decadencia de la ley

En capítulos anteriores hemos dedicado atención preferente al proceso evolutivo germánico no sólo porque en Alemania —si no en la práctica, al menos en la teoría— el Estado de Derecho alcanzó mayor madurez, sino por destacar cómo se inició también allí la reacción contra dicho ideal. Al igual que sucede con la mayor parte de las doctrinas socialistas, el pensamiento jurídico que iba a minar el imperio de la ley tuvo su origen en Alemania, extendiéndose desde allí al resto del mundo.

El intervalo entre la victoria del liberalismo y el cambio de dirección hacia el socialismo o hacia cierta clase de Estado bene-factor fue en Alemania más corto que en cualquier otro país. Apenas perfeccionadas las instituciones destinadas a asegurar el imperio de la ley, se registró un cambio de opinión que impidió abogar por aquellos ideales que habían motivado su nacimiento.

Una serie de circunstancias políticas, combinadas con factores puramente intelectuales, impulsaron el proceso que en otros países evolucionaba con mayor lentitud. La circunstancia de que la unificación del país se hubiese logrado mediante artificios estatales y no por gradual evolución reforzó la creencia de que la sociedad debía ser organizada según patrones preconcebidos. Las ambiciones sociales y políticas que aquella situación favorecía

* Fundamentos de la libertad, Capítulo XVI, Unión Editorial, 10ª edición, Madrid, 2020.

** Hist. of Freedom, p. 78. El título del capítulo ha sido tomado de G. Ripert, Le Déclin du droit, París 1949.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XIX, n.º 1, Primavera 2022, pp. 441 a 467

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cobraron mayor vigor a impulso de las tendencias filosóficas entonces reinantes en Alemania. La pretensión de que el poder público había de instaurar una justicia no meramente «formal», sino «sustantiva», es decir, «distributiva» o «social», venía acen-tuándose de manera ininterrumpida desde la época de la Revolución francesa. Hacia finales del siglo XIX tales ideas ya afectaban profundamente a la doctrina jurídica. En 1890, un teórico socialista del derecho expresó de la siguiente forma lo que de manera creciente llegó a ser doctrina dominante: «Al tratar exactamente igual a todos los ciudadanos, sin consideración a su calidad personal y posición económica, y al permitir una competencia ilimitada entre ellos, resulta que la producción de bienes se incrementa sin límites, pero los pobres y débiles tienen sólo una pequeña participación en la riqueza creada. La nueva legislación social y económica, por lo tanto, intenta proteger al débil contra el fuerte y asegurarle una participación moderada en las cosas buenas de la vida. Hoy en día se entiende que no hay mayor injusticia que tratar como igual a lo que de hecho es desigual»1. Anatole France hizo mofa de la «mayes-tática igualdad de la ley que prohíbe tanto al pobre como al rico dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan»2. Esta 1 A. Menger, Das bürgerliche Recht und die besitzlesen Volksklassen, 1895, 3.ª ed., Tubinga 1904, p. 31. Las consecuencias completas de esta concepción se elaboran en la última obra del autor, New Staatslehre, Jena 1902. Por el mismo tiempo, el gran cri-minalista alemán F. von Listz pudo comentar ( Strafechtliche Aufsätze, Leipzig 1897, II, p. 60): «La nueva generación socialista, que insiste en los intereses comunes con más énfasis que sus predecesores, a cuyos oídos la palabra ‘libertad’ tenía resonancias arcaicas, patina en los fundamentos.» La infiltración de las mismas ideas en Inglaterra queda bien ejemplarizada por D.G. Ritchie, Natural Rights, 1894, 3.ª ed., Londres 1916, p. 258: «La pretensión de igualdad en su más amplio sentido significa la exigencia de iguales oportunidades: la carrière ouverte aux talents. El resultado de tal igualdad de oportunidades será, ciertamente, la inversión de la igualdad de las condiciones sociales, siempre que las leyes permitan la transmisión de la propiedad de los ascendientes a los descendientes o incluso la acumulación de riqueza por los individuos. De esta forma, como a menudo se ha señalado, el efecto de la casi completa victoria de los principios del 1789 —la abolición de las restricciones legales sobre la libre competencia— ha consistido en acentuar la diferencia entre ricos y pobres. La igualdad de derechos políticos, juntamente con una mayor igualdad en las condiciones sociales, ha traído a un primer plano la ‘cuestión social’, que ya no se oculta, como antiguamente ocurría, tras la lucha por la igualdad ante la ley y por la igualdad en los derechos políticos.»

2 Anatole France, De lys rouge, París 1894, p. 117.

LA DECADENCIA DE LA LEY

famosa frase ha sido repetida innumerables veces por gentes bie-nintencionadas pero poco dadas a meditar e incapaces de comprender que con su actitud minaban los cimientos de la verdadera justicia.

2. Escuelas opuestas a las limitaciones tradicionales En favor de dichos criterios políticos militaron decisivamente diversas teorías aparecidas algún tiempo antes, las cuales, si bien resultaban entre sí contradictorias en muchos aspectos, coinci-dían en menospreciar cualquier limitación impuesta a la autoridad en aras de la ley y en propugnar a favor del Estado nuevas y mayores facultades que le permitieran conformar las relaciones humanas con cierto preestablecido ideal de justicia social. Los cuatro principales movimientos que operaron en esta dirección fueron, en orden de importancia decreciente, el positivismo jurídico, el historicismo, la escuela del «libre arbitrio» judicial y la doctrina del «interés jurídicamente protegido». Consideremos brevemente las tres últimas antes de analizar la primera, que requiere alguna mayor atención.

La tradición que sólo más tarde fue denominada «teoría del interés jurídicamente protegido» es una fórmula de acercamiento sociológico similar en cierta manera al «realismo jurídico» de la América contemporánea. Por lo menos en su concepción más radical, pretendía liberarse de esa suerte de construcción lógica que la decisión de las disputas entraña en virtud de la aplicación de reglas jurídicas estrictas, reemplazándolas por una personal ponderación de los intereses que se ventilan en el caso concreto3.

La escuela del «libre arbitrio judicial», en cierta medida, fue un movimiento paralelo del anterior, pero centrado únicamente en materia criminal. Pretendía liberar al juez, tanto como fuera posible, de su sujeción a normas preestablecidas, permitiéndole resolver con arreglo a su personal «sentido de justicia». Reiteradamente 3 La tradición se remonta a la última obra de R. von Ihering. Para los procesos de desarrollo moderno, véanse los ensayos coleccionados en The Jurisprudence of Interests,

«Twentieth Century Legal Philosophy Series», II, Harvard University Press, 1948.

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se ha destacado de qué manera tan eficaz esta doctrina abrió las puertas a la arbitrariedad del Estado totalitario4.

El historicismo —que debe distinguirse de las grandes escuelas históricas que le precedieron en jurisprudencia y otras ramas del saber5— pretendía descubrir las leyes de la evolución histórica deduciendo las instituciones adecuadas a cada situación. Tal teoría condujo a un extremado relativismo; no somos producto de nuestro tiempo, no venimos en gran medida condicionados por opiniones e ideas heredadas; podemos superar tales limitaciones y, advirtiendo cómo nuestros puntos de vista vienen impuestos por las circunstancias, reorganizar las instituciones adaptándolas a nuestra época6. Tal criterio condujo naturalmente a rechazar cualquier norma que no apareciera racionalmente justificada o que no fuera dictada por el deseo de alcanzar un objetivo específico. De tal suerte, el historicismo proclamó ya, como en su momento veremos, la tesis fundamental del positivismo jurídico7.

3. El positivismo jurídico

El positivismo jurídico se ha opuesto a aquella tradición que, si bien nunca fue expresamente proclamada, constituyó durante dos mil años el marco para el estudio de los problemas fundamentales.

Se trata del concepto de ley natural que todavía facilita a muchos la respuesta a sus más importantes interrogantes. Deliberadamente hemos evitado hasta ahora un análisis de nuestra temática referida a dicha concepción, porque las numerosas escuelas que se califican con ese nombre mantienen teorías tan distintas que el 4 Véase, por ejemplo. F. Fleiner, Ausgewählte Schriften und Reden, Zurich 1941, p.

438: «Este cambio [hacia el Estado totalitario] estuvo preparado por ciertas tendencias de la jurisprudencia alemana (p. e. la llamada Escuela del Libre Arbitrio), que creían servir al derecho cuando quebrantaban la fidelidad a las leyes.»

5 Sobre el carácter de este historicismo véase C. Menger, Untersuchungen, y K.R.

Popper, The Poverty of Historicism, Londres 1957.

6 Véase mi The Counter-Revolution of Science, Glencoe 1952, parte I, cap. 7.

7 Sobre la relación entre historicismo y positivismo jurídico, véase H. Heller,

«Bemerkungen zur staats- und rechtstheoretischen Problematik der Gegenwart», Archiv des öffentlichen Rechts, XVI, 1929, p. 336.

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intento de calibrarlas requeriría una aparte8. Sin embargo, al menos cabe reconocer aquí que las diferentes escuelas de derecho natural concuerdan en un punto: todas se enfocan hacia el mismo problema. Lo que realza el gran conflicto entre los defensores del derecho natural y el positivismo jurídico es que, mientras los primeros reconocen la existencia de ese problema, los últimos la niegan en absoluto o, por lo menos, rehúsan admitir que tenga un lugar legítimo dentro de los dominios de la jurisprudencia.

Todas las escuelas de derecho natural están de acuerdo en la existencia de normas que no son producto deliberado de ningún legislador. Asimismo están de acuerdo en que toda ley positiva deriva su validez de ciertos preceptos que, si bien no fueron elaborados por los hombres, pueden ser «descubiertos» por ellos; reglas a cuya luz debe ponderarse la ley positiva, imponiendo, en su caso, al hombre el respeto a esta última. Tanto si las escuelas del derecho natural buscan la solución en la inspiración divina o a través de la razón humana, o en principios que no formando parte integrante de la misma, constituyen factores irracionales que gobiernan el funcionamiento del intelecto humano, o si conciben la ley natural con un contenido permanente e inmutable o temporal y variable, todas pretenden abordar cuestiones que el positivismo no se plantea. Para éste, la ley no es más que el expreso mandato emanado de humana voluntad.

Por esta razón, el positivismo jurídico, desde sus comienzos, no podía simpatizar ni ver la menor utilidad en aquellos principios metalegales que entrañan el ideal del imperio de la ley o del Rechtsstaat en el sentido originario de tales conceptos, ya que implicaban una limitación del poder legislativo. En ningún otro país ganó el positivismo tan indiscutible influencia como en la Alemania de la segunda mitad del pasado siglo, y, por consiguiente, en esta misma 8 El mejor y más breve examen que conozco de las distintas tradiciones del «derecho natural» es el de A.P. D’Entrèves, Natural Law, Hutchinson’s University Library, Londres 1916. Mencionemos que el moderno positivismo jurídico procede en gran medida de T. Hobbes y R. Descartes, dos hombres contra cuyas racionales interpretaciones de la sociedad se desarrolló la teoría whig, empírica y evolucionista: asimismo, el positivismo ganó en gran parte su actual ascendencia merced a la influencia de Hegel y Marx. En relación con la postura del último, véase su introducción a la Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, de Marx y Engels; Historiche - Kritische Gesamtausgabe, ed. D. Rjazanow, Berlín 1929, vol. I, parte I.

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Alemania el ideal del imperio de la ley sufrió la primera mengua de su contenido real. La concepción sustantiva del Rechtsstaat, que exigía que las reglas de derecho poseyesen propiedades definidas, fue desplazada por un concepto puramente formal que requería tan sólo que toda la acción del Estado estuviera autorizada por el legislador. Para abreviar, es «ley» todo lo que una cierta autoridad declare legal. El problema, por tanto, se convirtió en una cuestión de mera legalidad9. Al morir el siglo se había aceptado doctrinal-mente que el ideal «individualista» del Rechtsstaat sustantivo pertenecía a un pasado «derrotado por los poderes creadores de las ideas nacionales y sociales»10, o, como una eminente autoridad en derecho administrativo afirmó a propósito de la situación dominante poco antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial: «De tal forma hemos vuelto a los principios del Estado policía, reconociendo de nuevo el ideal del Kulturstaat. La única diferencia estriba en los medios. Sobre la base de las leyes, al Estado moderno todo le está permitido y, desde luego, mucho más de lo que se toleraba al Estado policía. Así, en el curso del siglo XIX se ha dado un nuevo significado al término Rechtsstaat. Entendemos por ello un Estado cuya actividad total tiene lugar sobre la base de leyes y en forma legal. En lo que respecta a los propósitos del Estado y a los límites de su competencia, el término Rechtsstaat actualmente no nos dice nada»11.

Las doctrinas que comentamos tan sólo después de la Primera Guerra Mundial, sin embargo, alcanzaron su forma más efectiva y comenzaron a ejercer una gran influencia, que se extendió más allá de las fronteras de Alemania. La nueva formulación conocida como

«teoría pura del derecho», divulgada por el profesor H. Kelsen12, 9 Véase H. Heller, Rechtsstaat oder Diktatur, Tubinga 1930, y 11, y Hallowell, The Decline of Liberalism as an Ideology, University of Carolina Press, 1943, y the Moral Foundations of Democracy, University of Chicago Press, 1954, cap. IV, especialmente p. 73.

10 R. Thoma, «Rechtsstaatsidee und Verwaltungsrechtswissenschaft», Jahrbuch für öffentliches Rechts, IV, 1910, p. 208.

11 R. Bernatzik, Rechtsstaat und Kulturstaat, Hannover 1912, p. 56. Véase también la obra del mismo autor «Polizei und Kulturpflege», en Systematische Rechtswissenschalt (Kultur der Gegenwart), parte II, sec. VIII, Leipzig 1906.

12 La victoria del positivismo jurídico fue asegurada temprana y principalmente gracias a los infatigables esfuerzos de K. Bergbohm ( Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, Leipzig 1892), pero alcanzó su más amplia aceptación y consistente base filosófica bajo la forma que le dio H. Kelsen. Citaremos aquí principalmente a H. Kelsen, Allgemeine

LA DECADENCIA DE LA LEY

señaló el eclipse definitivo de todas las tradiciones de gobierno limitado. Sus enseñanzas fueron ávidamente recibidas por cuantos reformadores habían encontrado en las limitaciones tradicionales un obstáculo irritante a sus ambiciones y que, por tanto, deseaban suprimir las restricciones opuestas al imperio de la mayoría. El mismo Kelsen había observado algún tiempo antes que «la libertad básica del individuo retrocede poco a poco para dar paso a la libertad de la colectividad, que ocupa el primer puesto en el escenario»13; y que este cambio en el concepto de libertad significaba una «emancipación de lo democrático con respecto a lo liberal»14, cambio al que Kelsen daba notoriamente la bienvenida. La concepción básica de su sistema es la identificación del Estado y el orden jurídico. De esta forma, el Rechtsstaat se convirtió en un concepto extremadamente formal y en atributo de todos los estados15, incluso de los despóticos16. No hay límites posibles al poder del Staatslehre, Berlín 1925, pero el lector encontrará refundidas la mayoría de sus ideas esenciales en General Theory o Law and State, Harvard University Press, 1945, que también contiene una traducción de la importante conferencia titulada Die philosophischen Grundlage der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, 1928.

13 H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tubinga 1920, p. 10. La frase que dice: «la libertad del individuo, en el fondo insalvable», se convierte en la segunda edición, de 1929, en «la libertad del individuo, en el fondo imposible».

14 Ibid., p. 10: «Loslösung des Demokratismus von Liberalismus.»

15 H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, p. 91. Véase también su Hautprobleme der Staatsrechtslehre, Viena 1923, p. 249, donde la manera de enfocar el problema le lleva consecuentemente a declarar que «un agravio del Estado equivale, en cualquier circunstancia, a una contradictio in terminis».

16 Allgemeine Staatslehre, p. 335; he aquí la traducción de pasajes importantes:

«Afirmar que bajo el despotismo no existe orden o ley ( Rechtsordnung), sino que reina la arbitraria voluntad del déspota, carece totalmente de sentido. El Estado despótica-mente gobernado también representa cierto orden de la conducta humana. Este orden es el orden de la ley. Negarle el nombre de orden legal no es otra cosa que ingenuidad y presunción derivada del pensamiento del derecho natural. . Lo que se interpreta como voluntad arbitraria es meramente la posibilidad legal de que disfruta el autó-crata para tomar por sí mismo cualquier decisión para determinar sin condiciones las actividades de los órganos subordinados y para rescindir o alterar en cualquier momento las normas que primitivamente anunció, bien con carácter general o para un caso particular. Tal condición constituye una de las condiciones de la ley incluso cuando se presume que es desventajosa. Tiene también sus aspectos buenos. La pretensión de dictadura, no poco común en el moderno Rechtsstaat, lo demostró muy claramente.» En el ensayo «Foundations of Democracy», Ethics, LXVI, núm. I parte II, octubre de 1955, p. 100, nota 12, Kelsen reconoce explícitamente que el pasaje anterior

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legislador17 y no existen «las denominadas libertades fundamentales»18. Cualquier intento de negar el carácter de orden legal a un despotismo arbitrario representa «tan sólo la ingenuidad y la presunción del pensamiento del derecho natural»19. Se hacen toda clase de esfuerzos no sólo para oscurecer la distinción fundamental entre leyes verdaderas, en el sentido sustantivo de leyes abstractas y generales, y leyes en el mero sentido formal (incluidos los actos de la legislatura), sino para que no puedan distinguirse de tales leyes las órdenes de cualquier autoridad, sin importar las que sean, y a veces para incluir estas últimas dentro del término vago de «norma»20. Incluso la distinción entre actos jurisdicciona-les y administrativos es prácticamente borrada. En definitiva, el contenido de la concepción tradicional del imperio de la ley se presenta como una superstición metafísica.

Esta versión del positivismo jurídico, la más coherente desde el punto de vista lógico, muestra las ideas que dominaron el pensamiento germánico hacia 1920 y se esparcieron rápidamente por el resto del mundo. Al final de la década habían conquistado tan completamente Alemania que «la adhesión a las teorías del derecho natural era reputada como una especie de desgracia intelectual»21. Las posibilidades que engendró tal estado de opinión para el advenimiento de las dictaduras ilimitadas ya fueron claramente calibradas por agudos observadores en los tiempos en que Hitler trataba de obtener el poder. En 1930, un docto jurista germano, en un detallado estudio sobre las repercusiones de los «esfuerzos para lograr el Estado socialista, opuesto al Rechtsstaat»22, señaló refleja todavía los puntos de vista del autor. Véase también una versión precedente, sobre el mismo tema, titulada «Democracy and Socialism», Conference on Jurisprudence and Politics, University of Chicago, Conferencias, serie núm. 15, Chicago 1955.

17 Allgemeine Staatslehre, p. 14.

18 Op. cit., pp. 154ss; la frase reza: «los llamados derechos de la libertad».

19 Op. cit., p. 335.

20 Op. cit., pp. 231ss. Véase General Theory of Law and State, p. 38.

21 E. Voegelin, «Kelsen’s Pure Theory of Law», Pol. Science Quarterly, XLII, 1927, p. 268.

22 F. Darmstädter, Die Grenzen der Wirksamkeit des Rechtsstaates, Heidelberg 1930, y H. Hallowell, The Decline of Liberalism as an Ideology y The Moral Foundations of Democracy. Sobre posteriores desarrollos bajo el nacionalsocialismo, véase F. Neumann, Behemot: The Structure and Practice of National Socialism, 2.ª ed., Nueva York 1944, y A.

Kolnai, The War agaist the West, Nueva York 1938, pp. 29-310.

LA DECADENCIA DE LA LEY

que estos «procesos doctrinales han removido ya todos los obstáculos que se oponen a la desaparición del Rechtsstaat y abierto las puertas a la victoria de la voluntad fascista y bolchevique del Estado»23. La creciente preocupación por un proceso que Hitler finalmente iba a completar halló eco en más de uno de los oradores del Congreso de Derecho Constitucional Alemán24. Pero era demasiado tarde. Las fuerzas que combatían contra la libertad habían aprendido a la perfección la doctrina positivista de que el Estado no debe estar limitado por la ley. En la Alemania hitleriana, en la Italia fascista y en Rusia se llegó a creer que bajo el imperio de la ley el Estado «carecía de libertad»25, era «un prisionero de la ley»26, y que para actuar «justamente debía liberarse de los grilletes de las reglas abstractas»27. El Estado «libre» no era otro que aquel que podía tratar a sus súbditos como le viniera en gana.

4. El destino del derecho bajo el comunismo

La inseparabilidad de la libertad personal del imperio de la ley se muestra con más claridad en la absoluta negación de dicha libertad, 23 F. Darmstädter, op. cit., p. 95.

24 Véase Veröffentlichungen der Vereinigung deutscher Staatsrechtslehre, VII, Berlín 1932, especialmente la contribución de H. Triepel y G. Leibholz.

25 A.L. Malitzky, en una publicación rusa de 1929, citada por B. Mirkin-Getzewitsch, Die Rechtstheoretischen Grundlagen des Sovietstaates, Viena 1929, p. 117. Véase, sin embargo, el examen similar de R. von Ihering, Law as a Means to an End, traducción de I. Husik, Boston 1913, p. 315: «El exclusivo dominio de la ley equivale a que la sociedad haga dejación del libre uso de sus manos. La sociedad se entrega atada de manos a la rígida norma necesaria y queda sin ayuda en presencia de todas las circunstancias y exigencias de la vida que no hayan sido previstas por la ley o para las cuales esta última resulte inadecuada. De lo expuesto deducimos que el Estado únicamente debe limitar sus propios poderes y espontánea actividad, mediante la ley, en medida absolutamente necesaria, más bien pecando por defecto que por exceso. Es equivocado creer que el interés de la seguridad de los derechos y de la libertad política requiere la mayor limitación posible del gobernante por parte de la ley. Ello se basa en la extraña noción [!] de que la fuerza es un mal que debe combatirse hasta el máximo. Sin embargo, en realidad se trata de un bien cuya total utilización requiere, como en el caso de todos los bienes, aceptar la posibilidad de que dentro del trato entre el abuso.»

26 G. Perticone, «Quelques aspects de la crise du droit publique en Italia», Revue International de la Théorie du Droit, 1931-32, p. 2.

27 Véase C. Schmitt, «Was bedeutet der Streit um den Rechtsstaat», Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft, XCV, 1935, p. 190.

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incluso teóricamente, que se registra en el país donde el despotismo moderno ha llegado a sus últimas consecuencias. La historia del desarrollo de la teoría jurídica en Rusia, durante las primeras etapas del comunismo, cuando los ideales socialistas todavía se tomaban en serio y se discutía ampliamente la parte que debía corresponder a la ley en tal sistema, es muy instructiva. Los argumentos nacidos de tales discusiones, con su despiadada lógica, muestran la naturaleza del problema más claramente de lo que lo hacen los socialistas occidentales, quienes comúnmente tratan de lograr lo mejor de los dos mundos.

Los teóricos rusos del derecho continuaron de modo deliberado por un camino que, como ellos mismos reconocían, había sido seguido hacía tiempo por la Europa Occidental. De acuerdo con las declaraciones de uno de ellos, la propia concepción de la ley desa-parecía y «el centro de gravedad se desplazaba cada vez más del establecimiento de normas generales a decisiones individuales e instrucciones que regulan, asisten y coordinan las actividades de la administración»28, o como alegó otro al mismo tiempo: «Puesto que es imposible distinguir entre leyes y reglamentos administrativos, tal contraste constituye una mera ficción de la teoría y práctica burguesas»29. La mejor descripción de estos procesos evolutivos la debemos a un estudioso ruso no comunista, quien observó que

«lo que distingue al sistema soviético de los restantes gobiernos despóticos es que representa un intento para fundamentar el Estado en principios opuestos a los del imperio de la ley.. intento que ha dado origen a una teoría que exime a los gobernantes de toda suerte de obligaciones o limitaciones»30; o, como un teórico comunista manifestó, «el principio fundamental de nuestra legislación y nuestro derecho privado, que la teoría burguesa nunca reconocerá, radica en que se considera prohibido todo lo que no haya sido expresamente permitido»31.

28 Archipov, El Derecho en el Estado soviético, Moscú 1926 (en ruso), citado por Mirkin-Getzewitsch, op. cit. p. 108.

29 P.J. Stutchka, La Teoría del Estado de los Proletarios y los Campesinos y su Constitución, 5.ª ed., Moscú 1926 (en ruso), citado por Mirkin-Getzewitsch, op. cit. , pp. 70ss.

30 Mirkin-Getzewitsch, op. cit. , p. 107.

31 Malitzky, op. cit. Tiene que admitirse, sin embargo, que este principio se encuentra también en Aristóteles, Ethics, 1.138 a: «[La ley] prohíbe todo lo que no concede.»

LA DECADENCIA DE LA LEY

Finalmente, los ataques comunistas incidieron en el propio concepto de ley. En 1927, el presidente del Tribunal Supremo soviético, en un manual oficial de derecho privado, decía: «El comunismo no significa la victoria de la ley socialista, sino la victoria del socialismo sobre la ley, pues, al abolirse las clases con intereses antagó-nicos, la ley desaparece igualmente»32.

Las razones por las que el proceso evolutivo soviético alcanzó este grado de desarrollo fueron expuestas con más claridad por el teórico del derecho E. Pashukanis, cuya obra durante cierto tiempo atrajo mucho la atención dentro y fuera de Rusia, aunque posteriormente cayó en desgracia y desapareció de la circula-ción33. Pashukanis escribió: «A la dirección técnico-administrativa, siempre de acuerdo con el preestablecido plan general económico, corresponde ordenar, en un sentido tecnológicamente determinado, la configuración de programas para la producción y la distribución. La victoria gradual de esta tendencia significa la paulatina extinción de la ley como tal»34. Para abreviar: «Como en una comunidad socialista no hay posibilidad de relaciones privadas autónomas, sino que solamente existen las reguladas de acuerdo con el interés de la comunidad, toda la ley se transforma en administración, todas las reglas en consideraciones discrecionales sobre la utilidad»35.

32 Citado por V. Gsovsky, Soviet Civil Law, Ann Arbor 1948, I, p. 170, de P.J. Stutchka, Enciclopedia del Estado y del Derecho, Moscú 1925-27 (en ruso), p. 1.593.

33 Sobre la suerte que corrió Pashukanis, Roscoe Pound, Administrative Law, University of Pittsburg Press, 1942, p. 127, observa: «El profesor ya no está con nosotros. Al iniciar el actual gobierno ruso una nueva etapa política, se exigió un cambio de doctrina, en cuya dirección las enseñanzas de Pashukanis no se movieron lo suficientemente rápidas para adaptarse a las exigencias del nuevo orden. De haber imperado la ley en vez de las órdenes administrativas, le hubiese sido posible perder el empleo conservando su vida.»

34 E.B. Pashukanis, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus (traducido de la segunda edición rusa, Moscú 1927), Berlín 1929, p. 117. Una traducción inglesa de esta y de la última obra de Pashukanis ha sido publicada en Soviet Legal Philosophy, traducción de H.W. Babb, introducción de N. Hazard, Harvard University Press, 1951. Véase H. Kelsen, The Communist Theory of Law, Nueva York y Londres 1955; R. Schlesinger, Soviet Legal Theory, 2.ª ed., Londres 1951, y S. Dobrin, «Soviet Jurisprudence and Socialism», Law Quarterly Review, LII, 1936.

35 El resumen de los argumentos de Pashukanis está tomado de W. Friedmann, Law and Social Change in Contemporary Britain, Londres 1951, p. 154.

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5. Los abogados socialistas de Gran Bretaña

En Gran Bretaña los procesos evolutivos fuera del imperio de la ley se iniciaron tempranamente, pero durante largo tiempo quedaron confinados a la esfera de la práctica y recibieron poca atención teórica. Aunque en 1915 Dicey hizo observar que «la veneración antigua por el imperio de la ley ha sufrido en Inglaterra, durante los últimos treinta años, marcada decadencia»36, la creciente infracción del principio despertó poco interés. En 1929 el presidente del Tribunal Supremo, Hewart, en una obra titulada The New Despotism 37, había señalado lo poco que el panorama jurídico de su tiempo estaba de acuerdo con el imperio de la ley, logrando un suc-cès de scandale; sin embargo, obtuvo poco éxito en lo tocante a modificar la complaciente creencia de que las libertades de los ingleses estaban debidamente protegidas por dicha tradición. La obra fue tratada como un mero libelo reaccionario y se hace difícil entender el rencor con que la recibió la crítica38, siendo así que un cuarto de siglo más tarde no solamente órganos liberales como The Economist 39, sino también autores socialistas40, comenzaron a hablar de dicho peligro utilizando los mismos términos. El trabajo de Hewart tuvo como consecuencia la creación de un organismo oficial denominado Committee on Ministers’ Powers, cuyo informe41, a la vez que 36 Dicey, Constitution, 8.ª ed., p. 38.

37 Lord Hewart, The New Despotism, Londres 1929.

38 Característica de este enfoque y de esa bien justificada advertencia, hecha incluso en Estados Unidos, es el siguiente comentario del profesor Felix Frankfurter (hoy magistrado del Tribunal Supremo), publicada en 1938: «Ya en 1929, Lord Hewart intentó reanimar la vida de las moribundas quimeras de Dicey dotándoles de la mayor alarma. Desgraciadamente, el elocuente periodismo de aquel libro llevaba el imprima-tur del presidente del Tribunal Supremo. Sus extravagantes acusaciones exigían apoyo autorizado y lo obtuvieron.» «Current Developments in Administrative Law», Yale Law Journal, XLVII, 1938, introducción.

39 The Economist, 19 junio, Londres 1954, p. 952: «el ‘nuevo despotismo’, para abreviar, no es una exageración; es realidad. Es un despotismo que se practica por los más concienzudos, incorruptibles y habilidosos tiranos que el mundo haya visto jamás.»

40 R.H.S. Crossman, Socialism and the New Despotism («Propaganda Fabiana», núm.

298), Londres 1956.

41 «Committee on Ministers’ Powers», Report (generalmente conocido como

«Donoughmore Report»), Londres Stationary Office, 1932 (md. 4.060). Véase también Memoranda Submitted by Government Departments in Reply to Questionaire of November

LA DECADENCIA DE LA LEY

confirmaba en tono moderado las doctrinas de Dicey, tendía, en suma, a minimizar los peligros. El principal efecto del informe en cuestión consistió en articular la oposición al imperio de la ley y provocar una abundante literatura opuesta a dicho ideal, que desde entonces ha sido aceptada por muchos además de los socialistas.

Tal movimiento fue dirigido por un grupo42 de abogados socialistas y científicos políticos, reunidos en torno al profesor H.J. Laski.

El ataque lo dirigió el doctor Jennings, luego Sir Ivor Jennings, mediante el análisis del Report y de los Documents en que dicho informe se basaba43. Aceptando enteramente la doctrina positivista en boga, argumentó que «el concepto de imperio de la ley, en el sentido utilizado en el mencionado informe, es decir, con el sentido de igualdad ante la ley, la ley general del país, administrada por tribunales ordinarios. ., tomado literalmente, no es otra cosa que un desatino»44. Tal regla de derecho —arguyó— «o es común a todas las naciones o no existe»45. Aunque Jennings tenía que conceder que

«la fijeza y certeza de la ley... han sido parte de la tradición inglesa durante siglos», lo hizo únicamente con evidente intolerancia, moti-vada por el hecho de que dicha tradición se rompiese tan sólo «de mala gana»46. Para la creencia, compartida por «la mayoría de los miembros del Comité y la mayoría de los testigos, de que existe una clara distinción entre la función del juez y la función del administrador»47, el Dr. Jennings únicamente tuvo desprecio.

Posteriormente, el Dr. Jennings divulgó dichos puntos de vista en un libro de texto ampliamente utilizado, en el que expresamente negó que «el imperio de la ley y los poderes discrecionales 1929 and Minutes of Evidente Taken before the Committee on Ministers Powers, Londres Stationary Office, 1932.

42 Para la descripción de H.J. Laski, I. Jennings, W.A. Robson y H. Finer como miembros del mismo grupo, véase I. Jennings, «Administrative Law and Administrative Jurisdiction», Journal of Comparative Legislation and International Law, 3.ª ed., XX, 1938, p. 103.

43 Ivor Jennings, «The Report on Ministers’ Powers», Public Admimstration, X, 1932, y XI, 1933.

44 Op. cit., X, p. 342.

45 Ibid., p. 343.

46 Ibid. , p. 345.

47 Ibid.

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sean contradictorios»48 o que exista ninguna oposición «entre las leyes y los poderes administrativos»49. El principio, que Dicey interpretó en el sentido de que las autoridades no debían tener poderes discrecionales amplios, era «una regla de acción para los whigs que podía ser ignorada por los demás»50. Jennings reconoció que aunque «a un jurisconsulto constitucional de 1870 o incluso de 1880 pudiera parecerle que la Constitución británica se basaba esencialmente en el principio individualista del imperio de la ley y que el Estado británico era el Rechtsstaat de las teorías políticas y jurídicas individualistas»51, para él lo anterior significaba meramente que «la Constitución miraba con desagrado la facultad discrecional a menos que fuera usada por jueces. Cuando Dicey afirmó que los ingleses están gobernados por la ley y solamente por la ley quería decir que los ingleses estaban gobernados por los jueces y solamente por los jueces. Ello hubiera sido una exageración, pero a fin de cuentas era individualismo del bueno»52. No advirtió el autor que, sólo por haber existido un ideal de libertad bajo la ley, únicamente expertos legales y no otros —entre los que precisamente hay que incluir funcionarios preocupados por cometidos específicos— podían recurrir a la coacción.

Debe añadirse que posteriores experiencias parecen haber llevado a Sir Ivor a modificar considerablemente sus puntos de vista.

Sir Ivor comienza y concluye una obra reciente y popular53 con párrafos de alabanza al imperio de la ley e incluso ofrece una pin-tura, en cierta manera idealizada, del grado en que dicha regla prevaleció en Gran Bretaña. Pero este cambio de opinión no llegó a tiempo para impedir que sus ataques lograran un considerable efecto. Por ejemplo, en una obra popular titulada Vocabulary of Politics 54 , que apareció en la misma serie editorial un año antes de que lo hiciese el mencionado libro, encontramos el siguiente argumento: «Es, por tanto, extraño que deba prevalecer el punto de 48 Ivor Jennings, The Law and the Constitution, 1933, 4.ª ed., Londres 1952, p. 54.

49 Op. cit. , p. 291.

50 Op. cit. , p. 292.

51 Op. cit. , p. 294.

52 Ibid.

53 Sir Ivor Jennings, The Queen’s Government, «Pelican Books», Londres 1954.

54 T.D. Weldon, The Vocabulary of Politics, «Pelican Books», Londres 1953.

LA DECADENCIA DE LA LEY

vista de que el imperio de la ley supone algo que unos pueblos tienen y otros no, al igual que ocurre con los vehículos automóviles y los teléfonos. ¿Qué significa, por tanto, carecer del imperio de la ley? ¿Significa no tener ley en absoluto?» Me temo que este interrogante simbolice la postura de la mayoría de las generaciones más jóvenes, que han crecido bajo la influencia exclusiva de la enseñanza positivista.

En orden a los estudios relativos al imperio de la ley, tuvo también trascendencia suma y singular influencia un tratado de derecho administrativo ampliamente utilizado, escrito por otro miembro del mismo grupo, el profesor W.A. Robson. Los razonamientos empleados combinan un celo digno de elogio en cuanto atañe a la sistematización del control de la acción administrativa con una interpretación de la labor a realizar por los correspondientes tribunales que, de seguirse, los invalidaría en su calidad de amparadores de la libertad individual. Robson apunta de un modo explícito a acelerar «la ruptura con ese imperio de la ley que el difunto profesor A.V. Dicey reputaba rasgo característico del sistema constitucional inglés»55. Los razonamientos se inician con un ataque contra la «legendaria separación de poderes», «vieja y destartalada carroza»56. Todo lo relativo a la distinción entre ley y política es, en opinión de Robson, «enteramente falso»57, y el supuesto de que los magistrados, desentendiéndose de los objetivos que persigue el poder público, tan sólo deben administrar justicia, es para él objeto de mofa. Incluso señala como una de las más destacadas ventajas de la jurisdicción administrativa el que pueda imponer determinada política, sin las ataduras del imperio de la ley y los precedentes judiciales... De cuantas facultades caracterizan y acompañan a dicha jurisdicción, ninguna tan importante como aquella que, si adecuadamente se pone al servicio del bien público, permite a los tribunales resolver los casos sujetos a su examen abonado por determinada política social, acomodando sus fallos a las exigencias de tal política58. Pocos planteamientos de 55 W.A. Robson, Justice and Administrative Law, 3.ª ed., Londres 1951, p. 11.

56 Op. cit. , p. 16.

57 Op. cit. , p. 433.

58 Op. cit., pp. 572-73.

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este problema muestran tan claramente hasta qué extremo son

«reaccionarias» muchas de las «progresistas» ideas de nuestro tiempo. No resulta, por tanto, demasiado sorprendente que puntos de vista como los del profesor Robson hayan encontrado el rápido favor de los conservadores y que un reciente folleto publicado por el partido conservador, a propósito del imperio de la ley, se haga eco de las doctrinas de Robson ensalzando a los tribunales administrativos por el hecho de que «la flexibilidad y falta de limitación por reglas jurídicas o de procedimiento se haya traducido en una ayuda real al gobierno a la hora de ejecutar su política»59. Esta aceptación de la doctrina socialista por los conservadores es quizá el hecho más alarmante de nuestro tiempo, y ha ido tan lejos, que pudo afirmarse lo siguiente a propósito de una recopilación de comentarios conservadores sobre La libertad en el Estado moderno 60: «Nos hemos alejado tanto de aquella concepción del ciudadano inglés protegido por tribunales contra la opresión de los gobernantes y sus funcionarios, que ni uno solo de los colaboradores (de la recopilación) considera hoy posible volver a aquel ideal del siglo XIX»61.

Las declaraciones indiscretas de algunos de los menos conocidos miembros del grupo de abogados socialistas a que antes alu-díamos demuestran a dónde conducen esos puntos de vista. Uno de ellos inicia un ensayo sobre The Planned State and the Rule of Law haciendo una «reelaboración definitoria»62 de dicho imperio legal y que concreta el autor con menosprecio: «es lo que cualquier asamblea parlamentaria, como supremo legislador, tenga a bien establecer»63. Tal definición permite a este crítico «declarar con confianza» que «la incompatibilidad entre planificación e imperio 59 Rule of Law: A Study by Inns of Courts Conservative and Unionist Society, Londres, Conservative Political Center, 1955, p. 30.

60 Liberty in the Modern State, Conservative Political Center, Londres 1957.

61 The Time Literary Supplement, Londres, 1 de marzo de 1951. A este respecto, algunos socialistas demuestran mayor preocupación de la que es perceptible en la actitud oficial conservadora. Mr. R.H. Crossman, en el folleto arriba citado, nota 40, p. 19, orienta sus miras hacia el próximo paso, consistente en «reformar el poder judicial, a fin de que ejercite de nuevo la tradicional función protectora de los derechos individuales contra cualquier ataque que se les infiera.»

62 W. Friedman, The Planned State and the Rule of Law, Melbourne 1948, reimpreso en Law and Social Change in Britain, Londres 1951.

63 Op. cit., p. 284.

LA DECADENCIA DE LA LEY

de la ley [sugerida primeramente por autores socialistas] es un mito que sólo el prejuicio y la ignorancia aceptan»64. Otro miembro del mismo grupo se pregunta si, en el caso de que Hitler hubiese alcanzado el poder de una manera constitucional, habría prevalecido el imperio de la ley en la Alemania nazi. «La respuesta es afir-mativa. La mayoría hubiera tenido razón: el gobierno de la ley opera cuando la mayoría le da fuerza con sus votos. Cabría motejar a la mayoría de imprudente e incluso de perversa, pero el imperio de la ley prevalecería. En una democracia, en definitiva, es justo lo que la mayoría considera justo»65. He aquí la más fatal confusión de nuestro tiempo expresada en términos bien categóricos.

Se comprende, por tanto, que bajo la influencia de tales concepciones se haya registrado en Gran Bretaña, durante las dos o tres últimas décadas, un auge rápido y muy imperfectamente controlado de las facultades reconocidas a los órganos de la administración sobre la vida y la hacienda de los ciudadanos66. La nueva legislación social y económica ha conferido a dichos organismos poderes discrecionales cada vez mayores, e instaurado tan sólo, en cambio, remedios circunstanciales notoriamente ineficaces, dificul-tando la apelación a través de una confusa intervención de comités 64 Op. cit., p. 310. Resulta curioso que los argumentos sobre la incompatibilidad del imperio de la ley y el socialismo, mantenidos largo tiempo por los autores socialistas, levantasen tanta indignación entre los mismos cuando se esgrimieron en contra de su ideario. Mucho antes de que yo subrayase este punto en The Road to Serfdom, Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction, Londres 1940, p. 180, puso punto final en su análisis sobre esta materia mediante la conclusión siguiente: «Los recientes estudios acerca de la sociología del derecho confirman una vez más que el principio fundamental de las normas procesales por las que en cada caso debe juz-garse de acuerdo con preceptos generales racionales que entrañen el menor número posible de excepciones y se basen en presunciones lógicas, prevalece únicamente en la fase liberal competitiva del capitalismo.» Véase también F. Neumann, The Democratic and the Authoritarian State, Glencoe, III, 1957, p. 50, y M. Horkheimer, «Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie», Zeitschrift für Sozialforschung, IV, 1934, especialmente p. 14: «La base económica del significado de los convenios pierde importancia de día en día por cuanto la vida económica, en medida creciente, no se caracteriza por el contrato, sino por el mandato y la obediencia.»

65 H. Finer, The Road to Reaction, Boston 1945, p. 60.

66 Véase W.S. Churchill, «The Conservative Case for a New Parliament», Listener, 19

de febrero de 1948, p. 302: «Se me ha asegurado que trescientos funcionarios están facultados para establecer reglamentaciones con independencia total del Parlamento y capacitados para imponer penas de prisión por delitos que la ley, hasta ahora, desconocía.»

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judiciales. En determinados casos extremos los organismos administrativos en cuestión se hallan facultados para declarar «los principios generales» a cuya luz han de valorarse las expropiaciones67; y así el poder ejecutivo actúa sin que norma alguna le modere68.

Sólo últimamente, y como consecuencia de un caso flagrante de despótica actuación por parte de los funcionarios, los persistentes esfuerzos de un hombre rico y lleno de celo público69 han logrado llamar la atención general sobre tales procesos y extender la inquietud sentida por unos pocos observadores bien informados a círculos cada vez más amplios, con lo que han aparecido las primeras señales de una reacción a la que nos referiremos más tarde.

6. El proceso evolutivo norteamericano

Es más bien sorprendente comprobar que, en muchos aspectos, los procesos evolutivos norteamericanos hayan ido casi tan lejos en la dirección que acabamos de señalar. De hecho, en Estados Unidos, las tendencias modernas de la teoría jurídica y las concepciones 67 La Town and Country Planning Act, 1947, sec. 70, subsec. (3), estipula que «las reglamentaciones establecidas en virtud de la ley, con el consentimiento del Tesoro, pueden establecer los principios generales a seguir por la comisión para determinar. .

si hay que abonar gabelas en concepto de desarrollo y cuál ha de ser su cuantía.» De acuerdo con lo anterior, el ministro de Planificación Urbana y Rural fue capaz de pro-mulgar, inesperadamente, una reglamentación que señalaba que las cargas fiscales por aquel concepto «no serían inferiores», normalmente, al valor total adicional del suelo en el caso de concederse el permiso para su utilización privada.

68 «Central Land Board», Practice Notes (First Series) Being Notes on Development Charges under the Town and Country Planning Act, 1947, Londres, Stationary Office, 1949.

En el prefacio se explica que las notas «pretenden describir principios y reglas que el solicitante puede confiadamente presumir aplicables a su caso, salvo que sea capaz de aducir sólidas razones a favor de un tratamiento distinto o que la Comisión le informe que, por especiales motivos, las reglas normales no se aplican.» Más adelante se explica que «una norma particular puede variarse siempre que no se adapte a un caso concreto», y que la Comisión «no duda que de tiempo en tiempo habremos de variar nuestra política». Para más amplio examen de esta medida, véase el cap. XXII, sec. 6.

69 Véase el informe oficial: Public Inquiry ordered by the Minister of Agriculture into the Disposal of Land at Crichel Down, Londres, H.M. Stationary Office, 1954 (Cmd. 9.17G), y véase también el menos conocido pero casi igualmente instructivo caso de Odlum vs.

Stratton, fallado por el juez Atkinson en la King’s Bench Division, cuya transcripción literal ha sido editada por Wiltshire Gazette, Devizes 1946.

LA DECADENCIA DE LA LEY

sobre «el experto funcionario» carente de conocimientos jurídicos han tenido mayor influencia que en Gran Bretaña, y puede decirse que los juristas socialistas ingleses antes aludidos se han inspirado más a menudo en la filosofía del derecho americana que en la inglesa. Las circunstancias que han provocado tal estado de cosas no han sido debidamente estudiadas en Norteamérica y merecen mayor atención.

Los Estados Unidos han sido prácticamente el único país influido por la nueva orientación ideológica procedente del conti-nente europeo y que muy pronto cristalizó en lo que se denominó, con claro significado, «movimiento en pro de la Administración Pública». Esta tendencia desempeñó un papel en cierta manera similar al del movimiento fabiano en Gran Bretaña70 y al de los

«socialistas de cátedra» en Alemania. Pretendían tales grupos, proclamando la necesidad de limpiar la administración, atraer al empresariado y con su apoyo conseguir objetivos típicamente socialistas. Los miembros de este movimiento, generalmente con la simpatía de los «progresistas», lanzaron sus más violentos ataques contra las garantías tradicionales de la libertad individual, o sea, contra el imperio de la ley, las limitaciones constitucionales, el derecho de revisión judicial y el concepto de «leyes fundamentales». Caracterizó a estos «expertos administrativos» su profunda animadversión contra el derecho y la teoría económica, haciendo gala además, en general, de su inconmensurable ignorancia de tales disciplinas71. En sus esfuerzos por crear una «ciencia» de la administración, se guiaban por un concepto de los procedimientos

«científicos» que podemos calificar de ingenuo, al propio tiempo que no ocultaban su total desprecio a la tradición y su adhesión a los principios que caracterizan al racionalismo extremista. Fueron ellos quienes popularizaron hasta el máximo la idea de que «el amor a la libertad por la libertad misma es una noción que notoriamente carece de sentido. La libertad ha de servir para hacer o dis-70 Véase Dwicht Waldo, The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration, Nueva York 1948, p. 70, nota 13; véase también pp. 5, 15

y 40 de la misma obra.

71 Véase ibid., p. 79: «¡Si alguien va a pesar menos que nada en el Nuevo Orden, es el jurisconsulto!»

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frutar algo. Cuantos más ciudadanos compren automóviles y gocen de vacaciones, más libertad habrá»72.

A sus esfuerzos se debió principalmente el que las concepciones europeas de los poderes administrativos se introdujeran en los Estados Unidos antes que en Inglaterra. Así, ya en 1921, uno de los más distinguidos estudiosos americanos de la jurisprudencia pudo hablar de «una tendencia a escapar de los tribunales y del derecho y a revertir a la justicia sin ley en forma de revitalización del ejecutivo e incluso a la justicia legislativa y a la confianza en los poderes arbitrarios gubernamentales»73. Pocos años más tarde, una obra de tipo general sobre derecho administrativo presentó como teoría corriente que «cada funcionario posee una cierta área de jurisdicción que le marca la ley. Dentro de los límites de tal ámbito puede actuar libremente de acuerdo con su personal discreción y los tribunales habrán de respetar sus definitivas resoluciones sin inquirir acerca de su equidad. Ahora bien, si el funcionario en cuestión sobrepasa aquellos límites, el tribunal intervendrá. De esta manera, el derecho de revisión judicial de los actos de los funcionarios se convierte simplemente en una rama de la ley ultra vires. La única cuestión que ha de decidirse ante los tribunales no afecta al poder discrecional de los funcionarios en la esfera de su competencia74.

De hecho, la reacción contra la tradición de estricto control de los tribunales, tanto sobre la acción administrativa como sobre la legislativa, se había iniciado antes de la Primera Guerra Mundial. Como aplicación práctica en el campo político de tal ideario, el senador La Follete, en 1924, durante su campaña para la Presidencia de la República, por primera vez llamó especialmente la atención sobre la conveniencia en reprimir el poder de los tribunales75. A esta tradición 72 Ibid., p. 73.

73 Roscoe Pound, The Spirit of the Common Law, Nueva York 1921, p. 72; véase también C.H. McIlwain, Constitutionalism and the Changing World, Cambridge University Press, 1939, p. 261: «Lenta pero seguramente nos encaminamos hacia el Estado totalitario y, por extraño que parezca, muchos, si no la mayoría de los idealistas, se muestran interesados en ello o no les preocupa.»

74 J. Dickinson, Administrative Justice and the Supremacy of Law in the United States, Harvard University Press, 1927, p. 21.

75 Véase The Political Philosophy of Robert M. La Follette, ed. E. Torelli, Nueva York 1920.

LA DECADENCIA DE LA LEY

establecida por el senador se debe que en los Estados Unidos, más que en otros lugares, los progresistas hayan llegado a ser los principales partidarios de reforzar el poder discrecional de los órganos de la administración. Al final del periodo que se extiende entre 1930 y 1939, tal propensión de los progresistas americanos había adquirido tanta fuerza, que incluso los socialistas europeos,

«cuando por primera vez se enfrentaron con la disputa entre liberales y conservadores americanos a propósito de las cuestiones que plantea la ley y la discrecionalidad administrativas», se manifesta-ron inclinados, en principio, «a advertirles de los peligros inherentes al aumento de la discrecionalidad administrativa y a prevenirles que ellos (es decir, los socialistas europeos) podrían respaldar la posición de los conservadores americanos»76. Ahora bien, pronto modificaron su criterio al apreciar de qué manera la actitud de los progresistas facilitaba, suave e inadvertidamente, el deslizamiento del sistema americano hacia el socialismo.

El conflicto a que nos referimos más arriba alcanzó su punto culminante durante la época de Roosevelt, si bien no cabe olvidar que las tendencias intelectuales de la década precedente habían preparado adecuadamente el camino. Durante el periodo que se extiende entre los años veinte y los primeros de los treinta se registró una auténtica inundación de literatura antiimperio de la ley, circunstancia que influyó considerablemente en el mencionado proceso. Tan sólo aludiremos aquí a dos ejemplos típicos. Entre quienes impulsaron la gran ofensiva contra la tradición americana del «gobierno de las leyes y no de los hombres» sobresale, por su actividad y eficacia, el profesor Charles G. Haines, puesto que no sólo motejó el ideal tradicional de pura fantasmagoría77, sino que mantuvo seriamente que «el pueblo americano debería designar a sus gobernantes ateniéndose a la teoría de la confianza en los hombres que se ocupan de los negocios públicos»78. Para comprender 76 A.H. Pekelis, Law and Social Action, Ithaka y Nueva York 1950, p. 88; véase también H. Kelsen, «Foundations of Democracy», Ethics, LXVI, 1953, suplemento, especialmente pp. 77ss.

77 G. Haines, A Government of Law or a Government of Men, University of California Press, 1929, p. 37.

78 Haines, op. cit., p. 18.

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cuán profundamente este criterio se enfrenta de modo violento con la concepción básica de la Constitución americana, es suficiente recordar las palabras de Jefferson cuando afirmaba que «el gobierno libre se basa en la desconfianza; es ésta, y no la confianza, la que engendra constituciones que sujetan a quienes nos vemos en el caso de confiar el poder. . Nuestra Constitución, en su consecuencia, nos advierte concretamente cuál es el límite de confianza que no se debe sobrepasar. Cuando se confiere poder político hay que olvidarse de la confianza e impedir que quien lo ostenta actúe dolosamente, sujetándole, al efecto, mediante las cadenas de la Constitución»79.

La obra del juez Jerome Frank denominada Law and the Modern Mind refleja las tendencias que venimos examinando.

Cuando se publicó, en 1930, registró un éxito que el lector de hoy no puede comprender fácilmente. Law and the Modern Mind constituye un violento ataque contra la idea de la invariabilidad de la ley, que el autor ridiculiza como si el hombre fuera un niño

«que busca la autoridad paterna»80. La obra de Frank, pretendiendo ampararse en la teoría psicoanalítica, quiso justificar el desprecio que por las normas tradicionales sentía una generación opuesta a cualquier limitación que pudiera impedir la libre actuación colectiva. Quienes comulgaban con este ideario se convirtieron fácilmente en dóciles instrumentos de la política paternalista del New Deal.

Hacia el final de los años treinta se registró una creciente inquietud derivada del constante desarrollo del nuevo ideario y que condujo a designar un comité de investigación —el U. S. Attorney General’s Committee on Administrative Procedure—, que actuó de forma análoga a como lo había hecho una década antes el Committee on Minister’s Powers creado en Gran Bretaña y aludido más arriba. El comité americano, en el informe que patrocinara la 79 Thomas Jefferson, Borrador de la resolución de Kentucky de 1789 en E.D. War-field, The Kentucky Resolution of 1789, 2.ª ed., Nueva York 1894, pp. 157-58.

80 Jerome Frank, Law and the Modern Mind, Nueva York 1930. Más de un cuarto de siglo después de la publicación de esta obra, Thurman Arnold, The University of Chicago Law Review, XXIV, 1957, p. 634, pudo afirmar que «más que ninguna otra despejó el ambiente haciendo posible que se formularan nuevas ideas y doctrinas acerca de la naturaleza de las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos».

LA DECADENCIA DE LA LEY

mayoría de sus componentes81, insistió más que el británico en la inevitabilidad de unos acontecimientos que, por otro lado, reputaba inofensivos. El tono general del mencionado informe lo destaca el Presidente Roscoe Pound cuando escribe: «Aunque sin pretenderlo, la mayoría parte del supuesto de que los órganos de la administración han de hallarse investidos de poderes omnímodos, concepto coincidente con el absolutismo que hoy está apoderán-dose del mundo. Ideas que proclaman el ocaso de la ley; la aparición de una sociedad sin leyes, o, mejor dicho, con una sola ley, la de que en lugar de leyes se aplicarán sólo órdenes administrativas; doctrinas que arguyen que el derecho es una pura entelequia y que la ley constituye simplemente la amenaza de que el Estado puede acudir al empleo de la fuerza; teorías con arreglo a las que las reglas y los principios generales son meras supersticiones y pías aspiraciones; enseñanzas que sostienen que la división de poderes no es otra cosa que una fórmula de pensamiento periclitada, producto de la mentalidad del siglo XVIII; prédicas que arguyen que la doctrina del derecho común en orden a la supremacía de la ley está ya anticuada, imperando en cambio una a manera de ley pública que cabría denominar ‘la ley de la subordinación’ por cuanto subordina el interés del individuo al del funcionario y permite a éste identificar con el interés público su propio criterio tantas veces como discrepa de aquél, que otorga al punto de vista del funcionario público máximo valor, menospreciando todos los demás aspectos; he aquí, en fin, una teoría que asevera que ley es toda disposición adoptada oficialmente, de tal suerte que cualquier cosa que oficialmente se lleva a cabo se convierte en ley, cuyo mandato queda por encima de la más leve crítica por parte de los jurisperitos. Tal es el marco dentro del cual han de examinarse las conclusiones de la mayoría que ha autorizado el informe en cuestión»82.

81 Véase U.S. Attorney General’s Committee on Administrative Procedure Report, Washington, Government Printing Office, 1941.

82 Rosce Pound, «Administrative Procedure Legislation. For the Minory Report», American Bar Association Journal, XXVI, 1941, p. 664. Sobre la postura actual, véase B.

Schwartz, «Administrative Procedure and its Place in the Legal Order», New York University Law Review, XXX, 1955, y W. Gellhorn, Individual Freedom and Government Restra-ints, Louisiana State University Press, 1956, especialmente la observación de la p. 18:

«Algunos de los antiguos defensores de la jurisdicción administrativa (incluyendo al

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7. Síntomas del revivir de la ley

Afortunadamente, aparecen en numerosos países claros indicios de haberse iniciado una franca reacción contra el pensamiento elaborado por las dos últimas generaciones. Entre quienes más vehemen-temente han impulsado la nueva tendencia aparecen aquellos estudiosos que, por haber vivido la experiencia de los regímenes totalitarios, han advertido con mayor agudeza el peligro que encie-rra no limitar la actuación de los poderes públicos. Incluso entre aquellos teóricos del socialismo que no hace demasiados años califi-caban de ridícula la preocupación por el mantenimiento de las habituales medidas protectoras de la libertad individual surgen figuras que opinan todo lo contrario. Pocos han expresado tan claramente este cambio de actitud como Gustav Radbruch, distinguido decano de la filosofía jurídica socialista, quien en una de sus últimas obras aseguró: «Si bien la democracia tiene indudable valor, el Rechtsstaat es como el pan de cada día, el agua que bebemos y el aire que respiramos; y el mayor mérito de la democracia estriba en que sólo ella permite mantener el Rechtsstaat»83. Resulta, sin embargo, aventurado suponer que la democracia conduce al Estado de Derecho, a la vista de los acontecimientos que el propio Radbruch relata.

Más cierto sería afirmar que la democracia sólo si mantiene el imperio de la ley puede pervivir. El notorio progreso que el principio de revisión judicial registró en Alemania después de la guerra y el autor) se percatan ahora de que, donde vieron principalmente peligros imaginarios, existen peligros reales y estremecedores.»

83 G. Radbruch, Rechtsphilosophie, 4.ª ed., ed. E. Wolf, Stuttgart 1950, p. 357. Véanse también los significativos comentarios de esta obra sobre el papel desempeñado por el positivismo jurídico en la destrucción de la fe en el Rechtsstaat, especialmente p. 335:

«Esta concepción de la ley y de su validez (que nosotros denominamos positivista) ha dejado inermes tanto a los juristas como al pueblo frente a las leyes, por más capricho-sas, crueles y criminales que sean. En último extremo, equipara al poder con el derecho; sólo hay derecho donde hay poder»; y en la página 352: «De hecho, con su afirmación de que ‘la ley es la ley’ el positivismo ha dejado indefensos a los juristas alemanes frente a leyes de contenido arbitrario y criminal. El positivismo no tiene siquiera capacidad para fundamentar, por sí y desde sí mismo, la vigencia de las leyes.

Cree haber demostrado esta vigencia por la simple razón de que tales leyes tienen poder para imponerse.» Por tanto, E. Brunner, Justice and Social Order, Nueva York 1945, no adopta una actitud exagerada cuando mantiene que «el Estado totalitario es pura y simplemente el positivismo jurídico llevado a la esfera política.»

LA DECADENCIA DE LA LEY

renacido interés por las teorías del derecho natural que en dicho país se deja también sentir, constituyen claros indicios del fortaleci-miento de las mencionadas tendencias84. En otros países del conti-nente florecen movimientos similares. En Francia, Ripert ha aportado una contribución significativa con el estudio titulado «La decadencia del derecho», donde, con pleno acierto, concluye que

«por encima de todo debemos censurar a los cultivadores de la ciencia jurídica en razón a que durante medio siglo debilitaron la concepción de los derechos individuales, sin darse cuenta de que entregaban tales derechos a la omnipotencia del poder público.

Algunos de estos jurisperitos sólo querían presumir de progresistas, mientras otros pensaban que habían redescubierto la doctrina tradicional que el individualismo liberal del siglo XIX había olvidado. Con harta frecuencia ocurre que los estudiosos padecen una miopía que les impide advertir las consecuencias prácticas que otros deducirán de sus desinteresadas doctrinas»85.

En Gran Bretaña no han faltado tampoco voces similares que anunciaran aquellos peligros86, y una primera consecuencia de la creciente inquietud ha sido volver a propugnar —lo que ya ha consagrado la legislación— que sean los tribunales ordinarios los que digan la última palabra en las discrepancias que se susciten en el ámbito de la administración. En reciente informe oficial acerca de métodos de apelación distintos de los utilizados ante los tribunales ordinarios aparecen datos que inducen al optimismo87.

El comité que ha emitido el mencionado informe, no solamente sugiere la manera de eliminar las numerosas anomalías y defectos 84 Véase G. Dietze, «America and Europa – Decline and Emergence of Judicial Review», Virginia Law Review, XLIV, 1958, y respecto al resurgimiento del derecho natural, H. Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie, Berlín 1950; H. Mitteis, Über das Naturrecht, Berlín 1948, y K. Ritter, Zwischen Naturrecht und Rechtspositivismus, Wit-len-Ruhr, 1956.

85 G. Ripert, Le Déclin du Droit, París 1949. Véase también P. Roubier, Théorie général du Droit, París 1950, y L. Rougier, La France à la recherche d’une constitution, París 1952.

86 Véase C.K. Allen, Law and Orders, 1945; G.W. Keeton, The Passing of Parliament, Londres 1952; C.J. Hamson, Executive Discretion and Judicial Control, Londres 1954, y Lord Radcliffe, Law and the Democratic State, Holdworth Club of the University of Bir-mingham, 1955.

87 Report of the Committee on Administrative Tribunals and Enquiries, «Franks Committee», Londres, H.M. Stationary Office, 1957, 218, parágrafo 37.

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del actual sistema, sino que reafirma con todo acierto la diferencia básica entre «lo judicial, cuya antítesis es lo administrativo, y la noción de lo que está de acuerdo con el imperio de la ley, cuya antítesis es la arbitrariedad». Asimismo el informe declara: «El imperio de la ley exige que las decisiones se hagan de acuerdo con principios o leyes conocidos. En general, es fácil adivinar cuál sea el alcance de aquellas decisiones, con lo que el ciudadano sabe perfectamente a qué atenerse»88. Ahora bien, todavía queda en Inglaterra un «considerable campo de acción administrativa para el que no se ha previsto tribunal especial o sistema de censura»89

(problemas no abordados en el informe de referencia), ámbito en el que perduran las condiciones insatisfactorias de siempre, conti-nuando, de hecho, el ciudadano todavía a merced de las decisiones arbitrarias de la administración. Si en verdad se desea que el proceso de erosión del imperio de la ley no prosiga, es ineludible que, sin nuevas demoras, se erija un tribunal independiente al que se pueda recurrir en todos estos casos, como se ha propuesto desde distintos sectores90.

En la esfera internacional, por último, es oportuno no silenciar el esfuerzo que significa el «Acta de Atenas», que el Congreso de la Comisión Internacional de Juristas aprobó en su reunión de junio de 1955 y en la que se reiteró sin reservas la trascendencia del imperio del derecho91.

88 Ibid., pp. 28, 29.

89 Ibid., p. 20.

90 Véase el folleto conservador Rule of Law, mencionado en la nota 59 precedente, y W.A. Robson, Justice and Administrative Law, Londres 1951. Sobre similares recomendaciones de la «Hoover Commission» en los Estados Unidos, véase el simposium

«Hoover Commission and Task Force Reports on Legal Services and Procedure», New York University Law Review, XXXIII, 1955.

91 La Comisión Internacional de Juristas de La Haya (ahora en Ginebra), en un congreso celebrado en Atenas en junio de 1955, aprobó la siguiente resolución, que de modo solemne declara: «1. El Estado queda sometido al derecho. 2. Los gobiernos deben respetar los derechos de los individuos bajo el imperio de la ley y adoptar medidas eficaces para su protección. 3. Los jueces se atendrán al principio del imperio de la ley, que defenderán y harán respetar sin dejarse intimidar por el temor ni seducir por el halago, resistiendo cualquier intromisión proveniente del poder público o de los partidos políticos que atente a la independencia judicial. 4. Los juristas de todo el mundo mantendrán la independencia de su profesión, defenderán los derechos de los individuos bajo el imperio de la ley y proclamarán siempre el derecho de todo acusado

LA DECADENCIA DE LA LEY

Ahora bien, resultaría excesivo afirmar que la vehemente aspiración a infundir nueva vida a una vieja tradición vaya acompañada de un conocimiento exacto de los valores en juego92 y suponer que las gentes estarán siempre dispuestas a mantener estos principios cuando los mismos dificulten la inmediata consecución de deseados objetivos. Tales principios, que hasta hace poco nos parecían conocimientos vulgares impropios de requerir la atención del estudioso, y que incluso hoy pudieran resultar más obvios para el lego en la materia que para el jurista profesional, han sido tan olvidados, que hemos creído imprescindible detenernos en el examen de sus rasgos característicos y en la narración de su evolución histórica. Tan sólo sobre estas bases podremos acometer, en la parte siguiente de esta obra, el estudio detallado de las diferentes maneras que permiten o no conseguir —en el marco de una sociedad libre— los actuales objetivos de la política social y económica.

a un juicio imparcial.» Véase el Report of the International Congress of Jurists, La Haya 1956, p. 9.

92 No resulta exagerado que un estudioso de la jurisprudencia (J. Stone, The Pro-vince and Function of Law, Harvard University Press, 1950, p. 261) declare que la restauración del imperio de la ley como aquí se ha definido «requeriría la estricta revocación de las medidas legislativas que todas las asambleas democráticas creyeron esenciales a lo largo de los últimos cincuenta años». El que fueran adoptadas por asambleas democráticas no prueba, naturalmente, que fuese lo más prudente o incluso esencial recurrir a tales medidas para alcanzar el objetivo deseado, y menos todavía que no deban dejarse sin efecto si se advierte que producen consecuencias otrora no previstas e indeseables.

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA*

FRIEDRICH A. HAYEK

“De la propia naturaleza de las cosas deriva que los comienzos sean suaves; pero, a menos que se ponga gran cuidado, entran los procesos en vías de desarrollo acelerado, alcanzándose situaciones por nadie previstas.”

F. Guicciardini ( circa 1538)1

* Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, 2008, pp. 407-428.

1 La cita está tomada de F. Guicciardini, «La decima scalata», Opere Inedite, ed. P. y L. Guicciardini, Florencia 1867, X, p. 377. Las circunstancias en que fue formulado el aserto y el interesante estudio que del sistema tributario a escala progresiva se llevó a cabo en el siglo xVI, de donde la cita procede, merecen un breve comentario.

La república de Florencia, que durante doscientos años había vivido en un régimen de libertad bajo el imperio de la ley, como no se conocía desde la antigua Atenas y Roma, quedó sometida en el siglo xV al dominio de la familia Médicis, que, apoyándose en las masas, instauró un despotismo creciente. Uno de los instrumentos de que se sirvieron para afirmar su poder consistió en implantar un sistema fiscal de carácter progresivo, en la forma que describe Guicciardini («Del regimento di Firenze», Opere Inedite, II, p. 40): «Es bien conocida la manera cómo la nobleza y los ricos fueron oprimi-dos por Cosme y, andando el tiempo, por los impuestos. La causa de tal estado de cosas, aunque los Médicis nunca lo admitieran, radicaba en que el mecanismo tributario les facilitaba los medios de aniquilar por procedimientos aparentemente legales a cualquiera al disponer de omnímodo poder para hundir y golpear arbitrariamente según su capricho.» Cuando en cierto momento del siglo siguiente se abogó de nuevo por la tributación progresiva, Guicciardini escribió (la fecha de 1588, sugerida por K.T. Ehe-berg, «Finanzwissenschaft», Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3.ª ed., IV, 1909, es mera conjetura) dos brillantes alegatos sobre el sistema fiscal progresivo, uno en su defensa y el segundo, que evidentemente encarna su opinión, combatiéndolo. Dichos alegatos quedaron manuscritos hasta que en el siglo xIx se publicaron. Fundamentalmente afirma el autor ( op. cit., X, p. 368) que «la igualdad a que debemos aspirar implica que ningún ciudadano ha de tener poder para oprimir a otro; que todos han de quedar sometidos a las leyes y a las autoridades, y que el voto de cualquier miembro que forma parte del Consejo ha de tener idéntico valor que el de los restantes. Éste es el significado de la igualdad bajo la égida de la libertad, pero no que todos somos iguales en cualquier aspecto.» Más adelante arguye ( ibid., p. 372): «La libertad se desvanece tan pronto como una parte de la comunidad es oprimida y maltratada por el resto; tal situación es contraria al objetivo que la libertad que ansiamos persigue; la meta señalada se cifra en que todo ciudadano disponga de medios suficientes para ver protegido su propio estado y Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XVIII, n.º 1, Primavera 2021, pp. 379 a 406

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I

CUESTIÓN BÁSICA DE LA REDISTRIBUCIÓN

Por muchas razones, desearía poder omitir este capítulo. La dialéctica empleada contradice criterios tan extendidos, que por fuerza tiene que ofender a muchos. Incluso quienes me han seguido hasta aquí, considerando razonable el conjunto de mi postura, probablemente pensarán que mis puntos de vista sobre el sistema tributario son claramente radicales, además de no ser posible llevarlos a la práctica. Muchos estarían dispuestos a instaurar la libertad por la que vengo abogando, con tal de que la injusticia que, en su opinión, origina quedara debidamente corregida implantando una adecuada política tributaria.

Ahora bien, acudir a un sistema fiscal de tipo progresivo como el método más idóneo para conseguir la redistribución de la riqueza es conceptuado por la inmensa mayoría de la gente tan justo, que eludir el estudio analítico de este tema sería una hipo-cresía. Es más, equivaldría a dejar de lado lo que conceptúo no sólo la causa principal del actuar irresponsable de la democracia, sino la base misma del arco que ha de sostener la total configuración de la sociedad futura. Aun cuando el emanciparse de lo que ha constituido hasta hoy dogma de fe en la materia requiere un considerable esfuerzo, una vez que se exponen con toda claridad las conclusiones se hace evidente cómo la política imperante en este orden de cosas se ha inspirado, más que cualquier otra, en la pura arbitrariedad.

Tras un largo periodo en el que de hecho todos aceptaban el principio de la tributación progresiva y sin que los estudiosos apenas si aportaran nada nuevo, el problema, recientemente, ha sido considerado desde distinto ángulo y sometido a análisis más condición.» Los partidarios de la tributación progresiva son, en opinión del autor ( ibid.),

«suscitatori del popolo, dissipatori della liberta e de’ buoni governi delle republiche».

El peligro principal que Guicciardini destaca en el pasaje que encabeza el capítulo dice así en su texto original: «Ma è la natura delle cose, che i principii cominciano piccoli, ma se l’uomo non avvertisce, molteplicano presto e scorrono in luogo che poi nessuno è a tempo a provvedersi.» Véase sobre esta materia G. Ricca-Salerno, Storia delle Dottrine Finanziarie in Italia, Palermo 1896, pp. 73-76, y M. Grabein, «Beiträge zur Geschichte der Lehre von der Steuerprogression», Finanzarchiv, Xll, 1895, pp. 481-496.

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA riguroso.2 Ahora bien, es absolutamente preciso profundizar en este estudio y someter a completa revisión el tema en su conjunto.

Por desgracia, en este capítulo tan sólo podemos formular, resumidos, los razonamientos que sirven de base a nuestra tesis.

Comencemos por aclarar que el sistema progresivo que vamos a examinar, y que estimamos, a la larga, incompatible con una sociedad libre, es aquel que impone carácter progresivo a la carga fiscal en su conjunto, es decir, aquel que grava con tipos impositivos superiores a las mayores rentas. Determinadas contribuciones, y singularmente la de la renta, podrían hacerse progresivas sobre la base de que así se compensa la tendencia de muchos impuestos indirectos a gravar más onerosamente a quienes perciben menores ingresos. Éste es el único argumento válido a favor de la progresión. Tiene vigencia, sin embargo, en lo atinente a ciertos impuestos, pero no se puede apelar al mismo para hacer progresivo todo el sistema impositivo considerado en su conjunto. Nos referiremos de modo especial al impuesto sobre la renta, puesto que en la actualidad a él se ha acudido para transformar todo el sistema fiscal en un orden acentuadamente progresivo. Dejaremos de lado el problema atinente a la respectiva proporcionalidad de los diferentes impuestos dentro de un sistema determinado.

Tampoco deben ser objeto de examen separado las cuestiones que suscita el hecho de que, siendo hoy en día la imposición progresiva el principal instrumento de redistribución de rentas, no es 2 Hace una década, los economistas que por razones de principio se oponían a la tributación progresiva eran muy pocos, y entre ellos debe mencionarse especialmente a L. von Mises (véase, por ejemplo, Human Action, Yale University Press, 1949, pp.

803ss) y H.L. Lutz, Guideposts to a Free Economy, Nueva York 1945, cap. XI. El primero de los pertenecientes a la generación más joven que señaló sus peligros parece haber sido D.M. Wright, Democracy and Progress, Nueva York 1948, pp. 94-103. La general rea-pertura de la polémica se debe principalmente al meticuloso estudio de W.J. Blum y Harry Kalven, Jr., «The Uneasy Case for Progressive Taxation», primeramente publicado en University of Chicago Law Review, XIX, 1952, y editado separadamente por University of Chicago Press, 1953. Dos análisis más del problema debatido, que precedieron a las conclusiones por mí sentadas, son «Die Ungerechtigkeit der Steuerprogression», Schweizer Monatshefte, XXXII, 1952, y «Progressive Taxation Reconsidered», en On Freedom and Free Enterprise: Essays in Honor of Ludwig von Mises, ed. M. Sennholz, Princeton 1956. Parte sustancial del último ha sido incorporada al presente capítulo. Una reciente e instructiva historia de la imposición progresiva en Gran Bretaña, aunque no crítica, es la de F. Shehab, Progressive Taxation, Oxford 1953.

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el único medio para conseguirlo. Un sistema impositivo de carácter proporcional provoca igualmente los anhelados efectos distributivos. Basta para ello destinar una parte sustancial de los ingresos al pago de servicios que beneficien principalmente a un sector determinado o bien abonarle subsidios directamente. Uno se pregunta, sin embargo, hasta qué medida los que poseen rentas más bajas se hallarían dispuestos a ver reducida mediante los impuestos su libertad de disponer de sus ingresos a cambio de obtener determinados servicios gratuitos. También resulta difícil imaginar cómo aplicando este método iban a modificarse de manera sustancial las diferencias que acusan quienes disponen de rentas más altas. Cabría, sin duda, desplazar una parte considerable de los ingresos de los ricos como clase a favor de los pobres también como clase. Ahora bien, no se reduciría el vértice de la pirámide de los ingresos de la gente, objetivo principal de la imposición progresiva. Para las clases más acomodadas significaría, sin duda, que, a pesar de que todos verían sus rentas tasadas con arreglo a un único porcentaje, los servicios disfrutados serían sustancialmente los mismos en todo caso. Es entre dichas clases en las que mayor disminución proporcional de la renta se consigue con la fiscalidad progresiva. Las consecuencias de tal fiscalidad sobre el progreso técnico, asignación de recursos, incentivos, movilidad social, competencia e inversión se producen a través de cambios operados entre dichas clases acomodadas. Lo que conviene dejar bien claro es que, en la actualidad y prescindiendo de lo que en el futuro pudiera ocurrir, el sistema tributario de carácter progresivo constituye el método fundamental para provocar la redistribución de las rentas y que sin este objetivo la importancia de tal política tributaria disminuiría de modo notable.

II

EL AUGE DE LOS IMPUESTOS PROGRESIVOS

Como ha ocurrido también con otras muchas medidas análogas, el mecanismo tributario de tipo progresivo ha asumido la categoría que hoy tiene por haber sido introducido de modo fraudulento invocando falsos pretextos. Cuando en la época de la Revolución

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA francesa, y posteriormente durante la agitación socialista que precedió a las revoluciones de 1848, fue propugnado por vez primera como medio de redistribución de rentas, la medida fue rechazada de modo absoluto. «Se debería ejecutar al autor y no al proyecto», respondió indignado el liberal Turgot a las primeras proposiciones de este género.3 Cuando, en 1830, tales propuestas fueron más ampliamente difundidas, J.R. McCuloch expuso su objeción principal y a menudo citada: «Igual que un navío en alta mar sin timón o sin brújula, nos encontramos nosotros tan pronto como hacemos caso omiso del principio fundamental de percibir de todos la misma proporción de sus rentas o patrimonio; en tal supuesto las injusticias que se pueden cometer son innumerables.»4 En 1848, Karl Marx y Friedrich Engels propugnaron de modo franco y categórico la implantación de «un fuerte impuesto sobre la renta de tipo progresivo» como medida idónea para que, después de superada la primera etapa de la revolución, «el proletariado, haciendo uso de su poder, fuera despojando de modo gradual a la burguesía de la totalidad del capital, transfiriendo al Estado todos los instrumentos de producción.» Estas medidas fueron calificadas por Marx y Engels como «medios de violenta incursión en el derecho de propiedad y en el ámbito del sistema de producción burgués.. , medidas que.. , desde el punto de vista económico, resultaban incompletas e ineficaces, pero que en el curso de la acción por sí mismas imponen nuevas disposiciones contrarias al antiguo orden social, resultando por ello inevitable recurrir a las mismas para revolucionar 3 La nota marginal de Turgot, «Il faut exécuter l’auteur et non le projet», procede de F. Gentz, «Über die Hüllfsquellen der französischen Regierung», Historisches Journal, III, 1799, p. 138. El propio Gentz comenta a propósito de la imposición progresiva:

«Todo gravamen que se fundamente en cualquier principio que no sea el de la progresión (geométrica) de las rentas o del capital, es decir, que no parta de una imposición progresiva, no tiene mejor prensa que un atraco callejero.» Gentz, desde luego, utiliza aquí «progresión» con respecto al nivel absoluto de imposición y no con respecto al proporcional.

4 J.R. McCulloch, «On the Complaints and Proposals Regarding Taxation», Edin-burgh Review, CXV, 1833, p. 164. Este precoz artículo fue incorporado en buena parte a la más conocida y amplia versión del mismo autor, Treatise on the Principles and Practical Influence of Taxation and the Funding System, Londres 1845, p. 142.

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enteramente el mecanismo de producción.»5 El sentir general, sin embargo, quedó perfectamente reflejado en la afirmación de A.

Thiers: «La proporcionalidad es un principio; la progresividad, en cambio, resulta odiosa arbitrariedad.»6 John Stuart Mill, por su parte, definía a esta última como «solapado hurto».7

Ahora bien, desbaratado el ataque inicial, la agitación en pro de la imposición fiscal progresiva tomó cuerpo bajo distinto disfraz.

Los reformadores sociales, si bien en general rechazaban la pretensión de que la distribución de las rentas se alcanzaría a través del mecanismo fiscal, comenzaron a argüir que el conjunto de la carga impositiva total —cuya determinación, en su opinión, respondía a otras consideraciones— debería ser distribuida atendiendo a la

«capacidad de pago», al objeto de alcanzar la «igualdad de sacrificio», lo que se conseguiría con una escala progresiva. Entre los muchos argumentos esgrimidos en apoyo de tal tesis, y que todavía sobreviven en los libros de texto de Hacienda Pública,8 se impuso en definitiva el que ofreció mayor apariencia científica a la fiscalidad de tipo progresivo. La base de tal dialéctica no es otra que la decreciente utilidad marginal de los sucesivos actos de consumo. A pesar o quizá a causa de su carácter abstracto, esta teoría ha adquirido mayor predicamento al respaldar científicamente9 lo 5 Véase K. Marx, Selected Works, ed. V. Adoratsky, Londres, I, p. 227. Como L. von Mises ha señalado ( Planning for Freedom, South Holland, Illinois, 1952, p. 96), la frase

«ser necesarias incursiones más violentas en el viejo orden social» no aparece en la versión original del Manifiesto Comunista, sino que fue insertada por Friedrich Engels en la traducción inglesa de 1888.

6 A. Thiers, De la propriété, París 1848, p. 319: «La proportionalité est un principe, mais la progression n’est qu’un odieux arbitraire.»

7 J.St. Mill, Principles, 1.ª ed., 1848, II, p. 353.

8 El análisis crítico más actual de la tesis que propugna los sistemas tributarios de tipo progresivo lo han realizado F.D. Fagan, «Recent and Contemporary Theories of Progressive Taxation», J. P. E., XLVI, 1938, y E. Allix, «Die Theorie der Progressive Steuer», Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, IV, Viena 1928.

9 Recuerdo que mi maestro F. von Wieser, uno de los pioneros del moderno análisis de la utilidad marginal y padre de la expresión «utilidad marginal» ( Grenznutzen), consideraba que uno de sus principales logros era haber proporcionado una base científica para establecer un sistema tributario justo. El autor que en relación con ello ejerció la máxima influencia en el mundo de habla inglesa fue F.Y. Edgeworth; véase su Papers Relating to Political Economy, Londres 1925, II, especialmente pp. 234-270.

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA que hasta entonces venía siendo admitido sobre la base de postulados arbitrarios.10

Los últimos avances en la esfera de la utilidad y del valor soca-varon por entero los supuestos en que el argumento pretendía ampararse. Su poder dialéctico se ha debilitado por cuanto pocos creen hoy en la posibilidad de comparar la utilidad sentida por sujetos distintos,11 y, en parte, porque es muy dudoso que pueda aplicarse el concepto de la utilidad marginal decreciente al conjunto de la renta de una persona; es decir, si consideramos renta a la totalidad de beneficios que deriva del empleo de sus ingresos.

Partiendo del criterio, hoy prácticamente por todos aceptado, de que el valor es un concepto puramente relativo (es decir, que tan sólo se puede afirmar que una cosa vale más, menos o igual que otra, careciendo de sentido hablar de la utilidad de la cosa en sí), resulta que sólo se puede aludir a la utilidad (y a la utilidad decreciente) de la renta en relación con otro específico bien; por ejemplo, el descanso (o la evitación del esfuerzo). Si seguimos hasta sus últimas consecuencias la suposición de que la utilidad de la renta decrece en relación con el esfuerzo exigido, llegamos a curiosas conclusiones. En efecto, habremos de admitir que, a medida 10 En 1921, Sir Josiah Stamp (más tarde Lord Stamp) pudo afirmar ( The Fundamental Principles of Taxation, Londres 1921, p. 40) que «la imposición progresiva no quedó asentada sobre una base firme hasta que el aspecto sociológico de la teoría marginal no alcanzó su pleno desarrollo». Y, más recientemente, T. Barna, Redistribution of Incomes through Public Finance, Oxford University Press, 1945, p. 5, todavía pudo argumentar que «dada determinada cifra de renta nacional, es posible incrementar el bienestar general mediante la distribución igualitaria de la renta. Este argumento se fundamenta, por una parte, en la ley de disminución de la utilidad marginal de la renta y, por otra, en la presunción (basada en postulados de política democrática, más bien que en postulados económicos) de que las personas con idéntica renta poseen la misma capacidad de disfrute. Por añadidura, la doctrina económica generalmente aceptada niega que exista virtud en la frugalidad (tan facilitada por la existencia de grandes rentas) mientras exista desocupación, y, de esta forma, la principal justificación tradicional de la desigualdad de rentas y patrimonios cae por los suelos.»

11 Es probable que esta conclusión se considere firme a pesar de quienes objetan que la mayoría de nosotros tenemos puntos de vista individuales definidos sobre si determinada necesidad de una persona es mayor o menor que cierta necesidad de otra. El hecho de que tengamos una opinión a propósito de ello no implica en absoluto que exista base objetiva para decidir quién tiene razón cuando los individuos mantienen distintos puntos de vista sobre la relativa importancia de las diferentes necesidades. Tampoco existe evidencia de que tales opiniones hayan de coincidir.

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que crece la renta de una persona, habría también de aumentarse el incentivo dinerario correspondiente a determinado esfuerzo marginal. Ello posiblemente nos llevara a abogar por una imposición regresiva, pero no ciertamente a favor de la progresiva. No vale la pena, en verdad, proseguir por estos cauces mentales. No existe ya la menor duda de que acudir al concepto del valor para el análisis de los métodos tributarios constituye un craso error (en el que incurrieron algunos de los más eminentes economistas de aquella época), y que cuanto antes lo abandonemos será mejor.

III

CAMBIOS EN SU JUSTIFICACIÓN

Los partidarios de los sistemas tributarios basados en tarifas crecientes, en su mayoría, aseguraban durante la última parte del siglo xIx, que tan sólo deseaban alcanzar la igualdad de sacrificio, pero en modo alguno que fuera su objetivo la redistribución de las rentas. Afirmaban también que propugnaban tarifas impositivas

«moderadas», puesto que el empleo «excesivo» del sistema, como ocurrió en el siglo xV en Florencia (donde las tarifas alcanzaron hasta un 50 por 100), era absolutamente recusable. A pesar de que fracasaron cuantas tentativas se hicieron para hallar índices objetivos que permitieran fijar la tasa progresiva, y que tampoco se replicó debidamente al argumento de que, una vez aceptado el principio, se carecería de freno para detener aquella progresión, el debate, sin embargo, se contrajo a examinar específicas cuotas contributivas de muy escaso influjo sobre la distribución de la renta.

Cuanto se alegó en el sentido de que aquellos índices pronto serían rebasados, fue rechazado como argumentación maliciosa, revela-dora de reprensible desconfianza en la sabiduría democrática.

Fue en Alemania, entonces a la cabeza de la «reforma social», donde los partidarios de los sistemas tributarios a base de escalas progresivas vencieron por primera vez la resistencia que se les oponía, iniciándose la moderna evolución de tal régimen impositivo. En 1891, Prusia estableció un impuesto progresivo sobre la renta, cuyas tarifas oscilaban entre el 0,67 por 100 y el 4 por 100.

Rudolf von Heis, venerable dirigente del recién implantado

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA partido del Rechtsstaat, protestó en vano ante la Dieta, manteniendo que tal sistema tributario significaba el abandono del fundamental principio de la igualdad ante la ley, es decir, «del más sagrado principio de igualdad», puesto que constituye la única barrera que realmente protege la propiedad.12 Era de tan escasa cuantía la carga que el nuevo sistema impositivo entrañaba, que todo intento de combatirlo por razones de principio estaba condenado al fracaso.

Aun cuando algunos otros países continentales pronto se aden-traron por el camino que Prusia había marcado, fue necesario el transcurso de casi cuatro lustros para que la marea alcanzara a las grandes potencias anglosajonas. Sólo en 1910 y 1913 Gran Bretaña y los Estados Unidos establecieron impuestos sobre la renta a base de tarifas graduadas y fijaron los porcentajes, que entonces parecieron espectaculares, del 8,25 por 100 y 7 por 100, respectivamente. Tales tipos impositivos, sin embargo, en treinta años se han convertido en el 97 por 100 y 91 por 100.

Bastó, por tanto, una sola generación para que acaeciera lo que tercamente la mayoría de los partidarios de la fiscalidad a escala progresiva, durante cerca de medio siglo, habían asegurado no iba a suceder. Este cambio en las cifras absolutas de la escala transformó por completo la cuestión planteada, no sólo en cuanto al grado, sino en lo tocante a su propia naturaleza. En su consecuencia, cuantas alegaciones se habían formulado para justificar tales porcentajes impositivos invocando la capacidad de pago se abandonaron, y quienes venían abogando por el sistema volvieron al punto de partida y utilizaron en apoyo de su tesis la dialéctica que durante tanto tiempo se quiso eludir, ya que en verdad se buscaba provocar una más justa distribución de las rentas.13 De esta suerte, 12 Stenographische Berichte der Verhandlungen. . des preussischen Abgeordnetenhauses, 1898-99, II, p. 907: «Se traicionan los principios políticos de la igualdad cuando pasamos al problema de los impuestos progresivos. Incluso la democracia absoluta reniega de sus principios e ignora a cientos de miles de votos, cuando se trata de atacar más duramente a los ricos.».

13 Véase especialmente H.C. Simons, Personal Income Taxation, University of Chicago Press, 1938, pp. 17ss. Véase también A.T. Peacock, «Welfare in the Liberal State», The Unservile State, ed. G. Watson, Londres 1957, p. 117: «El apoyo que ciertos liberales prestan a medidas tales como la imposición progresiva no descansa en la creencia uti-litaria de que una libra esterlina extra es más ‘valiosa’ o ‘proporciona mayor utilidad’

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una vez más ha sido aceptado por la generalidad que los regímenes fiscales basados en la existencia de escalas progresivas no tienen otra justificación que el deseo de modificar la distribución de la riqueza y que tal dialéctica carece de soportes de carácter científico, puesto que se basa en postulados innegablemente políticos; no se trata, por tanto, sino de un módulo para llevar a cabo aquella distribución de rentas que la mayoría fija de modo arbitrario.

IV

LA IMPOSICIÓN PROGRESIVA

El gran incremento de los gastos públicos registrado en los últimos cuarenta años exigía introducir un régimen tributario basado en tarifas crecientes —se alega para justificar todo el proceso de que se ha hecho mérito—. De otra suerte —se añade—, una intolerable carga impositiva hubiera recaído sobre los pobres; y si se admite que es deber acudir en ayuda de los económicamente débiles, resulta inevitable implantar, en mayor o menor medida, un régimen tributario basado en la progresión. Tal razonamiento, al ser analizado, se transforma en puro mito. Los ingresos que provienen de las elevadas tarifas aplicadas a las grandes rentas, no sólo resultan de escasa cuantía en comparación con la recaudación total, sin suponer alivio perceptible a la carga que soportan el resto de los contribuyentes, sino que, durante mucho tiempo después de haber sido introducida la progresión impositiva, no resultaron beneficiados los más pobres; el beneficio recayó sobre las clases trabajadoras mejor dotadas y los bajos estratos de las clases medias, que suministraban el mayor número de votantes. En cambio, es más probable que la principal razón de que los impuestos se hayan incrementado tan rápidamente haya sido la ilusión de que la fiscalidad progresiva desplazaría la carga tributaria sobre la espalda de los ricos y, bajo la influencia de esta ilusión, las masas han aceptado, a su vez, soportar una presión fiscal mucho mayor de lo que habría ocurrido de producirse las cosas distintamente. En a un hombre pobre que a un hombre rico. Descansa en una positiva repugnancia hacia las grandes desigualdades de rentas y patrimonios.»

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA realidad, el único resultado tangible de esta política fiscal radica en la drástica limitación impuesta a los beneficios que pueden retirar quienes triunfan en la vida mercantil, lo cual satisface la envidia de los menos afortunados.

Los escasos ingresos que proporcionan los impuestos a escala progresiva en relación con la recaudación total (sobre todo, los derivados de las tarifas altamente punitivas aplicadas a las rentas de mayor volumen) se evidencia si procedemos a examinar unas pocas cifras correspondientes a Estados Unidos y Gran Bretaña. En lo que atañe a Norteamérica, aparece (año fiscal de 1956) que «toda la superestructura progresiva produce sólo alrededor del 17 por 100 de los ingresos totales derivados del impuesto sobre las rentas»

—aproximadamente, el 8,5 por 100 de todos los ingresos federales—, y que, del citado 17 por 100, «la mitad procede de individuos cuyas rentas oscilan entre 16.000 y 18.000 dólares, que integran el 50 por 100 del censo de contribuyentes, en tanto que la otra mitad proviene de ingresos y tarifas más altas».14 En cuanto a Gran Bretaña, con escala de progresión bastante más dura y carga fiscal proporcionalmente más elevada, aparece que «todo el recargo impositivo ( surtax), tanto sobre los ingresos de trabajo como de capitales, sólo produce alrededor del 2,5 por 100 de los ingresos públicos, y que si investigásemos cada libra de renta sobre las 2.000

anuales, únicamente encontraríamos netos un 1,5 por 100 extra de ingresos... Ciertamente, la contribución masiva al impuesto sobre la renta (en todas sus variantes) procede de contribuyentes entre 750 libras y 3.000 libras por año; es decir, que la aportación proviene del sector que comienza con los capataces y termina con los directores o con los funcionarios que acaban de ingresar con aquellos otros que se hallan al final de su carrera.»15

Hablando en términos generales, si se toman en conjunto los dos sistemas impositivos, resulta que lo percibido gracias a la progresión en ambos países oscila entre el 2,5 por 100 y 8,5 por 100 de 14 Facing the Issue of Income Tax Discrimination, Taxation Committee of the National Association of Manufacturers, ed. corregida y aumentada, Nueva York 1956, p. 14.

15 D.G. Hutton, «The Dynamics of Progress», en The Unservile State, pp. 184-85.

Hoy esto parece reconocerse incluso en los círculos del Partido Laborista; véase, por ejemplo, C.A.R. Crosland, The Future of Socialism, Londres 1956, p. 190.

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la exacción fiscal o entre el 0,5 por 100 y el 2 por 100 de la renta nacional. Estas cifras demuestran claramente que no es forzoso recurrir a la imposición progresiva para alcanzar elevados ingresos fiscales. Parece probable (aunque nadie pueda asegurarlo) que, bajo tal sistema, los ingresos que se obtienen son menores que la reducción de renta real que origina.

Demostrada la ilusoria condición de la creencia según la cual las elevadas cuotas percibidas de los ricos contribuyen en alto grado al ingreso fiscal total, no resulta menos erróneo el supuesto de que la progresión ha servido decisivamente para aliviar la carga de las clases más débiles, según atestigua lo acontecido en los países democráticos desde la instauración de tal régimen fiscal. Diferentes estudios efectuados en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Prusia concuerdan en que, por lo general, los contribuyentes de rentas medias, que proporcionan el mayor número de votantes, fueron los menos castigados; mientras que las rentas mínimas, a la par que los de rentas máximas, soportaban una carga total proporcionalmente mucho más pesada. Esta situación —que parece haber sido la prevalente en todas partes hasta la última guerra— refleja el caso de Gran Bretaña, donde en 1936-37, la carga impositiva total de las familias con dos hijos era el 18 por ciento para aquellos cuyas rentas anuales se cifraban en 100 libras, y disminuía gradualmente hasta un mínimo del 11 por ciento para 350

libras, para elevarse de nuevo al 19 por ciento tan sólo con 1000

libras.16 Estas cifras (y los datos similares de otros países) muestran claramente que, una vez abandonado el sistema proporcional, no 16 Véase G. Findlay Shirras y L. Rostas, The Burden of British Taxation, Cambridge University Press, 1943, p. 56. Los principales resultados de esta investigación se incluyen en el siguiente cuadro:

Tanto por ciento

Tanto por ciento

Renta

que absorbe la

Renta

que absorbe la

(£)

imposición fiscal

(£)

imposición fiscal

100

18

1.000

19

150

16

2.000

24

200

15

2.500

25

250

14

5.000

33

300

12

10.000

41

350

11

20.000

50

500

14

50.000

58

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA son los más necesitados quienes salen beneficiados, sino las clases que constituyen mayoría a la hora de votar; y también que todo lo que se obtuvo mediante la progresión pudo haberse logrado pre-sionando fiscalmente a los perceptores de rentas medias tan intensamente como se hace con los grupos más pobres.

Es indudable que, desde la última guerra, en Gran Bretaña y en todas partes, han aumentado las tarifas, haciendo progresiva en todos los casos la carga fiscal, y que, subsidiando determinados servicios, la renta de los estamentos más débiles se ha incrementado hasta un 22 por 100.17 (Adviértase que lo anterior es cierto en aquel aspecto que se puede cifrar, pues lo que en tales casos se maneja es el coste, no el valor del servicio correspondiente.) Pero los ingresos fiscales guardan escasa relación con el carácter progresivo de la imposición, procediendo, en cambio, de las cargas impuestas a quienes obtienen ingresos medios o poco superiores a los normales.

V

IMPUESTOS PROGRESIVOS Y DEMOCRACIA

La razón por la cual fallaron cuantas seguridades daban los partidarios de la progresión, en el sentido de que resultaría siempre moderada, estaba en que los argumentos aducidos en favor de una progresión moderada son igualmente aplicables cualquiera que sea el tipo establecido; así, el proceso de desarrollo de la misma ha Véase también los primeros comentarios en Report of the Committee on National Debt and Taxation, H.M. Stationary Office, 2.800, 1927; y para los Estados Unidos, G. Colm y H. Tarasov, Who Pays the Taxes? , monografía núm. 3 publicada por Temporary National Economic Committee, U.S. Government Printing Office, Washington 1941, y H. Adler,

«The Fiscal System. The Distribution of Income and Public Welfare», en Fiscal Policies and the American Economy, ed. K.E. Poole, Nueva York 1951; para Francia, H. Brochier, Finances Publiques et Redistribution des Revenus, París 1950, y para conclusiones similares, anteriores en el tiempo, concernientes a Prusia, véase F.J. Neumann, Die persönli-chen Steuern vom Einkommen, Tubinga 1896.

17 A.M. Carter, The Redistribution of Income in Postwar Britain, Yale University Press, 1955; véase también Income Redistribution and Social Policy, ed. A.T. Peacock, Londres 1954, y R.A. Musgrave, J.J. Carrol, L.D. Cooke y L. Frane, «Distribution of Tax Pay-ments by Income Groups; A Case Study for 1948», National Tax Journal, IV, 1951.

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ido más allá de lo que preveían los pronósticos más pesimistas de sus opositores.18 Los defensores de la progresión tal vez adviertan que, rebasado cierto límite, los daños que se originan al sistema económico son tales, que vedan todo ulterior incremento. Sin embargo, el argumento que se ampara en la supuesta justicia del orden progresivo no autoriza límite alguno a su imposición, según han reconocido una y otra vez los partidarios del mismo, mientras no queden íntegramente confiscadas las rentas superiores a una cierta cantidad y sin carga tributaria los ingresos inferiores a dicha suma. En contraste con el sistema fiscal proporcional, el progresivo no nos ofrece módulo alguno que permita determinar cuál deba ser la carga fiscal de cada uno. Supone adoptar medidas discriminatorias contra los ricos, sin criterio objetivo que permita determinar la onerosidad de las correspondientes normas. Porque

«no existe fórmula que nos indique cuál sea la tasa progresiva ideal»;19 puede afirmarse que sólo la novedad del sistema ha impe-dido que desde un principio se aplicara a base de tarifas punitivas.

Ninguna razón se opone a que la exacción de «un poco más» deje de considerarse justa y razonable. No entraña menosprecio de la democracia, ni desconfiar del buen criterio de los electores, el afirmar que, una vez establecido el sistema, será llevado a límites más graves de los en un principio deseados. Ni decimos que «las instituciones libres y representativas hayan fracasado»20 ni que «des-confiamos totalmente del sistema democrático»,21 sino que las democracias, si quieren ser justas, habrán de aprender la necesidad de atemperar sus acciones a principios generales. Lo que acontece a los individuos acontece también a las colectividades, con la 18 De todos estos pronósticos pesimistas, el más conocido es el de W.E.H. Lecky, Democracy and Liberty, nueva ed., Nueva York 1899, I, p. 347: «La imposición altamente progresiva da paso franco al máximo peligro para la democracia, pues origina una situación en la que una clase impone a otra cargas que aquélla no soporta e impele al Estado a lanzarse a vastos y extravagantes programas, suponiendo que el coste total podrá descargarse sobre las espaldas de la otra.»

19 Royal Commission on the Taxation of Profits and Income, Second Report, H.M. Stationary Office 9.105, epíg. 142.

20 El magistrado White, en Kowlton vs. Moore, 178, U.S., 41, 1900, citado por Blum y Kalven, como se indica en la nota 1 precedente.

21 E.R.A. Seligman, Progressive Taxation in Theory and Practice, 2.ª ed., Amer. Econo.

Asso., 1908, p. 298.

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA diferencia de que, tratándose de una mayoría, seguramente todavía será más incapaz que la persona individual a los efectos que a la larga han de producir; resultando, por tanto, a aquélla más importante que a ésta el guiarse por principios de índole general.

En el caso de la imposición progresiva, el principio en que se basa implica una abierta invitación a la discriminación, y, lo que es peor, a que la mayoría discrimine contra la minoría, con lo que el supuesto deseo justicialista se traduce en pura arbitrariedad.

Lo que más se precisa es una regla que, dejando abierta la posibilidad de que la mayoría se imponga tributos a sí misma para ayudar a la minoría no permita en cambio que la mayoría cargue sobre la minoría cualquier gravamen que estime conveniente. El que la mayoría, por el simple hecho de serio, se considere facultada para imponer a la minoría sacrificios que ella rechaza supone violar un principio de mayor trascendencia que el propio principio democrático, pues implica ir contra la justificación misma de la democracia.

Hemos visto antes (caps. X y XIV) que si las clasificaciones utilizadas por la ley no han de implicar privilegios ni discriminaciones, deben ampararse en diferencias que tanto los comprendidos en el correspondiente grupo como los excluidos consideren importantes. El gran mérito de la imposición proporcional consiste en que nos ofrece normas aceptables tanto para quienes contribuyen con mayores sumas, como para quienes soportan menores cargas tributarias, normas éstas que, además, no exigen establecer singula-rizadas reglamentaciones aplicables sólo a la minoría. Aun cuando el sistema progresivo no precisa nominatim sobre quiénes han de recaer las tarifas más elevadas, resulta discriminatorio, por cuanto permite desplazar el gravamen tributario de aquellos que lo fijan hacia terceros. En ningún sentido puede considerarse una escala progresiva como norma que afecte igualmente a todos los en ella comprendidos. No es posible afirmar que un impuesto del 20 por 100 sobre cierta renta supone igual carga que una cuota del 75 por 100 sobre otra superior. La progresión no ofrece criterio alguno que permita distinguir lo justo o injusto. No establece hito alguno para detenerse. Ese «buen juicio» de la gente, al que aluden los

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partidarios del sistema como única defensa,22 no es sino mero estado transitorio de opinión, formado por los últimos acontecimientos.

Las tarifas progresivas han sido incrementadas a ritmo tan rápido como consecuencia de otro fenómeno prevalente durante los últimos cuarenta años: la inflación. Nadie ignora hoy que el aumento de las rentas nominales, aunque las reales permanezcan invariadas, supone intensificar la carga tributaria. Por este camino, los componentes de aquellas mayorías que impusieron las tarifas discriminatorias se han visto, una y otra vez, víctimas de las mismas, pese a que en su día jamás creyeron pudieran afectarles. Este efecto lo consideran algunos como un mérito del sistema progresivo, ya que tiende a que se autocorrijan los efectos tanto de la inflación como de la deflación. Si el déficit presupuestario provoca inflación, los ingresos fiscales tenderán a aumentar, con lo que aquél se corregirá; por el contrario, si se registra superávit deflacio-nario, la situación de las cargas fiscales igualmente acabará supri-miéndolo. Ahora bien, es muy dudoso que, dadas las tendencias inflacionarias hoy en boga, haya de estimarse ventajoso semejante fenómeno. Las necesidades fiscales han constituido siempre la causa principal de la actividad inflacionaria; sólo la conciencia de lo difícil que es detener la inflación una vez puesta en marcha ha hecho en cierta medida cautelosos a los gobernantes. Pero con un sistema fiscal bajo el cual la inflación proporciona al erario unos ingresos más que proporcionalmente aumentados —mediante un disimulado incremento de las tasas contributivas que no precisa la anuencia de los cuerpos legislativos—, la presión inflacionista ha de resultar irresistible.

VI

PROPORCIONALIDAD FRENTE A PROGRESIVIDAD

A veces se arguye que la imposición proporcional es tan arbitraria como la imposición progresiva, y que, si se deja a un lado lo que 22 Véase el Report citado en la nota 18, epíg. 150.

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA parece mayor claridad matemática de la proporcionalidad, queda poco a favor del sistema. Sin embargo, en pro de la proporcionalidad militan argumentos de peso, con independencia de aquel al que acabamos de aludir, es decir, el de brindar una regla fija que resulta aceptable tanto para los que pagan más como para los que pagan menos. Todavía es muy cierto el viejo argumento según el cual, beneficiándose de los servicios públicos prácticamente todas las actividades económicas, el coste de tales servicios forma parte de cuanto consumimos y disfrutamos, de tal suerte que quienes poseen mayor cúmulo de bienes se aprovechan en mayor medida de los servicios estatales. Mayor importancia aún tiene el advertir que el impuesto proporcional no altera la relativa importancia de diferentes remuneraciones laborales. Tal afirmación no supone coincidencia plena con la antigua máxima que dice: «Ningún impuesto es bueno a menos que deje a los individuos en la misma posición relativa en que los encontró.»23 No nos referimos ahora a la respectiva importancia de las diferentes rentas individuales, sino a la relación entre las percepciones por servicios específicos, siendo tal aspecto de la cuestión de trascendencia económica. A diferencia de lo que puede decirse del mencionado aforismo, que para algunos incurre en petición de principio, el sistema proporcional no incide en el mismo vicio. Pueden existir diferencias de opinión en lo tocante a si la relación entre dos rentas permanece igual cuando se disminuyen en la misma suma o en la misma proporción. Pero no hay duda de que si las remuneraciones netas por dos servicios eran iguales o distintas antes de la imposición, siguen guardando la misma relación una vez que los impuestos han sido deducidos. Y es aquí donde los efectos de la imposición progresiva son notablemente diferentes de los de la imposición proporcional.

El uso que se haga de determinados bienes depende de la recompensa neta por los correspondientes servicios; y siendo ello así, para que tales bienes se exploten de modo eficiente, conviene que la remuneración de los correspondientes servicios quede proporcionalmente invariada de como el mercado la determinó. La 23 J.R. McCulloch, en el artículo citado en la nota 3 precedente, p. 162, y también en Treatise on Taxation, etc., p. 141. Posteriormente, la frase fue utilizada a menudo y aparece en F.A. Walker, Political Economy, 2.ª ed., Nueva York, 1887, p. 491.

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imposición progresiva altera sustancialmente esta relación al hacer que la remuneración por un servicio particular dependa —durante cierto periodo de tiempo, que habitualmente abarca un año— de las restantes ganancias del individuo. Si antes de la exacción fiscal un cirujano gana por una operación tanto como un arquitecto por hacer los planos de una casa, o un comerciante obtiene por la venta de diez coches tanto como un fotógrafo por hacer cuarenta retratos, la relación se mantiene idéntica siempre que los ingresos de los mencionados sujetos queden gravados mediante tributación de signo proporcional. Ahora bien, la imposición progresiva altera fundamentalmente tal estado de cosas. No sólo los servicios que antes de la exacción fiscal recibían la misma remuneración obtienen recompensas harto distintas, sino que, además, quien obtiene una alta retribución por determinados servicios puede, en definitiva, quedar con un ingreso real menor que quien originariamente obtuvo mucho menos por su intervención.

Lo anterior supone que la tributación progresiva desconoce el único principio de justicia económica universalmente admitido:

«A igual trabajo, igual retribución.» Por un mismo asunto dos abogados obtienen diferentes honorarios líquidos, según sea la cuantía del resto de sus ingresos; es decir, que los profesionales en cuestión obtendrán ganancias dispares por un esfuerzo similar.

Quien haya trabajado mucho, o aquel cuyos servicios se hallen altamente demandados, puede, en definitiva, percibir remuneración harto más menguada, por una actuación específica, que quien se ha dedicado al ocio o a prestar servicios no tan apreciados por los demás. Resulta, por ello, que, cuanto más valoran los consumidores las actuaciones de cierta persona, menos interés tiene ésta en ampliar sus actividades.

Este efecto sobre el incentivo —en el sentido vulgar del término—, aunque importante y frecuentemente subrayado, no es lo más dañoso de la imposición progresiva. La objeción estriba no tanto en que la gente trabajaría menos de lo que en otro caso hubiera trabajado, sino que, al alterarse la remuneración neta de las distintas actividades, desviaría sus energías hacia actividades de menor utilidad social. La circunstancia de que el impuesto progresivo hace variar las retribuciones de cualquier servicio según sea el tipo de salario, no sólo es fuente de injusticia, sino que además

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA supone un torpe aprovechamiento de los factores de producción disponibles.

No necesitamos detenernos en el análisis de las conocidas e insolubles dificultades que la tributación progresiva crea siempre que el esfuerzo (o la inversión) y la recompensa no coinciden, como, por ejemplo, ocurre cuando aquél se lleva a cabo con la esperanza de obtener logros distantes o inciertos; o sea, en resumen, cuantas veces la acción se concentra en una inversión arriesgada y a largo plazo. No es posible en la práctica promediar rentas, haciendo así justicia al autor, inventor, artista o actor que tras décadas de penosa labor cosecha los frutos en un periodo limitado.24

Tampoco es necesario examinar más a fondo los dañinos efectos de una dura fiscalidad progresiva en el clima apropiado para la realización de arriesgadas inversiones de capital. Es obvio que tal sistema tributario impide acometer audaces especulaciones que sólo merecen la pena porque en caso de éxito proporcionarán beneficios suficientes que compensen el peligro extraordinario de pérdida total. Es harto probable que, cuando con razón lamentamos

«que se están agotando las oportunidades para acometer nuevas inversiones, ello se deba, en gran parte, a la política fiscal que elimina numerosas actividades que el capital privado pudiera emprender provechosamente.»25

No profundizamos en el examen de las nocivas consecuencias que la tributación progresiva provoca en el incentivo y la inversión, a pesar de la importancia del tema, por cuanto, en su conjunto, sus repercusiones son bien conocidas. Hemos de dedicar 24 Véase la detallada discusión en Final Report of the Royal Commission on Taxation of Profits and Income, Londres, H. M. Stationary Office, 9.474, epíg. 186-207, y especialmente el epíg. 186: «Es inherente a la imposición progresiva que las exacciones incidan de manera diferente en las rentas regulares como en las que no lo son.»

25 Merece destacarse que los autores que más insistieron en el alegado «agota-miento de las oportunidades de inversión» piden ahora «que se refuerce la progresividad efectiva del impuesto sobre la renta», recalcando que «el problema más importante con que se enfrentan los políticos americanos hoy en día es la cuestión de la progresividad del impuesto sobre la renta», y argumentando seriamente que «nos hallamos ante una situación en la que el dólar marginal impositivo puede claramente producir mayor utilidad social que el dólar marginal gastado por el individuo» (A.H. Hansen, The Task of Promoting Economic Growth and Stability, comunicación a la National Planning Association, 20 de febrero de 1956).

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nuestro limitado espacio al estudio de otras derivaciones que, aunque la gente entiende menos, son también de gran trascendencia.

Entre ellas vale la pena destacar la que dificulta o impide la división del trabajo. Aparece sobre todo allí donde la actividad profesional no está organizada en plan de negocio, y muchos de los desembolsos que, de hecho, tienden a incrementar la productividad humana no cuentan como parte del coste. La tendencia al

«hágalo usted mismo» provoca los más absurdos resultados cuando, por ejemplo, cualquiera dedicado a actividades más productivas tiene que ganar veinte o incluso cuarenta veces más para poder remunerar a un tercero cuyo tiempo, por hora de servicio, es menos valioso que el suyo.26

También podemos aludir, brevemente, a la perniciosa influencia de la fiscalidad progresiva en la creación del ahorro. Aun cuando, hace veinticinco años, gozó de cierto predicamento la ale-gación de que se ahorraba en exceso, pocas personas con sentido de responsabilidad dudarán hoy que, si deseamos alcanzar, siquiera sea en parte, los objetivos que la gente persigue, es preciso disponer del mayor volumen de ahorro posible. La réplica del socialismo a quienes se preocupan de la repercusión de la tributación progresiva sobre la acumulación del ahorro no consiste ya en negar su necesidad, sino en argüir que tal acumulación incumbe a la comunidad, arbitrando los fondos necesarios mediante la exacción fiscal. El argumento, sin embargo, tan sólo sería válido si lo que se pretende es, a la larga, implantar el socialismo tradicional, es decir, la propiedad estatal de los medios de producción.

26 Esto parece haber conmovido incluso a un autor tan firmemente convencido de la justicia de la imposición progresiva, que quiso aplicarla a escala internacional; véase J.E. Meade, Planning and the Price Mechanism, Londres 1948, p. 40: «De esta forma, un buen escritor que en concepto de impuestos abona 19 chelines 6 peniques por cada libra esterlina (es decir, un 97,5 por 100) debe ganar 200 libras a fin de disponer del dinero suficiente para destinar cinco libras al servicio doméstico. Tal situación puede muy bien impulsarle a hacer por sí mismo el trabajo casero en vez de dedicar su tiempo a escribir. Únicamente si el trabajo de dicho autor, al escribir, es cuarenta veces más productivo que el trabajo casero, le compensará seguir escribiendo.»

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA VII

LA RENTA ESPECÍFICA COMO ÚNICA RECOMPENSA

Una de las principales razones de que la imposición progresiva haya llegado a aceptarse tan ampliamente es que la gran mayoría cree que unos ingresos adecuados constituyen la única forma justa y social de retribuir el esfuerzo de los individuos. No se suele rela-cionar el valor de los servicios prestados con la cuantía de los ingresos percibidos; se entiende que éstos deben ser suficientes para que el interesado pueda mantener un determinado nivel social. Refleja bien tal manera de pensar aquel argumento alegado en favor de la fiscalidad progresiva según el cual «nadie vale 10.000

libras esterlinas anuales, y, en nuestro actual estado de pobreza, cuando la mayoría de la gente no llega a ganar seis libras a la semana, sólo un puñado de personas realmente excepcionales merecen unos ingresos anuales superiores a las 2.000 libras esterlinas.»27 Resulta obvio que dicha pretensión carece de todo fundamento y se ampara tan sólo en la emoción y el prejuicio, pues la tesis equivale a proclamar que ninguna actuación a llevar a cabo en un año —o, lo que a estos efectos es lo mismo, en una hora—

puede valer para la comunidad más de 10.000 libras esterlinas. No cabe duda de que muchas actuaciones valen eso y mucho más. No existe la menor relación entre el tiempo consumido por la acción y su utilidad social.

La tesis que considera innecesarias y socialmente indeseables las grandes ganancias brota de la mentalidad de gente habituada a enajenar parte de su tiempo por un salario y que, en consecuencia, consideran normal percibir una emuneración fija por unidad de tiempo.28 No obstante, aunque tal forma de retribuir se haya impuesto en creciente número de actividades, la misma sólo es 27 W.A. Lewis, The Principles of Economic Planning, Londres 1949, p. 30; parece que el argumento fue utilizado primeramente por L.T. Hobhouse, Liberalism, Londres 1911, pp. 199-201, quien sugirió que la razón para la supertributación es «la duda respetable de si ciertos individuos son tan valiosos para la sociedad como la renta que por cualquier medio obtienen», y que «cuando lleguemos a rentas de alrededor de 15.000 libras esterlinas al año nos acercamos al límite del valor industrial de los individuos».

28 Véase D.M. Wright, Democracy and Progress, Nueva York 1948, p. 96: «Debe recor-darse que nuestras leyes del impuesto progresivo sobre la renta han sido ideadas y

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aplicable cuando se trata de personas que ceden su tiempo bajo dirección ajena o, al menos, actúan por y para un tercero. El sistema resulta inaplicable cuando de lo que se trata es de retribuir a quienes manejan recursos propios por su cuenta y riesgo, aspi-rando fundamentalmente a incrementar dichas riquezas a través de sus propias ganancias. Para tales personas la acumulación de bienes productivos es la base que les permite ejercitar su vocación, de la misma forma que la adquisición de cierta técnica y habilidad o determinados conocimientos constituye análogo presupuesto para el ejercicio de las profesiones. Mediante las pérdidas y ganancias, principalmente, se logra redistribuir el capital entre tales sujetos, siendo sólo secundaria la función de atender a su consumo personal. El creer que los ingresos personales se destinan al consumo ordinario —si bien es lo natural para el asalariado— resulta totalmente ajeno a quien pretenda crear una empresa. Incluso el concepto de ganancia en tales casos no es frecuentemente más que una mera abstracción estructurada a efectos puramente fiscales.

Nos hallamos ante una mera previsión de cuánto, dados sus planes, podrá consumir sin reducir su capacidad comercial. No creo que una sociedad compuesta principalmente por individuos «que trabajan por su cuenta» hubiera considerado los ingresos personales como una cosa tan automáticamente debida a cada ser humano, según nuestros contemporáneos lo entienden, y menos aún hubiera admitido la posibilidad de gravar las rentas por específicos servicios obtenidos con arreglo al lapso temporal en que las mismas se devengaron.

Es harto dudoso que una sociedad que no admite retribuciones superiores a aquellas que la mayoría considera justas y que vili-pendia la adquisición de fortunas en un corto lapso de tiempo pueda, a la larga, mantener el sistema de empresa privada. Difícilmente sería posible distribuir la propiedad de grandes empresas bien acreditadas entre gran número de pequeños accionistas, poniendo al frente de las mismas a directivos que desempeñarían una función intermedia entre el auténtico empresario y el mero empleado; pero la creación de nuevas entidades es y, sin duda, estudiadas, en su mayor parte, por personas que percibían ingresos fijos, en beneficio de otras personas que también viven de salarios fijos.»

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA siempre será tarea que sólo podrán realizar individuos con importantes capitales propios. Todo progreso, por lo general, tiene que ser patrocinado por unas pocas personas peritas en la materia de que se trate; no interesa que todo futuro progreso haya de conseguirse sólo por medio de entidades industriales y financieras ya establecidas.

La cuestión examinada guarda íntima relación con los efectos que la tributación progresiva provoca sobre un aspecto de la acumulación de capital distinto de los ya analizados y que se concreta en dilucidar a quién incumbe la misión de formar los nuevos capitales. Una de las ventajas del sistema de competencia consiste en que cualquier nueva operación arriesgada coronada por el éxito origina, por lo general, en un corto lapso de tiempo, grandes beneficios, que se convierten en los nuevos capitales indispensables para proseguir el proceso mercantil gracias a la actividad de quienes se hallan mejor situados para utilizarlos adecuadamente. Las cuantiosas ganancias del innovador que triunfaba ayer suponían que, demostrada su capacidad para provocar progreso, pronto podría el sujeto disponer de amplios medios para respaldar sus iniciativas. La acumulación de nuevo capital por ciertos empresarios, habida cuenta de las pérdidas que otros registran, ha de repu-tarse, con criterio realista, como manifestación de la continua redistribución del capital entre los empresarios. Gravar tales ganancias con cargas más o menos confiscatorias supone obstacu-lizar seriamente la trasferencia de capital, fuerza impulsora de una sociedad dinámica.

El dificultar la acumulación de capitales individuales impidiendo que se aprovechen las oportunidades de grandes ganancias tiene como consecuencia restringir grandemente la competencia. La fiscalidad progresiva, en general, favorece a las sociedades mercantiles, en detrimento del ahorro individual, y, sobre todo, fortalece la posición de las empresas ya existentes, en perjuicio de los nuevos competidores. De tal suerte, este sistema impositivo da origen a situaciones casi monopolísticas. Como quiera que, en la actualidad, «las cargas fiscales absorben la mayor parte de los beneficios excesivos obtenidos por el nuevo empresario, la presión tributaria le impide acumular capital y desarrollar convenientemente sus negocios; jamás podrá convertirse en un gran

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comerciante o industrial y luchar denodadamente contra la rutina y los viejos hábitos. Los antiguos empresarios no tienen que temer su competencia, la mecánica fiscal les cubre con su manto protector. Pueden, así, abandonarse a la rutina, fosilizarse en su conser-vadurismo, desafiar impunemente los deseos de los consumidores.

Cierto que la presión tributaria les impide también acumular nuevos capitales. Pero lo importante para los hombres de negocios ya situados es que se impida al peligroso recién llegado disponer de mayores recursos. En realidad, el mecanismo tributario les emplaza en posición privilegiada. De esta suerte, la imposición progresiva obstaculiza el progreso económico, fomentando la rigidez y el inmovilismo».29

La tributación progresiva provoca otra repercusión paradójica y que socialmente resulta más perniciosa, al perpetuar las desigualdades entre los humanos —no obstante su pretensión de combatirlas— y al eliminar la fundamental compensación que dicha desigualdad, ineludible dentro de una sociedad libre, tiene. Lo que enaltecía a las sociedades de mercado inadulterado era que los ricos no constituían castas cerradas e inaccesibles, puesto que, en un lapso de tiempo relativamente corto, quienes tenían éxito en el 29 L. von Mises, Human Action, Nueva York 1949, pp. 804-5. Véase también Colin Clark, Welfare and Taxation, Oxford 1954, p. 51: «Muchos de los defensores de los impuestos elevados son sinceros oponentes de los monopolios; sin embargo, si los impuestos fueran menos elevados, y especialmente si los beneficios no distribuidos estuviesen libres de gravamen fiscal, surgirían nuevos negocios que competirían activamente con los monopolios establecidos de antiguo. De hecho, los actuales niveles de imposición excesiva son una de las principales razones de que los monopolios sean hoy tan fuertes.» Asimismo, Lionel Robbins, en «Notes on Public Finance», Lloyds B.R. , octubre 1955, p. 10, dice: «El hecho de que haya llegado a ser tan difícil la acumulación incluso de una fortuna comparativamente pequeña tiene que producir un tremendo efecto sobre la organización de los negocios. Para mí no está nada claro que los resultados obtenidos sean de interés social. La inevitable consecuencia de tal política ¿no será que aumenten sin cesar las dificultades que se oponen al sano desarrollo de las actividades nuevas, en competencia con las empresas establecidas de antiguo, y que la acumulación de recursos, siempre en forma creciente, tenga lugar dentro del ámbito de las grandes sociedades mercantiles que, iniciadas en el pasado principalmente como empresas individuales, tuvieron ocasión de comenzar sus actividades antes de que se produjera la congelación de recursos?»

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA tráfico mercantil podían acumular grandes riquezas.30 Hoy, en cambio, las posibilidades de progresar socialmente en determinados países, como Gran Bretaña, son menores que en ningún otro momento desde que comenzó la Era Moderna. Consecuencia de ello es que la administración de una proporción cada vez mayor del capital mundial va pasando a manos de gentes que, si bien disfrutan de cuantiosos ingresos y de las correspondientes comodidades, nunca han regido por su cuenta y riesgo importantes capitales propios. Es harto dudoso que esto constituya una ventaja.

También es cierto que cuanto más difícil resulta enriquecerse, más carentes de justificación aparecen las fortunas ajenas. Planteadas así las cosas, la acción política ha de tender naturalmente a sus-traer tales fortunas de manos de los particulares, bien sea por el lento pero inexorable proceso de una fuerte contribución sobre las transmisiones hereditarias o por la pura confiscación. El sistema basado en la propiedad privada y en el control individual de los medios de producción implica que cuantos triunfan pueden adquirir bienes y patrimonio. En otro caso, incluso aquellos que hubieran llegado a ser los grandes capitalistas de su época se revuelven airados contra los ricos del momento.

VIII

LA MORAL Y LOS PRINCIPIOS DE ACCIÓN POLÍTICA

En aquellos países en los que el régimen impositivo sobre los ingresos ha introducido tipos más elevados, el afán igualitario toma cuerpo impidiendo que nadie pueda tener ingresos superiores a un cierto límite. (En Gran Bretaña, durante la última guerra, la renta neta máxima, detraída la carga fiscal, se fijó en 5.000 libras esterlinas aproximadamente, si bien dicho límite quedó atenuado al no reputar cargas imponibles los incrementos patrimoniales.) Dado que la tributación progresiva sobre las rentas muy elevadas apenas si influye en el total de los ingresos públicos, tal tipo de 30 Véase D.M. Wright, op. cit., pp. 96-103. Véase también J.K. Butters y J. Lintner, Effects of Federal Taxes on Growing Enterprises, Harvard Graduate School of Business, 1945.

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exacción tan sólo se justicia si se parte del supuesto de que nadie ha de disfrutar de grandes ingresos. Ahora bien, considerar grande o pequeña una renta depende de cuál sea el criterio de cada comunidad y, en última instancia, de la riqueza media de sus componentes. Cuanto más pobre sea un país, más bajas serán las rentas máximas permitidas y más difícil resultará a sus habitantes alcanzar ingresos que en países más ricos todo el mundo consideraría moderados. Una reciente propuesta formulada por la Comisión de Planificación de la India y rechazada por escasa mayoría evidencia hasta qué extremos se puede llegar en estas materias. Fijaba un techo de 6.300 dólares al año para las rentas integradas por toda clase de ingresos, y otro de 4.300 dólares para las denominadas rentas de trabajo.31 Las consecuencias del sistema son fácilmente previsibles de aplicarse en las diferentes regiones de un mismo país o en todo el mundo. Se comprueba así la ausencia de toda justificación moral en la pretensión de que la mayoría fije los ingresos máximos posibles y el error en que inciden quienes creen estar así beneficiando a las masas. ¿Puede nadie dudar que los países pobres, impidiendo la aparición de gentes ricas, no hacen sino retrasar y dificultar la elevación del nivel general de vida? Si tal principio se aplica en los países subdesarrollados, ¿qué razón hay para que no opere en los denominados países ricos?

En última instancia, el problema que plantea la imposición progresiva es de tipo ético. En un régimen democrático, lo que interesa dilucidar es si la opinión pública continuaría apoyando este sistema fiscal una vez que la gente se percatara de su real contenido. No hay duda que tal sistema busca justificación en argumentos que todos rechazarían si fueran objetivamente expuestos. Es injusto pretender que a la mayoría le está permitido transferir, mediante discriminación, las cargas fiscales a la minoría; que un mismo servicio pueda retribuirse de forma diferente según quien lo preste; y que todo un estamento, simplemente por tener unos ingresos distintos a sus semejantes, se vea privado de los incentivos y compensaciones que proporciona el actuar de otros. Es más: si tomamos en consideración el despilfarro de energía que supone 31 Véase el informe en el New York Times de 6 de enero de 1946, p. 24.

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA su mantenimiento, resulta difícil creer en la imposibilidad de convencer a la gente razonable de la conveniencia de su supresión.32

En este orden de cosas, sin embargo la experiencia pone de manifiesto con qué rapidez el hábito embota el sentido de justicia y eleva a principio lo que en realidad no tiene más fundamento que la envidia.

Si se desea implantar un régimen fiscal razonable, es obligado respetar la norma siguiente: la propia mayoría que fijó el importe total de las cargas fiscales ha de soportar, a su vez, el porcentaje máximo impositivo. No hay razón alguna, en cambio, que se oponga a que la mayoría aludida pueda mejorar la suerte de la minoría económicamente más débil rebajándole proporcionalmente su cuota contributiva. El evitar que la progresividad fiscal se imponga con carácter regresivo resulta difícil por cuanto, según veíamos, cierta progresividad en los impuestos sobre la renta tal vez estuviera justificada al objeto de compensar los efectos provocados por la tributación indirecta. ¿Existe algún mecanismo con probabilidades de ser bien acogido por la opinión pública capaz de contener aquella tendencia inherente al sistema progresivo de rebasar todos los límites una vez establecido? En mi opinión, tal propósito no se alcanzará fijando un tope máximo a las tarifas ini-cialmente decretadas. Cualquier porcentaje es tan arbitrario como el principio mismo de la progresión, y sería alterado, sin la menor dificultad, tan pronto como apareciera la necesidad de obtener mayores ingresos fiscales.

Lo indispensable es establecer un principio que marque un límite máximo de los impuestos directos en relación con la carga fiscal en su conjunto. La mejor norma sería aquella que fijara un porcentaje máximo (marginal) de impuestos directos igual al 32 Muchas de las rúbricas que se cargan en cuenta a las empresas, como gastos deducibles de representación y demás, son consecuencia indirecta de la imposición progresiva, puesto que sin ésta, las entidades tendrían interés en que los administradores abonaran los gastos de representación con cargo a su propio peculio. Asimismo, el coste legal de la imposición progresiva es mucho más grande de lo que comúnmente se cree. Véase Blum y Kalven, op. cit., p. 15: «Destaquemos cuánta parte del trabajo diario del abogado en el campo del impuesto sobre la renta deriva del simple hecho de que el impuesto sea progresivo. Quizá la mayoría de los problemas o bien tienen su origen en ese hecho o están agravados por el mismo.»

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porcentaje de la renta nacional que el Estado absorbe con sus gastos. Es decir, que si la fiscalidad detrae el 25 por 100 de la renta nacional, los impuestos directos no deben superar el 25 por 100 de la renta individual. Cuando por razones de seguridad nacional surja la necesidad de aumentar tal porcentaje, en igual medida se aumentará la proporción asignada a tales impuestos, y habrá de reducirse igualmente cuando la carga impositiva total disminuya.

El método indicado todavía daría lugar a cierta progresividad en la mecánica tributaria, pues quienes pagaran las tasas impositivas máximas no habrían dejado de abonar ciertos impuestos indirectos, con lo cual su total contribución resultaría superior a la media nacional. Tendría además la ventaja de que cada presupuesto supondría la previa fijación del porcentaje de la renta nacional que el gobierno se propone absorber con sus gastos. Tal porcentaje nos daría el tipo general de la contribución sobre las rentas, tipo que para los de menores ingresos sería reducido proporcionalmente a los impuestos indirectos por ellos abonados. Ello daría lugar a una ligera progresividad con la que, sin embargo, la tasa impositiva marginal aplicada a las mayores rentas no superaría a la tasa media impositiva más que en las sumas pagadas por impuestos indirectos.

LIBERTAD Y LIBERTADES*

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“El mundo no ha tenido nunca una acertada definición de la palabra libertad, y justamente ahora el pueblo americano necesita mucho esa definición. Todos nos pronunciamos por la libertad, pero cuando usamos la misma palabra no le damos idéntico significado… Existen dos cosas no solamente diferentes sino incompatibles, que designamos con el término «libertad».”

Abraham Lincoln1

1. La libertad como ausencia de coacción

Esta obra hace referencia a aquella condición de los hombres por la que la coacción que algunos ejercen sobre los demás queda reducida, en el ámbito social, al mínimo. Tal estado lo describiremos a lo largo de nuestra investigación como estado de libertad2.

* Fundamentos de la libertad, Capítulo I, Unión Editorial, 10.ª ed., Madrid 2020, pp. 31-46.

1 La cita procede de The Writings of Abraham Lincoln, Nueva York 1906, VII, p. 121.

Véase la queja similar de Montesquieu en su Espíritu de las Leyes, XI, 2, vol. I, p. 149: «…

no hay palabra que admita más variadas significaciones ni que haya producido más diversas impresiones en la mente humana que la de libertad. Algunos la toman como medio de desplazar a una persona a la que han conferido una autoridad despótica; otros, como poder de elegir un superior al que están obligados a obedecer; otros, como derecho a llevar armas, del que se deduce el de hacer uso de la violencia; otros, para terminar, como privilegio de ser gobernados por una persona nacida en su propio país o por sus propias leyes.»

2 No parece que exista gran diferencia entre el significado de las palabras freedom y liberty, y las emplearé indistintamente. Aun cuando prefiero la primera, parece ser que liberty se presta menos a equivocadas interpretaciones. F.D. Roosevelt no hubiera podido emplear esta última para aquel «noble equívoco» (Joan Robinson, Private Enterprise or Public Control, I, 1943) de incluir freedom from want en su concepto de la libertad.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XX, n.º 2, Otoño 2023, pp. 401 a 419

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Como esta palabra también ha sido usada para describir muchas otras circunstancias de la vida, no sería oportuno comenzar preguntando lo que realmente significa3. Parece mejor declarar primero la condición que queremos significar cuando la utilizamos, y considerar los restantes significados únicamente con vistas a definir más certeramente lo que hemos aceptado.

El estado en que un hombre no se halla sujeto a coacción derivada de la voluntad arbitraria de otro o de otros4 se distingue a menudo como libertad «individual» o «personal», y cuantas veces pretendamos recordar al lector que utilizamos la palabra «libertad» en tal sentido, emplearemos dicha expresión. En ocasiones, el término «libertad civil» se utiliza con idéntica significación, pero debemos evitarlo porque se presta demasiado a ser confundido con la denominada «libertad política»; inevitable confusión que se deduce del hecho de que lo «civil» y lo «político» derivan, respectivamente, de palabras latinas y griegas que significan lo mismo5.

3 El valor limitado de incluso un análisis semántico muy agudo del término freedom queda bien ilustrado por M. Cranston, Freedom: A New Analysis, 1953. Los lectores que deseen comprobar de qué manera se atan los filósofos a causa de sus curiosas definiciones del concepto encontrarán muy luminosa la aportación de M. Cranston. Para un examen más ambicioso de los distintos significados de la palabra, véase Mortimer Adler, The Idea of Freedom: A Dialectical Examination of the Conceptions of Freedom, Nueva York 1958, cuyo borrador he tenido el privilegio de examinar, e incluso un trabajo más amplio de H. Ofstad, cuya publicación ha anunciado la Oslo University Press.

4 Véase J. Bentham, The Limits of Jurisprudence Defined, editado por C. W. Everett, Columbia University Press, 1945, p. 59: «La libertad, por tanto, es de dos o más clases, de acuerdo con los sectores de los que puede proceder la coacción que constituye precisamente la ausencia de libertad.» Véase también M. Schlick, Problems of Ethics, Nueva York 1939, p. 149; F.H. Knight, «The Meaning of Freedom», en The Philosophy of American Democracy, ed. C.M. Perry, University of Chicago Press, 1934, p. 75: «El significado primario de libertad en la sociedad… es siempre un concepto negativo, mientras que la coacción constituye el término que realmente debe definirse.» Véase asimismo la discusión más completa del mismo autor en «The Meaning of Freedom», Ethics, LII, 1940, y «Conflicts of Values: Freedom and Justice», en Goals of Economic Life, edición A.

Dudley Ward, Nueva York 1953; asimismo, F. Neumann, The Democratic and the Authoritarian State, Glencoe, Ill, 1957, p. 202: «La fórmula libertad igual a ausencia de coacción es todavía correcta… De esta fórmula se deduce fundamentalmente todo el sistema legal racional del mundo civilizado… Nunca debemos renunciar a este elemento del concepto de libertad.» Y C. Bay, l. c., p. 94: «Entre todos los objetivos de la libertad aquel que busca la máxima oposición a la coacción debe tener prioridad.»

5 La expresión «libertad civil» parece utilizarse a menudo con respecto a esos ejercicios de la libertad individual particularmente significativos para el funcionamiento

LIBERTAD Y LIBERTADES

Incluso nuestro ensayo indicativo de lo que queremos significar por «libertad» habrá demostrado que describe un estado al que el hombre, viviendo entre sus semejantes, acaricia la esperanza de aproximarse lo más posible, pero que difícilmente puede aspirar a conseguir perfectamente. La tarea de una política de libertad debe, por tanto, consistir en minimizar la coacción o sus dañosos efectos e incluso eliminarlos completamente, si es posible.

De lo expuesto se deduce que el significado de libertad que hemos adoptado parece ser el original de la palabra6. El hombre, o al menos el hombre europeo, entra en la historia dividido en libre y esclavo. Y esta distinción tiene un significado muy concreto. La libertad del libre puede haber diferido ampliamente, pero siempre dentro de un grado de independencia que el esclavo en modo alguno poseyó. Significó en todo momento la posibilidad de que una persona actuase según sus propias decisiones y planes, en contraste con la posición del que se hallaba irrevocablemente sujeto a la voluntad de otro, quien, de modo arbitrario, podía coaccio-narle para que actuase o no en forma específica. La expresión que el tiempo ha consagrado para describir esta libertad es, por tanto,

«independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero».

Este viejísimo significado de la «libertad» se ha descrito a veces como expresión más bien vulgar. Pero si consideramos la confusión de la democracia, tales como la libertad de palabra, de asamblea y de prensa, y en los Estados Unidos especialmente con referencia a las oportunidades garantizadas por la Declaración de Derechos ( Bill of Rigths). Incluso el término «libertad política» se utiliza en ocasiones, especialmente en contraste con el de «libertad interior», no para describir la libertad colectiva, como debiéramos emplearlo, sino para describir la libertad personal. Sin embargo, aunque este uso cuenta con la sanción de Montesquieu, hoy en día no puede originar otra cosa que confusión.

6 Véase Barker, Reflections on Government, Oxford University Press, 1942, p. 1:

«Originalmente libertad significó la cualidad o condición del hombre libre o del trabajador libre en contraposición a la del esclavo.» Parece ser que, etimológicamente, la raíz teutónica de free (libe) describía la posición de un miembro protegido de la comunidad (cfr. G. Eckel, «Adel und Gefolgschaft», Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, XLI, 1916, especialmente p, 403: «En su origen se decía que era libre el hombre que tenía protección y amparo jurídico.» Véase también O. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte, II/2, Die Urzeit, 3.ª ed., Jena 1907, p. 294, y A. Waas, Die alte deutsche Freiheit, Munich y Berlín 1939, pp. 10-15). Similarmente, el vocablo latino liber y el griego eleu-theros parecen derivar de palabras que denotan pertenencia a la tribu. La significación de esto aparecerá más tarde cuando examinemos la relación entre libertad y ley.

FRIEDRICH A. HAYEK

que los filósofos han originado con sus intentos de mejorarlo o depu-rarlo, lo mejor que podemos hacer es aceptarlo. Sin embargo, más importante que estemos ante el significado original es que se trate de un significado preciso y que describa una cosa y sólo una cosa: un estado apetecible por razones diferentes de aquellas que nos hacen desear otras cosas también denominadas «libertad». Veremos que, estrictamente hablando, esas varias «libertades» no son diferentes especies del mismo género, sino condiciones enteramente distintas, a menudo en conflicto unas con otras, y que, por tanto, deberían ostentar claras diferenciaciones. Aunque en algunos de los restantes sentidos pudiera ser legítimo hablar de diferentes clases de libertad, tales como «libertad de» y «libertad para», en nuestro sentido la «libertad» es una, variando en grado pero no en clase.

En dicho último sentido, la «libertad» se refiere únicamente a la relación de hombres con hombres7, y la simple infracción de la misma no es más que coacción por parte de los hombres. Esto significa, en particular, que la ponderación de las posibilidades físicas en virtud de las cuales una persona puede elegir en un momento dado no tiene directa relevancia para la libertad. El montañero que escala un pico difícil y que ve sólo un camino para salvar su vida es incuestionablemente libre, aunque difícilmente podría decirse que tiene posibilidad de elección. Asimismo, la mayoría de las gentes tendrán todavía la suficiente conciencia del significado original de la palabra «libre» para comprender que, si aquel montañero cayese dentro de una gruta y fuese incapaz de salir de ella, sólo en sentido figurado podría decirse que carecía de libertad, y que 7 Véase T.H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation, nueva impresión, Londres 1911, p. 3: «En lo que respecta al sentido dado a la libertad, desde luego debe admitirse que todo uso del término que exprese algo que no sea una relación social y política de un hombre con otro entraña una metáfora. Incluso en su aplicación original, su sentido no está en absoluto fijado. Ciertamente siempre implica alguna exención de la coacción que proviene de otros; sin embargo, la extensión y condiciones de tal exención disfrutada por el hombre libre en los diferentes estados de la sociedad son muy numerosas. Tan pronto como el término libertad se aplica a cualquier cosa que no sea una relación establecida entre el hombre y los restantes hombres, su sentido fluctúa todavía más.» También L. von Mises, Socialism, nueva edición, Yale University Press, 1951, p. 191, dice que «la libertad es un concepto sociológico. Carece de sentido aplicarlo fuera de la sociedad». Y en la p. 194: «Entonces, esto es la libertad en la vida externa del hombre: la independencia del poder arbitrario de sus semejantes.»

LIBERTAD Y LIBERTADES

referirse a él como «despojado de la libertad» o «mantenido en cau-tiverio» sería utilizar dichos términos en un sentido diferente del que se les concede en las relaciones sociales8.

La cuestión de cuántas vías de acción se abren a la persona es, desde luego, muy importante. Ahora bien, también es algo muy diferente de hasta qué punto puede aquélla seguir sus propios planes e intenciones en su actuación y en qué medida el patrón de su conducta es de su propio diseño, dirigido hacia fines para los que ha estado forzándose persistentemente, más bien que hacia necesidades creadas por otros con vistas a hacer de ella lo que quieran. El que una persona sea libre no depende del alcance de la elección, sino de la posibilidad de ordenar sus vías de acción de acuerdo con sus intenciones presentes o de si alguien más tiene el poder de manipu-lar las condiciones hasta hacerla actuar según la voluntad del orde-nancista más bien que de acuerdo con la voluntad propia. La libertad, por tanto, presupone que el individuo tenga cierta esfera de actividad privada asegurada; que en su ambiente exista cierto conjunto de circunstancias en las que los otros no pueden interferir.

Esta concepción de libertad solamente puede precisarse más tras examinar el referido concepto de coacción, tarea que llevare-mos a cabo sistemáticamente después de considerar por qué es tan importante la libertad en cuestión; pero incluso antes de intentar dicha labor, acometeremos la de delinear el carácter de nuestro concepto algo más precisamente, contrastándolo con los otros significados que la palabra libertad ha adquirido. Tales significados tienen una cosa en común con el significado original, y es que también describen estados que la mayoría de los hombres miran como deseables. A su vez, entre los distintos significados existen otras conexiones que recurren a la misma palabra9. Nuestra inmediata 8 Véase F.H. Knight, «Discussion: The Meaning of Freedom», Ethics, LII, 1940, p.

93: «Si Crusoe hubiera caído en un foso o se hubiera perdido en la jungla, ciertamente habría sido correcto hablar de que se liberaba o de que volvía a ganar su libertad, y lo mismo podría aplicarse a un animal.» Esto puede muy bien constituir un uso establecido, pero, sin embargo, se refiere a otro concepto de la libertad distinto del de la ausencia de coacción que el profesor Knight defiende.

9 Una razón puramente lingüística de la transferencia de «libre» y de sus correspondientes sustantivos a varios usos parece haber sido la carencia en inglés (y, al parecer, en todas las lenguas germánicas y románicas) de un adjetivo que pueda utilizarse

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tarea, por tanto, debe ser destacar las diferencias tan agudamente como nos sea posible.

2. Contraste con la libertad política

El primer significado de «libertad» con el que debemos contrastar nuestro uso de dicho término es uno cuya precisión está generalmente reconocida. Se trata de lo que comúnmente se denomina

«libertad política», o sea la participación de los hombres en la elección de su propio gobierno, en el proceso de la legislación y en el control de la administración. Dicha idea deriva de la aplicación de nuestro concepto a grupos de hombres tomados en conjunto a los que se otorga una especie de libertad colectiva. Sin embargo, en este específico sentido un pueblo libre no es necesariamente un pueblo de hombres libres; nadie necesita participar de dicha libertad colectiva para ser libre como individuo. Difícilmente puede sostenerse que los habitantes del distrito de Columbia o los extranjeros residentes en los Estados Unidos o las personas demasiado jóvenes para ejercer el derecho de voto no disfrutan de completa libertad personal porque no participan de la libertad política10.

generalmente para indicar la ausencia de algo. Devoid (libre, exento) o lacking (carente, necesitado, falto) se emplean generalmente tan sólo para expresar la ausencia de algo deseable o normalmente presente. No existe el correspondiente adjetivo (distinto de free of —libre de—) para describir la ausencia de algo indeseable o ajeno a un objeto.

Por tanto, en inglés, generalmente se dice que algo está free of (libre de) impurezas, vicios o corrupción y, por tanto, libertad viene a significar la ausencia de algo indeseable. Análogamente, siempre que queremos expresar algo que actúa por sí mismo, indeterminado o carente de influencias producidas por factores externos, hablamos de algo que está free of (libre de) influencias, anormalmente relacionadas con ello. En términos científicos, hablamos incluso de «grados de libertad» cuando hay varias posibilidades entre las cuales los determinantes conocidos o presumidos no deciden. Véase Cranston, op. cit., p. 5.

10 Todos éstos tendrían que ser descritos como faltos de libertad por H.J. Laski, quien argumentó ( Liberty in the Modern State, nueva edición, 1948, p. 61) que «los derechos políticos son esenciales para la libertad, y un ciudadano excluido de los mismos carece de libertad». Al definir similarmente la libertad, H. Kelsen («Foundations of Democracy», Ethics, LXVI, 1955, p. 94) llegó triunfalmente a la conclusión de que «los intentos de demostrar una relación esencial entre libertad y propiedad… han fracasado», aunque todos los que han argumentado en favor de tal relación hayan hablado de libertad individual y no de libertad política.

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Sería también absurdo argumentar que los jóvenes que inician su vida activa son libres porque han prestado su consentimiento al orden social dentro del cual nacieron: un orden social cuya alternativa probablemente no conocen y que incluso toda una generación que pensara diferente de sus padres podría alterar solamente después de haber alcanzado la edad de la madurez. Sin embargo, esto ni les ata ni necesita atarles. La relación que a menudo se busca entre tal consentimiento del orden político y la libertad individual es una de las fuentes corrientes de confusión del significado de esta última. Desde luego, cualquier individuo tiene derecho a

«identificar la libertad… con el proceso de participación activa en el poder público y en la pública elaboración de las leyes»11. Únicamente debe aclararse que todo el que procede así alude a un estado distinto del aquí referido, y que el uso vulgar de la misma palabra para describir tan diferentes condiciones no significa que la una sea en cualquier sentido el equivalente o el sustitutivo de la otra12.

El peligro de confusión radica en que se tiende a oscurecer el hecho de que una persona por sí pueda consentir su esclavitud y de esta forma admitir su renuncia a la libertad en el sentido originario de la misma. Sería difícil mantener que un hombre que voluntaria, pero irrevocablemente, hubiera vendido sus servicios, por un largo periodo de años, a una organización militar tal como la Legión Extranjera, en virtud de tal acto continuase libre en el sentido que nosotros damos a la libertad, o que un jesuita que, viviendo para los ideales del fundador de su orden, se considerase a sí mismo «como un cadáver sin inteligencia ni voluntad», pudiera también ser descrito como libre13. Quizá el hecho de haber visto a millones de seres 11 E. Mims Jr., The Majority of the People, Nueva York, p. 170.

12 Véase Montesquieu, El espíritu de las leyes, vol. I, XI, 2: «Como en las democracias el pueblo parece actuar casi como le place, esta clase de gobierno se ha confundido con la libertad de aquél.» También J.L. De Lolme, en The Constitution of England, nueva edición, Londres 1800, p. 240: «Concurrir con el propio sufragio a la promulgación de leyes es disfrutar de una parte del poder, de la clase que sea; vivir en un estado donde las leyes son iguales para todos y donde se cuenta con la seguridad de que serán ejecutadas… es ser libre.» Véase también los pasajes citados en las notas 2 y 5 del cap. VII.

13 La completa descripción del verdadero estado mental de un jesuita citado por William James, según una de las cartas de Ignacio de Loyola ( Varieties of Religious Experience, Nueva York y Londres 1902, p. 314), es como sigue: «En las manos de mi superior debo ser cera blanda, algo de donde éste obtenga lo que le plazca, sea ello escribir o

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votar su completa subordinación a un tirano haya hecho comprender a nuestra generación que la elección del propio gobierno no asegura necesariamente la libertad. Por añadidura, parecería obtuso discutir el valor de la libertad si cualquier régimen aprobado por el pueblo fuera por definición un régimen de libertad.

La aplicación del concepto de libertad en sentido colectivo más bien que en sentido individual se aclara cuando hablamos de los deseos de un pueblo de liberarse del yugo extranjero y de determinar su propio destino. En este caso utilizamos «libertad» en sentido de ausencia de coacción de un pueblo como tal. Los partidarios de la libertad individual han simpatizado generalmente con tales aspiraciones de independencia nacional, y ello ha conducido a la constante pero incómoda alianza entre los movimientos nacionales y liberales durante el siglo XIX. Pero aunque el concepto de independencia nacional sea análogo al de la libertad individual, no es el mismo, y el esfuerzo para conseguir la primera no siempre se ha traducido en un acrecentamiento de la segunda. A veces tal esfuerzo ha llevado a un pueblo a preferir el déspota de su propia raza al gobierno liberal de la mayoría extranjera, y a menudo ha facilitado el pretexto para despiadadas restricciones de la libertad individual de los miembros de las minorías. Incluso aunque el deseo de libertad del individuo y el deseo de libertad del grupo al cual pertenece descansen a menudo en emociones y sentimientos iguales, es todavía necesario mantener los dos conceptos claramente diferenciados.

3. Contraste con la «libertad interior»

Otro significado diferente de «libertad» es el de «interior» o «metafísica» (y a veces también «subjetiva»)14. Se trata de algo que quizá recibir cartas, hablar o no hablar a tal persona o algo por el estilo. Debo poner todo mi fervor en la celosa y exacta ejecución de lo que se me ordene. Debo considerarme como un cadáver, sin inteligencia ni voluntad; igual que una masa de materia que sin ninguna resistencia se coloca donde le place a cualquiera; como un bastón en las manos de un ciego que lo usa de acuerdo con sus necesidades y lo pone donde le conviene. Así debo ser en manos de la Orden para servirla en la forma que ésta juzgue más útil.»

14 La diferencia entre este concepto de «libertad interior» y libertad en el sentido de ausencia de coacción fue claramente percibida por los escolásticos medievales, quienes agudamente distinguían entre libertas a necessitate y libertas a coactione.

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está más íntimamente emparentado con la libertad individual y, por lo tanto, se confunde más fácilmente con ella. La libertad de que ahora nos ocupamos se refiere a la medida en que una persona se guía en sus acciones por su propia y deliberada voluntad, por su razón y permanente convicción más bien que por impulsos y circunstancias momentáneas. Sin embargo, lo opuesto a «libertad interior» no es la coacción ajena, sino la influencia de emociones temporales, la debilidad moral o la debilidad intelectual. Si una persona no acierta a hacer lo que después de sobrias reflexiones ha decidido, si sus intenciones o fortaleza le fallan en el momento decisivo y no lleva a cabo lo que en cierta medida todavía desea hacer, debemos afirmar que no es libre, que es «esclava de sus pasiones». Ocasionalmente utilizamos dichos términos cuando decimos que la ignorancia o la superstición impiden a los hombres hacer lo que deberían hacer si estuvieran mejor informados y, por lo tanto, proclamamos que «el conocimiento hace libre».

El que una persona sea o no capaz de escoger inteligente-mente entre distintas alternativas o de adherirse a la resolución adoptada es un problema distinto del de si otras gentes le impon-drán su voluntad. No obstante, claramente se vislumbra que no deja de haber cierta conexión entre tales planteamientos, puesto que las condiciones que para unos constituyen coacción son para otros meras dificultades ordinarias que han de superarse de acuerdo con la fuerza de voluntad de las personas afectadas. En esa medida la «libertad interior» y la «libertad» en el sentido de ausencia de coacción determinarán conjuntamente hasta dónde una persona se aprovechará de su conocimiento de las oportunidades. Es muy importante mantener los dos conceptos independientes, por la relación que el de «libertad interior» tiene con la confusión filosófica que deriva del término «libre albedrío».

Pocas creencias han hecho más para desacreditar el ideal de libertad como la errónea de que el determinismo científico ha destrozado las bases de la responsabilidad individual. Más adelante (en el capítulo V) consideraremos tales conclusiones con amplitud. Ahora no pretendemos otra cosa que poner al lector en guardia contra ese especial confusionismo y contra el mencionado sofisma de que sólo somos libres si en cierto sentido hacemos lo que deberíamos hacer.

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4. Contraste con la libertad como poder

Ninguna de las confusiones de la libertad individual con diferentes conceptos designados por la misma palabra es tan peligrosa como la que corresponde a un tercer uso de la palabra al cual ya nos hemos referido brevemente: el empleo de «libertad» para describir la facultad física de «hacer lo que uno quiera»15, el poder de satisfacer nuestros deseos o la capacidad de escoger entre las alternativas que se abren ante nosotros. Esta clase de «libertad» aparece en los sueños de muchas gentes en forma de ilusión de volar. Se les antoja que están liberados de la fuerza de la gravedad y que pueden moverse «tan libres como un pájaro» hacia donde deseen, o que tienen el poder de alterar a su conveniencia el mundo que les rodea.

Tal metafórico uso de la palabra fue frecuente durante mucho tiempo; pero hace relativamente pocos años no abundaban los que confundían formalmente esta «libertad» sin cortapisas, esta libertad que significa omnipotencia, con la libertad individual que un orden social puede asegurar. Sólo cuando tal confusión fue deliberadamente cultivada como integrante de los argumentos socialistas se hizo peligrosa. Una vez que se admite la identificación de libertad con poder, no hay límites a los sofismas por los que el atractivo que ejerce la palabra libertad se utiliza como justificación de medidas que destrozan la libertad individual16, como tampoco se les ve 15 Bárbara Wootton, Freedom under Planning, Londres 1945, p. 10. El más temprano uso explícito de libertad en el sentido de poder que conozco está en Voltaire, Le Philo-sophe ignorant, XIII, citado por B. de Jouvenel, De la Souverainité, París 1955, p. 315; dice así: «Être véritablemente libre, c’est pouvoir. Quand je peux faire ce que je veux, voilà ma liberté.» Parece que desde entonces ha estado siempre íntimamente asociado con lo que más tarde (capítulo IV) distinguiremos como «racionalismo» de la tradición francesa de libertad.

16 Véase P. Drucker, The End of Economic Man, Londres 1939, p. 74: «Cuanta menos libertad existe, más se habla de la nueva libertad; sin embargo, esta nueva libertad es una mera palabra que cubre la exacta contradicción de todo lo que Europa entendió siempre por libertad. La nueva libertad que se predica en Europa es el derecho de la mayoría contra el individuo.» Woodrow Wilson, en The New Freedom, Nueva York 1913, especialmente en la p. 26, demuestra que esta nueva libertad no se predica sólo en Europa, sino que es igualmente familiar en los Estados Unidos. Una ilustración más reciente la constituye el artículo de A.G. Gruchy, «The Economics of the National Resources Committee», A.E.R., XXIX, 1939, p. 70, donde el autor observa complacido

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fin a los fraudes de quienes exhortan a las gentes en nombre de la libertad a abdicar de la misma. Con la ayuda de tal equívoco, la noción de poder colectivo en la esfera pública ha sido sustituida por la libertad individual, y, de esta forma, en los estados totalitarios, la libertad ha sido suprimida en nombre de la libertad.

La transición del concepto de libertad individual al de libertad como poder ha sido favorecida por la tradición filosófica, que al definir la libertad usa la palabra «limitación» donde nosotros hemos usado «coacción». Quizá «limitación» fuese la palabra más conveniente si se recordase siempre que en su estricto sentido presupone la acción de un agente humano que prohíbe17. Utilizada en tal sentido, nos recuerda con mucha propiedad que infringir la libertad consiste principalmente en impedir que los hombres obren, mientras que la coacción entraña principalmente el obligarles a obrar en un sentido determinado. Ambos aspectos son igualmente importantes, y, para precisar, probablemente definiríamos la libertad como ausencia de limitación y coacción18. Desgraciadamente, ambas palabras también se utilizan para designar las influencias sobre las acciones humanas que no provienen de otros hombres, y es demasiado fácil pasar de definir la libertad como ausencia de limitación a definirla como «ausencia de obstáculos para la realización de nuestros deseos»19 o incluso, más generalmente, como «la ausencia de impedimentos externos»20. Esto equivale a interpretarla como poder efectivo para hacer todo lo que uno quiera.

que «para los economistas de la Comisión de Recursos Nacionales, la libertad económica no es una cuestión de ausencia de limitación de actividades individuales sino que se trata de un problema de limitación y dirección colectiva impuesta a los individuos y grupos con el fin de lograr la seguridad individual.»

17 He aquí una definición en términos de ausencia de limitación donde se carga el acento sobre dicho significado, que podría ser aceptable, dada por E.S. Corwin, Liberty against Government, Louisiana State Univ. Press, 1948, p. 7: «Libertad significa esa ausencia de limitaciones impuestas por otras personas sobre nuestra libertad de elección y acción.»

18 The Shorter Oxford English Dictionary, Oxford 1933, da como primera definición de coerce (coaccionar): «To constrain, or restrain by force, or by authority resting on force.»

19 B. Russell, «Freedom in Government», en Freedom, Its Meaning, ed. R.N. Anshen, Nueva York 1940, p.251.

20 Th. Hobbes, Leviathan, parte I, cap. XIV, ed. N. Oakeshott, Oxford 1945, p. 84.

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Tal interpretación de la libertad es particularmente ominosa, porque ha penetrado profundamente en los usos de algunos de los países donde de hecho la libertad individual todavía se conserva en gran medida. En los Estados Unidos ha llegado a ser ampliamente aceptada como piedra básica de la filosofía política dominante en los círculos «liberales». Reconocidos dirigentes intelectuales «progresistas», tales como J.R. Commons21 y John Dewey, han divul-gado una ideología en la que «libertad es poder, efectivo poder para actuación específica» y la «exigencia de libertad es exigencia de poder»22, mientras que la ausencia de coacción constituye «el lado negativo de la libertad» y «ha de valorarse sólo como un medio para la libertad, que es poder»23.

5. Conceptos inmensurables

La confusión de la libertad como poder con la libertad en su significado original conduce inevitablemente a la identificación de libertad 21 J.R. Commons, The Legal Foundations of Capitalism, Nueva York 1924, especialmente capítulos II al IV.

22 J. Dewey, «Liberty and Social Control», Social Frontier, noviembre 1935, p. 41.

Véase también su artículo «Force and Coercion», Ethics, XXVI, 1916, p. 362: «El que el uso de la fuerza esté o no justificado, en sustancia, es una cuestión de eficiencia (incluso de economía) de medios para el cumplimiento de fines»; e ibid., p. 364: «El criterio de valor se apoya en la relativa eficiencia y economía del gasto de fuerza como medio para conseguir un fin.» El hábil escamoteo que Dewey hace del concepto de libertad es, sin duda, tan espantoso que casi no resulta demasiado duro el juicio de D. Fosdick en What is Freedom? , Nueva York 1939, p. 91, cuando dice: «El escenario, sin embargo, está totalmente preparado para esto (identificación de libertad con algún principio, tal como el de igualdad) únicamente cuando las definiciones de libertad e igualdad son objeto de tal prestidigitación que ambas se refieren aproximadamente a la misma clase de actividad. Un ejemplo extremo de tal juego de manos lo da John Dewey cuando dice: ’Si la libertad se combina con una razonable proporción de igualdad y la seguridad se interpreta como significando seguridad cultural y moral e incluso también material, yo no creo que dicha seguridad sea compatible con ninguna otra cosa que no sea libertad.‘ Tras definir dos conceptos de forma tal que entrañan aproximadamente las mismas condiciones de actividad, nos asegura que ambos son compatibles. Tal prestidigitación no tiene fin.»

23 J. Dewey, Experience and Education, Nueva York 1938, p. 74. Véase también W.

Sombart, Der moderne Kapitalismus, II, Leipzig 1902, p. 43, donde se explica que técnica es el progreso hacia la libertad. La idea se perfila totalmente en E. Zschimmer, Philosophie der Technik, Jena 1914, pp. 86-91.

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con riqueza24 y hace posible explotar toda la atracción que la palabra libertad arrastra en apoyo de la petición de redistribución de la riqueza. Aunque libertad y riqueza sean dos realidades que la mayoría de nosotros deseamos, y aunque a menudo necesitemos de ambas para obtener lo que apetecemos, sin embargo siguen siendo diferentes. El que yo sea o no dueño de mí mismo y pueda o no escoger mi propio camino, y el que las posibilidades entre las que yo deba escoger sean muchas o pocas, son dos cuestiones totalmente distintas. El cortesano que vive lujosamente, pero subordinado a la voz y mandato de su príncipe, puede ser mucho menos libre que el pobre labriego o artesano; menos capaz de vivir su vida y de escoger sus propias oportunidades. Similarmente, el general en jefe de un ejército o el director de un gran proyecto de construcción pueden manejar enormes poderes que en determinados aspectos resulten totalmente incontrolables, y, sin embargo, cabe muy bien que sean menos libres y estén más sujetos a cambiar sus intenciones y planes como consecuencia de la decisión de un superior; que disfruten de menor capacidad para cambiar su propia vida o decidir lo que para ellos es más importante que el pastor o el campesino más pobre.

Si se quiere cierta claridad en la discusión sobre la libertad, su definición no debe depender de que todos consideren o no tal clase de libertad como algo bueno. Es muy probable que haya hombres que no valoren la libertad que poseen, que no vean que de ella deducen grandes beneficios y que estén dispuestos a abdicar de la misma para obtener otras ventajas: incluso pudiera ocurrir que la necesidad de actuar de acuerdo con sus propios planes y decisiones pudiera sentirse por esos mismos más como una carga que como una ventaja. Ahora bien, la libertad debe ser deseable aunque no todas las personas obtengan ventajas de ella. Tendríamos que considerar si los beneficios que la mayoría deducen de la libertad dependen de la utilización de la oportunidad que aquélla les ofrece y si los argumentos en pro de la libertad realmente se apoyan en 24 Véase R.B. Perry en Freedom: Its Meaning, ed. R. Anshen, Nueva York 1940, p. 269:

«La distinción entre bienestar y libertad cae por completo, puesto que la libertad efectiva de un hombre es proporcional a sus recursos.» Esto ha llevado a otros a argumentar que «cuantos más individuos compren automóviles y disfruten de vacaciones, más libertad existe». (Otras referencias en cap. XVI, nota 72.)

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que la mayoría de los hombres la quieren. Pudiera muy bien ocurrir que los beneficios que recibimos de la libertad de todos no deriva-sen de lo que la mayoría de la gente reconoce como efectos de la misma; podría incluso suceder que la libertad produjese sus efectos beneficiosos tanto a través de la disciplina que nos impone como mediante las más visibles oportunidades que ofrece.

Por encima de todo, sin embargo, tenemos que reconocer que podemos ser libres y continuar siendo desgraciados. La libertad no significa la posesión de toda clase de bienes25 o la ausencia de todos los males. Es indudable que ser libre puede significar libertad para morir de hambre, libertad para incurrir en costosas equi-vocaciones o libertad para correr en busca de riesgos mortales. En el sentido que damos al término, el vagabundo que carece de dinero y que vive precariamente gracias a una constante improvi-sación es ciertamente más libre que el soldado que cumple el servicio militar forzoso, dotado de seguridad y relativo bienestar. Pero si la libertad puede, por tanto, no parecer siempre preferible a otros bienes, es un bien concreto que necesita un nombre preciso. Y aunque «libertad política» y «libertad interior» son usos alternativos de un término hace tiempo establecido, que deben utilizarse con alguna cautela sin causar confusión, es cuestionable si debería tolerarse el uso de la palabra «libertad» en el sentido de «poder».

No obstante, en cualquier caso, debe evitarse la sugerencia de que, debido al empleo de la misma palabra, dichas «libertades» son diferentes especies del mismo género. He ahí el origen de un peligroso disparate, de una trampa verbal que conduce a la más absurda de las conclusiones26. La libertad en el sentido de poder, es decir, la libertad 25 En «An Essay on the Mathematical Theory of Freedom», D. Gabor y A. Gabor, Journal of the Royal Statistical Society, serie A, CXVII, 1945, proporcionan un divertido ejemplo de esto al comenzar declarando que la libertad «significa la ausencia de indeseables limitaciones, y como el concepto es casi coextensivo a todo lo demás», de ahí se deduce que, en vez de desecharlo por evidentemente inútil, no sólo lo adoptan, sino que se consagran a «medir la libertad» en dicho sentido.

26 Véase Lord Acton, Lectures on Modern History, Londres 1906, p. 10: «No hay más correspondencia entre libertad y poder que entre eternidad y tiempo.» Malinowski, Freedom and Civilization, Londres 1944, p. 47: «Si cometiéramos el descuido de identificar la libertad con el poder, obviamente amamantaríamos a la tiranía, de la misma forma que incurrimos en la anarquía cuando equiparamos la libertad con la falta de limitaciones.» Véase también F.H. Knight, «Freedom as a Fact and Criterion», en

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política, y la libertad interior no son de la misma clase que la libertad individual; no podemos ganar elementos comunes de la libertad en el balance final mediante el sacrificio de parte de alguna de ellas con vistas a obtener más de la otra. Únicamente cabe que obtengamos ciertos resultados buenos en lugar de otros mediante un cambio de alguna de tales libertades por la que se prefiere. Ahora bien, sugerir que hay en ellas un elemento común que nos autoriza a hablar del efecto que dicho cambio produce en la libertad implica un enorme confusionismo, es decir, la más cruda clase de realismo filosófico, que da por sentado que, describiéndose dichas condiciones con la misma palabra, debe existir un elemento común en el as. Nosotros queremos esas libertades por razones diferentes y su presencia o ausencia tienen diferentes efectos. Cuando se trata de elegir entre ellas, no cabe hacerlo preguntando si en conjunto la libertad se incrementará, sino decidiendo cuál de dichos diferentes estados valoramos más.

6. Libertad y esclavitud

Se objeta a menudo que nuestro concepto de libertad es meramente negativo27. Ello es verdad en el sentido de que la paz también es un concepto negativo o de que la seguridad o la tranquilidad o la ausencia de cualquier impedimento o mal son negativos. La libertad pertenece a esta clase de conceptos, ya que define la ausencia de un particular obstáculo: la coacción que deriva de la voluntad Freedom and Reform, Nueva York 1947, pp. 4ss, J. Cropsey, Polity and Economy, La Haya 1957, p. XI, y M. Bronffenbrenner, «Two Concepts of Economic Freedom», Ethics, LXV, 1955. 27 La distinción entre libertad «positiva» y «negativa» ha sido popularizada por T.H. Green, a través del cual deriva en definitiva de Hegel. Véase especialmente la conferencia «Liberal Legislation and Freedom of Contract», The Work of T.H. Green, ed. R.L.

Nettleship, Londres 1888, vol. III. La idea que allí se enlaza principalmente con la

«libertad interior» ha sido aplicada desde entonces a muchos usos. Véase Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty, Oxford 1958, y para la característica apropiada de los argumentos socialistas por los conservadores véase Clinton Rossiter, «Towards an American Conservatism», Yale Review, XLIV, 1955, quien arguye, p. 361, que «los conservadores deberían darnos una definición de libertad que sea positiva y lo comprenda todo. En el nuevo diccionario conservador, libertad será definida con la ayuda de palabras tales como oportunidad, capacidad de creación, productividad y seguridad».

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de otros hombres. La libertad únicamente se convierte en positiva a través del uso que de ella hacemos. No nos asegura oportunidades especiales, pero deja a nuestro arbitrio decidir el uso que haremos de las circunstancias en que nos encontremos.

Ahora bien, aunque los usos de la libertad son muchos, la libertad es una. Las libertades únicamente aparecen cuando la libertad falta, y son los especiales privilegios y exenciones que grupos e individuos pueden adquirir mientras el resto permanece más o menos esclavizado. Históricamente, el camino de la libertad ha conducido a la conquista de especiales libertades. Ahora bien, todo aquello que permite hacer cosas específicas no es libertad, a pesar de designarlo como «una libertad»; en tanto que la libertad es compatible con la no permisión para hacer cosas específicas, se carece de ella si uno necesita permiso para llevar a cabo la mayor parte de cuanto puede hacer. La diferencia entre libertad y libertades es la que existe entre una condición en virtud de la cual se permite todo lo que no está prohibido por las reglas generales y otra en la que se prohíbe todo lo que no está explícitamente permitido.

Si examinamos una vez más el elemental contraste entre libertad y esclavitud, veremos claramente que el carácter negativo de la libertad en nada disminuye su valor. Ya hemos mencionado que utilizamos la palabra en su más viejo significado. Un breve examen de las diferencias reales que distinguen la relación del hombre libre y la del esclavo nos ayudará a fijarlo. Nuestro amplio conocimiento del problema se remonta hasta la más antigua de las comunidades libres: las ciudades de la antigua Grecia. Los numerosos decretos de liberación de esclavos que han sido encontrados nos proporcionan una clara descripción de lo más esencial. Existían cuatro derechos que la obtención de la libertad confería regularmente. Los decretos de manumisión, normalmente, concedían al antiguo esclavo, en primer lugar, «estado legal como miembro protegido de la comunidad»; en segundo lugar, «inmunidad frente a un arresto arbitrario»; en tercer lugar, el «derecho a trabajar en lo que él deseara», y en cuarto lugar, «el derecho de trasladarse de un punto a otro del territorio de acuerdo con su propia elección»28.

28 W.L. Westermann, «Between Slavery and Freedom», American Historical Review, Londres 1945, pp. 213-227.

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La lista anterior contiene la mayoría de lo que los siglos XVIII y XIX

consideraron condiciones esenciales de la libertad. Dicha relación omite el derecho a poseer bienes propios debido a que incluso los esclavos podían tenerlos29. Con la adición de este derecho se comprenden todos los elementos requeridos para proteger a un individuo contra la coacción. Sin embargo, nada se dice acerca de las otras libertades que hemos considerado, para no hablar en absoluto de

«las nuevas libertades» que últimamente nos ofrecen como sustitutivos de la libertad. Ciertamente que un esclavo no será libre por la mera obtención del derecho a votar, como tampoco cualquier grado de «libertad interior» que posea hará de él otra cosa que no sea un esclavo, y, sin embargo, muchos filósofos idealistas han tratado de convencernos de lo contrario. Asimismo, ni el grado de lujo o de bienestar de que disfrute ni el poder que ejerza sobre los otros hombres o sobre los recursos de la naturaleza alterarán su dependencia de la arbitraria voluntad del dueño. Ahora bien, si este hombre se halla sujeto a idénticas leyes que todos sus conciudadanos, no puede ser objeto de confinamiento arbitrario, tiene posibilidad de escoger su trabajo y es capaz de poseer y adquirir propiedad, ningún otro hombre o grupo de hombres, en tal supuesto, podrá ejercer coacción sobre él y someterle a sus mandatos.

7. Libertad, coacción y ley

Nuestra definición de libertad depende del significado del término coacción y no será preciso acudir a ella hasta que hayamos definido esta última. De hecho, tendremos también que dar un significado más exacto a ciertos conceptos relacionados íntimamente con ella, y especialmente el de arbitrariedad y el de normas generales o leyes. Lógicamente deberíamos, por tanto, proceder ahora a un análisis similar de tales conceptos. Trátase de una investigación que no cabe eludir. Sin embargo, antes de pedir al lector que siga adelante en lo que pudiera parecerle estéril tarea de precisar el significado de ciertos términos, acometeremos la explicación de 29 Véase J.W. Jones, The Law and Legal Theory of the Greeks, Oxford 1956, p. 282. Éste fue el caso en la práctica, aunque quizá no lo fuese en el derecho estricto.

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por qué la libertad, tal como la hemos definido, es tan importante.

Y resumiremos nuestros esfuerzos formulando definiciones precisas únicamente al comienzo de la segunda parte de este libro, es decir, cuando procedamos a examinar los aspectos legales del régimen de libertad. Bastará, por el momento, consignar unas pocas observaciones que nos permitan anticipar el resultado a que ha de conducirnos un estudio más sistemático del concepto de coacción.

No se nos oculta que la adopción de esta fórmula abreviada resulta algo dogmático que tendremos que justificar más tarde.

Por «coacción» queremos significar presión autoritaria que una persona ejerce en el medio ambiente o circunstancia de otra. La persona sobre la que se ejerce dicha presión, en evitación de mayores males, se ve forzada a actuar en desacuerdo con un plan coherente propio y a hacerlo al servicio de los fines de un tercero.

Excepto en lo que se refiere a elegir el menor mal, la persona que se halla en esa situación, a la que forzosamente ha llegado por causa de otro, es incapaz no sólo de usar su propia inteligencia y conocimiento, sino de perseguir sus propios fines y creencias. La coacción es precisamente un mal porque elimina al individuo como ser pensante que tiene un valor intrínseco y hace de él un mero instrumento en la consecución de los fines de otro. La libre acción, en virtud de la cual una persona persigue sus propios objetivos utilizando los medios que le indica su personal conocimiento, tiene que basarse en datos que nunca pueden moldearse a voluntad de otro.

Presupone la existencia de una esfera conocida, cuyas circunstancias no pueden ser conformadas por otra persona hasta el punto de dejar a uno tan sólo la elección prescrita por aquélla.

La coacción, sin embargo, no puede evitarse totalmente, porque el único camino para impedirla es la amenaza de coacción30. La sociedad libre se ha enfrentado con este problema confiriendo al Estado el monopolio de la coacción31, e intentando limitar el poder 30 Véase F.H. Knight, Freedom and Reform, Nueva York 1947, p. 193: «La función primaria del gobierno es impedir la coacción y, por lo tanto, garantizar a cada hombre el derecho a vivir su propia vida libremente asociado con sus semejantes.» Véase también su discusión sobre el tema en el artículo citado en la nota 3 anteriormente.

31 Véase R. von Ihering, Law as a Means to an End, traducido por I. Husik, Boston 1913, p. 242; Max Weiser, Essays in Sociology, Nueva York 1949, p. 78: «El Estado es una comunidad humana que, con éxito, pretende el monopolio del uso legítimo de la

LIBERTAD Y LIBERTADES

estatal a los casos que sea necesario ejercerlo e impidiendo que dicha coacción la ejerzan personas privadas. Esto es posible únicamente porque el Estado protege las esferas privadas de actuación de los individuos contra la interferencia de otros y delimita dichas esferas privadas, no mediante una adscripción específica, sino creando las condiciones para que el individuo pueda determinar su propio campo de acción apoyándose en reglas que le dicen cuál será la actuación del gobernante ante diferentes tipos de situaciones.

La coacción que el poder público debe utilizar para dicho fin se reduce al mínimo y resulta tan inocua como sea posible mediante la subordinación a normas generales conocidas, de forma que en la mayoría de los casos el individuo no necesita ser objeto de coacción a menos que por sí mismo se coloque en una situación como consecuencia de la cual dicho individuo sabe que tal coacción tiene que ocurrir. Incluso cuando la coacción es inevitable, queda privada de sus más dañosos efectos encerrándola dentro de deberes limitados y previsibles o al menos haciéndola independiente de la arbitraria voluntad de otra persona. Siendo la coacción impersonal y dependiendo en general de reglas abstractas cuyos efectos sobre los individuos no es posible prever en el momento en que se establecieron, incluso los actos coercitivos de la autoridad se convierten en datos sobre los que el individuo puede basar sus propios planes. La coacción, de acuerdo con reglas conocidas, y que generalmente es el resultado de circunstancias ante las que la persona objeto de aquélla se ha colocado por sí misma, se convierte entonces en un instrumento que asiste a los individuos por igual en la persecución de sus propios fines y no en un medio utilizable para los fines de otros.

fuerza física»; B. Malinowsky, Freedom and Civilization, Londes 1947, p. 265: «El Estado es la única institución histórica que tiene el monopolio de la fuerza.» Asimismo, J.M.

Clark, Social Control of Business, 2.ª ed., Nueva York 1939, p. 115: «Se admite que la coacción apoyada por la fuerza es monopolio del Estado», y E. A. Hoebel, The Law of Primitive Man, Harvard Univ. Press, 1954, cap. II.

LOS RESULTADOS DE L A ACCIÓN

DEL HOMBRE

PERO NO DE UN PL AN HUMANO*1 2

F. A. HAYEK

La creencia en la superioridad de un plan o construcción intencionada frente a las fuerzas espontáneas de la sociedad irrumpe de un modo explícito en el pensamiento europeo sólo a través del constructivismo racionalista de Descartes, pero tiene sus fuentes en una errónea y mucho más antigua dicotomía, que deriva de los antiguos griegos y que constituye aún hoy el mayor obstáculo para comprender correctamente las dos diferentes tareas que tienen la teoría social y la política social. Se trata de la engañosa división de todos los fenómenos en «naturales» y «artificiales»3. Ya los sofistas del siglo V antes de Cristo afrontaron el problema y establecieron la falsa alternativa según la cual las instituciones y las normas se deben a la naturaleza ( physei) o a la convención ( thesei o nomô); con Aristóteles esta división se convirtió en parte integrante del pensamiento europeo.

Se trata, sin embargo, de una distinción que puede inducir a error, ya que permite incluir un gran número de fenómenos tanto en uno como en otro términos, según cómo se entiendan esas definiciones, ya que éstas nunca se distinguieron claramente e incluso hoy se confunden constantemente. Estos términos podrían

* Capítulo VI de Estudios de filosofía, política y economía, Unión Editorial, Madrid, 2012, pp 153 a 164.

1 Una traducción de este ensayo al francés se publicó en Les Fondements Philosophi-ques des Systèmes Economiques. Textes de Jacques Rueff et essais rédigés en son honneur, París, 1967.

2 A. Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, Londres, 1767, p. 187: «Las naciones se encuentran con instituciones que son resultado de la acción humana, pero no de un proyecto humano.» Ferguson se refiere a las Mémoires du Cardinal de Retz (París, 1820, vol. II, p. 407), tal vez teniendo presente la afirmación del Presidente de Bellièvre, según la cual Cromwell le había dicho en una ocasión que «no se llega nunca tan alto como cuando no se sabe adónde se va».

3 Véase F. Heinimann, Nomos und Physis, Basilea, 1945

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XIII, n.º 1, Primavera 2016, pp. 399 a 411

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emplearse para designar el contraste entre algo que es independiente de la acción humana y algo que, en cambio, es resultado de la misma, o bien para denotar el contraste entre algo que se ha formado con independencia de cualquier plan o proyecto humano y algo que es fruto de ese plan. Este doble significado ha permitido agrupar todas aquellas instituciones que en el siglo XVII Adam Ferguson calificó como debidas en definitiva a la acción humana, pero no a un plan expreso, y que son naturales o convencionales según que se adopte una u otra de esas distinciones. Sin embargo, parece que muchos pensadores no se han percatado de que se trata de dos distinciones diferentes.

Ni los griegos del siglo V a. C. ni sus sucesores en los casi dos mil años sucesivos desarrollaron una teoría social sistemática que tratara de un modo explícito las consecuencias no intencionadas de la acción humana o que explicara el modo en que un orden o una regularidad puede tomar forma de acciones que ninguno de los actores pretende orientar a ese fin. Y así, nunca se vio con claridad que realmente era necesario establecer una división tripartita que introduzca (entre los fenómenos llamados naturales, en el sentido de que son completamente independientes de la acción humana, y los llamados artificiales o convencionales4, en el sentido de que son fruto de un plan humano) una categoría intermedia que comprenda todos aquellos modelos o aquellas regularidades no intencionadas que vemos existen en la sociedad humana y cuya explicación corresponde a la teoría social. Aún echamos de menos la falta de un término aceptado generalmente que denote esta clase de fenómenos; y, para evitar que la confusión continúe, parece necesario adoptar uno con urgencia. Por desgracia, el término más obvio del que podríamos disponer a tal efecto, es decir el término

«social», por un curioso desarrollo ha venido a significar casi lo contrario de lo que con él se entendía: como resultado de la perso-nificación de la sociedad, consiguiente al hecho de no ser reconocida como orden espontáneo, la palabra «social» se ha empleado generalmente para designar los objetivos de la acción concertada 4 La ambigüedad del término «convencional», que puede referirse tanto al acuerdo explícito como al que se practica habitualmente y a sus resultados, ha contribuido ulteriormente a aumentar la confusión.

RESULTADOS DE LA ACCIÓN HUMANA, NO DE UN PLAN HUMANO

intencionadamente. Y el nuevo término «societario» que algunos sociólogos, conscientes de la dificultad, han intentado introducir, parece tener escasas perspectivas de prosperar y de satisfacer esa urgente necesidad5.

En todo caso, es importante recordar que, hasta que en el siglo XVIII apareció la teoría social moderna, el único término generalmente empleado con el que se podía expresar que ciertas regularidades observadas en la actividad humana no eran producto de un plan, era el término «natural». Y, realmente, hasta la interpretación racionalista, en el siglo XVII, la expresión «derecho natural» se empleó para designar un orden o una regularidad que no era producto intencionado de la voluntad humana. Junto con «organismo», fue uno de los dos términos empleados generalmente para referirse al crecimiento espontáneo, opuesto al inventado o proyectado.

Su empleo en esta acepción fue heredado del estoicismo, luego re-tomado en el siglo XII6, y finalmente, bajo su enseñanza, los escolásticos españoles desarrollaron los fundamentos de la génesis y funcionamiento de las instituciones sociales que se forman espontáneamente7.

5 Véase E. Stuart Chapin, Cultural Change, Nueva York, 1929 y M. Mandelbaum, Societal Facts, en P. Gardiner (ed.), Theories of History, Londres, 1959. El término «cultural», que los antropólogos han adoptado como término técnico para designar estos fenómenos, difícilmente se hará de uso común, dado que muchos dudarían incluir, por ejemplo, el canibalismo entre las instituciones «culturales».

6 Véase en particular lo que refiere S. Gagnèr ( Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, Upsala, 1960, pp. 225-40) de la obra de Guillaume des Conches, especialmente el pasaje citado en la página 231: «Et est positiva quae est ab hominibus inventa [. .].

Naturalia vero quae non est homine inventa.»

7 Véase en particular L. Molina ( De iustitia et iure, Colonia, 1596-1600, esp. tomo II, disp. 347, N.º 3), donde sobre el precio natural afirma que «naturale dicitur, quoniam et ipsis rebus, seclusa quacumque humana lege eo decreto consurgit, dependetur tamen a multis circunstantiis, quibus variatur, atque ab hominum affectu, ac aesti¬matione, comparatione diversum usum, interdum pro solo hominum beneplaci-to et arbitrio». En una interesante, aunque no publicada, tesis doctoral en la Universidad de Harvard, W.S. Joyce, The Economics of Louis de Molina, 1948 (p. 2 del Apéndice Molina on Natural Law) el autor dice justamente que Molina explica que, al revés que el derecho positivo, el derecho natural es de objecto, término escolástico, intraducible pero muy cómodo, que se parece mucho a «en la naturaleza del caso», porque de la verdadera naturaleza de la cosa ( ex ipsamet natura rei) se sigue que, para preservar la virtud o evitar el vicio, debería imponerse o prohibirse aquella acción que el derecho natural impone o prohíbe. «Por lo que —prosigue Molina— lo que se impone o prohíbe

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Fue la pregunta sobre cómo se habrían desarrollado las cosas, si nunca se hubiera producido la interferencia de un acto legislativo intencionado, la que llevó luego a plantear todos los problemas de teoría social y económica en particular. Sin embargo, en el siglo XVIII, esta vieja tradición del derecho natural fue sustituida por otra muy distinta, una visión que en el espíritu del entonces emergente racionalismo constructivista interpretaba lo «natural» como producto de la razón intencionada8. Finalmente, como reacción a este racionalismo cartesiano, los filósofos morales británicos del siglo XVIII, partiendo de la teoría de la common law y de la del derecho natural, crearon una teoría social que convirtió en tema central los resultados no intencionados de las acciones individuales, y en particular elaboró una teoría completa del orden espontáneo de mercado.

No hay duda de que el autor al que más que a ningún otro se debe esta reacción «antirracionalista» fue Bernard de Mandeville9.

Pero el pleno desarrollo se alcanza con Montesquieu10 y sobre todo resulta de la naturaleza del caso y no de la voluntad arbitraria ( ex voluntate et libito) del legislador.»

8 El cambio en el significado del concepto de razón que esta transición implica aparece claramente en un pasaje de los primeros Essays on the Law of Nature de J. Locke (W. von Leyden, ed., Oxford, 1954, p. 111), en el que el autor explica: «Por razón no creo deba entenderse aquella facultad del intelecto de elaborar discursos y deducir argu-mentaciones, sino algunos principios prácticos seguros, de los que brotan originariamente todas las virtudes y todo lo que es necesario para la buena formación de la moral.» Véase también op. cit., p. 149: «Una recta razón así entendida se identifica, en efecto, con la propia ley natural en cuanto ya adquirida por el conocimiento».

9 La idea básica se halla ya presente en muchos pasajes de los poemas de 1707, especialmente:

Incluso el peor de la multitud

hacía algo por el bien común,

pero la concepción plenamente desarrollada aparece sólo en la segunda parte del comentario en prosa que se añadió casi vente años después a The Fable of the Bees (véase la ed. de F.B. Kaye, Oxford, 1924, II vol., especialmente pp. 142, 287-8, y 349-50, y compárese C. Nishiyama, The Theory of Self-Love. An Essay in the Methodology of the Social Sciences, etc., Chicago, tesis doctoral, junio de 1960, especialmente la relación entre las teorías de Mandeville y de Menger).

10 Sobre la influencia de Mandeville en Montesquieu, véase J. Dedieu, Montesquieu et la tradition política Anglaise, París, 1909.

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con David Hume11, Josiah Tucker, Adam Ferguson y Adam Smith.

Más tarde, la ridícula incomprensión de que fue objeto la expresión

«mano invisible» de Smith, según la cual «el hombre se ve llevado a promover un fin que no entraba en sus intenciones»12, desplazó una vez más esta profunda visión del objeto de toda teoría social, que sólo en el siglo pasado restableció Carl Menger de un modo que ahora, unos ochenta años después, parece ser ampliamente aceptada13, por lo menos en el ámbito de la teoría social propiamente dicha.

11 David Hume, Works, ed. de T.H. Grose, vols. I y II, A Treatise on Human Nature, vols. III y IV, Essays, Moral, Political, and Literary, esp. II, p. 296: «ventajoso para la sociedad, aunque quienes lo inventaron no se propusieran este fin», y también III, p. 99: «si los premios y controles específicos proporcionados por la constitución [.. ] no constitu-yeran el interés, incluso de los hombres malos, de actuar por el bien público»; así como II, p. 289: «aprendo a prestar un servicio sin sentir por él una auténtica benevolencia»; y II, p. 195: «todas estas instituciones surgen exclusivamente de las necesidades de la sociedad humana». Es interesante observar las dificultades terminológicas que encontró Hume porque, como resultado de su oposición a las doctrinas contemporáneas del derecho natural, eligió calificar de «artefacto», «artificio» y «artificial» precisamente lo que los teóricos anteriores del derecho natural habían calificado como «natural», véase esp. II, p. 258: «cuando una invención es obvia y absolutamente necesaria, podrá juz-gársela correctamente como natural, como todo lo que deriva inmediatamente de los principios originarios sin intervención del pensamiento y de la reflexión. Aunque las reglas de la justicia sean artificiales, no son arbitrarias. Y tampoco es impropio llamar-las leyes naturales si por natural entendemos lo que es común a toda especie, o incluso limitamos esta palabra a designar lo que es inseparable de la especie.» Véase mi ensayo sobre «The Legal and Political Philosophy of David Hume», recogido en el presente volumen (Capítulo VII). El profesor Bruno Leoni ha llamado mi atención sobre el hecho de que el uso que Hume hace de «artificial» deriva probablemente del concepto de ley, propio de E. Coke, entendida como «razón artificial», que seguramente está más próximo al significado que más tarde darían los escolásticos a «natural» que al significado común de «artificial».

12 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), Libro IV, ii, ed. de E. Cannan, Londres, 1904, Vol. I, p. 421.

13 C. Menger, Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der Politischen Ökonomie insbesondere, Leipzig, 1883, p. 182 [trad. esp.: El método de las ciencias sociales, Unión Editorial, Madrid, 2006, p. 235]: «Los fenómenos sociales de origen “or-gánico” se caracterizan por ser resultado no intencionado de actividades individuales de la gente que persigue intereses individuales [.. ] son fruto no intencionado de factores individual-teleológicos.» El renacimiento más reciente de esta concepción parte, al parecer, de mi ensayo sobre «Scientism and the Study of Society» en Economica, 1942, vol. IX, p. 276 (publicado de nuevo en The Counter-Revolution of Science, Glencoe, 1952, p. 35 [trad. esp., 2003]), en el que se afirma que la función de las ciencias sociales consiste en «explicar los resultados no intencionados, o no queridos, de una multitud de

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A propósito del rechazo de la fórmula de Smith, hubo acaso cierta excusa, porque pudo parecer que daba por descontado que el orden formado espontáneamente era también el mejor orden posible. Pero su idea de que la amplia división del trabajo de una sociedad compleja, de la que todos se benefician, sólo había podido formarse a través de un orden de fuerzas espontáneas y no a través de un plan, tuvo una aceptación bastante general. En todo caso, ni Smith ni ningún otro autor respetable que yo conozca jamás sostuvieron que existiera una originaria armonía de intereses al margen de las instituciones que se habían desarrollado. Lo que efectivamente sostenían, y que uno de los contemporáneos de Smith expresó de manera mucho más clara que el propio Smith, era que las instituciones se habían desarrollado mediante un proceso de eliminación de las menos eficaces y que ello había producido una reconciliación de los intereses divergentes. La opinión de Josiah Tucker no era que «el motor universal de la naturaleza humana, el amor a sí mismo», recibía siempre, sino que «habría podido, en ese caso (y en todos los demás), recibir una dirección tal que promovía personas». La misma parece haber sido adoptada también por K. Popper, «The Poverty of Historicism», Economica, N.S. XI/3, agosto de 1944, p. 122 (publicado como libro, Londres, 1957, p. 65), donde habla de los «resultados no intencionados de la acción humana» y añade en una nota que «las instituciones sociales espontáneas pueden surgir como consecuencias no intencionadas de acciones racionales»; así como en The Open Society and its Enemies, Princeton, 1963, vol. II, p. 93, habla de «subproductos, no intencionados y con frecuencia no queridos de tales acciones» (es decir «acciones humanas conscientes e intencionadas»). Sin embargo, no comparto la afirmación (op. cit., p. 323), basada en una sugerencia de Karl Polanyi, según la cual fue Marx el primero que concibió la teoría social como estudio de las repercusiones sociales no intencionadas de casi todas nuestras acciones». La idea había sido ya claramente expresada por Adam Ferguson y Adam Smith, por citar sólo los autores de los que Marx era incuestionable deudor. La misma idea la emplea (aunque no la acepta) E. Nagel, «Problems of Concept and Theory Formation in the Social Sciences», en Science, Language and Human Rights (American Philosophical Association, Eastern División, col. I), Filadelfia, 1952, p. 54, donde dice que «los fenómenos sociales generalmente no son en absoluto resultado intencionado de las acciones individuales; no obstante, el objetivo central de la ciencia social es la explicación de los fenómenos como resultado no intencionado de las acciones». Análoga, aunque no idéntica, es la concepción de K.R. Merton, «The unanticipated consequences of purpositive social action» (véase su artículo con este título en American Sociological Review, 1936, y la ulterior discusión en Social Theory and Social Structure, ed. rev. Glencoe, Ill., 1957, pp. 61-62).

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el interés público a través de los esfuerzos realizados para perseguir el interés propio14».

El punto que durante mucho tiempo no fue completamente comprendido, hasta que Carl Menger lo explicó con total claridad, es que el problema del origen o de la formación de las instituciones sociales y el modo en que funcionan es esencialmente el mismo: las instituciones se han desarrollado de un modo particular, porque la coordinación de las acciones de las partes que hicieron posible había resultado ser más eficaz que las instituciones alternativas con las que entraron en competencia y que finalmente acabaron desplazando. La teoría de la evolución de las tradiciones y de las costumbres que hicieron posible la formación de órdenes espontáneos está, pues, íntimamente ligada a la teoría de la evolución de aquellos particulares tipos de órdenes espontáneos que llamamos organismos, y de hecho ha proporcionado los conceptos esenciales con que esta última ha sido elaborada15.

Pero si en las ciencias sociales teóricas parece que tales posiciones hayan acabado afirmándose plenamente, en un área del saber de mayor influencia práctica, el derecho, no tienen aún influencia alguna. La filosofía dominante en este campo, el positivismo jurídico, sigue ligada a la visión esencialmente antropomórfica que considera todas las reglas jurídicas producto de una invención o de un plan intencionado, e incluso se enorgullece de haber eludido la influencia de aquella concepción «metafísica» del «derecho natural», de cuyo empleo deriva, como hemos visto, toda la comprensión teórica de los fenómenos sociales. Así lo demuestra el hecho de que el concepto de derecho natural contra el que ha reaccionado la jurisprudencia moderna coincide con la adulterada concepción 14 J. Tucker, The Elements of Comerce (1756), reeditado en Josiah Tucker: A Selection from his Economic and Political Writings, ed. R.L. Schuyler, Nueva York, 1931, p. 59. Véase también mi Individualism and Economic Order, Londres y Chicago, 1948, p. 7.

15 Untersuchungen.., cit., p. 88: «este elemento genético es inseparable de la idea de las ciencias teóricas» [trad. esp., p. 165]; también Nishiyama, The Theory of Self-Love, cit.

Es interesante comparar esto con la posición procedente del ámbito biológico puesta de relieve por L. von Bertalanffy, Problems of Life, Nueva York, 1952, p. 134: «Las que hemos denominado estructuras son procesos lentos de larga duración, las funciones son procesos rápidos de breve duración. Si decimos que una función como la contracción de un músculo es activada por una estructura, significa que una onda veloz y breve se superpone a una onda de larga duración y de desarrollo lento.»

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racionalista, que interpretaba el derecho natural como una construcción deductiva de la «razón natural» y no como el resultado no intencionado de un proceso de desarrollo, en el que la prueba de qué es la justicia no es la voluntad arbitraria de nadie, sino la compatibilidad de todo un sistema de normas heredadas pero sólo en parte explícitas. Sin embargo, el temor a la contaminación por lo que se consideraba una concepción metafísica no sólo condujo la teoría jurídica hacia ficciones mucho menos científicas, sino que de hecho tales ficciones han privado al derecho de todos los lazos con la justicia que habían convertido al propio derecho en claro instrumento para el estímulo de un orden espontáneo.

Pero toda la concepción según la cual el derecho es sólo lo que ha querido un legislador y que la existencia del propio derecho presupone una manifestación anterior de la voluntad de un legislador es de hecho falsa y tampoco se puede poner coherentemente en práctica. El derecho no sólo es muy anterior a la legislación e incluso a un Estado organizado: toda la autoridad del legislador y del Estado deriva de concepciones anteriores de la justicia, y ningún sistema de derecho articulado puede aplicarse a no ser dentro de una estructura de normas de justicia generalmente reconocidas aunque a menudo no articuladas16. Nunca hubo, ni habrá, un sistema «sin lagunas» ( lückenlos) de reglas formuladas. No sólo toda producción legislativa tiende a la justicia pero no crea la justicia, no sólo esa legislación no logra reemplazar a todas las reglas de la justicia ya reconocidas que son su presupuesto y tampoco puede prescindir de referencias directas a las concepciones de justicia no formalizadas, sino que todo el proceso de desarrollo, cambio e interpretación del derecho resulta totalmente incomprensible si nos negamos a aceptar la existencia de una estructura de tales reglas no formalizadas que da sentido a la producción legislativa17. Toda esta concepción positivista del derecho deriva de aquella falsa in-16 Véase Paulus (Dig. 50.17.1): «Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat»; y Accursio (Glosa 9 a Dig. I.i.i.pr.): «Est auten ius a iustitia, sicut a matre sua, ergo prius fuit iustitia quam ius».

17 Véase H. Kantorowicz, The Definition of Law, ed. H. Campbell, Londres, 1958, p.

35: «Toda la historia de la ciencia jurídica, en particular la obra de los italianos y los alemanes, sería incomprensible si el derecho se considerara como un cuerpo de órdenes de un soberano».

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terpretación antropomórfica que concibe las instituciones como producto de un plan y que se debe al racionalismo constructivista.

El efecto más grave del dominio de esta concepción ha sido llevar necesariamente a la destrucción de toda fe en una justicia que pueda ser descubierta y no sólo decretada por la voluntad de un legislador. Si el derecho es fruto de un plan intencionado, todo lo que el legislador quiere que sea ley lo es por definición, y la ley injusta se convierte en una contradicción en los términos18. La voluntad del legislador debidamente autorizado está exenta de todo vínculo y obedece exclusivamente a sus propios intereses concretos. Como observa el representante más destacado del positivismo jurídico contemporáneo, «desde el punto de vista del conocimiento racional existen sólo intereses de seres humanos y por tanto conflictos de intereses. La solución de estos conflictos puede estar en satisfacer un interés a costa de otro, o bien en un compromiso entre intereses en conflicto19».

Pero todo lo que este argumento demuestra es que el planteamiento del constructivismo racionalista no puede llegar a ningún criterio de justicia. Si admitimos que el derecho no es nunca completamente fruto de un plan, sino que es juzgado y probado dentro de un sistema de reglas de justicia que nadie ha inventado y que ha dirigido el pensamiento y las acciones de los hombres incluso antes de que esas reglas se expresaran en palabras, obtenemos si no un criterio positivo, sí un criterio negativo de justicia que nos permite, gracias a la eliminación progresiva de todas las reglas que son incompatibles con el resto del sistema20, acercarnos gradualmente (aunque tal vez no llegar nunca) a la justicia absoluta21. Esto 18 Th. Hobbes, Leviathan, cap. 30, ed. M. Oakeshott, 1946, p. 226: «Ninguna ley puede ser injusta.»

19 Hans Kelsen, What is Justice? , University of California Press, 1960, pp. 21-22.

20 Sobre el problema de la compatibilidad de muchas reglas, véanse los interesantes estudios realizados por J. von Kempski, recogidos en Recht und Politik, Stuttgart, 1965, y su ensayo «Grundlegung zu einer Strukturtheorie des Rechts», Abhandlungen der Geistes — und Socialwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften und Literatur en Maguncia, Jg. 1961, n. 2.

21 La idea de un test negativo de la justicia de las normas jurídicas (del tipo al que tendía la filosofía del derecho de I. Kant) que nos permitiría acercarnos continuamente a la justicia, eliminando todas las incoherencias o las incompatibilidades de todo el cuerpo de reglas de justicia, del que en todo momento una gran parte es siempre pose-

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significa que quienes han intentado descubrir algo dado «naturalmente» (es decir no intencionadamente) han estado más cerca de la verdad y por tanto han sido más «científicos» que quienes han in-sistido en que todas las leyes fueron establecidas («puestas») por la voluntad deliberada de los hombres. El objetivo de aplicar los descubrimientos de la teoría social a la comprensión del derecho aún no se ha conseguido, porque un siglo de dominio positivista ha borrado casi por completo lo que ya se había logrado en esa dirección.

Hubo en efecto un periodo en el que esos descubrimientos de la teoría social empezaron a interesar a la teoría jurídica; Savigny y su vieja Escuela histórica, ampliamente basada en el concepto de orden espontáneo elaborado por los filósofos escoceses del siglo XVIII, orientaron sus esfuerzos hacia lo que ahora definimos como antropología social y parece incluso que fueron el canal principal por el que aquellas ideas llegaron a Carl Menger e hicieron posible la recuperación de estas concepciones22. Que Savigny continuara y sión común e indiscutida de los miembros de una determinada civilización, es uno de los puntos centrales de un libro en el que estoy trabajando [ Derecho, legislación y libertad. N. d. E.].

22 Sobre los canales por los que las ideas de Burke (y a través de Burke las de David Hume) llegaron a Savigny véase H. Ahrens, Die Rechtsphilosophie oder das Naturrecht, 4.ª

ed. Viena 1854, p. 64. Este libro fue probablemente también una de las primeras fuentes de información de Carl Menger. Sobre Savigny y su escuela véanse también las agudas observaciones de E. Ehrlich, Juristische Logik, Tubinga, 1928, p. 84: «Burke, Savigny y Puchta [. .] ven, cosa que ha sido siempre desconocida, bajo la idea de pueblo o nación lo mismo que hoy nosotros llamamos sociedad en oposición al Estado, entendido como soberanía territorial»; y Sir F. Pollock, Oxford Lectures and Other Discourses, Londres, 1890, pp. 41-42: «La doctrina de la evolución no es otra cosa que el método histórico aplicado a los hechos de la naturaleza, el método histórico no es otra cosa que la doctrina de la evolución aplicada a las sociedades y a las instituciones humanas.

Cuando Charles Darwin creó la historia de la filosofía natural [. .], estaba trabajando con el mismo espíritu y por los mismos fines que los grandes publicistas que, prestan-do tan poca atención a sus campos de trabajo como él prestaba a los suyos, habían llevado al estudio paciente de los hechos históricos las bases de una filosofía racional de la política y del derecho. Savigny, al que aún no conocemos y apreciamos lo suficiente, o nuestro Burke, que conocemos y honramos, pero no demasiado, eran darwinianos antes de Darwin. En cierta medida, se podría decir lo mismo del gran francés Montesquieu, cuyo genio desigual pero iluminado se ha perdido a causa de una generación de formalistas.» La pretensión de haber sido «darwinianos antes de Darwin» había sido ya adelantada por los teóricos del lenguaje (véase A. Schleicher, Die darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft, Weimar, 1869, y M. Müller, «Lectures on Mr.

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retomara la tarea de los viejos teóricos del derecho natural quedó oculto por el hecho de dirigir, justamente, su teoría contra las teorías racionalistas del derecho natural de los siglos XVII y XVIII. Pero a pesar de que contribuyó a desacreditar esa concepción del derecho natural, su única preocupación fue descubrir cómo el derecho surgió en gran parte sin plan alguno, e incluso demostrar que a través de un plan es imposible reemplazar adecuadamente el resultado de semejante desarrollo natural. El derecho natural al que se oponía no era el derecho natural que debía ser descubierto, sino el que se derivaba deductivamente de la razón natural.

Aunque se hubiera rechazado el término «natural» para la vieja escuela histórica, derecho y justicia seguían siendo objetos dados que había que descubrir y explicar. Toda la idea del derecho entendido como algo objetivamente dado fue abandonada por el positivismo, en consonancia con una concepción que considera el derecho como producto de una voluntad deliberada del legislador. Los positivistas rechazaban la idea de que ciertas cosas pueden ser objetivamente dadas cuando, no siendo parte de la naturaleza material, son resultado de la acción de los hombres; y negaron también que el derecho pudiera ser objeto de ciencia sólo mientras por lo menos una parte del mismo fuera dada con independencia de una voluntad humana particular, lo cual condujo a la paradoja de una ciencia que implícitamente niega que tenga un objeto23. En efecto, si «no puede haber ley alguna sin un acto legislativo24», los problemas pertenecen entonces a la psicología o a la sociología, pero no a la ciencia del derecho.

Esta actitud encontró su expresión en el eslogan que dominó todo el periodo positivista: «lo que el hombre ha hecho puede también cambiarlo según sus deseos». Se trata, sin embargo, de un completo non sequitur, si por «hecho» se entiende lo que ha surgido de las acciones del hombre al margen de toda intención específica.

Toda esta creencia, de la que el positivismo jurídico no es más que una expresión particular, es producto de aquel constructivismo Darwin’s Philosophy of Language», en Frazer’s Magazine, 1893, vol. VII, p. 662), del que parece que Pollock tomó la frase.

23 Véase Leonard Nelson, Rechtswissenschaft ohne Recht, Leipzig, 1917.

24 John Austin, Jurisprudence, 3.ª ed., Londres, 1872, p. 555.

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cartesiano que tiene que negar que existen reglas de justicia que haya que descubrir, porque no hay lugar para algo que sea «resultado de la acción del hombre pero no de un plan humano», y por tanto no hay lugar para la teoría social. Mientras que en conjunto hemos eliminado con éxito esta creencia de las ciencias teóricas de la sociedad, y hemos tenido que hacerlo para que fueran posibles, las concepciones que actualmente dominan la teoría jurídica y la legislación siguen perteneciendo casi íntegramente a este planteamiento pre-científico. Y aunque fueron los científicos franceses los que vieron claramente antes que los demás que del célebre Discours de la méthode «il’était sorti autant de déraison sociale, et de aberra-tions métaphisiques, d’abstractions et d’utopies, que de donées positives, que s’il menait à Comte il avait aussi mené à Rousseau25», parecería, al menos a los extranjeros, que en Francia, más que en ningún otro lugar, el derecho sigue aún bajo su influencia.

Notas suplementarias

1. S. Gagnèr, Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, Upsala, 1960, pp. 208 y 242, muestra que las expresiones «derecho natural» y «derecho positivo» derivan de la introducción, por parte de Gelio, en el siglo II d. C., de los adjetivos latinos naturalis y positivus, para traducir el significado de los términos griegos physis y thesis. Esto indica que toda la confusión ligada a la disputa entre el positivismo jurídico y las teorías del derecho natural se remonta directamente a la falsa dicotomía que aquí hemos discutido, ya que debería saltar a la vista que sistemas de reglas jurídicas (y por tanto también las reglas individuales que tienen significado sólo como parte de ese sistema) pertenecen a aquellos fenómenos culturales que son «resultado de la acción del hombre pero no de un plan humano». Véase sobre esto también el anterior Capítulo IV.

25 A. Sorel, «Comment j’ai lu la « Reforme Sociale»», Reforme Sociale, 1906, p. 614, citado por A. Schatz, L’individualisme economique et sociale, París, 1907, p. 41, que junto con H. Michel, L’idée de l’État, París, 1898, es el más instructivo sobre la influencia car-tesiana sobre el pensamiento social francés.

RESULTADOS DE LA ACCIÓN HUMANA, NO DE UN PLAN HUMANO

2. Christoph Eucken me ha hecho notar que la separación contenida en la frase inicial de las Historias de Heródoto entre lo que deriva de [las acciones] de los hombres (ta genomena ex anthrôpôn) y sus grandes y sorprendentes obras (erga megala kai thômasta) sugiere que él era más consciente de la distinción que aquí se hace que muchos de sus sucesivos compatriotas.

CONTENCIÓN DEL PODER Y

DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA

FRIEDRICH A. HAYEK*

Vivimos en una época en la que la justicia ha desaparecido. Nuestros parlamentos producen alegremente leyes contrarias a la justicia. Los estados tratan a sus súbditos arbitrariamente, sin intentar conservar un sentido de justicia. Los hombres que caen bajo el poder de otra nación se encuentran a todos los efectos fuera de la ley. Ya no hay respeto por su derecho natural a la madre patria, o a su casa o propiedad, su derecho a ganarse la vida, o a tener cualquier otra cosa.

Nuestra confianza en la justicia ha sido completamente destruida.

ALBERT SCHWEITZER**

Poder limitado y poder ilimitado

La limitación eficaz del poder es el problema más importante del orden social. El gobierno es indispensable para la formación de este orden sólo en la medida en que tiene que proteger a todos de la coacción y de la violencia. Pero, apenas reclama y obtiene para tal fin el monopolio de la coacción y de la violencia, se convierte también en la principal amenaza para la libertad individual. Limitar este poder fue el gran objetivo de los fundadores del gobierno constitucional en los siglos XVII y XVIII. Pero el esfuerzo por contener los poderes del gobierno se abandonó casi inadvertidamente cuando erróneamente se pensó que el control democrático del ejercicio del poder constituía una salvaguardia suficiente contra su excesivo crecimiento.1

* Derecho, Legislación y Libertad, Capítulo XVIII, Unión Editorial, 2014.

** El pasaje que encabeza este capítulo se encuentra en Albert Schweitzer, Kultur und Ethik, Kulturphilosophie, vol. 2 (Berna, 1923), p. XIX.

1 Véase K. R. Popper, The Open Society and its Enemies (5.ª ed., Londres, 1974), vol. I, p. 124: «Porque cabe distinguir dos tipos principales de gobierno. El primer tipo es el de aquellos gobiernos de los que podemos deshacernos sin derramamiento de sangre, Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XX, n.º 1, Primavera 2023, pp. 487 a 519

FRIEDRICH A. HAYEK

Desde entonces hemos venido apreciando que precisamente la omnipotencia otorgada a las asambleas representativas democráticas las expone a la presión irresistible para emplear el propio poder en beneficio de intereses especiales, una presión a la que una mayoría con poderes ilimitados no puede resistir si quiere seguir siendo mayoría. Esta situación sólo puede evitarse privando a la mayoría gobernante del poder de conceder favores discriminado-res a grupos o individuos. Esto se ha considerado siempre imposible en una democracia, pues parecía suponer la existencia de otra voluntad situada por encima de la de los representantes elegidos por la mayoría. En realidad el gobierno democrático precisa de limitaciones aún más rigurosas en sus poderes discrecionales que las que se necesitan en otras formas de gobierno, ya que está mucho más sometido a la eficaz presión de los grupos de interés, incluso pequeños, de los que depende su mayoría.

Sin embargo, el problema parecía insoluble sólo porque se había olvidado un ideal más antiguo, esto es que el poder de cualquier autoridad que ejerza funciones de gobierno tiene que estar limitado por normas de gran alcance que nadie puede modificar o derogar para fines particulares: principios que son los términos según los cuales se constituye una comunidad que reconoce una autoridad porque ésta se compromete a respetar las mencionadas normas. Fue la superstición constructivista-positivista la que indujo a creer que tenía que haber un único poder supremo e ilimitado del que derivan todos los demás, siendo así que la autoridad suprema debe el respeto de que es objeto únicamente a las normas generales que limitan sus acciones.

por ejemplo, por medio de unas elecciones generales; esto significa que las instituciones sociales prevén los medios por los que los gobernados pueden deshacerse de sus gobernantes, y las tradiciones sociales garantizan que estas instituciones no serán fácilmente destruidas por quienes están en el poder. El segundo tipo es el de aquellos gobiernos en que los gobernados sólo pueden deshacerse de ellos mediante una revolución victoriosa, es decir en la mayoría de los casos no pueden hacerlo en absoluto.

Sugiero que el término ‘democracia’ se emplee para designar sucintamente a los gobiernos del primer tipo, y los términos ‘tiranía’ o ‘dictadura’ se reserven para los del segundo. Creo que ello concuerda con el uso tradicional.»

En relación con las siguientes consideraciones sobre el carácter negativo de los valores políticos más elevados, véase también K. R. Popper, Conjectures and Refutations (2.ª ed., Londres, 1965), p. 230.

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA Lo que hoy se entiende por gobierno democrático sirve, en razón de su construcción, no a la opinión de la mayoría sino a los diversos intereses de un conglomerado de grupos de presión cuyo apoyo el gobierno debe comprar mediante la concesión de beneficios particulares, por el simple hecho de que no podría retener a quienes le apoyan si se negara a concederles lo que está en su poder darles. El aumento progresivo de la coacción discrimina-dora que de ello resulta amenaza hoy con estrangular el desarrollo de una civilización que se basa en la libertad individual. Una errónea interpretación constructivista del orden de la sociedad, unida a una equivocada concepción del significado de la justicia, se ha convertido de hecho en el mayor peligro del futuro, no sólo en lo que respecta a la riqueza material, sino también la moral y la paz. Nadie que conozca lo que sucede puede dudar por más tiempo de que la amenaza a la libertad personal viene principalmente de la izquierda, no en razón de los particulares fines que persigue, sino porque los distintos movimientos socialistas son los únicos cuerpos organizados que, por objetivos que atraen a muchos, quieren imponer a la sociedad un proyecto preconcebido.

Este proyecto no puede por menos de generar la extinción de toda responsabilidad moral del individuo, y ya ha eliminado, uno tras otro, la mayor parte de aquellos baluartes de la libertad individual que se fueron construyendo a lo largo de siglos de evolución del derecho.

Para recuperar ciertas verdades fundamentales aniquiladas por generaciones de demagogia, es necesario comprender por qué los valores básicos de una Gran Sociedad o Sociedad Abierta deben ser negativos, garantizando al individuo el derecho, dentro de un ámbito conocido, a perseguir sus propios fines sobre la base de sus propios conocimientos. Sólo estas normas negativas hacen posible la formación de un orden que se autogenera, utilizando el conocimiento y sirviendo los deseos de los individuos. Tendremos que reconciliarnos con el extraño hecho de que, en una sociedad de hombres libres, la máxima autoridad, en tiempos normales, no debe tener ningún poder de mando positivo. Su único poder debería ser el de prohibir mediante normas generales, de tal suerte que deba su posición suprema, en todas sus acciones, al compromiso con unos principios generales.

FRIEDRICH A. HAYEK

Paz, libertad y justicia: los tres grandes valores negativos La razón fundamental de que lo mejor que un gobierno puede ofrecer a una Gran Sociedad de hombres libres presenta un carácter negativo es la esencial ignorancia de cualquier individuo u organización que puede dirigir las acciones humanas respecto a la multitud inconmensurable de hechos particulares que determinan el orden de sus actividades. Sólo los tontos piensan que lo saben todo, aunque abundan demasiado. Esta ignorancia es la causa de que el gobierno sólo pueda ayudar (o acaso hacer posible) la formación de un orden o estructura abstracta, en la que las distintas expectativas de los individuos como que se combinan entre sí, con tal de que se les obligue a observar ciertas normas negativas o prohibiciones que son independientes de objetivos particulares. Ello solamente puede asegurar el carácter abstracto pero no el contenido positivo del orden que surge del uso que se hace del propio conocimiento por parte de individuos que persiguen sus propios fines, delimitando sus esferas personales respecto a las de los demás mediante normas abstractas y negativas.

Sin embargo, para la mayoría de los individuos es muy difícil aceptar el hecho de que, para hacer más eficaz el uso de las informaciones que poseen, el mayor beneficio que el gobierno puede ofrecer debe ser «meramente» negativo. Por consiguiente, todos los constructivistas tratan de disfrazar la concepción originaria de estos ideales.

Tal vez sea la paz el único de estos grandes ideales cuyo carácter negativo la gente suele estar preparada para a aceptar, sin que en este punto esté dispuesta a dejarse engañar. Espero que si, por ejemplo, un Kruchev se hubiera servido del popular ardid socialista de aceptar la paz sólo si se hubiera tratado de una «paz positiva», todos habrían comprendido que ello significaba simplemente libertad de hacer lo que quería. Sin embargo, da la impresión de que pocos reconocen que cuando los falsos intelectuales pretenden que la libertad, la justicia o el derecho se convierten en valores

«positivos», se trata de un intento semejante de falsear los ideales básicos y abusar de ellos. Como en el caso de muchas otras cosas buenas, como la tranquilidad, la salud, el tiempo libre, el sosiego mental, la buena conciencia, la falta de ciertos males más bien que

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA la presencia de ciertas cosas positivas es la condición para el éxito de los esfuerzos individuales.

El uso corriente de emplear «positivo» y «negativo» casi como sinónimos de «bueno» y «malo», y hacer sentir a la gente que un

«valor negativo» es lo opuesto a un valor, un desvalor o un mal, hace que muchos sean incapaces de captar el carácter esencial de los mayores beneficios que nuestra sociedad puede ofrecernos.

Los tres grandes valores negativos de la Paz, la Libertad y la Justicia son en realidad el único fundamento indispensable de la civilización que el gobierno debe proporcionar. Están necesariamente ausentes de la condición «natural» del hombre primitivo, y los instintos innatos del hombre no los proporcionan a sus semejantes. Como veremos en el Epílogo a esta Tercera Parte, son los frutos más importantes, pero aún sólo imperfectamente asegurados, de las reglas de la civilización.

La coacción sólo puede ayudar a los hombres libres en la persecución de sus propios fines haciendo que se aplique un marco de referencia de normas universales que no los dirigen hacia fines particulares, sino que les permiten crear por sí mismos un espacio protegido frente a perturbaciones imprevisibles causadas por otros hombres —incluidos los agentes del gobierno—, que a su vez persiguen también sus propios fines. Y si la mayor necesidad es la seguridad contra la violación de ese espacio protegido por parte de otros individuos, incluido el gobierno, la mayor autoridad necesaria es aquella que es la única que puede decir «no» a los otros, pero que como tal no tiene poderes «positivos».

La concepción de una autoridad suprema que no puede dictar órdenes nos parece extraña e incluso contradictoria porque se ha llegado a creer que la autoridad suprema debe ser omnipresente y omnipotente, que comprende todos los poderes de las autoridades subordinadas. Pero esta creencia «positivista» carece en absoluto de justificación. Excepto cuando, como resultado de fuerzas externas humanas o naturales, se perturba el orden que se autogenera y se precisan medidas de emergencia para restaurar las condiciones necesarias para su funcionamiento, no hay necesidad alguna de tales poderes «positivos» de la autoridad suprema. Ciertamente, existen todas las razones para desear como autoridad suprema aquella cuyos poderes se basan en su sumisión al tipo de normas

FRIEDRICH A. HAYEK

abstractas que, con independencia de las consecuencias particulares, exigen evitar la interferencia del gobierno o de cualquier organismo privado en los derechos adquiridos de los individuos. Esta autoridad, comprometida normalmente con ciertos principios reconocidos, y que por lo tanto puede ordenar la aplicación de tales normas generales, pero que, mientras la sociedad no esté amenazada por fuerzas externas, no tiene otros poderes coactivos, puede estar aún por encima de cualquier poder gubernativo. Dicha autoridad puede también ser la única que se extiende sobre todo el territorio, mientras que todos los poderes gubernativos podrían estar separados según las distintas regiones.

Centralización y descentralización

La cantidad de centralización que se da por descontada y en la que el supremo poder legislativo y gubernativo son parte de la misma organización unitaria que llamamos nación o estado (poco reducida incluso en los estados federales), es esencialmente efecto de la necesidad de hacer que esta organización sea fuerte en vistas a la guerra. Pero en nuestro tiempo, en que por lo menos en Europa Occidental y en América del Norte se piensa que se ha excluido la posibilidad de guerra entre naciones asociadas que, para su defensa, esperemos que de manera efectiva, se confían a una organización supranacional, debería admitirse gradualmente que es posible reducir la centralización y dejar de confiar tantas funciones al gobierno nacional únicamente con el fin de hacerle fuerte contra los enemigos externos.

Por mor de claridad, era necesario discutir en el contexto de este libro los cambios en la estructura constitucional que resultan necesarios para preservar la libertad individual, con referencia al tipo más familiar de estado unitario. Pero en realidad dichos cambios son aún más convenientes cuando se trata de una estructura jerárquica descentralizada en sentido federal. Aquí sólo podemos mencionar algunos aspectos principales.

El sistema bicameral, que generalmente se considera esencial para una constitución federal, adquiere en nuestro esquema un derecho de prioridad para un objetivo distinto; pero en una

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA federación su función puede desempeñarse con otros medios, por ejemplo con un sistema de doble computación de los votos, por lo menos en las asambleas gubernativas: una por número de representantes populares y otra por número de estados representados en la asamblea. Tal vez sería deseable limitar el sistema federal al gobierno propiamente dicho, y tener una única asamblea legislativa para toda la federación. Sin embargo, no es realmente necesario tener asambleas legislativas y gubernativas siempre al mismo nivel jerárquico, siempre que el poder gubernativo, ya se extienda a un territorio mayor o menor que el poder legislativo, esté siempre limitado por este último. Esto, al parecer, haría deseable que el poder legislativo cubra un territorio más amplio que el del poder gubernativo; existen, sin embargo, diversos ejemplos (Gran Bretaña con un sistema de derecho privado distinto en Inglaterra y en Escocia, y los Estados Unidos con la common law en la mayoría de los estados y el Código Napoleónico en uno de ellos) de un poder ejecutivo central que gobierna sobre territorios con distinto derecho, y algunos (la Commonwealth británica en cierto sentido y en un determinado periodo) en el que el poder supremo de determinar el derecho (el tribunal de última instancia) era común a cierto número de gobiernos por lo demás totalmente independientes.

Más importantes para nuestro propósito, sin embargo, son las deseables delegaciones que resultarían posibles en caso de que el poder de una autoridad supernacional de prohibir acciones perjudiciales entre los estados asociados redujera la necesidad de tener un gobierno central fuerte por razones de defensa. Muchas de las actividades del gobierno como prestador de servicios podrían delegarse provechosamente a las autoridades regionales o locales, perfectamente limitadas en sus poderes coactivos por las normas emanadas de la suprema autoridad legislativa.

Naturalmente, no existe ni a nivel nacional ni internacional un fundamento moral por el que las regiones más pobres tengan derecho a explotar para sus fines la riqueza de las más ricas. Sin embargo, la centralización avanza no porque la mayoría de la población en la región más grande desee proporcionar los medios para la asistencia a las regiones más pobres, sino porque la mayoría, para ser tal, tiene necesidad de los votos adicionales de regiones que se benefician del reparto de la riqueza producida por las

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regiones más grandes. Lo que sucede en las naciones actuales está empezando a suceder a escala internacional, donde, por una estúpida competencia con Rusia, las naciones capitalistas, en lugar de prestar capitales a las empresas de países que persiguen políticas económicas que consideran prometedoras, subvencionan en gran escala los experimentos socialistas de los países subdesarrollados, donde sabemos que los fondos concedidos serán ampliamente derrochados.

La «regla de la mayoría» frente a las «normas de derecho»

aprobadas por la mayoría

No sólo la paz, la justicia y la libertad, sino también la democracia es un valor básicamente negativo, una norma de procedimiento que sirve de protección frente al despotismo y la tiranía, y ciertamente no es más pero tampoco mucho menos importante que los tres primeros grandes valores negativos; con otras palabras, es una convención que sirve principalmente para evitar daños. Ahora bien, como la justicia y la libertad, la democracia está también hoy amenazada por los intentos de darle un contenido «positivo».

Tengo casi la plena convicción de que la democracia ilimitada tiene los días contados. Si se quiere mantener los valores fundamentales de la democracia, es preciso adoptar una forma distinta de la misma, o tarde o temprano se perderá la posibilidad de desemba-razarse de un gobierno opresivo.

Como vimos anteriormente (Capítulos XII, XIII y XVI), en el sistema hoy dominante quien decide sobre las cuestiones de interés general no es la opinión común de la mayoría de los ciudadanos, sino ese tipo de mayoría que debe su existencia y poder al hecho de satisfacer los intereses particulares de numerosos pequeños grupos, mediante la concesión de favores que los diputados no pueden negar si quieren seguir siendo mayoría. Pero mientras siempre es posible el acuerdo de la mayoría de los miembros de una Gran Sociedad sobre normas generales, la llamada aprobación por la mayoría de un conjunto de medidas que sirven a intereses particulares es una farsa.

Comprar el apoyo de una mayoría mediante pactos con específicos grupos de interés, aunque sea precisamente lo que ha venido a

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA significar hoy el término «democracia», no tiene nada que ver con su ideal originario, y es ciertamente contrario a la concepción moral fundamental de que cualquier uso de la fuerza debería ser dirigido y limitado por la opinión de la mayoría. El proceso de compraventa de votos, que hoy se acepta como parte necesaria de la democracia que conocemos, y que efectivamente es inevitable en una asamblea representativa que tiene el poder tanto de aprobar normas generales como de dictar órdenes, es moralmente insostenible y genera todo eso que un observador imparcial de la vida política ve en ella de despreciable. Claro está que no es una consecuencia necesaria del ideal según el cual la opinión de la mayoría debería imponerse, sino que más bien es contraria al mismo.

Este error está estrechamente ligado a la falsa idea de que la mayoría es libre de hacer todo lo que se le antoje. Una mayoría de los representantes del pueblo basada en el mercadeo de las demandas de los grupos no puede jamás representar la opinión de la mayoría del pueblo. Esta «libertad del Parlamento» significa la opresión del pueblo, es totalmente contraria a la concepción de una limitación constitucional del poder del gobierno y es inconciliable con el ideal de una sociedad de hombres libres. El ejercicio del poder de una democracia representativa más allá de los límites en que los electores pueden comprender el significado de sus decisiones sólo puede corresponder a la opinión de la mayoría del pueblo (o ser por ella controlada) si, en todas sus medidas coactivas, el gobierno se limita a las normas aplicables por igual a todos los miembros de la comunidad.

Mientras persista la forma actual de democracia, no podrá existir un gobierno honesto, aunque los políticos fueran ángeles, o estuvieran profundamente convencidos del valor supremo de la libertad personal. No tenemos razón para acusarles de actuar como actúan, ya que, manteniendo las instituciones actuales, los colocamos en una posición en la que sólo pueden obtener el poder para hacer algo bueno si se comprometen a asegurar beneficios especiales a diversos grupos. Esto ha llevado al intento de justificar estas medidas con la construcción de una pseudoética, llamada

«justicia social», que es incapaz de pasar todas las pruebas que un sistema de normas morales debe superar para asegurar la paz y la colaboración entre hombres libres.

FRIEDRICH A. HAYEK

La idea crucial de este libro es que, en una sociedad de hombres libres, la coacción sólo puede justificarse por una opinión dominante sobre los principios que deben gobernar y limitar el comportamiento individual. Es evidente que una sociedad pacífica y próspera sólo puede existir si tales normas se aceptan generalmente y, si llega el caso, se aplican por la fuerza. Esto nada tiene que ver con cualquier «voluntad» que tiende a un objetivo particular.

A muchos de nuestros contemporáneos sigue pareciéndoles extraño e incluso incomprensible que, en semejante sociedad, el poder supremo tenga que ser un poder limitado, no omnicompren-sivo, en lugar de ordenarse a contener tanto al gobierno organizado como a las personas físicas y a las organizaciones, haciendo que observen unas normas generales de conducta. Sin embargo, el que la única autorización al empleo de la coacción por parte de la autoridad suprema se conceda para hacer respetar unas normas de conducta igualmente aplicables a todos es, tal vez, la condición de la sumisión que crea el estado. Este poder supremo deberá la fidelidad y el respeto que reclama a su compromiso con los principios generales, y sólo deberá acudir a la coacción para garantizar la obediencia a los mismos. Y precisamente para que estos principios se ajusten a la opinión general, el supremo poder legislativo se concibe como representativo de las opiniones de la mayoría del pueblo.

Confusión moral y deterioro del lenguaje

Bajo la influencia de la agitación socialista, a lo largo de los últimos cien años el sentido mismo de muchas palabras clave que denotaban los ideales políticos ha cambiado tanto que hoy es preciso dudar incluso antes de emplear términos tales como «libertad», «justicia», «democracia» o «derecho», puesto que ya no tienen el significado originario. Pero, como se refiere que dijo Confucio,

«cuando las palabras pierden su significado, el pueblo pierde su libertad». Lamentablemente, no fueron sólo propagandistas ignorantes sino a menudo sesudos filósofos sociales los que contribuyeron al deterioro del lenguaje, cambiando el significado de palabras perfectamente claras y precisas para inducir a la gente a servir a unos fines que consideraban buenos. Cuando John Dewey define

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA la libertad como «el poder efectivo de hacer determinadas cosas»,2

ello puede parecer un truco para engañar a los inocentes. Pero si otro filósofo social sostiene, hablando de la democracia, que «la línea de aproximación más prometedora es decir que la democracia.. se considera buena porque en conjunto es el mecanismo para garantizar ciertos elementos de justicia social»,3se trata evidentemente de una completa ingenuidad.

La generación más joven de filósofos sociales parece que ni siquiera saben el significado que en otro tiempo tuvieron los conceptos básicos. Sólo así puede explicarse la afirmación de un joven estudioso de que el uso de la expresión «justo estado de cosas..

debe considerarse como la fundamental, porque cuando se califica a un hombre de justo se entiende que éste trata de obrar de tal modo que resulte un justo estado de cosas»;4 y añade incluso, algunas páginas más adelante, que «aquí parece presentarse (!) una categoría de ‘justicia privada’ que se refiere a las relaciones de un hombre con sus semejantes, cuando no actúa como partícipe de una de las principales instituciones sociales».5 Esto acaso pueda explicarse por el hecho de que hoy un joven se topa por primera vez con el término «justicia» en ese contexto; pero se trata naturalmente de una parodia de la evolución del concepto. Como ya vimos, un estado de cosas que no es producido deliberadamente por los hombres no posee ni inteligencia ni virtud ni justicia ni 2 John Dewey, «Liberty and social control», en Social Frontier, noviembre de 1935; véase también mis más amplios comentarios en The Constitution of Liberty, cap. I, nota 21.

3 Morris Ginsberg en W. Ebenstein (ed.), Modern Political Thought: The Great Issues (Nueva York, 1960).

4 David Miller, Social Justice (Oxford, 1976), p. 17. Véase también M. Duverger, The Idea of Politics (Indianápolis 1966), p. 171: «La definición de justicia. . casi siempre se centra en la distribución de la riqueza y las ventajas sociales.» Cabe preguntarse si estos autores han oído hablar alguna vez de John Locke o de David Hume, e incluso de Aristóteles. Véase, por ejemplo, John Locke, An Essay Concerning Human Understan-ding, IV, III, 18: «Donde no hay propiedad no hay justicia, es una proposición tan indiscutible como cualquier demostración de Euclides, y puesto que la idea de propiedad es la de un derecho sobre alguna cosa, y la idea a la que se da el nombre de ‘injusticia’

proviene de la violación de ese derecho, es evidente que, al ser de este modo afirmados estos conceptos con los términos que se les atribuyen, podemos sin duda considerar esta proposición como tan verdadera como la de que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos.»

5 D. Miller, op. cit., p. 23.

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cualquier otro atributo de los valores humanos, ni siquiera cuando es el resultado imprevisible de un juego que la gente ha aceptado jugar entrando, por propio interés, en relación de intercambio con los demás. La justicia, naturalmente, no se refiere a los fines de una acción, sino a su sometimiento a ciertas normas.

Se podrían aumentar hasta el infinito estos ejemplo, elegidos al azar, del abuso corriente de términos políticos en los que la gente hábil con las palabras, cambiando el significado de conceptos que acaso jamás comprendió a fondo, los ha vaciado gradualmente de cualquier contenido claro. Es difícil saber qué hacer cuando los enemigos de la libertad se autodefinen como liberales, como hoy sucede generalmente en Estados Unidos —excepto llamarlos, como es preciso hacer, pseudo-liberales—, o cuando apelan a la democracia entendida como igualitarismo.6 Todo ello forma parte de esa trahision des clercs que Julien Benda denunció hace cuarenta años, pero que desde entonces han conseguido crear un reino de falsedad que se ha hecho habitual en la discusión de problemas de política «social» y en el lenguaje de los políticos que se sirven habitualmente de esta ficción sin reconocerla como tal.

Pero no son sólo los socialistas declarados los que nos llevan por este camino. Las ideas socialistas han penetrado tan profundamente en el modo común de pensar que no sólo aquellos pseudo-liberales que simplemente enmascaran su socialismo con el nombre que se dan, sino también muchos conservadores han tomado ideas y lenguaje típicamente socialistas y los emplean constantemente pensando que son una parte establecida del pensamiento corriente. Esto no sucede sólo entre gente que tiene ideas políticas bien claras, o que incluso tiene parte activa en los asuntos públicos;7 en realidad, la difusión más eficaz de las ideas socialistas sigue siendo obra de lo que David Hume llamaba las fantasías 6 J. A. Schumpeter, History of Economic Analysis (Nueva York, 1954), p. 394: «Como supremo, aunque no intencionado homenaje, los enemigos del sistema de libre empresa consideraron oportuno apropiarse de su etiqueta.»

7 Como me señaló recientemente un buen amigo mío, «si contáramos como ‘socialistas’ a todos los que creen en lo que llamamos ‘justicia social’ (como debería hacerse, dado que aquello a lo que se refieren sólo puede conseguirse mediante el uso de los poderes del estado), tendremos por fuerza que admitir que probablemente en torno al 90% de la población de las democracias occidentales es actualmente socialista».

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA de los poetas,8 es decir de literatos ignorantes que están convencidos de que las palabras atrayentes que emplean tienen un significado definido. Sólo porque estamos tan habituados a ello, se nos puede explicar cómo, por ejemplo, centenares de millares de hombres de negocios en todo el mundo permiten que entren en su casa ciertos periódicos que en sus páginas literarias acuden incluso a un lenguaje obsceno para ridiculizar al capitalismo (como «la abundancia excremental de la producción capitalista», en el semanario Time del 27 de junio de 1977).9 Aunque el principio de la libertad exige tolerar tales groserías escandalosas, se habría podido esperar que el buen sentido de los lectores les hubiera enseñado en qué publicaciones podían confiar.10

Procedimientos democráticos y objetivos igualitarios

Tal vez la palabra que más ha sufrido en este proceso de pérdida de significado haya sido «democracia». El mayor abuso consiste no en aplicarla a un procedimiento para llegar al acuerdo sobre una acción común, sino en darle un contenido sustantivo que prescriba cuáles deberían ser los objetivos de esta actividad. Por más absurdo que esto sea, muchas de las actuales apelaciones a la democracia se resuelven en decir a las legislaturas democráticas qué es lo que deben hacer. Excepto en lo que concierne a la organización del gobierno, el término «democrático» no dice absolutamente nada sobre los fines particulares sobre los que el pueblo debería votar.

El verdadero valor de la democracia es servir como una precau-ción sanitaria capaz de protegernos de cualquier abuso de poder.

8 David Hume, A Treatise of Human Nature, libro III, sección 2, editado por L. A.

SelbyBigge (Oxford, 1958), p. 494.

9 La parte literaria de esta revista está llena de referencias erróneas a la supuesta injusticia de nuestro ordenamiento económico. ¿Cuál puede ser, en efecto, la conexión causal a la que parece querer hacer referencia determinado comentarista de televisión cuando, en un número anterior del 16 de mayo de 1977, alude a la «miseria que cuesta mantener tan elegantemente podados esos arbustos ducales»?

10 En relación con la sección precedente, véase en general mi ensayo The Confusion of Language in Political Thought (Occasional Paper 20, Institute of Economic Affaires, Londres, 1968).

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Permite echar a un gobierno y tratar de sustituirlo por otro mejor.

En otras palabras, es la única convención hallada hasta ahora para hacer posibles los cambios de gobierno pacíficos. Como tal es un valor importante por el que merece la pena luchar, ya que cualquier gobierno del que el pueblo no puede liberarse mediante un procedimiento reconocido está destinado a caer, tarde o temprano, en malas manos. A pesar de todo, está muy lejos de ser el valor político más importante, y una democracia ilimitada puede ser mucho peor que un gobierno limitado de tipo distinto.

En su actual forma ilimitada, la democracia ha perdido hoy gran parte de su capacidad de servir de protección contra el poder arbitrario. Ha dejado de ser una salvaguardia de la libertad personal, un límite a los abusos del poder del gobierno, que se esperaba se demostraría ser cuando se creía, ingenuamente, que, some-tiendo el poder al control democrático, se podría prescindir de todos los demás límites al poder gubernativo. En cambio, la democracia se ha convertido en la causa principal de un aumento progresivo del poder y del peso de la máquina burocrática.

La asamblea democrática omnipotente y omnicompetente, en la que una mayoría capaz de gobernar sólo puede mantenerse tratando de eliminar todas las fuentes de descontento para cualquier defensor de esa mayoría, camina inexorablemente hacia el control de todos los sectores de la vida privada. Se ve forzada a desarrollar y a imponer, como justificación de las medidas que debe adoptar para mantener el apoyo de la mayoría, un código de justicia distributiva inexistente e inconcebible en el sentido propio del término.

En esta sociedad, tener peso político resulta mucho más rentable que contribuir a la satisfacción de las necesidades del prójimo.

Como todo tiende a convertirse en problema político (para el cual puede invocarse la intervención de los poderes coactivos del gobierno), una parte cada vez mayor de la actividad humana se desvía del campo productivo al político, y no sólo hacia el mecanismo político en sí mismo, sino, peor aún, hacia el aparato para-estatal en rápida expansión, concebido para presionar sobre el gobierno precisamente en vistas a favorecer intereses particulares.

Lo que aún no se ha comprendido es que la mayoría de una asamblea representativa con poderes ilimitados no está en condiciones de —ni está obligada a— limitar sus propias actividades a

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA objetivos deseados por todos los miembros de la mayoría, o incluso aprobados por todos.11 Si esa asamblea tiene poder para conceder beneficios especiales, la cohesión de una mayoría sólo se puede mantener normalmente remunerando a todos los grupos específicos que la integran. En otras palabras, bajo el falso nombre de democracia se ha creado un mecanismo en el que no decide la mayoría, sino que todos sus miembros, para perseguir sus propios fines, deben prestarse a muchas corrupciones para obtener el apoyo de la mayoría. Por más admirable que pueda ser el principio de las decisiones por mayoría para cuestiones que necesariamente afectan a todos, el resultado de la aplicación de tal procedimiento al reparto del botín arrebatado a una minoría disidente no puede menos de ser totalmente reprobable.

Parece inevitable que, si se mantiene la democracia en su forma actual, el concepto mismo está destinado a desacreditarse en tal medida que incluso puede hacer que sea problemática la legitimi-dad de las decisiones por mayoría. La democracia es un peligro porque las instituciones con las que se ha intentado realizarla han producido efectos que erróneamente se toman por el verdadero ideal. Como ya sugerí anteriormente, ni siquiera estoy seguro de que se pueda ya liberar el término democracia de la fundada aversión con que lo considera un número creciente de personas, aunque en realidad pocos se atreven a manifestarlo públicamente.12

Para resumir, la raíz del problema es, desde luego, que en una democracia ilimitada quienes tienen los poderes discrecionales 11 Esta debilidad del gobierno de una democracia omnipotente fue claramente percibida por el gran estudioso alemán de la política Carl Schmitt, quien en los años veinte comprendió el carácter de la naciente forma de gobierno probablemente mejor que la mayoría de las demás personas, y que luego normalmente eligió la que moral e intelectualmente considero la parte equivocada. Véase, por ejemplo, su ensayo «Lega-lität und Legitimität», editado en 1932 y publicado de nuevo en su obra Verfassungsre-chtliche Aufsätze (Berlín, 1958), p. 342: «Ein pluralistischer Parteienstaat wird nicht aus Stärke und Kraft, sondern aus Schwäche ‘total’; er interveniert in alle Lebensgebiete, weil er die Ansprüche aller Interessenten erfüllen muss. Insbesondere muss er sich in das Gebiet der bisher staatsfreien Wirtschaft begeben, auch wenn er dort auf jede Lei-tung und politischen Einfluss verzichtet.»

Muchas de estas importantes conclusiones habían sido ya expuestas en su obra Die geistesgeschichtliche Lage des Parlamentarismus (Munich, 2.ª ed., 1926).

12 Véase supra, p. 405.

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están obligados a usarlos, quiéranlo o no, para favorecer a grupos particulares de los que dependen para obtener la mayoría de los votos. Esto se aplica tanto al gobierno como a las instituciones organizadas democráticamente, como los sindicatos. Aunque si, en el caso del gobierno, algunos de estos poderes ilimitados pueden efectivamente servir para ponerle en condiciones de hacer cosas en sí deseables, debemos sin embargo renunciar a otorgárselos, ya que estos poderes discrecionales ponen la autoridad de manera inevitable y necesaria en una posición en la que se verá obligada a hacer un uso que será más gravemente perjudicial.

«Estado» y «sociedad»

Si la democracia debe mantener una sociedad de hombres libres, la mayoría de un órgano político no debe ciertamente tener poder para «modelar» la sociedad o hacer que sus miembros sirvan fines particulares, es decir fines distintos del orden abstracto que sólo puede garantizarse haciendo observar normas de comportamiento igualmente abstractas. La misión del gobierno es crear un marco de referencia dentro del cual los individuos y los grupos puedan perseguir con éxito sus respectivos fines, y, a veces, emplear sus poderes coactivos para recaudar fondos con los que poder prestar servicios que, por diversas razones, el mercado no puede ofrecer.

Pero la coacción sólo está justificada para ofrecer ese cuadro de referencia dentro del cual todos puedan desplegar sus propias capacidades y conocimientos para sus propios fines, mientras no interfieran con la esfera igualmente protegida de los demás.

Excepto cuando «actos de los enemigos de Dios o del Rey» hacen necesario otorgar temporalmente poderes de emergencia a una autoridad, revocables en todo momento por el organismo que los ha otorgado, nadie tiene por qué poseer un poder de coacción discriminante. (Además, cuando tales poderes tienen que emplearse para prevenir un delito, las personas respecto a las cuales se han aplicado erróneamente tienen derecho al pleno resarcimiento del perjuicio sufrido.)

Gran parte de la confusión sobre este tema se debe a la tendencia a identificar «estado» y «sociedad» (particularmente acentuada

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA en la tradición continental, pero que con la propagación de las ideas socialistas también está creciendo en el mundo anglosajón).

El estado, esto es la organización del pueblo y del territorio bajo un único gobierno, aunque es una condición indispensable del desarrollo de una sociedad avanzada, está muy lejos de ser idéntico a la sociedad, o más bien a la multiplicidad de las estructuras espontáneas y que se autogeneran de hombres libres, que son las únicas que merecen el nombre de sociedad. En una sociedad libre, el estado es una de tantas organizaciones: la que debe proporcionar un marco de referencia eficaz dentro del cual puedan formarse órdenes que se autogeneran; pero es una organización que debe limitarse al aparato del gobierno, y que no debe determinar las acciones de los hombres libres. Aun cuando esta organización del estado comprende muchas organizaciones voluntarias, lo que crea y constituye la sociedad es la red de relaciones que surge espontáneamente entre los individuos y las diversas organizaciones que éstos crean. Las sociedades se forman espontáneamente, mientras que los estados se construyen deliberadamente. Esta es la razón de que, mientras las sociedades o las estructuras que se autogeneran pueden producir los servicios necesarios, son infinitamente preferibles, mientras que las organizaciones deliberadas, basadas en el poder de coacción, tienden a convertirse en camisa de fuerza que resulta perjudicial apenas emplea sus poderes más allá de la aplicación de normas de comportamiento necesariamente abstractas.

Es sumamente desorientador tomar como prototipo de la sociedad el conjunto de habitantes o ciudadanos de una determinada entidad política. En las condiciones actuales, ningún individuo pertenece normalmente a una sola sociedad, y es muy deseable que así sea. Por suerte, cada uno es miembro de muchas sociedades superpuestas y relacionadas entre sí, a las que pertenece con mayor o menos intensidad y por un periodo más o menos largo. La sociedad es una red de relaciones voluntarias entre individuos y entre grupos organizados y, rigurosamente hablando, no existe una sociedad a la que alguien pertenezca de forma exclusiva. Por razones prácticas puede ser conveniente poner de relieve, en un determinado contexto, algunas partes del complejo sistema de redes conexas, a menudo de forma jerárquica, porque vienen a cuento con el tema que se discute, y suponer que es a esta parte del

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sistema a la que el orador o escritor se refiere con el término de

«sociedad». Pero nunca debe olvidarse que hoy muchas personas pertenecen a redes de enlace que se extienden más allá de las fronteras nacionales, y, dentro de una nación, cualquiera puede formar parte de muchas organizaciones de este tipo.

En efecto, la actuación de las fuerzas espontáneas del mercado y de las normas de comportamiento que hacen posible el que se formen tales estructuras ordenadas, que nosotros llamamos «sociedad», sólo resulta completamente inteligible (y al mismo tiempo evidente nuestra capacidad para comprender en detalle su funcionamiento) si somos conscientes de la multiplicidad de tales estructuras superpuestas.

Cualquiera que sea consciente de la naturaleza compleja de esta red de relaciones que determinan los procesos de la sociedad debería reconocer también inmediatamente el erróneo antropomorfismo consistente en concebir una sociedad como «agente» o con

«voluntad» de hacer algo. Originariamente esto era, desde luego, un intento de los socialistas destinado a enmascarar el hecho de que sus propuestas significaban un empeño por aumentar los poderes coactivos del gobierno, por lo que preferían hablar de «socialización» en lugar de «nacionalización» o «politización» de los medios de producción, etc. Pero esto los llevó cada vez más a una interpretación antropomórfica de la sociedad, es decir a aquella tendencia a interpretar los resultados de los procesos espontáneos como dirigidos por una «voluntad», o bien como productos que pueden obtenerse voluntariamente, una tendencia profundamente arraigada en la estructura del pensamiento humano primitivo.

La mayor parte de los procesos de la evolución social no sólo se producen sin que nadie los quiera o los prevea, sino que es esto precisamente lo que hace que den lugar a una evolución cultural.

De un proceso guiado no puede surgir más que lo que puede prever la mente directora. Ella es la única que podría aprovecharse de la experiencia. Una sociedad que se desarrolla no progresa porque el gobierno le imprima nuevas ideas, sino por el hecho de que continuamente nuevos modos y métodos se someten a un proceso de prueba y error. Para repetirlo una vez más, son las condiciones generales favorables las que hacen que personas desconocidas, en circunstancias también desconocidas, produzcan aquellas mejoras

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA que ninguna autoridad suprema sería capaz de aportar deliberadamente.

Un juego que se ajusta a unas reglas generales nada tiene que ver con la justicia del trato

Fue, en efecto, el descubrimiento de que jugar ajustándose a unas reglas generales aumentaba las oportunidades de todos, aun a riesgo de que los resultados de algunos pudieran ser peores de lo que habrían sido de otro modo, lo que hizo que el liberalismo clásico aspirara a la completa eliminación de todo poder de determinación de las rentas relativas ganadas en el mercado. Combinado con medios para atenuar el riesgo mediante la concesión, al margen del mercado, de una renta mínima uniforme a todos aquellos que, por la razón que fuere, son incapaces de ganársela en el mercado, no deja justificación moral alguna al uso de la fuerza, por parte del gobierno o de otros grupos organizados, para determinar las rentas relativas de los distintos individuos. En realidad, es más bien un claro deber moral del gobierno no sólo evitar interferir en el juego, sino también impedir que lo haga cualquier otro grupo organizado.

En semejante orden, cuyos principios excluyen el uso de la fuerza para determinar la situación material, absoluta o relativa, de los distintos individuos, nada tiene que ver la justicia en la fijación de lo que una persona tiene que recibir como remuneración de los servicios de utilidad general que la misma aporta. La utilidad social relativa de toda persona, y de las distintas actividades que los individuos despliegan, no es tanto cuestión de justicia como resultado de acontecimientos que no es posible prever ni controlar.

Lo que la gente —y me temo que también muchos economistas famosos— no entienden es que los precios que se forman en semejante proceso no sirven tanto de remuneración a las distintas personas por lo que han hecho, cuanto de señales que les indican lo que deberían hacer en interés propio y general.

Es simplemente estúpido representar las diferentes ganancias que las distintas personas obtendrán en el juego que han aprendido a practicar porque el mismo asegura la más completa utilización de los conocimientos dispersos en la sociedad y de sus

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capacidades, como si quienes participan en el juego fueran «tratados» por la sociedad de manera diversa. Aun cuando la posición inicial esté determinada por circunstancias accidentales de la historia precedente, en que el juego puede no haber sido siempre jugado honestamente, si el fin es ofrecer el máximo de oportunidades a los hombres tales como son, sin ninguna coacción arbitraria, sólo pueden alcanzarse los propios fines tratando a todos según las mismas reglas, sin tener en cuenta sus diferencias fácticas, dejando que el resultado lo decidan aquellas constantes correcciones del sistema económico determinadas por circunstancias que nadie puede prever.

La idea básica del liberalismo clásico, la única que hace posible un gobierno honesto e imparcial, es que el gobierno debe considerar a todos iguales, por más desiguales que de hecho sean, y que de cualquier manera que el gobierno limite (o apoye) la acción de alguien, igualmente debe, según las mismas normas abstractas, limitar (o apoyar) las acciones de todos los demás. Nadie tiene reivindicaciones especiales que hacer ante el gobierno por el hecho de ser rico o pobre, a parte la pretensión de ser protegido frente a toda forma de violencia por parte de cualquiera, y obtener cierta renta mínima en caso de que las cosas le vayan del todo mal. Incluso el simple tomar nota de la desigualdad de hecho entre los individuos, y convertirla en excusa para cualquier coacción discriminatoria, es una violación de los términos básicos sobre los que un hombre libre se somete al gobierno.

El juego favorece no sólo al ganador, puesto que la utilidad que obtiene por el hecho de haber servido mejor a los demás es siempre tan sólo una parte de lo que ha añadido al producto social; y sólo jugando según las reglas de este juego se puede asegurar ese alto nivel de utilización de los recursos que ningún otro método conocido es capaz de alcanzar.

El para-gobierno de los intereses organizados y la hipertrofia del gobierno

Muchos de los peores defectos de los gobiernos contemporáneos, ampliamente conocidos y deplorados, pero considerados

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA consecuencias inevitables de la democracia, de hecho no son otra cosa que consecuencias del carácter ilimitado de la forma actual de democracia. Aún no se ha comprendido claramente que, en esta forma de gobierno, allí donde éste tiene el poder constitucional de hacer algo, puede verse obligado a hacerlo, incluso contra su mejor juicio, si quienes se benefician de esa iniciativa son «grupos oscilantes» de cuyo apoyo depende la mayoría del gobierno. La consecuencia es que el aparato de los intereses particulares organizados, designado únicamente para presionar sobre el gobierno, se está convirtiendo en la principal pesadilla que impele al gobierno a ser nocivo.

Difícilmente puede tomarse en serio la pretensión de que todas estas características del incipiente corporativismo que forman el para-gobierno son necesarias para advertir al gobierno de los probables efectos de sus decisiones. No trataré aquí de valorar qué proporción de miembros más capaces y mejor informados de la sociedad se hallan ya ocupados en estas actividades esencialmente antisociales; me ceñiré a subrayar que ambas partes de los que hoy se designa eufemísticamente «partners sociales» ( Sozialpartner) se ven frecuentemente obligados a marginar a algunos de sus mejores miembros para que no ofrezcan lo que el público necesita, y ello para hacer inútiles los esfuerzos ajenos. Tengo muy poco que añadir a la magistral descripción del mecanismo de este proceso de gobierno mediante coaliciones de intereses organizados que el Profesor Mancur Olson Jr. ofrece en su libro La lógica de la acción colectiva,13 y me limitaré a resumir algunos puntos.

Es evidente que toda presión sobre el gobierno a fin de que emplee sus poderes coactivos para beneficiar a grupos particulares es perniciosa para la generalidad de los individuos. Pero es erróneo pretender que, a este respecto, todos los grupos tengan la misma posición y que, en particular, la presión que ejercen las grandes sociedades o corporaciones sea comparable a la de las organizaciones laborales, a las que en muchos países se les autoriza por ley a usar la coacción para ganarse apoyos a su política.

13 Harvard University Press, 1965. Véase también mi introducción a la traducción alemana de esta obra, realizada por los miembros de mi seminario de Friburgo y publicada bajo el título Die Logik des kollektiven Handelns (Tubinga, 1968).

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Otorgando a los sindicatos, por presuntas razones «sociales», privilegios únicos de los que apenas goza el gobierno, las organizaciones de los trabajadores han podido explotar a otros trabajadores privándoles totalmente de la oportunidad de un buen empleo.

Aunque por razones de conveniencia, esta situación se ignore, los principales poderes de los sindicatos se basan hoy enteramente en la posibilidad que tienen de emplearlos para impedir a otros trabajadores desarrollar el trabajo que desean.

Pero, al margen de que, con el ejercicio de este poder, determinados sindicatos pueden conseguir sólo una mejora relativa de los salarios de sus propios miembros, al precio de reducir la productividad general de la mano de obra y por tanto el nivel general de los salarios reales, y aparte de que ponen al gobierno, que controla la cantidad de dinero, en la necesidad de generar inflación, este sistema está destruyendo rápidamente el orden económico. Hoy los sindicatos pueden poner al gobierno en una situación en que la única opción es provocar la inflación o afrontar la acusación por un paro que en realidad es fruto de la política salarial de los sindicatos (especialmente de su política de mantener constante la relación entre los distintos salarios). Esta política no tardará en destruir el orden de mercado, probablemente a través del control de los precios que la creciente inflación exigirá del gobierno.

No puedo discutir aquí más a fondo de lo que lo hice a propósito del paragobierno la amenaza que representa el creciente crecimiento de la maquinaria gubernamental, es decir la burocracia. La democracia, al mismo tiempo que parece hacerse omnicompren-siva, a nivel de gobierno resulta totalmente imposible. Es una ilusión creer que el pueblo, o sus representantes elegidos, pueda gobernar en sus detalles una sociedad compleja. El gobierno que se basa en el apoyo general de la mayoría determinará, desde luego, las líneas generales, mientras no sea arrastrado simplemente por la fuerza de sus actos precedentes. El gobierno se está ya haciendo tan complejo que es inevitable que sus miembros, como jefes de los distintos ministerios, sean cada vez más simples marionetas de la burocracia, a la que siguen dando «directrices generales», pero de cuya actuación depende la ejecución de todos los detalles. Con razón los gobiernos socialistas quieren politizar esta burocracia, ya que las decisiones más importantes se producen en su seno, y

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA no dentro de órganos democráticos. No se puede alcanzar un poder totalitario sin ese control de la burocracia.

Democracia ilimitada y centralización

En nada se manifiestan más claramente los efectos de la democracia ilimitada que en el aumento general del poder del gobierno central mediante la asunción de funciones que en otro tiempo des-empeñaban las autoridades regionales y locales. Probablemente con la única excepción de Suiza, el gobierno central se ha convertido en todas partes no sólo en el gobierno por excelencia, sino que sigue concentrando cada vez más actividades bajo su competencia exclusiva. Que una nación sea gobernada principalmente desde su capital nacional y que este poder central no sólo proporcione una estructura legal común (o por lo menos garantice la existencia de un derecho claramente determinado que regula las relaciones entre sus habitantes), sino que también cada vez más servicios prestados por el gobierno a la gente estén dirigidos por un único mando central, es una situación que actualmente se considera como inevitable y natural, aunque recientemente en muchas partes del mundo las tendencias al secesionismo muestran un creciente resentimiento contra semejante situación.

Recientemente, el desarrollo de los poderes del gobierno central ha sido alentado también por aquellos planificadores centrales que, cuando sus esquemas fracasan a nivel local o regional, suelen reclamar que para ser eficaces deben aplicarse a escala más amplia.

El fracaso en controlar incluso los problemas de modesto alcance se transformó a menudo en excusa para intentar esquemas todavía más ambiciosos, menos adecuados a una dirección centralizada o a un control por parte de la autoridad central.

Pero la razón decisiva de la creciente preponderancia que el gobierno central ha adquirido en nuestro tiempo es que sólo a ese nivel, por lo menos en los estados unitarios, el órgano legislativo tenía ese poder ilimitado que ningún poder legislativo debería poseer, pero que le permite modelar sus propias «leyes» de tal suerte que la administración pueda adoptar las medidas discrecionales y discriminatorias que se precisan para alcanzar el deseado

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control del proceso económico. Si el gobierno central puede imponer muchas cosas que el gobierno local no puede, el modo más fácil para satisfacer las pretensiones de los grupos es presionar sobre las decisiones de la autoridad central. Privar al legislativo nacional (o estatal en las federaciones) del poder de servirse de la legislación para otorgar poderes discrecionales a la administración eliminaría la causa principal de la progresiva centralización de todo gobierno.

El traspaso de la política interior al gobierno local14

Si estos poderes arbitrarios no se hubieran transferido inadvertidamente a las «legislaturas», toda la estructura de los gobiernos se habría ciertamente desarrollado según líneas totalmente diferentes. Si toda administración estuviera controlada por leyes uniformes que no puede cambiar, y que nadie podría modificar para hacerles servir a sus fines específicos, cesaría el abuso de la 14 Desde luego, muchos problemas que se siguen de tales situaciones fueron objeto de animada discusión por parte de los liberales ingleses del siglo XIX en relación con la lucha contra las leyes sobre establecimiento. Muchas observaciones atina-das sobre este tema pueden hallarse en Edwin Cannan, The History of Local Rates in England (2.ª ed., Londres, 1912).

Uno de los problemas más complejos es tal vez el que se refiere a cómo el deseo de atraer o mantener gente como residente puede y debe combinarse con una libertad de elegir a quién aceptar y a quién rechazar como miembro de una determinada comunidad. La libertad de migración es uno de los principios generalmente aceptados y totalmente admirables. Ahora bien, ¿puede este principio dar en general a un extranjero el derecho a establecerse en una comunidad en la que no es aceptado? ¿Tiene derecho a que se le dé un trabajo o se le venda una vivienda, si ningún residente está dispuesto a dárselo? Tendría realmente derecho a aceptar un trabajo o a comprar una casa que le fueran ofrecidos. Pero ¿tienen los indígenas obligación de ofrecérselos? ¿O habría que considerarlo un delito si voluntariamente decidieran no hacerlo? Los suizos y los tiro-leses tienen un modo particular de evitar que los extranjeros se establezcan entre ellos.

¿Es ciertamente antiliberal, o está moralmente justificado? Para comunidades asentadas desde hace tiempo, no tengo respuestas seguras a esta pregunta. Sin embargo, como sugiero en The Constitution of Liberty, pp. 349-353, creo posibles futuros desarrollos en el sentido de una posesión inmobiliaria que comporte una división de los derechos de propiedad entre una propiedad inmobiliaria absoluta por parte de una sociedad, y la cesión en alquiler por un largo periodo de las parcelas que asegure a los distintos arrendatarios una protección contra los vecinos indeseables. Esta sociedad, claro está, debería ser libre de decidir si quiere alquilar las parcelas.

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA legislación al servicio de intereses especiales. La mayor parte de los servicios que hoy presta el gobierno central podrían transfe-rirse a las autoridades regionales o locales, que tendrían poder para recaudar impuestos en la medida que decidieran, pero que sólo podrían recaudar o prorratear según normas generales emanadas de una legislatura central.

Pienso que el resultado sería la transformación de los gobiernos locales e incluso regionales en sociedades casi comerciales que compiten para atraer a los ciudadanos. En efecto, estas sociedades acabarían por ofrecer una combinación de costes y ventajas tal que haría la vida dentro de ese territorio al menos tan atractiva como la que se podría tener en cualquier otro lugar al alcance de sus ciudadanos potenciales. Suponiendo que su poder de impedir la libre migración esté limitado por ley y que no puedan discriminar en la imposición fiscal, su interés consistiría en atraer a los que más podrían contribuir al producto común.

Devolver la dirección de las actividades de muchos servicios que actualmente presta el gobierno a unidades más pequeñas provocaría probablemente el renacimiento de aquel espíritu comunitario que tan sofocado ha sido por la centralización. El carácter inhumano, que muchos advierten en las sociedades modernas, no es tanto fruto del carácter impersonal del proceso económico en que el hombre moderno necesariamente se mueve, en gran medida por fines que desconoce, cuanto del hecho de que la centralización política le ha privado de la posibilidad de tener voz en capítulo en la configuración de su entorno. La Gran Sociedad puede ser sólo un ente abstracto —un orden económico del que se beneficia el individuo obteniendo los medios para sus fines y al que debe aportar su contribución anónima. Esto no satisface sus personales necesidades emotivas. Para un individuo común es mucho más importante participar en la dirección de sus asuntos locales, que ahora se quitan por lo general de las manos de personas a las que conoce y de las que puede aprender a fiarse, para trasladarlos a una burocracia lejana que para él es un mecanismo inhumano. Y mientras en la esfera que el individuo conoce sólo puede ser beneficioso suscitar su interés, e inducirle a aportar su contribución de conocimientos y opiniones, el hecho de tener que expresar opiniones sobre temas que no le

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conciernen de manera evidente sólo puede producir en él un general desprecio hacia la política .15

La abolición del monopolio del gobierno en sus servicios

Naturalmente, no hay ninguna necesidad de que el gobierno central decida quién tiene derecho a prestar los distintos servicios, y es altamente indeseable que tenga poderes perentorios para hacerlo.

En efecto, aunque hoy pueda ser cierto en algunos casos que sólo los organismos gubernativos con poderes vinculantes para imponer tributos pueden prestar ciertos servicios, no existe justificación alguna para que un organismo gubernativo tenga el derecho exclusivo de prestar ciertos servicios. Aunque pueda suceder que el pro-veedor habitual de determinados servicios se halle en una posición tan superior a la de cualquier otro competidor potencial que consiga un monopolio de facto, no existe ningún interés social en concederle un monopolio legal, sea cual fuere la actividad de que se trate.

Esto significa desde luego que cualquier ente gubernamental al que se le permite emplear su poder fiscal para financiar tales servicios, debería estar obligado a devolver las sumas recaudadas para estos fines a todos cuantos prefieren obtener de otro modo esos servicios.

Esto se aplica sin excepción a todos aquellos servicios de los que actualmente el gobierno tiene, o aspira a tener, un monopolio legal, es decir instrucción, transportes, comunicaciones, incluido correos, telégrafo, teléfono, radiodifusión, todas las llamadas «empresas de servicio público», los distintos «seguros sociales», y sobre todo la emisión de moneda, con la única excepción de aquellos servicios que son necesarios para mantener el orden jurídico (incluido el mantenimiento de una fuerza armada necesaria para defenderse de enemigos externos). Algunos de estos servicios pueden por ahora ser proporcionados de manera más eficiente por un monopolio de hecho, pero no se puede ni asegurar una mejora ni protegernos contra la extorsión, a no ser que exista la posibilidad de que algún otro ofrezca servicios mejores.

15 Véase el pasaje antes citado, nota 16, capítulo XII, de J. A. Schumpeter.

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA Como en muchos de los temas tratados en este capítulo final, no puedo entrar en un tratamiento más detallado de las actividades de servicio que hoy presta el gobierno; pero en algunos de estos casos es de capital importancia el problema de si el gobierno tiene o no derecho exclusivo sobre las mismas, lo cual no es simplemente cuestión de eficiencia, sino un problema que afecta directamente al mantenimiento de una sociedad libre. En estos casos la objeción contra cualquier poder monopólico del gobierno debe prevalecer, aun cuando tal monopolio prometiera servicios cualitativamente superiores. Se podría, por ejemplo, descubrir que un monopolio gubernativo sobre la radiodifusión resulta ser una amenaza a la libertad política tanto como lo sería la abolición de la libertad de prensa. El sistema postal es otro caso en el que el actual monopolio del gobierno es únicamente fruto de su intento de controlar la actividad privada, y ha producido en muchos países un servicio cada vez más ineficiente.

Pero sobre todo quiero subrayar que a lo largo de la elaboración de este libro, debido a la confluencia en él de consideraciones políticas y económicas, he llegado a la firme convicción de que un sistema económico libre no podrá funcionar con eficacia, ni podrán eliminarse sus defectos peores o poner coto al continuo crecimiento del gobierno, si no se le priva del monopolio sobre la emisión de moneda. He considerado necesario desarrollar este tema en un libro aparte,16 y temo que todos los baluartes contra la opresión y los demás abusos del poder del gobierno que se quisieran obtener siguiendo las directrices sugeridas en estas páginas serían poco útiles si al mismo tiempo no se privara al estado del control sobre la moneda. Estoy convencido de que hoy no es posible ninguna regla rígida capaz de garantizar una oferta monetaria por parte del estado que al mismo tiempo satisfaga la legítima exigencia y la necesidad de que su valor se mantenga estable. Creo que estos dos objetivos sólo pueden alcanzarse sustituyendo las actuales monedas estatales por otras monedas ofrecidas en competencia 16 Denationalization of Money — the Argument Refined (2.ª edición ampliada, Institute of Economic Affairs, Londres, 1978) [publicado en español por Unión Editorial, en 1983, con el título La desnacionalización del dinero, recogido ahora en el vol. 2 de Ensayos de teoría monetaria, volumen VI de Obras Completas de F.A. Hayek (Madrid, 2001)]

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por empresas privadas, de manera que el público pueda ser libre de elegir las que mejor sirven a sus transacciones.

Esta meta me parece tan importante que creo sería esencial a la constitución de un pueblo libre sancionar semejante principio con alguna cláusula especial como: «El Parlamento no permitirá que ninguna ley viole el derecho de todos a tener, comprar, vender o prestar, estipular y hacer respetar los contratos, calcular y tener sus propios balances, en el tipo de moneda que prefiera.» Aunque esto está de hecho implícito en nuestro principio fundamental de que el gobierno sólo puede hacer respetar y prohibir todo tipo de acción sobre la base de reglas generales y abstractas aplicadas igualmente a todos, incluido el propio gobierno, esta particular aplicación del principio a la moneda es demasiado poco familiar para que podamos esperar que los tribunales comprendan que esta antigua prerrogativa del gobierno no debe ya ser reconocida, a menos que esté explícitamente establecido en la constitución.

La desmitización de la política

Aunque me habría gustado al finalizar esta obra ofrecer algunas indicaciones sobre las implicaciones de los principios desarrollados en los asuntos internacionales, me hallo en la imposibilidad de hacerlo sin alargar indebidamente la exposición. Ello exigiría ulteriores indagaciones que no me es posible emprender por ahora.

Creo que el lector no tendrá dificultad en ver cómo el desmantela-miento del estado monolítico, y el principio de que todo poder supremo debe limitarse a tareas esencialmente negativas —a poder de decir no— mientras que todo poder positivo debe estar confinado a organismos que deben actuar sometiéndose a unas reglas que no pueden modificar, pueden tener aplicaciones de gran alcance a la organización internacional. Como ya indiqué, creo que los intentos que se han realizado en este siglo para crear un gobierno internacional capaz de asegurar la paz generalmente han planteado el tema de manera errónea, creando numerosos organismos especializados con capacidad regulatoria en lugar de intentar establecer un auténtico derecho internacional que limite el poder que tienen los gobiernos nacionales de perjudicarse entre sí. Si los

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA principales valores comunes son negativos, no sólo las normas comunes más importantes sino también la autoridad suprema deberían limitarse esencialmente a establecer prohibiciones.

Difícilmente puede dudarse de que la política en gran parte se ha vuelto demasiado importante, demasiado costosa y dañina, que absorbe demasiadas energías mentales y recursos materiales, y que al mismo tiempo va perdiendo cada vez más el respeto y el apoyo del público, el cual ha llegado a considerarla cada vez más como un mal necesario pero incurable, y que no hay más remedio que soportar. No obstante, la actual amplitud, lejanía y difusión de todo el aparato de la política no han sido elegidas por los hombres, sino que son fruto de un mecanismo de autoalimentación puesto en marcha sin prever sus efectos. El gobierno no es hoy ciertamente un ser humano del que podamos fiarnos, como podría aún sugerir a los ingenuos el ideal del buen gobernante. Tampoco es el resultado de la sabiduría de representantes en los que se confía, cuya mayoría concuerda sobre lo que es mejor. Es un mecanismo dirigido por «necesidades» políticas, al que sólo remotamente afectan las opiniones de la mayoría.

Mientras la legislación propiamente dicha es cuestión de principios a largo plazo y no de intereses particulares, todas las medidas particulares que el gobierno puede adoptar son cuestiones de la política del día a día. Es ilusorio creer que tales medidas específicas responden normalmente a necesidades objetivas sobre las que todo individuo razonable tenga que estar de acuerdo. Siempre deben equilibrarse los costes y los objetivos, y no existe ninguna prueba objetiva de la importancia relativa de lo que puede conseguirse y de lo que debe sacrificarse. Tal es la gran diferencia entre leyes generales, que tienden a mejorar las posibilidades de todos, asegurando un orden en el que se den buenas perspectivas de encontrar un socio para una transacción favorable a ambas partes, y medidas coactivas que tienden a favorecer a personas o grupos particulares. Mientras sea legítimo que un gobierno emplee la fuerza para realizar una redistribución de los beneficios materiales

—lo cual es la almendra del socialismo— no será posible frenar y limitar los instintos rapaces de todos los grupos que siempre quieren más. Cuando la política se convierte en una lucha por repar-tirse el producto global, no es posible un gobierno honesto. De ahí

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la necesidad de que cualquier uso de la coacción para asegurar una cierta renta a grupos determinados (a parte el nivel mínimo para todos aquellos individuos que no pueden ganar lo suficiente en el mercado) sea proscrito como inmoral y estrictamente antisocial.

Hoy los llamados legisladores son los únicos que poseen un poder no controlado por ninguna ley vinculante, y al mismo tiempo son impulsados por las necesidades políticas de una máquina que se autoalimenta. Pero esta forma de democracia dominante es en último análisis autodestructiva, porque impone a los gobiernos tareas sobre las que no existe ni puede existir una opinión en la que concuerde la mayoría. De ahí que sea necesario limitar estos poderes para proteger la democracia contra sí misma.

Una constitución como la que aquí se propone es claro que haría imposibles todas las medidas socialistas de redistribución de la renta. Esto no está menos justificado que cualquier otra limitación constitucional de los poderes orientada a hacer imposible la destrucción de la democracia y la implantación de poderes totalitarios. Al menos mientras no se reconozca que las ideas tradicionales del socialismo son pura ilusión (lo que, pienso, no tardará en suceder) será necesario precaverse de todo recurrente contagio de tales ilusiones que sin cesar tiende a deslizarnos inadvertidamente hacia el socialismo.

Para ello no bastará contener a quienes tratan de destruir la democracia para alcanzar el socialismo, o también a quienes están totalmente comprometidos con un programa socialista. El principal apoyo a esta tendencia viene hoy de quienes afirman que no quieren ni el capitalismo ni el socialismo, sino una «tercera vía»

entre ambos, o un «tercer mundo». Seguirlos significa emprender un camino que seguramente conduce al socialismo, porque una vez que se les permite a los políticos interferir en el orden espontáneo del mercado en beneficio de grupos particulares, no podrán negar tales concesiones a ningún grupo de cuyo apoyo dependen.

De este modo inician ese proceso acumulativo que, por necesidad intrínseca, lleva, si no a lo que los socialistas imaginan, por lo menos a un creciente dominio de la política sobre el sistema económico.

No existe ningún tercer principio para la organización del proceso económico que pueda elegirse racionalmente para alcanzar

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA cualquier fin deseable, y que sea distinto de un mercado que funciona en el que nadie puede determinar el nivel de bienestar de los demás grupos o individuos particulares, o de una dirección central en la que un grupo organizado de poder determina las distintas rentas. Ambos principios son inconciliables, dado que su combinación impide alcanzar los fines de uno y otro. Mientras no se puede alcanzar cuanto imaginan los socialistas, conceder a los políticos el poder de otorgar beneficios especiales a aquellos cuyo apoyo necesitan destruye ese orden espontáneo del mercado que sirve al bien común, y le sustituye por un orden impuesto por la fuerza determinado por una voluntad humana arbitraria. Nos hallamos ante una elección inevitable entre dos principios inconciliables, y comoquiera que siempre estaremos lejos de realizar completamente uno de ellos, no puede haber ningún compromiso estable entre los mismos. Sea cual fuere el principio sobre el que basemos nuestros actos, el mismo nos conducirá a algo ciertamente imperfecto, pero cada vez más parecido a uno de los dos extremos.

Una vez reconocido claramente que el socialismo, como el fascismo o el comunismo, lleva inevitablemente a un estado totalitario y a la destrucción del orden democrático, es sin duda legítimo tomar medidas para no deslizarnos inadvertidamente hacia un sistema socialista, a través de medidas constitucionales que priven al gobierno de los poderes de coacción discriminatorios incluso para aquellos fines que por el momento pudieran generalmente parecer buenos.

Aun cuando esto pueda a veces parecer falso, el mundo social en realidad está gobernado a largo plazo por ciertos principios morales en los que cree una gran parte de la gente. El único principio moral que siempre hizo posible el desarrollo de una sociedad avanzada fue el principio de la libertad individual, es decir el principio de que el individuo se guía en sus decisiones por normas de recta conducta y no por órdenes específicas. En una sociedad de hombres libres no puede existir ningún principio de comportamiento colectivo que vincule al individuo. Todo lo que se ha alcanzado, lo debemos al hecho de haber dado a los individuos la posibilidad de crear para sí mismos una esfera protegida (su «propiedad») dentro de la cual pueden emplear sus capacidades para

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alcanzar sus fines. El socialismo carece de todo principio de comportamiento individual, y sin embargo sueña en un estado de cosas que ninguna acción moral de hombres libres es capaz de producir.

La última batalla contra el poder arbitrario todavía no se ha librado —la lucha contra el socialismo y a favor de la abolición de todo poder coactivo para dirigir los esfuerzos individuales y distribuir deliberadamente sus resultados. Espero que algún día se comprenda este carácter totalitario y esencialmente arbitrario de cualquier forma de socialismo, como ya lo ha sido el del comunismo y del fascismo, y que por lo tanto se apruebe generalmente la construcción de barreras constitucionales contra cualquier intento de conseguir tales poderes totalitarios, bajo cualquier pretexto.

Lo que he tratado de bosquejar en esta obra (incluido el estudio del papel de la moneda en una sociedad libre) pretende ser la guía para salir del proceso de degeneración de la actual forma de gobierno y construir un esquema intelectual de emergencia al que se pueda recurrir cuando ya no exista otra opción, a no ser la sustitución de la estructura vacilante por alguna construcción mejor, en lugar de entregarse por desesperación a cualquier especie de régimen dictatorial. El gobierno es por necesidad producto de un diseño intelectual. Si conseguimos darle una forma que ofrezca un marco de referencia que fomente el libre desarrollo de la sociedad, sin otorgar a nadie un poder de control sobre este desarrollo, entonces podremos tener la esperanza de ver proseguir el desarrollo de la civilización.

Deberemos haber aprendido lo suficiente para evitar que se destruya nuestra civilización haciendo desaparecer el proceso espontáneo de interacción entre los individuos para someterlo a la dirección de una autoridad cualquiera. Para evitarlo debemos libe-rarnos de la ilusión de que se puede «crear deliberadamente un futuro para la humanidad», como ha escrito recientemente con su característica hybris un sociólogo socialista.17 Tal es la conclusión final de cuantos años de trabajo he dedicado al estudio de estos 17 Torgny F. Segerstedt, «Wandel der Gesellschaft», Bild der Wissenschaft VI/5, mayo de 1969.

CONTENCIÓN DEL PODER Y DESMITIZACIÓN DE LA POLÍTICA problemas, a partir del momento en que me percaté de la existencia de ese proceso de Abuso y Declive de la Razón que se ha venido produciendo durante este periodo.18

18 Tal era el título que quería dar a un trabajo proyectado ya en 1939, en el que a una parte dedicada a «La hybris de la razón» debía seguir una segunda parte sobre «La némesis de la sociedad planificada». Sólo una parte de este proyecto se llevó a cabo, y las partes escritas se publicaron primero en Economica, 1941-45, y más tarde fueron recogidas en un volumen titulado The Counter-Revolution of Science (Chicago, 1952) [ed.

esp.: La contrarrevolución de la ciencia (Unión Editorial, 2003)], a cuya traducción alemana di el título de Missbrauch und Verfall der Vernunft (Francfort, 1959), cuando ya resultaba claro que jamás lo habría de completar según el plan originario. The Road to Serfdom [Camino de servidumbre] (Londres y Chicago, 1944) fue un esbozo de lo que pensaba escribir en la segunda parte. En todo caso, me han sido precisos casi cuarenta años para desarrollar la idea originaria.

LIBERTAD ECONÓMICA

Y GOBIERNO REPRESENTATIVO*1

FRIEDRICH A. HAYEK

I

LAS SEMILLAS DE LA DESTRUCCIÓN

Hace treinta años escribí un libro1 que, de un modo que muchos consideraron indebidamente alarmista, señalaba los peligros que las tendencias entonces claramente colectivistas creaban para la libertad personal. Me alegro de que estos temores aún no se hayan materializado, pero no creo que esto haya demostrado que no tuviera razón. Ante todo, yo no defendía, como algunos tergiversa-ron, que si el gobierno interfería de algún modo en los asuntos económicos, se vería forzado a recorrer todo el camino hasta llegar a un sistema totalitario. Trataba más bien de sostener lo que en términos más familiares se expresa diciendo: «Si no cambias tus principios, acabarás mal.»

En todo caso, después de la guerra, tanto en Inglaterra como en el resto del mundo occidental, las cosas se desarrollaron mucho menos en la dirección que las doctrinas colectivistas de entonces parecían indicar como probable. En efecto, los primeros veinte años que siguieron a la guerra contemplaron un restablecimiento de la economía de libre mercado mucho más fuerte de cuanto

* Cuarta «Wincott Memorial Lecture», pronunciada en la Royal Society of Arts en Londres el 21 de octubre de 1973, y publicada como Occasional Paper 39 por el Institute of Economic Affairs [una traducción de este texto al español se publicó en F.A.

Hayek, ¿Inflación o pleno empleo?, Unión Editorial, 1976].

1 The Road to Serfdom, Londres, 1944 [trad. esp.: Camino de servidumbre, Madrid, 1946].

1 Capítulo VIII de Nuevos estudios de filosofía, política, economía e historia de las ideas, 2.ª ed., Unión Editorial, Madrid 2015.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XV, n.º 2, Otoño 2018, pp. 405 a 421

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habían podido prever incluso sus defensores más entusiastas.

Aunque me agrada pensar que a ello han contribuido cuantos tra-bajaron en esta dirección en la esfera intelectual, como Harold Wincott, a cuya memoria está dedicada esta conferencia, no sobre-valoro lo que el debate entre intelectuales puede aportar. Por lo menos tan importantes fueron probablemente las experiencias de Alemania, que apostó por una economía de mercado y no tardó en convertirse en la potencia económica más fuerte de Europa y, en cierta medida, los esfuerzos prácticos para eliminar los obstáculos al comercio internacional representados por la creación del GATT

y acaso también las intenciones, si no la acción práctica, de la CEE.

El resultado fue la Gran Prosperidad de los últimos veinte/

veinticinco años que, me temo, aparecerá en el futuro como un acontecimiento único como hoy se nos presenta la Gran Depresión de los años 30. A mí por lo menos me resulta claro que hasta hace seis u ocho años esta prosperidad se debió enteramente a la liberación de las fuerzas espontáneas del sistema económico y no, como en los últimos años, a la inflación. Puesto que hoy se tiende a olvi-darlo, acaso merezca la pena recordar que, en el caso más notable de prosperidad de este periodo, el de la República Federal de Alemania, el aumento medio anual de precios permaneció por debajo del 2 por ciento hasta 1966.

Creo que incluso esta modesta tasa de inflación no habría sido necesaria para garantizar la prosperidad, y que ciertamente hoy tendríamos mejores perspectivas de seguir disfrutando de esta prosperidad si nos hubiéramos contentado con lo que se había conseguido sin inflación y no hubiéramos intentado incrementarla con una política expansiva del crédito. Por el contrario, precisamente esta política ha creado una situación en la que se considera necesario imponer controles destinados a destruir las principales bases de la prosperidad, es decir el funcionamiento del mercado.

En efecto, las medidas supuestamente necesarias para combatir la inflación —como si la inflación fuera algo que nos ataca y no algo que nosotros creamos— amenazan con destruir en un próximo futuro la economía libre.

Nos encontramos en la situación paradójica en que, tras un periodo durante el cual la economía de mercado ha conseguido más de cuanto con anterioridad se alcanzara para elevar

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rápidamente los niveles de vida en el mundo occidental, las perspectivas de seguir por este camino en los próximos años parecen muy escasas. En efecto, nunca he sido tan pesimista como ahora acerca de las posibilidades de mantener una economía de mercado que funcione, y esto se aplica también a las perspectivas de conservar un orden político libre. Aunque la amenaza a las instituciones libres tiene ahora un origen distinto de aquel de que me ocupé hace treinta años, se trata de una amenaza más aguda que la de entonces.

Creo que no cabe la menor duda de que una política de rentas sistemáticamente perseguida significa la suspensión del mecanismo de los precios, y conduce rápidamente a la sustitución del mercado por una economía centralmente dirigida. No puedo discutir aquí los modos en que aún podemos evitar que esto suceda, o las oportunidades que aún tenemos para hacerlo. Aunque considero que en este momento es deber principal de todo economista combatir la inflación —y explicar por qué una inflación contenida es incluso peor que una inflación abierta—, deseo dedicar esta conferencia a un tema diferente. Entiendo que la inflación simplemente ha acelerado el proceso de destrucción de la economía de mercado que se ha venido verificando por otras razones, y está anticipando el momento en que, presenciando las consecuencias económicas, políticas y morales de una economía centralmente dirigida, deberíamos reflexionar sobre el modo de restablecer una economía de mercado sobre bases más sólidas y duraderas.

II

EL PELIGRO DE UN GOBIERNO ILIMITADO

Durante algún tiempo tuve la convicción de que no son solamente los intentos deliberados, por parte de las diversas clases de colectivistas, de sustituir la economía de mercado por un sistema planificado, ni las consecuencias de las nuevas políticas monetarias, las que amenazan destruir la economía de mercado, sino que las propias instituciones prevalentes en el mundo occidental producen necesariamente una deriva en esta dirección, que sólo se puede detener o evitar cambiando estas instituciones. Aunque con

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retraso, estoy de acuerdo con Josef Schumpeter, quien hace ya treinta años (en Capitalismo, socialismo y democracia) sostenía que existe un conflicto irreconciliable entre democracia y capitalismo; a mi entender, sin embargo, no es la democracia en cuanto tal, sino las particulares formas de organización democrática que hoy se consideran como las únicas formas posibles de democracia, las que originan una expansión progresiva del control del gobierno sobre la vida económica, aun cuando la mayoría de la gente desea conservar una economía de mercado.

La razón es que hoy se da generalmente por descontado que en una democracia los poderes de la mayoría deben ser ilimitados, y que un gobierno con poderes ilimitados se verá forzado a asegurarse el apoyo de una mayoría, a emplear los propios poderes ilimitados al servicio de intereses especiales, como los de ciertos sectores comerciales, o los de los habitantes de determinadas regiones, etc. Veremos esto más claramente si consideramos la situación de una comunidad en la que la masa del pueblo es favorable a un orden de mercado y contraria a una dirección por parte del gobierno, pero, como suele suceder, la mayoría de los grupos desea que se haga una excepción a su favor. En tales condiciones, un partido político que espere conquistar y conservar el poder no tendrá otra elección que emplear sus poderes para comprar el apoyo de determinados grupos. Se obrará de este modo, no porque la mayoría sea intervencionista, sino porque el partido en el poder no con-servaría la mayoría si no comprara el apoyo de grupos particulares con la promesa de otorgarles especiales beneficios. En la práctica esto significa que incluso un hombre de Estado entregado totalmente al común interés de todos los ciudadanos se encontrará en la continua necesidad de satisfacer intereses especiales, porque sólo así estará en condiciones de conservar el apoyo de una mayoría de la que tiene necesidad para alcanzar lo que para él es verdaderamente importante.

La raíz del mal está, pues, en el poder ilimitado del cuerpo legislativo en las democracias modernas, un poder que la mayoría se verá siempre forzada a emplear de un modo que la mayor parte de sus miembros puede no desear. Lo que llamamos la voluntad de la mayoría es en realidad un artefacto de las instituciones existentes, y en particular de la omnipotencia de la asamblea legislativa

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soberana que, a través de la mecánica del proceso político, se verá llevada a hacer cosas que la mayoría de sus miembros no desea realmente, sólo porque no existen límites formales a sus poderes.

Es opinión muy extendida que esta omnipotencia de la asamblea legislativa representativa es un atributo necesario de la democracia porque la voluntad de esa asamblea sólo podría ser limitada poniendo por encima de ella otra voluntad. El positivismo jurídico, que es hoy la teoría más influyente en el campo de la jurisprudencia, presenta en particular esta soberanía de la asamblea legislativa como lógicamente necesaria. Pero esto no era en absoluto la opinión de los teóricos clásicos del gobierno representativo. John Locke afirmó explícitamente que en un Estado libre incluso el poder del cuerpo legislativo debe estar limitado de manera precisa, esto es a la aprobación de leyes en el específico sentido de normas generales de conducta igualmente aplicables a todos los ciudadanos. Que toda coerción sólo puede considerarse legítima si esto significa la aplicación de normas generales en este sentido se convirtió en el principio fundamental del liberalismo. Para Locke, y para los últimos teóricos del partido whig y de la separación de poderes, no era tanto la fuente de las leyes como su carácter de normas generales de recta conducta igualmente aplicables a todos, lo que justificaba su aplicación coercitiva.

Esta concepción liberal más antigua de la necesaria limitación de todo tipo de poder exigiendo al cuerpo legislativo la observancia de normas generales, fue sustituida gradualmente y casi de forma imperceptible, durante el siglo pasado, por el concepto totalmente distinto, aunque no fácilmente distinguible, según el cual la única y suficiente limitación al cuerpo legislativo era la aprobación de la mayoría. Y la vieja concepción no sólo fue olvidada, sino que ya ni siquiera se comprendió. Se pensó que cualquier limitación sustancial del poder legislativo no era necesaria, toda vez que este poder se había puesto en manos de la mayoría, pues la aprobación por ésa se consideraba como una prueba suficiente de justicia. En la práctica, esta opinión de la mayoría no suele representar sino el resultado de una negociación, y no un acuerdo auténtico sobre principios. Incluso el concepto de arbitrariedad, que se suponía que el gobierno democrático tenía que impedir, cambió de contenido: su opuesto no eran ya las normas generales aplicadas a todos

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por igual, sino la aprobación por la mayoría de una orden, como si la mayoría no pudiera tratar a la minoría de manera arbitraria.

III

EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL

Hoy raramente se comprende que la limitación de toda coerción a la aplicación de normas generales de conducta recta fue el principio fundamental del liberalismo clásico o, estoy por decir, su propia definición de libertad. Esto es en gran parte consecuencia del hecho de que el concepto sustancial (o «material») de derecho (en cuanto distinto del concepto puramente formal) que le sirve de base, y que es el único que da un significado claro a ideas como la de separación de poderes, del Estado de derecho o de un gobierno bajo la ley, raramente se habría formulado en términos explícitos, dándolo sólo tácitamente por supuesto por la mayoría de los escritores clásicos. En sus escritos de los siglos XVII y XVIII hay pocos pasajes en los que digan explícitamente qué entienden por «ley».

Pero muchos usos del término cobran sentido si ésta se interpreta en la acepción de normas generales de buena conducta y no en la de cualquier expresión de la voluntad del cuerpo legislativo debidamente autorizado.

Aunque la vieja concepción de la ley pervive en algunos aspectos limitados, es cierto que por lo general no se entiende ya y por tanto ha dejado de constituir un límite real a la actividad legislativa. Mientras que en el concepto teórico de separación de poderes el cuerpo legislativo derivaba su autoridad del hecho de comprometerse con normas generales y se pensaba que imponía sólo este tipo de normas, ahora no hay límites a lo que un cuerpo legislativo puede ordenar y por tanto proclamar como «ley». Mientras que en otro tiempo se suponía que su poder no estaba limitado por un poder superior, sino por un principio generalmente reconocido, ahora no hay límite ninguno. Tampoco hay, pues, motivo alguno para que las coaliciones de intereses organizados, en las que se basan las mayorías de gobierno, dejen de discriminar contra cualquier grupo que sea objeto de difusa aversión. Diferencias de riqueza, de cultura, de tradiciones, de religión, de lengua o de raza

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pueden convertirse hoy en causa de tratamiento diferenciado, con el pretexto de un supuesto principio de justicia social o de necesidad pública. Una vez que se reconoce como legítima esta discriminación, desaparecen todas las defensas de la libertad individual erigidas por la tradición liberal. Si se parte del supuesto de que cualquier cosa que decida la mayoría es justa, aunque no se trate de una norma general, sino de algo que sólo se refiere a alguien en particular, sería pretender demasiado creer que un sentido de justicia pondrá freno al capricho de la mayoría: cualquier grupo no tardará en pensar que es justo lo que él desea. Y puesto que los teóricos de la democracia han enseñado durante más de un siglo a las mayorías que lo que ellas deseen es justo, no debemos sorprendernos si las mayorías ni siquiera preguntan ya si es justo lo que ellas deciden. El positivismo jurídico ha contribuido poderosamente a este desarrollo sosteniendo que la ley no depende de la justicia, sino que es ella misma la que establece lo que es justo.

Lamentablemente, no sólo no hemos conseguido imponer a los cuerpos legislativos los límites inherentes a la necesidad de someterse a normas generales, sino que les hemos confiado tareas que sólo pueden desempeñar si carecen de estos límites y si son libres para emplear la coerción de la manera discriminatoria necesaria para conceder beneficios a personas o grupos particulares. Es lo que continuamente se les pide que hagan en nombre de lo que suele llamarse justicia social o distributiva, un concepto que en gran medida ha venido a ocupar el lugar de la justicia de la acción individual. Este concepto exige que, no los individuos, sino la

«sociedad» sea justa fijando la parte del producto social que corresponde a los individuos; y para llevar a cabo una distribución cualquiera del producto social que se considere justa, es necesario que el gobierno dirija a los individuos en lo que tienen que hacer.

En efecto, en una economía de mercado en la que ningún individuo o grupo determina lo que cada cual obtiene, y las cuotas de los individuos dependen siempre de muchas circunstancias que nadie podía haber previsto, el concepto mismo de justicia social o distributiva carece totalmente de sentido; y por tanto nunca podrá haber un acuerdo sobre lo que es justo en tal sentido. No estoy seguro de que el concepto tenga un significado preciso incluso en una economía centralmente dirigida, ni de que en un sistema tal la

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gente se ponga de acuerdo sobre el sentido en que una distribución pueda considerarse justa. Estoy seguro, en cambio, de que nada ha contribuido tanto a la destrucción de la salvaguardia jurídica de la libertad individual como la lucha por este espejismo de la justicia social. Un tratamiento adecuado del tema de esta conferencia exigiría verdaderamente un análisis riguroso de este ideal, que según una opinión casi general tendría un significado preciso, pero que se revela tanto más completamente carente de tal significado cuanto más se reflexiona sobre él. Pero el tema principal de esta conferencia es qué debemos hacer, si acaso tenemos de nuevo la oportunidad, para detener estas tendencias inherentes a los sistemas políticos existentes, que nos llevan a un orden totalitario.

Antes de pasar a este importante problema, quisiera aclarar un equívoco bastante extendido. El principio básico de la tradición liberal, es decir, que toda acción coercitiva del gobierno debe estar limitada por normas generales de conducta recta, no impide que el gobierno preste muchos otros servicios para los que no tiene necesidad de recurrir a la coerción, a no ser para recaudar los fondos necesarios. Es cierto que en el siglo XIX una profunda desconfianza, no del todo injustificada, respecto al gobierno indujo con frecuencia a los liberales a imponerle limitaciones mucho más rígidas.

Pero incluso entonces, naturalmente, se reconocían ciertas exigencias colectivas que sólo un órgano que tuviera el poder fiscal podía satisfacer. Soy el último en negar que el aumento de la riqueza y de la densidad de población ha ampliado el número de exigencias colectivas que el gobierno puede y debe atender. Estos servicios del gobierno son enteramente compatibles con los principios liberales, con tal de que:

1) el gobierno no pretenda tener el monopolio y no se impidan nuevos métodos para prestar los servicios a través del mercado (por ejemplo, en algunos servicios cubiertos ahora por la seguridad social);

2) los medios se recauden a través de un impuesto según principios uniformes, y este impuesto no se emplee como un instrumento para la redistribución de la renta; y

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3) las exigencias satisfechas sean exigencias colectivas de la comunidad en su conjunto y no simplemente exigencias colectivas de grupos particulares.

No toda demanda colectiva merece ser satisfecha: el deseo de los pequeños zapateros de ser protegidos de la competencia de las grandes fábricas de calzado puede ciertamente ser una exigencia colectiva de los zapateros, pero evidentemente no es una exigencia que pueda ser satisfecha en un sistema económico liberal.

El liberalismo del siglo XIX intentó generalmente mantener bajo control el crecimiento de estas actividades de servicio del gobierno confiándolas a gobiernos locales más bien que al gobierno central, en la esperanza de que la competencia entre los gobiernos locales contribuiría a controlar su expansión. No puedo entrar aquí a considerar en qué medida hubo que abandonar este principio; lo menciono sólo como otra parte de la doctrina liberal tradicional, cuyo fundamento lógico ya no se comprende.

He tenido que tomar en consideración estos puntos para explicar que los controles sobre la actividad del gobierno —que serán el tema exclusivo del resto de esta conferencia— se refieren sólo a su poder coercitivo, pero no a los servicios necesarios que hoy admitimos que el gobierno debe prestar a los ciudadanos.

Espero que lo dicho hasta ahora haya dejado claro que la tarea que debemos cumplir si queremos reconstruir y mantener una sociedad libre es ante todo una tarea intelectual. Ésta presupone no sólo recuperar conceptos que en gran parte hemos perdido y que una vez más deben resultar comprensibles a todos, sino también ingeniar nuevas salvaguardias institucionales que impidan que se repita el proceso de gradual erosión de las salvaguardias que la teoría del constitucionalismo liberal creyó erigir.

IV

LA SEPARACIÓN DE PODERES

El instrumento al que los teóricos del constitucionalismo liberal recurrieron para garantizar la libertad individual y la prevención de toda arbitrariedad fue la separación de poderes. Si el cuerpo

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legislativo estableciera sólo normas generales igualmente aplicables a todos y el ejecutivo sólo pudiera servirse de la coerción para hacer observar estas normas generales, la libertad personal estaría realmente asegurada. Esto presupone, sin embargo, que el cuerpo legislativo se limita a establecer estas normas generales. Pero, en lugar de constreñir al parlamento a hacer leyes en este sentido, le hemos otorgado un poder ilimitado simplemente llamando «ley» a todo lo que de él emane: un cuerpo legislativo no es ya un órgano que hace leyes; una ley es cualquier cosa que un cuerpo legislativo decida.

Esta situación se produjo por la pérdida del antiguo significado del término «ley» y por el deseo de democratizar al gobierno poniendo su dirección y control en manos de asambleas legislativas que continuamente tienen que ordenar todo tipo de acciones específicas, es decir, dar órdenes a las que se llama «leyes», aunque por su carácter sean totalmente distintas de aquellas leyes a cuya producción la teoría de la separación de poderes quiso confinar los cuerpos legislativos.

Por más que la tarea de diseñar y establecer nuevas instituciones pueda parecer difícil y casi imposible, la tarea de hacer revivir y hacer comprender a todos un concepto perdido, para el que ya ni siquiera tenemos un nombre inequívoco, tal vez sea aún más difícil. Es una tarea que en este caso debe llevarse a cabo a pesar de la enseñanza contraria de la escuela de jurisprudencia dominante.

Intentaré trazar brevemente las características esenciales de las leyes entendidas en este específico sentido estricto del término, antes de pasar a los ordenamientos institucionales que deberían asegurar que la tarea de hacer tales leyes está realmente separada de la tarea de gobernar.

Un buen método es considerar las propiedades peculiares que la ley hecha por los jueces posee necesariamente, mientras en general pertenecen a los productos de los cuerpos legislativos sólo en la medida en que éstos han tratado de emular a la primera. No es casual que esta concepción de la ley se haya conservado durante mucho más tiempo en los países en que rige la common law, mientras que raramente se haya comprendido en los países basados casi completamente en el derecho estatutario.

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Este derecho consiste esencialmente en lo que se solía llamar

«derecho de los juristas», que es y puede ser aplicado por los tribunales de justicia y al que los órganos del gobierno están sometidos igual que las personas privadas. Puesto que esta jurisprudencia no da solución a las controversias, se refiere sólo a las acciones entre personas y no controla la acción individual que nada tiene que ver con los demás. Define cuáles son las esferas protegidas de cada persona en que se impide la interferencia de otras personas. El objetivo es impedir que surjan conflictos entre personas que no actúan bajo una dirección centralizada sino por propia iniciativa, persiguiendo sus propios fines según su propio conocimiento.

Estas normas deben aplicarse en circunstancias que nadie puede prever y por tanto deben proyectarse de tal modo que cubran un número incierto de casos futuros. Esto determina lo que comúnmente, aunque no con propiedad, suele calificarse como su carácter «abstracto», lo cual significa que tales normas deberían valer del mismo modo para cualquier situación en que estén presentes ciertos factores generales, y no sólo para personas, grupos, ocasiones, etc., particulares previsibles. Estas normas no prescriben a los individuos tareas o fines específicos para sus acciones, sino que son esencialmente prohibiciones que tienden a hacer posible una adaptación recíproca de los distintos planes de tal modo que cada uno pueda tener una buena oportunidad de alcanzar sus fines. Las delimitaciones de las esferas personales que alcanzan este fin están establecidas sobre todo por el derecho, el cual regula la propiedad, los contratos y los actos ilícitos, y por las leyes penales que tutelan «la vida, la libertad y la propiedad».

Un individuo que esté obligado a obedecer estas normas de conducta recta, tal como las he llamado en esta acepción más estricta, es libre en el sentido de que no está jurídicamente sometido a las órdenes de nadie, que puede elegir, dentro de ciertos límites, los medios y los fines de sus actividades. Pero cuando cada uno es libre en este sentido, cada uno se encuentra implicado en un proceso que nadie controla y cuyo resultado en gran parte es imprevisible. De este modo, la libertad y el riesgo son inseparables.

No se puede pretender que la magnitud de cada cuota individual de la renta nacional, que depende de tantas circunstancias que nadie conoce, sea justa. Pero estas cuotas tampoco pueden

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calificarse de injustas. Debemos contentarnos si conseguimos impedir que estén viciadas por acciones injustas. Evidentemente, en una sociedad libre podemos ofrecer un nivel por debajo del cual nadie debe caer, proporcionando a todos, al margen del mercado, una cierta seguridad frente al infortunio. Podemos realmente hacer mucho por mejorar las perspectivas en que el mercado pueda desenvolverse provechosamente. Pero en esta sociedad no se puede hacer que la distribución de las rentas corresponda a algunos criterios de justicia social o distributiva, y los intentos en tal sentido pueden destruir el orden de mercado.

Pero si, para salvaguardar la libertad individual, debemos limitar la coerción a la aplicación de normas generales de conducta recta, ¿cómo podemos impedir que los cuerpos legislativos autori-cen la coerción para asegurar beneficios particulares a grupos particulares, especialmente a un cuerpo legislativo organizado según líneas de partido, en que la mayoría de gobierno será con frecuencia una mayoría sólo porque promete estos beneficios especiales a algunos grupos? La verdad es, naturalmente, que los llamados cuerpos legislativos nunca se han limitado a hacer leyes en este sentido estricto, aunque la teoría de la separación de poderes afirmaba tácitamente que así debían comportarse. Y puesto que se ha llegado a aceptar que no sólo la legislación, sino también la dirección de las actividades corrientes de gobierno deben estar en manos de los representantes de la mayoría, la dirección del gobierno se ha convertido en la tarea principal de los cuerpos legislativos. Efecto de todo esto ha sido no sólo que se ha borrado completamente la distinción entre leyes en el sentido de normas generales de conducta recta y leyes en el sentido de órdenes específicas, sino también que los cuerpos legislativos han sido organizados no de la manera más indicada para hacer leyes en el sentido clásico, sino de la manera necesaria para garantizar un gobierno eficaz, es decir, sobre todo con criterios de partido.

Pues bien, entiendo que tenemos razón para querer que tanto la legislación en el viejo sentido, como el gobierno en el sentido corriente, sean gestionados democráticamente. Pero creo que ha sido un error fatal, aunque históricamente acaso inevitable, confiar ambas tareas distintas a la misma asamblea representativa. Esto hace prácticamente imposible distinguir entre legislación y gobierno, y por tanto

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también observar aquellos principios que inspiran la norma legal y un gobierno sometido a la ley. Si bien esto puede garantizar que todo acto de gobierno tenga la aprobación de la asamblea representativa, no tutela a los ciudadanos frente a la coerción discrecional. En efecto, una asamblea representativa organizada del modo necesario a un gobierno eficiente, y no limitada por algunas leyes generales que no pueda alterar, está destinada a emplear sus propios poderes para satisfacer las exigencias de intereses sectoriales.

No es casualidad que la mayoría de los teóricos clásicos del gobierno representativo y de la separación de poderes sintiera aversión hacia el sistema de partidos y esperara que se pudiera evitar una división del cuerpo legislativo según líneas de partido. Pensaban así porque consideraban que las asambleas legislativas tenían que ocuparse de hacer las leyes en sentido estricto, y que podía haber, sobre las normas de conducta, una prevalente opinión común independiente de intereses partidistas. Pero no se puede negar que un gobierno democrático tiene necesidad del apoyo de un cuerpo organizado de representantes, que nosotros llamamos partido, comprometido en un programa de acción, y de una oposición igualmente organizada, que proponga un gobierno alternativo.

La solución obvia de esta dificultad podría ser disponer de dos asambleas representativas distintas con funciones diferentes, una como órgano legislativo y la otra como gobierno en sentido propio, es decir que se ocupe de todo excepto de hacer las leyes en sentido estricto. Y no es tan extraño que un tal sistema hubiera podido desarrollarse en Inglaterra si, en los tiempos en que la Cámara de los Comunes, con su poder exclusivo sobre las leyes financieras, obtenía en efecto el control único sobre el gobierno, la Cámara de los Lores, como suprema Corte de Justicia, hubiera obtenido el derecho exclusivo de elaborar la ley en sentido estricto. Pero este desarrollo, obviamente, no fue posible porque la Cámara de los Lores representaba no a todo el pueblo sino sólo a una clase.

Ahora bien, ahondando un poco más sobre el tema, se observa que se conseguiría bien poco con el simple hecho de disponer de dos asambleas representativas en lugar de una sola, si las mismas fueran elegidas y organizadas según los mismos principios, y por tanto estuvieran compuestas del mismo modo. Estarían dominadas por las mismas circunstancias que gobiernan las decisiones de

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los parlamentos modernos y, actuando en connivencia, producirían el mismo tipo de autorización para todo lo que el gobierno del momento quisiera hacer. Aun suponiendo que los poderes de la cámara legislativa (en cuanto distinta del gobierno) estuvieran limitados por la constitución a la aprobación de las leyes, en el sentido estricto de normas generales de conducta recta, y que esta limitación fuera efectiva por el control de un tribunal constitucional, poco se habría avanzado, probablemente, mientras la asamblea legislativa se encontrara bajo la misma necesidad de satisfacer las exigencias de los grupos particulares que presionan sobre las mayorías de gobierno en los parlamentos actuales.

Mientras que para las asambleas gubernativas podríamos desear algo que fuera más o menos parecido a los parlamentos existentes, cuya organización y manera de proceder han sido conformadas por la necesidad de gobernar más que por la de hacer leyes, se precisaría algo muy distinto para una asamblea realmente legislativa. Deberíamos desear una asamblea que se ocupara no tanto de las exigencias particulares de grupos particulares como de los principios generales permanentes sobre los que regular las actividades de la comunidad. Sus miembros y sus decisiones deberían representar no a grupos específicos y sus deseos particulares, sino la opinión dominante sobre qué clase de comportamiento es justo o no lo es. Al establecer normas que sean válidas para largos periodos, esta asamblea debería «representar» o reproducir una especie de corte transversal de las opiniones dominantes sobre lo que es justo y lo que no lo es.

Sus miembros no deberían ser portavoz de intereses particulares, ni expresar la «voluntad» de cualquier sector particular de la población sobre medidas específicas de gobierno. Deberían ser hombres y mujeres que se ganan la confianza y el respeto por los rasgos de carácter que han mostrado en la vida corriente, y que no deberían depender de la aprobación de especiales grupos de electores. Y

deberían estar completamente exentos de toda disciplina de partido, ciertamente necesaria para mantener unida una coalición de gobierno, pero claramente no deseable en el órgano que establece las normas que limitan los poderes del gobierno.

Se podría tener una asamblea de esta clase si, primero, sus miembros fueran elegidos para largos periodos; si, segundo, no fueran reelegibles al final del periodo, y tercero, para asegurar una continua

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renovación del organismo en consonancia con las opiniones gradualmente cambiantes en el electorado, si no fueran elegidos todos a la vez, sino que se sustituyera una determinada parte cada año al término del respectivo mandato; en otras palabras, si sus miembros fueran elegidos por ejemplo para quince años y un decimoquinto de los mismos fuera elegido cada año. Sería útil además, a mi entender, que en cada elección los representantes fueran elegidos por y dentro de un solo grupo de edad, de suerte que todo ciudadano votaría sólo una vez en su vida, digamos en torno a los cuarenta y cinco años, por un representante elegido en su propio grupo de edad.

Se conseguiría así una asamblea compuesta por personas entre los cuarenta y cinco y los sesenta años, elegidas tras haber tenido ocasión de demostrar las propias capacidades en la vida ordinaria (y, dicho entre paréntesis, con una edad media inferior a la de los parlamentos actuales). Probablemente sería deseable excluir a los que hubieran formado parte de la asamblea gubernativa o de otros organismos de partido o políticos, y también sería necesario garantizar a quien ha sido elegido, por el periodo sucesivo al cese del mandato, algún cargo digno, retribuido y con derecho a pensión, por ejemplo de juez laico o parecido.

La ventaja de una elección por grupos de edad, y a una edad en que los individuos pueden haber demostrado de qué son capaces en la vida ordinaria, sería que, en general, los coetáneos de una persona son los mejores jueces de su carácter y de sus capacidades.

Además, en el número relativamente restringido de personas que participarían en cada elección, los candidatos serían con mayor probabilidad personalmente conocidos por los votantes y elegidos según la estima personal de que gozarían, especialmente si, cosa que sería posible y merecería estímulo, la previsión de esta tarea común fomentara la formación de asociaciones de grupos de edad para discutir los asuntos públicos.

V

VENTAJAS DE LA SEPARACIÓN DEL CUERPO LEGISLATIVO

Objetivo de todo esto sería, naturalmente, crear un cuerpo legislativo que no estuviera sometido al gobierno y que no produjera

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cualquier ley querida por el gobierno para alcanzar sus propios fines inmediatos, sino que, por el contrario, junto con la ley, estableciera los límites permanentes a los poderes coercitivos del gobierno, límites dentro de los cuales éste debería moverse y que no podría sobrepasar ni siquiera la asamblea gubernativa elegida democráticamente. Mientras que esta última sería completamente libre para fijar la organización del gobierno, el uso que debe hacerse de los medios puestos a disposición de éste y el tipo de servicios que debe prestar, no tendría poder alguno coercitivo sobre los ciudadanos. Estos poderes, incluido el de recaudar mediante impuestos los medios necesarios para financiar los servicios prestados por el gobierno, deberían extenderse sólo a la aplicación de las normas de recta conducta establecidas por la asamblea legislativa. Contra cualquier trasgresión de estos límites por parte del gobierno (o de la asamblea gubernativa) sería posible apelar a un tribunal constitucional, que debería ser el órgano competente en caso de conflicto entre la asamblea legislativa propiamente dicha y los órganos del gobierno.

Otro efecto deseable de semejante ordenamiento sería que la asamblea legislativa podría disponer, por primera vez, del tiempo suficiente para cumplir las tareas que le son propias. Esto es importante porque en los tiempos modernos los cuerpos legislativos con frecuencia han dejado que los órganos administrativos, e incluso la discrecionalidad administrativa, regularan cuestiones que habrían podido resolverse aplicando normas generales de derecho, simplemente porque estaban tan ocupados en tareas gubernativas que no tenían ni tiempo ni interés para legislar en sentido propio. Se trata, además, de una tarea que exige conocimientos de experto, que puede adquirir un representante con un mandato a largo plazo, pero no un político obsesionado por obtener resultados que pueda mostrar a sus votantes antes de las próximas elecciones. Una curiosa consecuencia de haber dado a la asamblea representativa un poder ilimitado es que ésta ha dejado de ser el principal agente determinante en la conformación de la ley propiamente dicha, dejando esta tarea cada vez más a la burocracia.

Pero no debo fatigarles más con nuevos detalles de esta Utopía, si bien debo confesar que he encontrado fascinante e instructiva la exploración de las nuevas oportunidades que se nos ofrecen

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contemplando la posibilidad de separar la asamblea verdaderamente legislativa del órgano de gobierno. Os preguntaréis justamente qué objetivo puede tener semejante construcción utópica si, llamándola así, admito que no creo que pueda ser realizada en un futuro previsible. Puedo responder con las palabras de David Hume en su ensayo sobre La idea de una república perfecta: que en todo caso debe ser ventajoso conocer lo que es más perfecto en su género, de modo que puedan acercarse a ello lo más posible cualquier constitución o forma de gobierno, con modificaciones e innovaciones tan prudentes que no causen excesivas perturbaciones a la sociedad.

UN MODELO DE CONSTITUCIÓN*

FRIEDRICH A. HAYEK

«En todo caso, ha de ser conveniente saber qué es lo más perfecto en la especie, a fin de que podamos aproximar lo más posible a ello las constituciones o formas de gobierno existentes mediante cambios e innovaciones tan suaves que no provoquen grandes trastornos en la sociedad.»

DAVID HUME1

El giro equivocado del desarrollo de las instituciones representativas

¿Qué se puede hacer hoy, a la luz de la experiencia, para alcanzar aquellos fines que hace unos doscientos años los Padres de la Constitución de los Estados Unidos de América trataron por primera vez de asegurar mediante una construcción deliberada? Aunque nuestros objetivos pueden seguir siendo los mismos, tendremos que haber aprendido mucho de este gran experimento y de sus numerosas imitaciones. Ahora sabemos por qué se frustró la esperanza de los autores de aquellos documentos, es decir el poder limitar efectivamente con ellos los poderes del gobierno. Esperaban que con la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial podían someter el gobierno y los individuos a las normas de recta conducta. Difícilmente habrían podido prever que, una vez confiada al cuerpo legislativo también la dirección del gobierno, la tarea de dictar normas de recta conducta y la de dirigir precisas actividades del gobierno para fines específicos se habrían confundido irremisiblemente y que por «ley» no se entenderían ya tan

* Derecho, legislación y libertad, 2014, 2.ª ed., Unión Editorial, Capítulo XVII, pp. 473-493.

1 David Hume, Essays, Parte II, Essay XVI, «The Idea of a Perfect Commonwealth»

[trad. esp. en Ensayos políticos, Unión Editorial, Madrid, 1975, p. 168].

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XVIII, n.º 2, Otoño 2021, pp. 383 a 409

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sólo las normas universales y uniformes de recta conducta, destinadas a limitar toda coacción arbitraria. Por consiguiente, jamás alcanzaron aquella separación de poderes a que aspiraban. En cambio, en Estados Unidos produjeron un sistema según el cual, a menudo a costa de la eficiencia del gobierno, el poder de organizar y dirigir el gobierno estaba repartido entre el ejecutivo y una asamblea legislativa, elegidos en periodos distintos y según principios diversos, y por lo tanto con frecuencia en mutuo desacuerdo.

Ya hemos visto que el deseo de confiar tanto la emanación de normas de recta conducta como la dirección del gobierno a organismos representativos no significa que ambos poderes tengan que ser conferidos al mismo organismo. La posibilidad de una solución distinta del problema2 se halla de hecho sugerida en una fase anterior del desarrollo de las instituciones representativas. El control de la conducta del gobierno se había fijado, por lo menos al principio, a través del control del presupuesto. En una evolución que se inició en Gran Bretaña ya a finales del siglo XIV el poder de controlar el presupuesto del gobierno fue pasando progresivamente a la Cámara de los Comunes. A finales del siglo XVII, si no antes, la Cámara de los Lores concedió definitivamente la competencia exclusiva sobre las «leyes financieras» a la Cámara de los 2 La idea de una reconstrucción de las asambleas representativas me ha venido ocupando desde hace mucho tiempo, y la he esbozado por escrito en numerosas ocasiones. La primera creo que fue en un discurso sobre «New Nations and the Problem of Power», publicado en Listener, número 64, Londres, el 10 de noviembre de 1960.

Véase también «Libertad bajo la Ley», en Orientación Económica, Caracas, abril de 1962;

«Recht, Gesetz und Wirtschaftsfreiheit», en Hundert Jahre Industrie— und Handelskam-mer zu Dortmund 1863-1963 (Dortmund, 1963, reproducido en Frankfurter Allgemeine Zeitung el 1 y 2 de mayo 1963, y en mi obra Freiburger Studien, Tubinga, 1969); «The Principles of a Liberal Social Order», Il Politico, diciembre 1966 [en esp.: Principios de un orden social liberal, Unión editorial, 2001], reimpreso en Studies in Philosophy, Politics and Economics (Londres y Chicago, 1967); «Die Anschauungen der Mehrheit und die zeit-genössische Demokratie», Ordo 15/16 (Dusseldorf, 1963); «The Constitution of a Liberal State», Il Politico 31, 1967; The Confusión of Language in Political Thought (Institute of Economic Affairs, Londres, 1968) y, por último, Economic Freedom and Representative Government (Institute of Economic Affairs, Londres, 1973). La mayor parte de los trabajos más recientes sobre este tema han sido recogidos en mi obra New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas (Londres y Chicago, 1977). Mis últimas reflexiones a este respecto quedan recogidas en Three Lectures on Democracy, Justice and Socialism (Sydney, 1977), obra de la que existen traducciones al alemán, español [ Democracia, Justicia y Socialismo, Unión Editorial, 3.ª ed., 2005] y portugués.

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Comunes, al tiempo que la primera, como corte suprema del país, conservaba aún el control final sobre el desarrollo de las normas de la common law. Nada era más natural que conceder a la Cámara de los Comunes el control exclusivo sobre el comportamiento corriente del gobierno, mientras que la otra Cámara tendría a su vez el derecho exclusivo de modificar mediante los statutes las normas sancionables de recta conducta.

Semejante desarrollo no era posible mientras la Cámara de los Lores representaba a una pequeña clase privilegiada. Pero, en principio, una división por funciones en vez de por clases representadas habría llevado a una situación en la que la Cámara de los Comunes habría obtenido un poder total sobre el aparato de gobierno y sobre todos los medios materiales puestos a su disposición, aunque sólo habría podido recurrir a la coacción dentro de los límites de las normas dictadas por la Cámara de los Lores. Los Comunes habrían sido totalmente libres de organizar y dirigir las funciones propias del gobierno. Habría podido dictar cualquier norma sobre la que se hubieran puesto de acuerdo para guiar las acciones de los empleados del gobierno referentes a la propiedad del estado. Pero ni ellos ni sus funcionarios habrían podido obligar a los ciudadanos privados a no ser para hacerles observar normas reconocidas o dictadas por la Cámara Alta. Habría sido pues perfectamente lógico que los asuntos ordinarios del gobierno fueran gestionados por un comité de la Cámara Baja, o más bien de su mayoría. Este gobierno, en lo tocante a sus poderes sobre los ciudadanos, habría estado completamente sometido a una ley que no habría podido modificar para satisfacer sus propios fines.

Esta separación de funciones habría necesitado y gradualmente producido una neta distinción entre normas de recta conducta e instrucciones destinadas al gobierno. Pronto se habría sentido la necesidad de una autoridad judicial superior, capaz de zanjar las controversias entre ambos órganos representativos, y de este modo se habría ido estableciendo gradualmente una distinción aún más precisa entre ambos tipos de normas: el derecho privado (incluido el penal) y el público, que ahora se confunden en cuanto se designan con el mismo término «derecho» ( law).

En lugar de este progresivo esclarecimiento de la distinción fundamental, la combinación de tareas completamente diferentes

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en manos del mismo órgano ha generado una creciente ambigüedad en el concepto de ley. Ya vimos que la distinción no es fácil y plantea problemas difíciles incluso a los juristas modernos. Pero no se trata de una tarea imposible, aunque una solución plenamente satisfactoria puede precisar de un mayor conocimiento por nuestra parte. A través de tales progresos es como se ha desarrollado todo el derecho.

El valor de un modelo de constitución ideal

Suponiendo que pueda trazarse una línea divisoria entre ambos tipos de normas que hoy conocemos con el nombre de «ley», su significado resultará más claro si describimos con suficiente precisión un modelo constitucional que garantice una auténtica separación de poderes entre dos organismos representativos diferentes, de tal suerte que dictar leyes en sentido estricto y gobernar en sentido propio se realizaran desde luego democráticamente, pero por dos organismos distintos y recíprocamente independientes. Mi objetivo no es proponer un esquema constitucional de aplicación inmediata. Tampoco pretendo proponer que algún país con una tradición propia ya establecida tenga que sustituir su propia constitución por otra redactada en los términos que aquí sugiero. En todo caso, los principios generales que fueron expuestos en páginas anteriores quedarán mejor perfilados si se enmarcan dentro de un modelo de constitución; y existen aún otras dos razones que abogan por semejante modelo.

En primer lugar, hay muy pocos países en el mundo que tengan la suerte de poseer una fuerte tradición constitucional. En realidad, además de los países anglosajones, acaso sólo los pequeños países del Norte de Europa y Suiza tienen una tal tradición. La mayor parte de los demás países jamás ha conservado una constitución durante el tiempo suficiente para convertirla en una tradición profundamente enraizada; muchos de ellos carecen del trasfondo de tradiciones y creencias que en países más afortunados han permitido el funcionamiento de constituciones que no afirmaban explícitamente muchas cosas que daban por supuestas, o incluso constituciones que no existían en forma escrita. Esto

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puede afirmarse con mayor razón de aquellos países nuevos que, sin tradición alguna que ni siquiera lejanamente se acerque a la del ideal del estado de derecho, durante tanto tiempo elaborado por las naciones europeas, han tomado de estas últimas las instituciones de la democracia sin los fundamentos de creencias y convicciones que estas instituciones suponen.

Para que tales intentos de transplantar una democracia no fracasen, es preciso especificar en instrumentos de gobierno determinados ese trasfondo de tradiciones y creencias no escritas que en las democracias que funcionan limitaron durante largo tiempo el abuso del poder de la mayoría. El que la mayor parte de tales intentos hayan fracasado tan rotundamente no demuestra que los conceptos básicos de la democracia sean inaplicables, sino tan sólo que esas particulares instituciones que en Occidente funcionaron bastante bien suponen la aceptación tácita y la observación de algunos otros principios que, allí donde todavía no son reconocidos, deberían formar parte de la constitución escrita. No tenemos ningún derecho a pensar que las específicas formas de democracia que han funcionado entre nosotros puedan funcionar de la misma manera en otra parte. La experiencia parece demostrar precisamente lo contrario. Es, pues, urgente preguntarse cómo introducir explícitamente en otras constituciones aquellos conceptos que en nuestras constituciones representativas implícitamente se dan por supuestos.

En segundo lugar, los principios contenidos en el esquema que hay que adoptar pueden ser relevantes en relación con los esfuerzos de nuestra época de crear instituciones supranacionales. Parece existir un sentimiento creciente de que podemos esperar construir un cierto derecho internacional, pero es dudoso que se pueda o se deba crear un gobierno supranacional, al margen de algunos organismos que presten determinados servicios. En todo caso, debe quedar bien claro que para que estos esfuerzos no fracasen, o incluso no sean nocivos, estas instituciones supranacionales deberán durante algún tiempo limitarse a impedir que los gobiernos nacionales cometan acciones lesivas a otros países, pero sin que tengan poder para ordenarles que hagan determinadas cosas.

Muchas de las comprensibles objeciones contra la entrega a una autoridad internacional de poder para dictar órdenes dirigidas a

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los distintos gobiernos nacionales podrían eliminarse si esta nueva autoridad se limitara a establecer normas generales que prohibie-ran únicamente ciertos tipos de acciones de los estados miembros o de sus ciudadanos. Pero para conseguir esto, es aún preciso ver cómo el poder legislativo, en el sentido en que lo entendían quienes propugnaban la separación de poderes, puede separarse eficazmente de los poderes de gobierno.

Los principios básicos

La cláusula fundamental de este modelo de constitución debería afirmar que en tiempos normales, y al margen de ciertas emergencias claramente definidas, sólo podría impedirse a los hombres que hicieran lo que quisieran u obligarles a ejecutar determinadas acciones, en consonancia con las normas reconocidas de recta conducta, concebidas para definir y proteger el ámbito de la libertad individual. Este conjunto de normas aceptadas sólo puede ser modificado por la que llamaré Asamblea Legislativa. En general, ésta sólo tendrá poder si demuestra su intención de ser justa, comprometiéndose con normas universales, aplicables a un número indefinido de casos futuros pero sobre las que no tendrá poder en lo que respecta a la aplicación de las mismas. La cláusula fundamental debería contener una definición de todo lo que puede ser ley en este sentido estricto de nomos, que permita a los tribunales decidir si una resolución particular de la Asamblea Legislativa posee las propiedades formales para ser ley en tal sentido.

Ya hemos visto que esta definición no puede fundamentarse únicamente en criterios lógicos, sino que exige que las normas puedan aplicarse a un número indefinido de casos futuros, que fomen-ten la formación y el mantenimiento de un orden abstracto cuyos contenidos concretos son imprevisibles, pero no la consecución de objetivos particulares y concretos, y, finalmente, que excluyan todas las medidas concernientes principalmente a individuos o grupos claramente identificables. La misma debería reconocer también que, aunque los cambios del conjunto reconocido de las normas de recta conducta existentes son competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa, el conjunto inicial de tales normas debería incluir

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no sólo lo producido por la legislación anterior, sino también aquellos conceptos que aún no han sido articulados y que están implícitos en pasadas decisiones; conceptos que deberían vincular a los tribunales, cuya función debería consistir en explicarlos.

La cláusula fundamental no definiría las funciones de gobierno sino sólo los límites de sus poderes coactivos. Aunque restrinja los medios que el gobierno puede emplear para prestar servicios a los ciudadanos, no pondría límites directos al contenido de esos servicios. Sobre este tema volveré cuando me ocupe de las funciones de la Asamblea Gubernativa.

Esta cláusula, por supuesto, debería conseguir por sí sola más de lo que las tradicionales Declaraciones de Derechos pretendían asegurar, y haría por lo tanto innecesaria cualquier enumeración separada de los fundamentales derechos especiales protegidos.

Esto salta a la vista si recordamos que los Derechos del Hombre tradicionales como: libertad de palabra, de prensa, de religión, de reunión, de asociación, o la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, etc., no pueden ser y nunca han sido derechos absolutos no limitables por normas de ley generales. Desde luego que libertad de palabra no significa libertad de difamación, calum-nia, incitación al crimen o de causar pánico por falsas alarmas, etc.

Todos estos derechos están protegidos tácita o expresamente contra las restricciones únicamente si son «conformes con la ley» Pero esta limitación, como se ha demostrado con toda claridad en los últimos tiempos, tiene sentido y no priva de eficacia a la protección de estos derechos frente a la «legislatura» tan sólo si no se entiende por «ley» toda resolución debidamente aprobada por una asamblea parlamentaria, sino sólo aquellas normas que pueden definirse como leyes en el sentido estricto que aquí hemos enunciado.

Los derechos fundamentales protegidos tradicionalmente por la Declaración de Derechos no son los únicos que tienen que ser protegidos si se quiere evitar el poder arbitrario, ni tampoco pueden enu-merarse exhaustivamente los derechos esenciales que constituyen la libertad individual. Como vimos anteriormente, aunque los esfuerzos para ampliar el concepto a los que hoy se conocen con el nombre de derechos económicos y sociales no hayan ido en la buena dirección, existen muchos despliegues imprevisibles de la libertad que merecen la misma protección que

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los enumerados en las diversas Declaraciones de Derechos. Los mencionados explícitamente se han visto amenazados en determinados periodos, o parece que necesitan protección para que el gobierno democrático pueda funcionar. Pero destacarlos en cuanto especialmente protegidos da a entender que en otros campos el gobierno puede emplear la coacción sin verse ligado por normas generales.

Esta, realmente, ha sido la razón de que quienes concibieron originariamente la Constitución americana no incluyeran una Declaración de Derechos y de que, cuando se añadió la Enmienda Novena, ineficaz y casi olvidada, sostuvo que «la enumeración de algunos derechos que se hace en la Constitución no podrá inter-pretarse de manera que sean negados o menospreciados otros derechos que poseen los ciudadanos». La enumeración de derechos particulares protegidos frente a su violación «a no ser de acuerdo con la ley» parece implicar que en otros campos la legislatura es libre de limitar o constreñir a la gente sin comprometerse con una norma general. La extensión del término «ley» a casi todas las resoluciones de la legislatura ha privado de sentido incluso a esta protección. Sin embargo, el fin de una constitución es precisamente evitar todas las limitaciones y coacciones arbitrarias de los derechos, aunque provengan de los órganos legislativos. Como ha subrayado un conocido jurista suizo3, las nuevas posibilidades creadas por los desarrollos tecnológicos en el futuro pueden hacer que otras libertades sean incluso más importantes que las protegidas por los tradicionales derechos fundamentales.

Lo que los derechos fundamentales pretenden proteger es simplemente la libertad individual, es decir la ausencia de coacción arbitraria. Ello implica que la coacción se emplee sólo para hacer observar las normas universales de recta conducta que protegen la esfera individual, y recaudar los medios necesarios para los servicios que presta el gobierno; y puesto que esto supone que al individuo sólo se le puede limitar en aquellos comportamientos que pueden violar la esfera protegida de las libertades de los demás, en tal caso sería completamente libre en todas las acciones que se 3 Z. Giacommetti, Der Freiheitskatalog als Kodifikation der Freiheit (Zurich, 1955).

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refieren exclusivamente a su esfera privada y la de otras personas responsables que lo aceptan, y por lo tanto se le garantiza toda la libertad que es posible garantizar mediante la acción política. Otra cuestión que habremos de considerar más adelante es si se puede suspender temporalmente esta libertad, en caso de que se vean amenazadas las instituciones encargadas de preservarla a largo plazo, y cuando resulta necesario unirse en una acción común para el fin supremo de defenderlas, o para alejar algunos peligros comunes a toda la sociedad.

Los dos cuerpos representativos con funciones diferentes No es nueva la idea de confiar la tarea de dictar normas generales de recta conducta a un órgano distinto de aquel al que se le confía la función de gobierno. Algo por el estilo intentaron los antiguos atenienses cuando permitieron sólo a los nomothetae, un órgano distinto, cambiar el nomos fundamental4. Puesto que nomos es poco más o menos el único término que ha conservado, por lo menos aproximadamente, el significado de normas generales de recta conducta, y el término nomothetae se introdujo en un contexto parecido en la Inglaterra del siglo XVII5 y luego por J. Stuart Mill6, conviene emplearlo de vez en cuando para designar aquel órgano puramente legislativo preconizado por los defensores de la separación de poderes y por los teóricos de la rule of law o imperio de la ley siempre que se precisa distinguirlo netamente del segundo órgano representativo que aquí denomino Asamblea Gubernativa.

Esa Asamblea Legislativa podría controlar eficazmente las decisiones de un organismo gubernativo igualmente representativo, siempre que no tuviera el mismo tipo de composición. En la práctica, es preciso que ambas asambleas no sean elegidas de la misma manera y por el mismo periodo. Si dos asambleas tuvieran sólo dos 4 Véase A. R. W. Harris, «Law Making at Athens at the End of the Fifth Century B.

C.», Journal of Hellenic Studies, 1955, así como las referencias allí contenidas.

5 E. G. Philip Hunton, A Treatise on Monarchy (Londres, 1943), p. 5. 5 J. S. Mill, Considerations on Representative Government (Londres, 1861), cap. 5.

6 J. S. Mill, Considerations on Representative Government (Londres, 1861), cap. 5.

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funciones distintas, pero estuvieran compuestas aproximadamente en la misma proporción de representantes de los mismos grupos, especialmente partidos, el legislativo generaría simplemente aquellas leyes que el órgano de gobierno deseara, como si formara una sola cosa con el otro organismo.

Las funciones distintas exigen que las distintas asambleas repre-senten las opiniones de los electores de forma diversa. Para los objetivos del gobierno propiamente dicho parece deseable que encuentren expresión los deseos concretos de los ciudadanos, o, en otras palabras, que estén representados los intereses particulares. Para el funcionamiento del gobierno, se precisa claramente una mayoría comprometida con un programa de acción y «capaz de gobernar».

Por otra parte, la legislación propiamente dicha no debería obedecer a los intereses sino a las opiniones, es decir a las ideas sobre qué tipo de acción es justo o equivocado, no como instrumento para alcanzar fines particulares sino como norma permanente y que no tenga en cuenta los efectos sobre grupos o individuos particulares. Para elegir a alguien capaz de ocuparse con eficacia de sus intereses particulares, o bien personas de confianza que hagan respetar imparcialmente la justicia, el pueblo elegiría a personas muy diferentes. En efecto, la eficacia en el primer tipo de funciones exige cualidades muy distintas de la probidad, la sabiduría, el buen juicio que son de capital importancia en el segundo.

El sistema de elección periódica de todo el cuerpo representativo es apropiado no sólo para hacerle sensible a los deseos fluc-tuantes del electorado, sino también para hacer que se organicen en partidos y que dependan de los fines concordantes entre partidos comprometidos en sostener intereses particulares y determinados programas de acción. Pero también obliga en efecto al diputado particular a someterse a la disciplina de partido para obtener el apoyo necesario para su reelección.

No es razonable esperar de una asamblea parlamentaria encargada de ocuparse de los intereses particulares las cualidades que los teóricos clásicos de la democracia esperaban de una muestra representativa del pueblo en su conjunto. Lo cual no significa que, si se le hubiera pedido al pueblo elegir representantes que no puedan concederle favores particulares, no podría verse inducido a responder designando a aquellos cuyos juicios le merecen mayor

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respeto, especialmente si puede elegir entre personas que ya tienen una reputación en la vida ordinaria.

Lo que parece necesario para los objetivos de la legislación propiamente dicha es una asamblea de hombres y mujeres relativamente maduros, elegidos por periodos bastante largos, por ejemplo quince años, de modo que no estén preocupados por ser reelegidos, y tras ese periodo, para hacerles completamente independientes de la disciplina de partido, no deberían ser reelegibles ni verse obligados a volver a ganarse la vida en el mercado, sino que debería garantizárseles un empleo público continuado en posiciones honoríficas pero neutras, como «jueces laicos», de tal modo que durante su cargo de legisladores no dependan del apoyo del partido ni se preocupen de su futuro personal. Para asegurar todo esto, sólo debería ser elegida gente que haya demostrado su propio valor en la vida privada y profesional, y, para evitar al mismo tiempo que la asamblea tenga una proporción demasiado elevada de personas ancianas, sería acaso conveniente basarse en una antigua experiencia según la cual los coetáneos de una persona son sus jueces más justos, y que todo grupo de personas de la misma edad, una vez en la vida, por ejemplo al cumplir los 45 años, elijan entre ellas a los representantes destinados a permanecer en el cargo durante 15 años.

El resultado sería una asamblea legislativa de hombres y mujeres entre los 45 y los 60 años, un décimo quinto de los cuales sería sustituido cada año. El conjunto reflejaría así aquella parte de la población que ya ha acumulado experiencia y que ha tenido oportunidad de ganarse una reputación, pero que todavía se encuentra en sus mejores años. Conviene notar que, aunque no estuviera representada aquella parte de la población por debajo de los 45

años, la media de los miembros de esa asamblea tendría 52 años y medio, inferior a la de muchos organismos representativos, aun cuando la fuerza de los más ancianos se mantuviera constante sustituyendo las bajas por muerte o enfermedad, lo cual en el curso normal de los acontecimientos no parece que fuera necesario y sólo aumentaría la proporción de los que tienen menor experiencia legislativa.

Se podría echar mano de algunas otras salvaguardias para asegurar la independencia de estos nomothetae frente a la presión de los

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intereses particulares o partidos organizados. Las personas que ya han pertenecido a la Asamblea Gubernativa o a las organizaciones de partido no podrían ser elegidas para la Asamblea Legislativa.

Incluso en el caso de que muchos miembros tengan vínculos con ciertos partidos, existirían escasos incentivos para seguir las instrucciones de la dirección de los partidos y del gobierno en el poder.

Los miembros podrían ser apartados de su cargo por graves motivos de conducta o por negligencia, por un grupo de sus pares actuales o anteriores, según los principios que hoy se aplican a los jueces. Garantizarles al finalizar su mandato y hasta la edad de la jubilación (es decir, entre los 60 y los 70 años) un cargo honorífico como el de miembros laicos de un tribunal judicial sería un factor importante que contribuiría a su independencia. En efecto, sus honorarios podrían fijarse por la constitución con referencia a cierto porcentaje (por ejemplo) de los 20 puestos mejor pagados en la estructura del gobierno.

Puede pensarse que semejante posición sería considerada por todos los grupos de edad como una especie de premio concedido a los contemporáneos más respetados. Como la Asamblea legislativa no sería muy numerosa, serían pocos los individuos elegidos cada año. Esto podría aconsejar emplear un método de elección indirecto, con delegados nombrados regionalmente que eligen entre ellos los representantes. Este ulterior incentivo incitaría a toda cir-cunscripción a nombrar como delegados a personas de tal posición que tengan las mejores posibilidades de ser elegidos en la segunda votación.

A primera vista podría parecer que esta asamblea puramente legislativa tiene poco que hacer. Si pensamos exclusivamente en aquellas funciones que hemos venido subrayando, en particular en la revisión del derecho privado (incluidos el mercantil y el penal), parece que éstas sólo precisarían acciones muy de tarde en tarde, sin que sean suficientes para dar una ocupación continua a un grupo elegido de personas muy competentes. Pero esta primera impresión es errónea. Aunque hayamos empleado como ejemplo el derecho privado y penal, conviene recordar que todas las normas de conducta sancionables legalmente deberían contar con la aprobación de esta asamblea. Aunque a lo largo de este libro hayamos tenido pocas oportunidades de fijarnos en los detalles de estas

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cuestiones, hemos sin embargo destacado repetidamente que tales funciones comprenden no sólo los principios fiscales sino también aquellas normas sobre seguridad e higiene, incluidas las reglamentaciones para la producción, que deben aplicarse en interés general y deberían dictarse en forma de normas generales. Esto comprende no sólo lo que suele llamarse legislación sobre seguridad, sino también el difícil problema de crear un marco de referencia adecuado para un mercado competitivo que funcione, así como el derecho societario que mencionamos en el último capítulo.

Tales materias fueron en el pasado ampliamente delegadas por la legislatura, que carecía de tiempo para considerar atentamente cuestiones a menudo muy técnicas, por lo que fueron confiadas a la burocracia o a organismos especiales creados al efecto. No cabe duda de que a una «legislatura» que se ocupe principalmente de los urgentes problemas de gobierno le resultará ciertamente difícil prestar a estas cuestiones la atención que precisan. Sin embargo, se trata de problemas no de administración sino de legislación propiamente dicha, y el peligro de que la burocracia, si le son delegadas las funciones correspondientes, asuma poderes esencialmente arbitrarios y discrecionales, es considerable. No hay motivos intrínsecos para que la regulación de estas materias no tenga la forma de normas generales (como sucedía en Gran Bretaña hasta 1914), siempre que el legislativo intentara hacerlo seriamente, en lugar de considerar el punto de vista y el interés de administradores ambiciosos de adquirir poder. Probablemente la mayor parte de los poderes adquiridos por la burocracia, y que de hecho son incontrolables, son fruto de la delegación por parte del legislativo.

Aunque no me preocupa mucho el hecho de que los miembros de la legislatura no tenga una ocupación adecuada, añadiré que no considero un mal, sino más bien algo positivo, el que un grupo selecto de hombres y mujeres, que se han ganado ya una reputación en la vida ordinaria, se liberen durante una parte de su vida de la necesidad o el deber de ocuparse de las tareas que les imponen las circunstancias, de suerte que puedan reflexionar sobre los principios de gobierno, o que puedan ocuparse de cualquier otra causa que consideren importante. Para que el espíritu público pueda expresarse en aquellas actividades voluntarias en las que se manifiestan nuevos ideales, es esencial que un pequeño número

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de personas disponga del necesario tiempo libre. Tal era en otro tiempo la función del hombre acomodado, y aunque yo opino que se trata de una tesis a favor de su mantenimiento, no hay motivo para que este tipo de personas sean las únicas que tengan semejante oportunidad. Si quien se ha hecho acreedor a la mayor confianza de sus contemporáneos pudiera dedicar libremente una parte sustancial de su tiempo a tareas de su elección, podría contribuir de manera notable al desarrollo de aquel «sector voluntario» que tan necesario es para que el gobierno no asuma un poder opresivo. Si la posición de un miembro del legislativo no resultara ser demasiado onerosa, debería sin embargo tener honor y dignidad, de modo que en algunos aspectos los miembros de este organismo elegido democráticamente podrían tener el papel de honoratiores, según la definición de Max Weber, es decir personajes públicos e independientes que, a parte de su función de legisladores, y sin lazos de partido, pudieran estar al frente a muchas asociaciones voluntarias.

En lo que atañe a la tarea principal de estos nomothetae, se puede pensar que el mayor problema no sería si tienen o no bastante trabajo, sino más bien si hubiera un incentivo suficiente para hacerlo.

Podría temerse que precisamente la independencia de que gozarían podría inducirlos a ser perezosos. Aunque no considero probable que personas que se han distinguido en la vida activa y cuya posición vendría a basarse en la reputación pública, una vez elegidos por 15 años para un cargo prácticamente inamovible, descui-dara hasta tal punto sus deberes, sin embargo podrían adoptarse medidas semejantes a las que se aplican hoy a los jueces. Aunque los nomothetae tienen que ser completamente independientes de la organización del gobierno, podría haber una especie de supervi-sión por parte de un senado formado por antiguos miembros que, en caso de negligencia, estaría autorizado a destituir a los representantes. Sería este órgano, al finalizar el cargo de los miembros de la Asamblea Legislativa, el que debería asignar la posición de cada uno, desde la de presidente del Tribunal Constitucional a la de asesor profano de algún órgano judicial inferior.

Sin embargo, la constitución debería guardarse de la eventuali-dad de que una Asamblea Legislativa sea completamente inactiva, previendo que, mientras tendría el poder exclusivo de emanar

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normas generales de conducta, este poder podría pasar temporalmente a la Asamblea Gubernativa en caso de que la primera no res-pondiera en un razonable lapso de tiempo a la exigencia de legiferar sobre un determinado problema. Esta medida constitucional, por el simple hecho de existir, probablemente no haría necesario invo-carla. El celo de la Asamblea Legislativa será suficiente para garantizar que responderá en un lapso razonable de tiempo a los problemas de recta conducta planteados.

Otras observaciones sobre la representación por grupos de edad Aunque lo que realmente interesa para el tema principal de este libro sea el principio general del modelo de constitución que proponemos, el método de representación por generaciones propuesto para la Asamblea Legislativa ofrece tantas posibilidades interesantes para el desarrollo de las instituciones democráticas que bien merece la pena profundizar en su elaboración. El hecho de que los miembros de cada clase de edad sepan que un día tendrán una función común y constante que desarrollar puede dar origen a la creación de clubes locales de coetáneos, y puesto que ello contribuiría a la adecuada preparación de los candidatos, esta tendencia podría merecer un apoyo público, al menos proporcionando salas de reunión y otras estructuras que faciliten el contacto entre los grupos de distintas localidades. La existencia en cada localidad de uno de estos grupos para toda clase, asistido y reconocido públicamente, puede contribuir también a evitar la división de los grupos según líneas de partido.

Estos clubes de coetáneos podrían formarse al finalizar el colegio, cuando la correspondiente generación entra en la vida pública, por ejemplo a la edad de 18 años. Acaso sería más interesante si los hombres de una clase se reunieran con mujeres 2 o 3 años más jóvenes. Esto se podría obtener, sin ninguna discriminación legal objetable, permitiendo a hombres y mujeres entrar a la edad de 18 años en el club recién formado o en los de los 2 ó 3 años anteriores. En este caso probablemente los hombre preferirán entrar en su nuevo club, mientras que las mujeres preferirán hacerlo en un club iniciado algún año antes. Esta elección implicaría naturalmente que

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quien opta por una clase de edad superior pertenecerá a ella permanentemente, y votará por el delegado y será elegible como delegado o representante antes de lo que sucedería en otro caso.

Estos clubes, al acercar a coetáneos de todas las clases sociales y mantener los contactos entre los que fueron juntos al colegio (y acaso coincidieron en el servicio militar) pero que ahora han tomado caminos diferentes, proporcionaría un vínculo realmente democrático porque permitiría contactos que pasan por todas las demás estratificaciones, y educarían y darían un incentivo al interés por las instituciones públicas, así como un entrenamiento para los procedimientos parlamentarios. Proporcionarían también un canal para expresar la disconformidad de quienes aún no se hallan representados en la Asamblea Legislativa. También podrían convertirse ocasionalmente en una plataforma para los debates de partido, y tendrían la ventaja de que quien se inclina por los distintos partidos se verá inducido a discutir con los demás, desper-tando en él la conciencia de la tarea común de representar la visión de su generación y posteriormente de cualificarse para un futuro cargo público.

Aunque ante todo sean miembros del grupo local, los miembros deberían tener derecho a formar parte como visitantes de los clubes de la propia clase de edad en localidades distintas de la propia residencia habitual; y si se supiera que en cada localidad una clase particular se reuniera regularmente a una hora y en un lugar determinados (como ocurre con los rotarios y otras organizaciones parecidas), puede ser un medio importante de contactos entre distintas localidades. En otros muchos aspectos, estos clubes introdu-cirían un importante elemento de coherencia social, especialmente en la estructura de la sociedad urbana, y contribuirían grandemente a reducir la distinción por clases y profesiones.

La rotación de la presidencia de estos clubes daría a sus miembros la oportunidad de conocer las cualidades de los candidatos potenciales; en el caso de las elecciones indirectas, esas oportunidades pueden basarse en conocimientos personales incluso en el segundo turno, y los delegados que finalmente serán elegidos podrán actuar no sólo como presidentes sino también como portavoces, voluntarios pero oficialmente reconocidos, de los respectivos grupos de edad; una especie de ombudsmen honorarios que

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protegen los intereses del propio grupo de edad ante las autoridades. La ventaja del desarrollo de estas funciones consistiría en que, en el momento de la votación, es más probable que los miembros elijan a alguien de cuya integridad se fían.

Aunque, tras las elecciones de los representantes, estos clubes tengan pocos encargos oficiales, podrían continuar como medio de control social a los que sería posible dirigirse en caso de tener que reintegrar el número de representantes, si por motivos accidentales éste descendiera muy por debajo del normal; acaso no todo el número originario, pero en todo caso en medida tal que la fuerza numérica de su clase de edad esté convenientemente representada.

La Asamblea Gubernativa

Poco hay que decir de la segunda asamblea, o sea la gubernativa, porque pueden servir de modelo los órganos parlamentarios existentes, desarrollados principalmente para desempeñar funciones de gobierno. No hay motivo para que no se forme según reelecciones periódicas del órgano en su conjunto sobre la base de partidos 7, y para que la mayor parte de sus asuntos no sean desempeñados por un comité ejecutivo de la mayoría. Éste constituiría el gobierno propiamente dicho y actuaría bajo el control y la crítica de una oposición organizada dispuesta a ofrecer un gobierno alternativo. Por lo que respecta a los posibles métodos de elección, periodo para el que se elige a los representantes, etc., las cuestiones a considerar son poco más o menos las mismas que suelen discutirse corrientemente y sobre las que aquí no es preciso que nos detengamos. Acaso en nuestro esquema más aún que en la realidad actual sería de desear una mayoría efectiva capaz de gestionar el gobierno, en lugar de otra que refleje perfectamente la distribución proporcional de los 7 Mientras que, para los fines de la legislación, una división de la asamblea según criterios de partido es absolutamente indeseable, para los fines del gobierno un sistema bipartítico es evidentemente deseable. En ninguno de los dos casos, por tanto, existen razones a favor de la representación proporcional; los argumentos a su favor han sido expuestos claramente en una obra que, por la fecha de su publicación, no recibió la atención que merece: F. A. Hermens, Democracy or Anarchy (Notre Dame, Ind., 1941).

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diversos intereses de la población, y por lo tanto considero todavía más válida la tesis contraria a la representación proporcional.

La decisiva diferencia entre la posición de esta Asamblea Gubernativa representativa y los organismos parlamentarios actuales sería naturalmente que en todo lo que aquélla decidiera estaría sometida a las normas de conducta dictadas por la Asamblea Legislativa, y que en particular no podría dictar órdenes a los ciudadanos particulares que no deriven directa y necesariamente de las norms establecidas por esta última. En todo caso, dentro de los límites de tales normas, el gobierno sería completamente libre de organizar su aparato y decidir sobre el uso de los recursos materiales y humanos que le han sido confiados.

En lo que atañe al derecho de elegir representantes a la Asamblea Gubernativa, conviene considerar si no adquiere nueva fuerza el viejo argumento según el cual los empleados del gobierno, o quienes de él reciben subsidios u otras ayudas financieras, no deberían tener derecho a voto. El argumento no era decisivo mientras se refería a la votación a una asamblea representativa, cuya función principal debía ser la emanación de normas universales de conducta. Desde luego, un funcionario estatal está en condiciones, como cualquier otro ciudadano, de tener una opinión sobre lo que es justo, y habría sido injusto excluirle de un derecho concedido a muchos otros, menos informados y educados. Pero se convierte en una cuestión totalmente distinta cuando no se trata de una opinión sino de claros intereses en obtener resultados particulares. Aquí ni los instrumentos de la política ni quienes, sin contribuir a aportar los medios, únicamente comparten los resultados, parecen tener los mismos derechos que los ciudadanos privados. No parece que sea una situación ideal el que los funcionarios del estado, los pensionistas, los parados, etc., deban votar sobre cómo deberían ser pagados a costa de los demás, y que su voto se pida con la promesa de aumentar sus ingresos. Tampoco parecería razonable que, además de formular proyectos de acción, los empleados del gobierno tengan voz en capítulo sobre la adopción de sus proyectos, o que quien está sometido a las órdenes de la Asamblea Gubernativa participe en la decisión sobre cuáles deben ser estas órdenes.

La función del mecanismo de gobierno, aunque tenga que operar dentro del marco de referencia de un derecho que no puede

UN MODELO DE CONSTITUCIÓN

modificar, seguiría siendo considerable. Aunque se mantendría la obligación de no discriminar en la prestación de los servicios, la elección, organización y fines de estos servicios seguirían dándole un notable poder, limitado únicamente porque la coacción, y otros tratamientos discriminantes respecto a los ciudadanos que darían excluidos. A pesar de que el modo de recaudar fondos estaría limitado, la cuantía o los fines generales en que se gastan no lo estarían sino indirectamente.

El Tribunal Constitucional

Todo el dispositivo se basa en la posibilidad de una neta distinción entre normas de recta conducta legalmente sancionables, que la Asamblea Legislativa deberá desarrollar y que son vinculantes tanto para el gobierno como para los ciudadanos, y todas aquellas normas de organización y gestión del gobierno en sentido estricto que, en los límites de la ley, deberían proceder de la Asamblea Gubernativa. Aunque aquí hayamos intentado exponer con toda claridad el principio de la separación de poderes, y aunque la cláusula fundamental de la constitución debería tratar de definir lo que se considera ley en el sentido de normas de recta conducta, en la práctica la aplicación de este principio plantearía sin duda muchos problemas de difícil solución, y sus implicaciones sólo podrían solventarse por los continuos esfuerzos de un tribunal especialmente designado. Los problemas tendrían principalmente la forma de conflicto de competencias entre ambas asambleas, generalmente a través del rechazo por parte de una de ellas de la validez de las resoluciones aprobadas por la otra.

Para dar al tribunal de última instancia la autoridad necesaria en estas materias, y considerando las cualificaciones especiales necesarias de sus miembros, tal vez sería deseable formar un Tribunal Constitucional autónomo. Al parecer, sería conveniente incluir en él, además de jueces de carrera, algunos antiguos miembros de la Asamblea Legislativa, y acaso también de la Gubernativa. En la formación de una jurisprudencia constante, debería estar vinculado por sus decisiones anteriores, al tiempo que cualquier anulación de tales decisiones que se considerara necesaria

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debería dejarse al procedimiento de enmienda prevista por la constitución.

El otro punto relativo a este Tribunal Constitucional que aquí con-vendría destacar es que sus decisiones deberían ser a menudo de tal naturaleza que no establecieran cuál de las dos asambleas es competente para tomar ciertas decisiones, sino que se limitaran a fijar que nadie tiene derecho a tomar medidas coactivas. Esto se aplicaría (excepto en periodos de emergencia, a lo que nos referiremos más adelante) en particular a todas las medidas coactivas no previstas por las normas generales de recta conducta que fueran reconocidas tradicionalmente o explícitamente emanadas de la Asamblea Legislativa.

El esquema propuesto plantea muchos problemas en lo que respecta a la organización de la administración de justicia. Organizar un mecanismo judicial sería, al parecer, una función claramente organizativa y por lo tanto gubernativa; pero ponerlo en manos del gobierno podría amenazar la completa independencia de los tribunales. Por lo que respecta al nombramiento y la promoción de los jueces, podrían confiarse a aquel comité de antiguos miembros de la Asamblea Legislativa que, como indiqué, debería establecer el empleo de sus pares como jueces laicos y semejantes. La independencia del juez individual podría garantizarlo el hecho de que su salario se fija del mismo modo que el propuesto para los miembros de la Asamblea Legislativa, es decir como cierto porcentaje de la media de los honorarios de un cierto número de los mejores puestos de gobierno.

Un problema bastante distinto es el referente a la organización técnica de los tribunales, del personal no judicial y de sus necesidades materiales. Parece que organizar todo esto debería ser tarea del gobierno en sentido propio; pero existen buenos motivos para que, en la concepción anglosajona, la concepción de un Ministerio de Justicia responsable de tales asuntos se haya considerado siempre sospechosa. Habría que considerar por lo menos si tal función, que evidentemente no debería ser desempeñada por la Asamblea Legislativa, no podría ser confiada a aquel comité elegido entre sus antiguos miembros al que ya nos hemos referido, y que por tanto se convertiría en el organismo organizativo permanente del poder judicial, que administre para sus fines todo un conjunto de medios financieros asignado por el gobierno.

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Todo esto está estrechamente ligado a otra cuestión difícil e importante que aún no hemos tratado, y a la que sólo podemos aludir. Me refiero a la cuestión de la competencia para la emanación del derecho procesal. En general, éste, como todas las normas subsidiarias a la aplicación de la justicia, debería ser cosa de la Asamblea Legislativa, si bien algunos puntos de carácter organizativo que todavía siguen regulados por los códigos procesales pueden considerarse con razón como asuntos de competencia bien de ese órgano especial que proponemos o por la Asamblea Gubernativa. Pero estas son cuestiones técnicas que aquí no podemos tratar a fondo.

La estructura general de la autoridad

La función de la Asamblea Legislativa no debe confundirse con la de un órgano creado para emanar o enmendar una constitución: las funciones de estos dos órganos son completamente distintas.

Una constitución en sentido estricto debería estar totalmente integrada por normas de organización, y debería ocuparse de derecho sustancial en el sentido de normas generales de recta conducta enunciando sólo los atributos generales que tales leyes deben tener en orden a autorizar al gobierno a emplear la coacción para su aplicación.

Aun cuando la constitución debe definir qué puede ser derecho sustancial para asignar y limitar los poderes entre las partes que la misma crea, deja que el contenido de este derecho lo desarrollen el poder legislativo y judicial. La constitución es una sobreestructura diseñada para regular el continuo proceso de desarrollo del conjunto existente de leyes, y evitar cualquier confusión entre los poderes del gobierno para hacer observar las normas en que se basa el orden espontáneo de la sociedad, y el uso de los medios materiales confiados a su administración para prestar servicios a los individuos y a los grupos.

No es necesario que nos ocupemos aquí de la discusión sobre el procedimiento más adecuado para fijar y enmendar una constitución. Pero acaso la relación entre el órgano encargado de esta tarea y los establecidos por la constitución puede aclararse ulteriormente diciendo que el esquema propuesto sustituye al actual

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ordenamiento de dos niveles por otro de tres: mientras la constitución distribuye y limita los poderes, no debería prescribir de forma positiva cómo esos poderes deben emplearse. El derecho sustancial en el sentido de normas de recta conducta sería desarrollado por la Asamblea Legislativa, limitada en sus poderes sólo por la cláusula de la constitución que define los atributos generales de las normas de recta conducta legalmente sancionables. A su vez, la Asamblea Gubernativa, y el gobierno en cuanto órgano ejecutivo de la misma, estarían en cambio limitados tanto por las normas de la constitución como por las normas de recta conducta emanadas o reconocidas por la Asamblea Legislativa. Eso es lo que significa gobierno sometido a la ley. El gobierno, órgano ejecutivo de la Asamblea Gubernativa, estaría también naturalmente vinculado por las decisiones de esta Asamblea, y por lo mismo podría considera rse co mo el cuarto orden de toda la estructura, mientras que el quinto sería el aparato administrativo o burocrático.

Si se nos preguntara en qué se basa la «soberanía», la respuesta sería que sobre nada, a no ser temporalmente en el órgano consti-tuyente, o en el órgano encargado de enmendar la constitución.

Dado que el gobierno constitucional es un gobierno limita do, no hay lugar para un órgano so berano, si por soberanía se entiende poder ilimitado. Ya vimos anteriormente que la idea de que siempre debe existir un poder ilimitado y último es una superstición derivada de la errónea idea de que todas las leyes derivan de las decisiones racionales de un cuerpo legislativo. El gobierno, sin embargo, jamás parte de un estado sin ley; descansa y deriva su apoyo de la expectativa de que hará observar las ideas dominantes relativas a lo que se considera justo.

Podríamos observar que la jerarquía tripartita de la autoridad se halla ligada a los distintos periodos en que se despliegan las tareas de los diversos órganos. En teoría, la constitución debe entenderse como algo perenne, aunque, naturalmente, como todo producto de la mente humana, tendrá defectos que precisarán de correcciones a través de enmiendas. El derecho sustancial, aunque se entienda por un periodo indefinido, precisa de un continuo desarrollo y revisión debido a que surgen problemas nuevos e imprevistos de los que no puede ocuparse adecuadamente el poder judicial. La administración de los recursos encomendada al gobierno con el fin de prestar

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servicios a los ciudadanos se refiere, por naturaleza, a problemas del corto plazo, y debe atender a la satisfacción de necesidades particulares, pudiendo disponer no del ciudadano privado sino de los recursos puestos explícitamente bajo su control.

Los poderes en situación de emergencia

El principio básico de una sociedad libre —es decir, que los poderes coactivos del gobierno deben limitarse a la aplicación de normas generales de recta conducta, y que no pueden emplearse para alcanzar objetivos particulares—, si bien es esencial durante el normal funcionamiento de la sociedad, debería suspenderse temporalmente cuando se ve amenazado el mantenimiento a largo plazo de ese orden. Aunque normalmente los individuos sólo se ocupan de sus fines más concretos, y en esta tarea cooperan del mejor modo posible al bienestar común, pueden surgir circunstancias temporales en las que preservar el orden general se convierte en objetivo común fundamental, y en las que, por consiguiente, el orden espontáneo, a escala local o nacional, debe convertirse por un cierto tiempo en organización. Cuando existe la amenaza de un enemigo externo, cuando estalla la rebelión o la violencia arbitraria, o una catástrofe natural exige que se emprenda una acción rápida y se realice con todos los medios disponibles, es preciso conceder a alguien unos poderes de organización coactiva que normalmente nadie posee. Como un animal que huye de un peligro mortal, en tales situaciones la sociedad debe suspender incluso las funciones vitales de las que depende su existencia a largo plazo, si quiere evitar la destrucción.

Las condiciones en que pueden concederse tales poderes de emergencia sin crear el peligro de que se mantengan cuando ya ha pasado la necesidad absoluta es uno de los puntos más complejos sobre los que debe decidir una constitución. Las «situaciones de emergencia» han sido siempre el pretexto para erosionar la salvaguardia de la libertad individual. En efecto, una vez suspendidas las libertades, no es difícil para quien ha asumido los poderes de emergencia hacer que esta situación se mantenga. Ciertamente, si cualquier necesidad de grupos importantes que sólo puede satisfacerse

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mediante el ejercicio de poderes dictatoriales constituye una emergencia, toda situación es situación de emergencia. Se ha sostenido con razón que es verdadero soberano todo aquel que tiene poder para proclamar una emergencia y sobre esta base suspender una parte cualquiera de la constitución8. Así es, efectivamente, cuando una persona o un grupo puede arrogarse tales poderes declarando el estado de emergencia.

Sin embargo, no es absolutamente necesario que el mismo organismo tenga el poder de declarar la situación de emergencia y al mismo tiempo asumir los poderes correspondientes. La mejor pre-caución contra su abuso parece ser que la autoridad que puede declarar una situación de emergencia tenga que renunciar a los poderes que normalmente tiene y mantener sólo el derecho de revocarlo en cualquier momento. En el esquema que hemos sugerido, sería evidentemente la Asamblea Legislativa, que no sólo debería delegar algunos de sus poderes al gobierno, sino también otorgar a este último poderes que nadie tiene en circunstancia normales. A este fin, debería existir permanentemente un comité de emergencia de la Asamblea Legislativa, que rápidamente pueda ser convocado en todo momento. El comité tendría el derecho de conceder poderes de emergencia limitados mientras pudiera con-vocarse toda la asamblea, y decidir sobre la amplitud y la duración de los poderes de emergencia concedidos al gobierno. Si la existencia de la emergencia se confirma, las medidas adoptadas por el gobierno en los límites de los poderes otorgados estarán vigentes, incluidos los mandatos específicos a personas particulares que en tiempos normales nadie tendría el poder de emanar. Pero la Asamblea Legislativa sería en todo momento libre de revocar o limitar las medidas adoptadas por el gobierno, y compensar a quienes, por el interés general, han tenido que someterse a tales poderes extraordinarios.

Otro tipo de emergencia que toda constitución debería prever es la p osibilidad de una laguna en sus propias disposiciones, por ejemplo cuando surgen cuestiones de autoridad no previstas por 8 Carl Schmitt, «Soziologie des Souverainitätsbegriffes und politische Theologie», en M. Palyi (ed.), Hautprobleme der Soziologie, Erinnerungsgabe für Max Weber (Munich, 1923), II, p. 5).

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las normas constitucionales. No puede excluirse la posibilidad de que existan tales lagunas, sea cual fuere el esquema constitucional, y por mucho que esté bien concebido: siempre pueden surgir cuestiones que requieren una respuesta rápida y autorizada, si no se quiere que se paralice todo el aparato gubernativo. Sin embargo, aunque alguien pueda tener poder para proporcionar una respuesta momentánea A TAles PREGuntas con decisiones ad hoc, éstas deberían mantenerse en vigor sólo hasta que la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional o el normal aparato encargado de enmendar la constitución, haya llenado la laguna con una reglamentación adecuada. Hasta ese momento un jefe de estado, que en tiempos normales desempeña una función puramente formal, podría colmar el vacío con medidas provisionales.

La división de poderes financieros

El campo en que la ordenación constitucional aquí diseñada produciría cambios de gran alcance sería el financiero. Es también el campo en que la naturaleza de estas consecuencias mejor puede ilustrarse en un esquema condensado, como es el que aquí se intenta trazar.

El problema central lo plantea el hecho de que la recaudación de impuestos es necesariamente un acto de coacción, por lo que debe efectuarse en consonancia con normas generales dictadas por la Asamblea Legislativa, mientras que la fijación del volumen y de la dirección del gasto es claramente competencia del gobierno. Este esquema requeriría, pues, que las normas uniformes según las cuales los recursos totales a recaudar entre los ciudadanos sean fijadas por la Asamblea Legislativa, mientras que el total del gasto y su dirección debería decidirlo la Asamblea Gubernativa.

Probablemente nada proporcionaría una disciplina más saludable del gasto que la condición de que quien vota a favor de una determinada medida sepa que los costes deberán ser soportados por él y por sus electores de acuerdo con una norma predetermi-nada que él no puede modificar. Excepto en los casos en que los beneficiarios de un determinado gasto pueden ser claramente identificados (aunque, una vez proporcionado el servicio a todos,

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podría suceder que no fuera posible quitárselo a quien no paga voluntariamente por él, y por tanto los costes deberían ser cubiertos colectivamente), como en el caso de un impuesto de circulación para el mantenimiento de las carreteras, o un canon para la recepción de las transmisiones radioeléctricas, o los distintos impuestos locales o municipales para la financiación de determinados servicios, todos los gastos aprobados originarían automáticamente un aumento correspondiente de la carga general de los impuestos para todos, según el esquema general determinado por la Asamblea Legislativa. Por tanto no podría aprobarse ningún gasto basado en la expectativa de que la carga podría descargarse luego sobre otros: cada uno sabría que debería soportar una cuota determinada del gasto total.

Los métodos fiscales corrientes se han pensado en gran medida con el fin de recaudar fondos de tal modo que se cause la menor resistencia o resentimiento por parte de la mayoría que ha aprobado el gasto. Ciertamente tales métodos no se forjaron para garantizar decisiones responsables sobre el gasto, sino, al contrario, para dar la sensación de que el que pagará será otro. Se considera obvio que los métodos impositivos están en relación con el monto a recaudar, ya que en el pasado la necesidad de renta adicional condujo regularmente a la búsqueda de nuevas fuentes fiscales. Los gastos adicionales han planteado siempre la cuestión sobre quién debería pechar con ellos. La teoría y la práctica de la hacienda pública ha estado casi totalmente marcada por el esfuerzo de disi-mular lo más posible la carga impuesta, y hacer lo menos conscientes posible a quienes tienen que soportarlo. Es probable que la complejidad de la estructura fiscal se deba en gran medida al esfuerzo de persuadir a los ciudadanos a dar al gobierno más de lo que conscientemente habrían consentido.

Distinguir eficazmente la legislación sobre las normas generales a través de las cuales se reparte entre los individuos la carga fiscal de la determinación de la suma total a recaudar exigiría un replanteamiento total de todos los principios de la hacienda pública, y la primera reacción de quien conoce las instituciones existentes sería probablemente considerar este esquema como totalmente inviable. Sin embargo, tan sólo una reconsideración completa del marco institucional de la legislación financiera puede

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probablemente impedir la tendencia hacia un aumento continuo y progresivo de aquella parte de la renta de la sociedad controlada por el gobierno. Esta tendencia, si s e deja en libertad, en poco tiempo conducirá a toda la socie dad bajo el dominio de la organización gubernativa.

Es evidente que la imposición según normas generales no puede tener lugar para cualquier progresión general de la carga fiscal total, aunque, como he expuesto en otra parte9, un cierto aumento de los impuestos directos no sólo sería permisible sino necesario para desactivar la tendencia a la regresividad de los impuestos indirectos. También he sugerido algunos principios generales según los cuales se puede limitar la carga impositiva e impedir la transferencia de la misma desde la mayoría a una minoría, pero al mismo tiempo dejar abierta la posibilidad, ciertamente discutible, de una mayoría que conceda ciertas ventajas a una minoría débil.

9 Véase mi obra The Constitution of Liberty [Los fundamentos de la libertad], cap. 20.

DOS TIPOS DE MENTE*

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El azar había llamado antes mi atención sobre el contraste existente entre dos tipos de pensamiento científico que desde entonces he venido observando con fascinación creciente. Hace mucho tiempo que deseaba describir la diferencia, pero me detenía ante el carácter interesado que tal tarea inevitablemente asumiría. Mi interés por este asunto se debe en gran medida al hecho de que yo mismo represento un ejemplo más bien extremo del tipo menos convencional, de modo que la descripción significará por fuerza hablar de mí mismo en gran medida, lo que parecerá una disculpa por no conformarme a un patrón reconocido. Sin embargo, ahora he llegado a la conclusión de que el reconocimiento de la contribución que pueden hacer los estudiosos de este tipo podría tener consecuencias importantes para la política de la educación superior, de modo que la descripción podría servir a un propósito útil.

Existe un estereotipo del gran científico que, aunque exagerado, no está del todo errado. Se ve al gran científico, sobre todo, como el dueño perfecto de su disciplina, el hombre que conoce al dedillo toda la teoría y todos los hechos importantes de su ciencia, y que puede con-testar de inmediato todos los interrogantes importantes de su campo.

Aunque tales parangones no existan realmente, he conocido algunos científicos que se aproximaban mucho a este ideal. Y me parece que muchos más creen que éste es el patrón al que deben aspirar, y a menudo sufren por sentir que no lo alcanzan. Tal es también el tipo que

* En Friedrich A. Hayek ([2007] 1978) Nuevos Estudios de Filosofía, Política, Economía e Historia de las Ideas. Capítulo IV, pp. 73-80. Unión Editorial. Madrid.

Publicado en Encounter, vol. 45, septiembre de 1975, pp. 33-35. Después de la primera publicación, se me ha señalado que hay cierta semejanza entre la distinción establecida en este artículo y la que trazara Sir Isaiah Berlin en su conocido ensayo sobre «El erizo y la zorra». No se me había ocurrido tal cosa, pero es probable que sea cierto. Pero si yo hubiera sido consciente de esa semejanza, ciertamente no habría pretendido que, por oposición a las «zorras», que saben muchas cosas, yo soy un «erizo que sabe una cosa grande» [trad. esp. en La tendencia del pensamiento económico, vol. III de Obras Completas de F.A. Hayek, cap. III -Trad. de Eduardo L.

Suárez].

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. V, n.º 2, Otoño 2008, pp. 335 a 341

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aprendemos a admirar porque podemos verlo en acción. La mayoría de los expositores brillantes, de los profesores que triunfan, escritores y expositores de la ciencia, los conversadores chispeantes, pertenecen a esta clase. Sus lúcidas exposiciones surgen de una comprensión total de su disciplina, que incluye no sólo sus propias concepciones sino también las teorías de otros autores del pasado y del presente. Es indudable que entre estos maestros reconocidos del estado actual de los conocimientos se hallan también algunas de las mentes más creativas, pero no estoy seguro de que esta particular capacidad ayude realmente a la creatividad.

Algunos de mis colegas más cercanos y algunos de mis mejores amigos han pertenecido a este tipo y deben sus bien adquiridas reputaciones a hazañas que yo no podría aspirar a igualar jamás. En casi todo lo referente al estado de nuestra ciencia, los considero más competentes para proporcionar información que una persona de mi propia clase. No hay duda de que pueden dar una explicación más inteligible del tema, a un lego o a un estudiante joven, que yo mismo, y así son mucho más útiles para el futuro practicante. En todo caso, es indudable que en algunas instituciones cabe otro tipo de mente muy distinto.1

En mi lenguaje privado, solía describir al tipo de científicos del patrón reconocido como el tipo memorioso. Pero esto es un poco injusto, porque su habilidad se debe a una clase de memoria particular, y hay también otras clases. Por lo tanto, aquí designaré simplemente a este 1 Los primeros ejemplos de este contraste que llamaron mi atención fueron E.

von Böhm-Bawerk y F. von Wieser. El primero, a quien sólo vi una vez cuando era un muchacho, era evidentemente un eminente «dueño de su disciplina», mientras que el último, mi profesor, era en muchos sentidos un solucionador de enigmas. J.

A. Schumpeter, otro ejemplar de quien «domina la disciplina», lo describió en cierta ocasión de este modo: «El economista que entra en el mundo intelectual de Wieser se encuentra de inmediato en una atmósfera nueva. Es como si se entrara en una casa que en nada se parece a las casas de nuestra época, y cuyos planos y muebles son extraños y no inteligibles de inmediato. Casi no hay ningún otro autor que deba tan poco a otros autores como Wieser, fundamentalmente a nadie fuera de Menger, y a éste sólo una sugerencia; el resultado fue que durante largo tiempo no sabían muchos de sus colegas qué hacer con el trabajo de Wieser. Todo en su edificio es de su propiedad intelectual, aunque lo que dice haya sido dicho antes». (Tomado de un artículo publicado en un periódico vienes con ocasión de su septuagésimo cum-pleaños, citado más extensamente en mi nota necrológica sobre Wieser reproducida como introducción a su Gesammelte Abhandlungen (Tubinga: J.C.B. Mohr, 1929). Parece haber existido un contraste similar entre dos influyentes profesores de economía de Chicago: Jacob Viner, que en gran medida «dominaba su disciplina», y Frank H.

Knight, un solucionador de enigmas como pocos.

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tipo como el que «domina su tema». Es la clase de mente que puede retener las cosas particulares que ha leído o escuchado, a menudo las propias palabras con las que se ha expresado una idea, y retenerlas durante largo tiempo. Podemos carecer de esta capacidad, pero poseer todavía una memoria muy buena a corto plazo, incluso para hechos aislados, como lo sé por propia experiencia, por lo menos cuando era muy joven. Gracias en gran medida a la capacidad que tenía para tragarme en pocas semanas, antes de los exámenes de fin de año, toda la sustancia de las enseñanzas de un año en varias disciplinas en las que no había trabajado nada, pude completar una educación escolar que me dio acceso a la universidad. Pero olvidaba tales conocimientos con tanta rapidez como los había adquirido; y siempre carecí de la capacidad para retener, durante algún tiempo, los pasos sucesivos de un argumento completo, o para almacenar en mi mente una información útil que pudiera poner en un marco de ideas que me resultara familiar.

Lo que me salvó de desarrollar un agudo complejo de inferioridad en compañía de otros estudiantes más eficientes fue el hecho de que yo sabía que debía todas las ideas nuevas y valiosas que tenía precisamente al hecho de que no podía recordar lo que se supone que todo especialista competente debe saberse al dedillo. Siempre que veía una nueva luz sobre algo, era el resultado de un esfuerzo penoso por reconstruir un argumento que los economistas más competentes reproducirían al instante sin ningún esfuerzo.

¿En qué consiste entonces mi conocimiento, el que me permite pretender que soy un economista bien preparado? Desde luego, no en el recuerdo claro de pronunciamientos o argumentos particulares. Generalmente no puedo reproducir el contenido de un libro que haya leído o de una conferencia que haya escuchado sobre mi tema.2 Pero ciertamente me he beneficiado a menudo, en gran medida, de esos libros o esas conferencias cuyo contenido no podría explicar ni siquiera inmediatamente después de haberlos leído o escuchado. En efecto, el 2 Ésta puede parecer una confesión curiosa de un profesor universitario que durante cerca de cuarenta años enseñó regularmente la historia del pensamiento económico y disfrutó haciéndolo. En efecto, siempre me interesaron grandemente las obras de autores antiguos y aprendí mucho de ellas. Y en cierto sentido me gustaba reconstruir su vida y personalidad, aunque no me hacía ilusiones acerca de que esto explicara en modo alguno sus opiniones científicas. Creo que también explicaba adecuadamente, en mis lecciones, su influencia sobre el desarrollo de la economía discutiendo su efecto sobre otros. Pero lo que decía a mis estudiantes era esencialmente lo que había aprendido de esos autores y no tanto lo que ellos pensaban efectivamente, que podría haber sido algo muy diferente.

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intento de recordar lo que había dicho el autor o el conferenciante me habría privado de la mayor parte del beneficio de la exposición, por lo menos tratándose de un tema sobre el que ya tuviera yo algún conocimiento. Incluso cuando era estudiante, pronto dejé de tomar notas en clase: en cuanto trataba de hacerlo, dejaba de entender. Lo que ganaba al escuchar o leer las ideas de otras personas era que así cambiaban, por decirlo así, los matices de mis propios conceptos. Lo que escuchaba o leía no me permitía reproducir su pensamiento, pero alteraba el mío.

No podía retener sus ideas o conceptos, pero modificaba las relaciones entre mis propias ideas o conceptos.

El resultado de este modo de absorción de las ideas se describe mejor comparándolo con los contornos algo borrosos de un montaje fotográfico: los resultados de la superposición de huellas de diferentes rostros que en cierto momento eran populares como medio de expresión de los rasgos comunes de un tipo o una raza. No hay nada preciso en tal imagen del mundo. Pero proporciona un mapa o un marco en el que encontrar el propio camino en lugar de seguir un camino rígidamente establecido. Lo que me dan mis fuentes no son piezas de conocimiento definidas que yo pueda ensamblar, sino cierta modificación de una estructura ya existente, dentro de la cual debo encontrar un camino observando toda clase de señales.

Según se dice, Alfred North Whitehead afirmó que «la confusión mental» es una condición que precede al pensamiento independiente.3

Tal es también mi experiencia. Gracias precisamente a que no podía recordar las respuestas que para otros podrían haber sido obvias, a menudo me veía obligado a encontrar una solución de un problema que no existía para quienes tenían mentes más ordenadas. La existencia de esta clase de conocimiento no es del todo rara, como lo revela la descripción de una persona culta como alguien que ha olvidado mucho, que sólo es una broma a medias. Tales recuerdos olvidados pueden ser guías muy importantes para el entendimiento.

Me inclino a considerar las mentes de este tipo como «creadoras de enigmas». Pero también podrían llamarse «creadoras de confusiones», porque a menudo darán esta impresión cuando aborden un tema antes de haber alcanzado penosamente cierto grado de claridad.

Sus constantes dificultades, que en raras ocasiones podrán ser re-compensadas por una nueva iluminación, se deben al hecho de que no pueden utilizar las fórmulas verbales o los argumentos establecidos que 3 No conocí a A.N Whitehead personalmente, pero de la impresión que tengo de Bertrand Russell, pregunto a veces si estos dos autores no constituyen otra pareja de pensadores que ilustran perfectamente la contraposición a la que aquí nos referimos.

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conducen a otros al resultado de manera tranquila y rápida. Pero al verse forzadas a encontrar su propio camino para expresar una idea aceptada, estas mentes descubren a veces que la fórmula convencional oculta huecos o presupuestos tácitos injustificados. Entonces se verán forzadas a afrontar preguntas que efectivamente se habían escamoteado, durante largo tiempo, mediante una aplicación plausible pero ambigua de un supuesto implícito pero ilegítimo.

Las personas cuya mente funciona de ese modo parecen utilizar claramente, en alguna medida, un proceso de pensamiento sin palabras, algo cuya existencia puede tal vez negarse, pero que, según creo, poseen a menudo por lo menos las personas bilingües. La clara «percepción» de ciertas conexiones no significa que estas personas puedan describirlas con palabras. Aun después de grandes esfuerzos para encontrar la forma correcta de las palabras, estas personas pueden ser plenamente conscientes de que la expresión adoptada no expresa exactamente lo que quieren decir. Tienen también, estas personas, otra característica que me parece curiosa y que no es rara pero nunca he visto descrita: muchas de sus ideas particulares en campos diferentes pueden surgir de una concepción singular más general, de la que no son conscientes, pero que, como la semejanza de su enfoque de cuestiones separadas, podrán descubrir más tarde con sorpresa.

Después de escribir los párrafos anteriores, me ha sorprendido otra observación en el sentido de que mis amigos más íntimos de mi especialidad, a quienes considero «maestros de su disciplina» por excelencia, y cuya presencia me ha permitido en gran medida la formación de estas ideas, parecen ser también particularmente susceptibles de las opiniones dominantes en su ambiente y de las modas intelectuales de su época en general. Esto es quizá inevitable en las personas que se esfuerzan por dominar todo el conocimiento relevante de su época y que de ordinario se inclinan a creer que si una opinión es generalmente compartida deberá haber algo de cierto en ella, mientras que las «cabezas confusas» tienden mucho más a seguir su propio camino de manera terca e imperturbable. Ignoro la importancia que esto pueda tener, excepto tal vez que el segundo tipo se toma raras veces el trabajo de estudiar las concepciones que no encajan en su esquema de pensamiento.

Si hay realmente dos tipos de mente diferentes que pueden contribuir a aumentar los conocimientos, ello podría significar que nuestro sistema actual de admisión a las universidades podría excluir a algunos aspirantes que serían capaces de hacer grandes aportaciones. Por supuesto, hay también otras razones que podrían hacernos dudar del principio de que todos los que aprueben ciertos exámenes, y sólo ellos, deberán tener derecho a una formación universitaria. Son muchos los grandes científicos que fueron malos estudiantes y que quizá no habrían

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aprobado tal examen, mientras que es relativamente pequeña la proporción de los niños que fueron muy buenos en la escuela, en todos los cursos, y que luego llegaron a ser intelectualmente eminentes. También me parece claro que la aplicación del principio ahora aceptado está reduciendo efectivamente la proporción de los estudiantes que estudian porque sienten un interés apasionado por su tema.

De todos modos, mientras que dudo seriamente de que debamos aumentar el número de quienes obtienen el derecho a una educación universitaria mediante la aprobación de ciertos exámenes, creo firmemente que debería haber otra forma en la que cuente decisivamente la intensidad del deseo de adquirir un conocimiento científico. Esto significa que se debería poder adquirir el derecho mediante algún sacrificio propio. Admito sin tapujos que no hay gran relación entre la intensidad de este deseo y la capacidad de pagar por su satisfacción. Tampoco es una solución adecuada la posibilidad de financiar el estudio mediante los ingresos que ahora se obtengan de otro trabajo, por lo menos no en las disciplinas experimentales. En las escuelas profesionales, como las de derecho y medicina, los préstamos a pagar con ingresos posteriores podrían resolver el problema financiero. Pero esto no ayuda a seleccionar a quienes deberán dedicarse al trabajo teórico. Sin embargo, hay algunos sacrificios que todos pueden hacer y que podrían considerarse suficientes para dar un derecho a la oportunidad de dedicarse durante algún tiempo, por entero, al estudio de cierta disciplina. Si este privilegio pudiera ganarse prometiendo que se dedicará uno a una vida austera de carácter semi-monástico, durante cierto número de años, negándose muchos de los placeres y de las diversiones que los jóvenes dan a menudo por sentados en el nivel actual de nuestra riqueza, sería verdaderamente por un esfuerzo propio, y no por el juicio que de nuestra capacidad tengan otros, por el que contará el interés apasionado por un tema; se daría así una oportunidad a aquellos cuyo talento brillará sólo después de que puedan sumergirse en su disciplina especial.

Estoy pensando en un arreglo por el que aquellos que elijan este camino tengan los elementos esenciales tales como la casa, la comida simple y un amplio crédito para libros y cosas semejantes, pero prometiendo que fuera de esto se ajustarán a un presupuesto muy limitado. Creo que la disposición a renunciar por algunos años a ciertos placeres habituales de los jóvenes es una indicación de la probabilidad de que un individuo aproveche la educación superior mejor que el éxito en los exámenes de diversos temas escolares. Tampoco me sorprendería que quienes ganaran el derecho a estudiar mediante tal sacrificio personal fuesen más respetados por sus compañeros que quienes lo hubiesen adquirido mediante la aprobación de los exámenes. Es probable que todavía se reconozca que la mayor parte de las grandes hazañas, al igual

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que la gran estima, se deben a una autodisciplina que coloca a una búsqueda tenaz de una meta libremente escogida por encima de la mayoría de los demás placeres: un sacrificio de muchos otros valores humanos que muchos de los grandes científicos debieron hacer en la etapa más productiva de su carrera.

En realidad, incluso con tal sistema, la admisión requeriría alguna prueba de la competencia en el campo elegido y pruebas recurrentes de progreso en el curso del estudio. También ofrecería la perspectiva de una amplia beca para estudios superiores, con una libertad completa, a quienes, durante cerca de cuatro años, puedan seguir el curso con una observancia plena de la disciplina especial, y luego den muestras de gran habilidad. Aunque una gran proporción de quienes iniciaran este programa desertaran y no completaran el curso o mostraran una actuación apenas regular, creo que tal institución nos ayudaría a encontrar y desarrollar talentos que de otro modo se perderían. En efecto, creo que el tipo que se sintiera atraído de este modo constituiría un ingrediente importante de toda comunidad académica, así como una salvaguardia contra la posibilidad de que quienes obtienen buenos resultados en los exámenes establezcan un freno de fórmulas sagradas que obligue a todas las mentes a moverse por las sendas trilladas.

¿ADÓNDE VA LA DEMOCRACIA?1

FRIEDRICH A. HAYEK

I

El concepto de democracia tiene un significado —creo que el verdadero y originario— por el cual considero que bien vale la pena luchar. La democracia no ha demostrado ser una defensa segura contra la tiranía y la opresión, como una vez se esperó. Sin embargo, en cuanto convención que permite a cualquier mayoría liberarse de un gobierno que no le gusta, la democracia tiene un valor inestimable.

Por este motivo, me preocupa cada vez más la creciente pérdida de fe en la democracia entre la gente que piensa. Es algo que no podemos seguir ignorando. Se trata de un fenómeno que se está agravando precisamente en el momento en que —y acaso en parte porque— la palabra mágica democracia se ha hecho tan poderosa que todos los límites que tradicionalmente se han puesto al poder del gobierno están desapareciendo ante ella. A veces parece como si la suma de demandas que se formulan por doquier en nombre de la democracia haya alarmado de tal manera incluso a personas rectas y razonables, que una reacción contra la democracia en cuanto tal se está convirtiendo en un serio peligro. Sin embargo, lo que actualmente está poniendo en peligro la confianza en una democracia tan ampliada en sus contenidos no es el concepto fundamental de la democracia, sino las connotaciones que se han venido añadiendo al significado originario de un tipo particular de método de toma de decisiones. Lo que está sucediendo es precisamente lo que algunos temían a propósito de la democracia ya en 1 Conferencia pronunciada en el Institute of Public Affairs, Nuevo Gales del Sur, en Sidney, 8 de octubre de 1976. Publicada en Nuevos Estudios de Filosofía, Política, Economía e Historia de las Ideas, Unión Editorial, 2007, Capítulo X, pp.195-207.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XVI, n.º 1, Primavera 2019, pp. 373 a 386

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el siglo XIX. Un método saludable para llegar a tomar decisiones políticas que todos puedan aceptar se ha convertido en pretexto para imponer fines sustancialmente igualitarios.

El advenimiento de la democracia en el siglo pasado produjo un cambio decisivo en el ámbito de los poderes del gobierno. Durante siglos, los esfuerzos se habían dirigido a limitar los poderes del gobierno; y el desarrollo gradual de las constituciones no tuvo más objetivo que éste. Pero de improviso se pensó que el control del gobierno por parte de los representantes elegidos de la mayoría hacía inútil cualquier otro control sobre los poderes del gobierno, de suerte que se podía prescindir de todas las diversas tutelas constitucionales creadas a lo largo del tiempo.

De este modo nació la democracia ilimitada, y cabalmente esta democracia ilimitada, no la simple democracia, es el problema actual. Toda la democracia que conocemos hoy en Occidente es más o menos una democracia ilimitada. Es importante recordar que, si las peculiares instituciones de la democracia ilimitada que hoy tenemos fracasaran algún día, ello no significaría que la propia democracia haya sido una equivocación, sino sólo que la hemos ensayado de una manera equivocada. Mientras que personalmente creo que una decisión democrática sobre todos los problemas para los que generalmente se está de acuerdo en considerar necesaria una intervención del gobierno es un método indispensable para el cambio pacífico, pienso sin embargo que es abominable una forma de gobierno en la que cualquier mayoría del momento pueda decidir que cualquier materia que le plazca deba considerarse como

«asuntos comunes» sometidos a su control.

II

La limitación mayor —y la más importante— a los poderes de la democracia, eliminada por la aparición de una asamblea representativa omnipotente, era el principio de la «separación de poderes».

Veremos que la raíz del problema está en el hecho de que los llamados «cuerpos legislativos», que según los primeros teóricos del gobierno representativo (en particular John Locke) debían limitarse a hacer leyes en un sentido muy específico de esta palabra, se

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han convertido en órganos gubernativos omnipotentes. El antiguo ideal de la Rule of Law o «gobierno bajo la ley» ha desaparecido. El parlamento «soberano» puede hacer todo lo que los representantes de la mayoría consideren útil para mantener el apoyo de la mayoría. Pero llamar «ley» a cualquier cosa que decidan los representantes elegidos de la mayoría, y definir como «gobierno bajo la ley»

todas las directrices de ellos emanadas —aun cuando sean discriminatorias a favor o en contra de algunos grupos de individuos—

no pasa de ser una broma. Se trata en realidad de un gobierno arbitrario. Es un mero juego de palabras sostener que, con tal de que una mayoría apruebe los actos del gobierno, queda a salvo el imperio de la ley. Éste se consideró como una salvaguardia de la libertad individual, porque significaba que la coerción sólo se puede permitir para imponer la obediencia a normas generales de conducta individual igualmente aplicables a todos, en un número indeterminado de casos futuros. La opresión arbitraria —es decir, la coerción no definida mediante alguna norma por los representantes de la mayoría— no es mejor que la acción arbitraria de cualquier otro gobernante. Ordenar que una persona odiada sea quemada o descuartizada, o bien que sea privada de sus propiedades, son, bajo este aspecto, lo mismo. Aunque haya buenas razones para preferir un gobierno democrático limitado a un gobierno no democrático, debo confesar que prefiero un gobierno no democrático sometido a la ley a un gobierno democrático sin limitaciones (y por tanto esencialmente arbitrario). Creo que un gobierno sometido a la ley constituye aquel valor más alto que en otro tiempo se esperaba fuera preservado por los guardianes de la democracia.

Pienso, en efecto, que la propuesta de una reforma a la que quiere llevar mi crítica a las actuales instituciones de la democracia comportaría una realización más verdadera de la opinión común de la mayoría de los ciudadanos que los actuales ordenamientos orientados a gratificar la voluntad de distintos grupos de interés que acaban formando una mayoría.

No se pretende afirmar que el derecho democrático de los representantes elegidos por el pueblo a tener una palabra decisiva en la dirección del gobierno sea menos fuerte que su derecho a determinar lo que debe ser la ley. La gran tragedia del desarrollo histórico

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es que estos dos poderes distintos se han puesto en manos de una misma asamblea, y que, por consiguiente, el gobierno ha dejado de estar sometido a la ley. La solemne declaración del Parlamento británico de ser soberano, y por tanto de gobernar sin estar sometido a ley alguna, puede sonar como el anuncio de la condena a muerte de la libertad y la democracia.

III

Este desarrollo pudo haber sido históricamente inevitable; pero desde el punto de vista lógico no es ciertamente evidente. No es difícil imaginar cómo habría tenido lugar ese desarrollo si hubiera seguido líneas diferentes. Cuando, en el siglo XVIII, la Cámara de los Comunes consiguió tener el poder exclusivo sobre el tesoro del Estado, obtuvo en efecto al mismo tiempo también el control exclusivo del gobierno. Si en aquel momento la Cámara de los Lores hubiera podido hacer esta concesión sólo a condición de que el desarrollo del derecho (es decir, del privado y penal, que limita los poderes de todo gobierno) fuera de su exclusiva competencia —

desarrollo natural, puesto que la Cámara de los Lores era la corte suprema de justicia— habría sido posible llegar a esta división entre una asamblea gubernativa y otra legislativa y conservar las limitaciones impuestas al gobierno mediante la ley. Políticamente, sin embargo, era imposible conferir este poder legislativo a los representantes de una clase privilegiada.

Las formas dominantes de democracia, en las que la asamblea representativa soberana hace las leyes y al mismo tiempo dirige el gobierno, deben su autoridad a un engaño, es decir, a la pía creencia de que este gobierno democrático ejecutará la voluntad del pueblo. Esto puede ser cierto para las asambleas legislativas elegidas democráticamente que sean tales en el sentido estricto de personas que hacen las leyes en la acepción originaria del término. Es decir, puede ser cierto si se trata de asambleas elegidas cuyo poder se limita a establecer normas universales de conducta recta, proyecta-das para delimitar recíprocamente las esferas de control sobre los individuos y destinadas a valer para un número indeterminado de casos futuros. Acerca de tales normas que gobiernan el

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comportamiento individual, y que impiden que surjan conflictos en los que muchos pueden encontrarse en posiciones opuestas, es probable que en una comunidad se forme una opinión dominante, y verosímilmente puede existir un acuerdo entre los representantes de la mayoría. Una asamblea que tenga una función tan definida y limitada podría, pues, reflejar la opinión de la mayoría y, al tener que ocuparse sólo de normas generales, tiene pocas ocasiones de reflejar la voluntad de intereses particulares sobre cuestiones específicas.

Pero hacer leyes en este sentido clásico de la palabra constituye una mínima parte de las tareas confiadas a las asambleas que nosotros todavía llamamos «legislativas». Su preocupación principal es el gobierno. Para la «ley de los juristas», como escribió hace más de setenta años un agudo observador del Parlamento británico, «el Parlamento no tiene ni tiempo ni aptitud». Las actividades características y los procedimientos de las asambleas representativas están por todas partes tan determinadas por sus tareas gubernativas que el nombre de «cuerpo legislativo» no deriva ya de su prerrogativa de hacer leyes. La relación se ha invertido. Nosotros ahora llamamos leyes prácticamente a toda resolución de estas asambleas sólo porque derivan de un cuerpo legislativo, por más que apenas puedan tener aquel carácter de compromiso para hacer normas generales de conducta recta para cuya aplicación se propuso que los poderes coercitivos del gobierno en una sociedad libre fueran limitados.

IV

Pero puesto que toda resolución de esta autoridad gubernativa soberana tiene «fuerza de ley», sus actos de gobierno tampoco están limitados por la ley. Ni tampoco se puede aún pretender, y esto es mucho más serio, que esos actos estén autorizados por la opinión de una mayoría del pueblo. Los motivos para apoyar a los miembros de una mayoría omnipotente son completamente distintos de los motivos para apoyar a una mayoría en la que se basan los actos de un auténtico cuerpo legislativo. Votar por un legislador al que se le hayan impuesto unos límites significa elegir, entre

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distintas alternativas, la de asegurar un orden general resultante de las decisiones de individuos libres. Votar a favor de un miembro de un órgano que tiene el poder de otorgar beneficios especiales y no esté vinculado por normas generales es algo totalmente distinto. En una asamblea democráticamente elegida como ésta, dotada del poder ilimitado de conceder beneficios especiales y de imponer cargas especiales a grupos particulares, se puede formar una mayoría sólo comprando el apoyo de numerosos intereses especiales, garantizándoles estos beneficios a costa de una minoría. Es fácil amenazar con el retiro del propio apoyo también a leyes generales, a no ser que el voto sea comprado con concesiones especiales al propio grupo. En una asamblea omnipotente, pues, las decisiones se basan en un proceso reconocido de chantaje y de corrupción. Esto forma parte desde hace mucho tiempo de un sistema al que no consiguen escapar ni siquiera los mejores. Estas decisiones para favorecer a grupos particulares tienen poco que ver con cualquier acuerdo por parte de la mayoría acerca de la sustancia de la acción de gobierno, dado que, en muchos aspectos, los miembros de la mayoría a duras penas sabrán que han dado a algún organismo poderes no bien definidos para alcanzar algún objetivo igualmente mal definido. Por lo que respecta a la mayor parte de las medidas, la mayoría de los votantes no tendrá ningún motivo para estar a favor o en contra de las mismas, a no ser el de saber que, a cambio del apoyo a quien las defiende, se les promete la satisfacción de algunos deseos. Y precisamente el resultado de este proceso de contratación es dignificado como «voluntad de la mayoría».

Lo que nosotros llamamos «cuerpo legislativo» son de hecho órganos que deciden continuamente sobre medidas particulares, y que autorizan el uso de la coerción para aplicarlas; sobre estas medidas no existe un auténtico acuerdo en la mayoría, sino que para ellas se obtiene el apoyo de una mayoría a través de negociaciones. En una asamblea todopoderosa que se ocupa principalmente de medidas particulares y no de principios, las mayorías no se basan, pues, en la concordancia de opiniones, sino que se forman a través de la agregación de intereses especiales de utilidad recíproca.

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El hecho aparentemente paradójico es que una asamblea nominalmente omnipotente —cuyo poder no se limita a establecer normas generales ni se basa en el propio compromiso de respetarlas— es por necesidad sumamente débil y depende completamente del apoyo de aquellos pequeños grupos que se ven obligados a mantenerse firmes para obtener concesiones que sólo el gobierno puede dar. La imagen de la mayoría de una asamblea así unida por convicciones morales comunes que valore los méritos de las demandas de grupos particulares es, naturalmente, una ilusión. Es una mayoría sólo porque se ha comprometido a no hacer valer un principio, sino a satisfacer demandas particulares.

La asamblea soberana es cualquier cosa menos soberana en el uso de sus poderes ilimitados. Es realmente extraño el hecho de que

«todas las democracias modernas» hayan considerado esto o aquello como necesario, y se cita a veces como prueba de la deseabili-dad de la equidad de algunas medidas. La mayor parte de los miembros de la mayoría se dio cuenta con frecuencia de que una medida era estúpida e injusta, pero igualmente tuvo que decla-rarse de acuerdo para poder seguir formando parte de la mayoría.

V

Un cuerpo legislativo sin limitaciones, al que no se le prohíbe por convenciones o normas constitucionales decretar medidas intencionadas y discriminatorias de coerción, como aranceles o impuestos o subvenciones, actuará inevitablemente sin atender a principios. Aunque no faltan intentos para disfrazar esta compra de apoyo como ayuda beneficiosa a quien lo merece, la apariencia moral no puede ciertamente tomarse en serio. El acuerdo de una mayoría sobre el modo de distribuir beneficios y ventajas arranca-das a una minoría disidente no puede pretender un reconocimiento moral por su modo de obrar, aunque se recurra a la ficción de la «justicia social». Lo que sucede es que la necesidad política creada por el actual sistema institucional produce convicciones morales no viables o incluso perjudiciales.

El acuerdo alcanzado por la mayoría sobre el reparto del botín conquistado aplastando a una minoría de conciudadanos, o

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decidiendo cuánto hay que saquearles, no es democracia, o por lo menos no es aquel ideal de democracia que tiene una justificación moral. La democracia en sí misma no es igualitarismo. Pero la democracia ilimitada está destinada a ser igualitaria.

Por lo que respecta a la fundamental inmoralidad de todo igualitarismo, me referiré aquí sólo al hecho de que todo nuestro sentido moral se basa en la distinta estima en que tenemos a las personas según el modo en que se comportan. Mientras que la igualdad ante la ley, es decir, el tratamiento que el gobierno reserva a todos según las mismas normas, creo que es una condición fundamental de la libertad individual, el trato diferente que es necesario para colocar a personas que son individualmente muy distintas en la misma condición material me parece no sólo incompatible con la libertad personal, sino también altamente inmoral. Pero éste es el tipo de incompatibilidad hacia el que camina la democracia ilimitada.

Repitamos que no es la democracia en sí, sino la democracia ilimitada, la que yo considero no mejor que cualquier otro gobierno ilimitado. El error fatal que ha dado a la asamblea elegida poderes ilimitados es el prejuicio de que una autoridad suprema debe ser ilimitada por su propia naturaleza, en cuanto que cualquier limitación presupondría otra voluntad por encima de ella, en cuyo caso no sería una autoridad suprema. Pero éste es un equívoco que deriva de la concepción totalitaria-positivista de Francis Bacon y Thomas Hobbes, o del constructivismo del racionalismo cartesiano, al que por suerte se opuso durante mucho tiempo, en el mundo anglosajón, el pensamiento más profundo de Sir Edward Coke, Mathew Hale, John Locke y los Old Whigs.

A este respecto, los antiguos fueron a menudo más sabios que el pensamiento constructivista moderno. No es necesario que un poder supremo sea un poder ilimitado, sino que puede derivar su propia autoridad de un compromiso para con las normas generales aprobadas por la opinión pública. El rey-juez de la antigüedad no era elegido para que fuera necesariamente justo todo lo que dijera, sino porque sus sentencias se consideraban generalmente justas, y mientras se consideraran tales. Él no era la fuente sino simplemente el intérprete de una ley que se basaba en una opinión difusa, pero que podía inducir a la acción sólo si era articulada por la

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autoridad aprobada. Y si sólo la autoridad suprema podía ordenar la acción, ésta era válida en la medida en que tenía el apoyo del consenso general respecto a los principios que la inspiraban. La única y suprema autoridad con derecho a tomar decisiones a propósito de una acción común podía ser también una autoridad limitada, es decir, limitada a tomar decisiones comprometiéndose a respetar una norma general aprobada por la opinión pública.

El secreto de un gobierno decente está precisamente en que el poder supremo debe ser un poder limitado, un poder que pueda establecer normas que limiten a otro poder, y que pueda por tanto poner límites pero no dar órdenes al ciudadano privado. Toda otra autoridad se basa así en su compromiso a respetar normas que sus sujetos reconocen: lo que hace una comunidad es el reconocimiento común de las mismas normas.

Así, pues, el órgano supremo elegido no tiene necesidad de otro poder que el de hacer leyes en el sentido clásico de normas generales que guían el comportamiento individual. Tampoco tiene necesidad de otro poder de coerción sobre los ciudadanos privados fuera del poder de imponer obediencia a las normas de conducta así establecidas. Las otras ramas del gobierno, incluida una asamblea gubernativa elegida, deberían estar vinculadas y limitadas por las leyes de la asamblea, limitada a la legislación en sentido propio. Tales son las condiciones que garantizarían un auténtico gobierno sometido a la ley.

VI

La solución del problema, como ya sugerí antes, parece estar en la separación de las tareas realmente legislativas de las gubernativas respectivamente entre una asamblea legislativa y otra gubernativa. Naturalmente, poco se ganaría si tuviéramos simplemente dos asambleas con el carácter actual y sólo encargadas de tareas diferentes. Dos asambleas compuestas prácticamente del mismo modo no sólo obrarían inevitablemente en colusión, y por tanto producirían más o menos los mismos resultados que las asambleas actuales, sino que sus características, sus procedimientos y su composición estarían determinados de tal modo por sus tareas

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prevalentemente gubernamentales que las harían poco idóneas para legiferar en sentido propio.

Nada es más iluminador a este respecto que el hecho de que en el siglo XVIII los teóricos del gobierno representativo condenaran casi de manera unánime la organización de la que ellos imagina-ban como una asamblea legislativa creada según el modelo de los partidos. Ellos solían hablar de «facciones»; pero el interés de éstas por problemas relativos al gobierno hizo su organización según el modelo de los partidos universalmente necesaria. Un gobierno, para poder cumplir sus deberes, tiene necesidad del apoyo de una mayoría organizada comprometida con un programa de acción. Y

para conceder tal opción, debe existir una oposición organizada más o menos del mismo modo y que sea capaz de formar un gobierno alternativo.

Para sus funciones estrictamente gubernativas, los actuales

«cuerpos legislativos» parece que se han adaptado bastante bien, y se podría permitirles que siguieran así, si el poder que tienen sobre el ciudadano privado se limitara por una ley establecida por otra asamblea democrática que ellos no tuvieran posibilidad de alterar.

En efecto, esta asamblea administraría los recursos materiales y personales puestos a disposición del gobierno para permitirle prestar diversos servicios a los ciudadanos en general, y podría fijar también la suma total de los ingresos a recaudar de los ciudadanos cada año para financiar esos servicios. Pero sólo mediante una verdadera ley se debería poder fijar la cuota con que todo ciudadano debería verse obligado a contribuir a este fondo, es decir, con ese tipo de norma obligatoria y uniforme de comportamiento individual que sólo una asamblea legislativa podría establecer. Es difícil imaginar un control más saludable sobre los gastos que el que ofrece un sistema en el que todo miembro de la asamblea gubernativa supiera que por todo gasto al que hay que hacer frente él mismo y sus electores tendrían que contribuir con una cuota que él no podría alterar.

El problema crítico, entonces, es la composición de la asamblea legislativa. ¿Cómo podemos efectivamente hacer que sea representativa de la opinión general sobre lo que es justo y, al mismo tiempo, inmune a toda presión de intereses especiales? La asamblea legislativa estaría constitucionalmente limitada a aprobar leyes

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generales, de modo que cualquier orden específico o discriminatorio que emanara debería ser invalidado. Esta asamblea debería derivar su autoridad del propio compromiso de respetar las normas generales. La constitución debería definir las propiedades que deben tener tales normas para tener valor de ley: por ejemplo, su aplicabilidad a un número indeterminado de casos futuros, su uniformidad, su generalidad, etc. Un tribunal constitucional debería elaborar gradualmente esta definición y dirimir cualquier conflicto de competencia entre ambas asambleas.

Pero esta limitación a la aprobación de leyes auténticas no sería suficiente para impedir colusiones entre la asamblea legislativa y una asamblea gubernativa compuesta más o menos del mismo modo, a la cual probablemente proporcionaría las leyes que necesita para sus propios fines particulares, con resultados poco diferentes de los del sistema actual. Lo que nosotros entendemos por asamblea legislativa es claramente un organismo que representa la opinión general, y no intereses particulares; debería estar compuesta, pues, por individuos que, una vez encargados de esta función, fueran independientes del apoyo de grupos particulares y debería también estar constituida por hombres y mujeres que puedan situarse en una perspectiva de largo plazo, y no estén sujetos a la fluctuación de pasiones y modas temporales que tuvieran que complacer.

VII

Todo esto, al parecer, requeriría, en primer lugar, la independencia respecto a los partidos, lo cual podría asegurarse mediante una segunda condición igualmente necesaria: la de no ser influidos por el deseo de ser reelegidos. Me imagino por esta razón una asamblea de hombres y mujeres que, tras haberse ganado confianza y reputación en las actividades ordinarias de su vida, deberían ser elegidos por un único y largo periodo, por ejemplo para quince años. Para estar seguros de que han obtenido experiencia y respeto suficientes y que no tienen problemas para el periodo siguiente al vencimiento de su mandato, fijaría una edad relativamente alta para ser elegidos, es decir, en torno a los 45 años, y les aseguraría

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para otros diez años tras el vencimiento de su mandato, al cumplir los 60 años, un cargo honorable como jueces laicos o algo por el estilo. La edad media de los miembros de esta asamblea sería inferior a los 53 años, siempre inferior a la de la mayor parte de las asambleas análogas de nuestro tiempo.

Evidentemente, los miembros de la asamblea no deberían ser elegidos todos en la misma fecha, sino que cada año quienes han servido durante quince años deberían ser sustituidos por otros de cuarenta y cinco. Sería favorable a estas elecciones anuales de un decimoquinto de los miembros de la asamblea reservados a sus coetáneos, de suerte que todo ciudadano votaría una sola vez en su vida, a los cuarenta y cinco años, para que uno de sus coetáneos fuera legislador. A mi entender, este método sería válido no sólo porque, como enseña la vieja experiencia en organizaciones militares y semejantes, los coetáneos suelen ser los mejores jueces del carácter y de la capacidad de un hombre, sino también porque esta podría convertirse en la ocasión para hacer crecer instituciones tales como las asociaciones locales por grupos de edad, que harían posibles las elecciones sobre la base del conocimiento personal.

Puesto que no habría partidos, no se producirían situaciones absurdas acerca de la representación proporcional. Los coetáneos de una región conferirían el honor casi como una especie de premio para el miembro más admirado de la clase. Existen muchos otros problemas fascinantes planteados por un ordenamiento de este tipo: por ejemplo, si no podría ser preferible, a tal fin, una especie de elección indirecta (con las asociaciones locales que riva-lizarían para que uno de sus delegados obtuviera el honor de ser elegido representante), pero que no es el caso de tomar en consideración en una exposición del principio general.

VIII

No creo que los políticos con experiencia hallen muy inexacta la descripción que ofrezco del modo de proceder de nuestras actuales asambleas legislativas, aunque encontrarán inevitable y beneficioso lo que yo considero evitable o perjudicial. Pero en ningún caso deberían sentirse ofendidos porque yo defina ese modo de

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proceder como institucionalización del chantaje y la corrupción porque somos nosotros los que mantenemos instituciones que deben actuar así para poder hacer algo bueno.

En cierta medida, las negociaciones que describo son probablemente de hecho inevitables en un gobierno democrático.

Lo que no apruebo es que las instituciones vigentes extiendan estas negociaciones al interior de aquel órgano supremo que debe formular las reglas del juego y poner limitaciones al gobierno. La desgracia no es que esto suceda —en una administración local probablemente puede evitarse—, sino que suceda en el órgano supremo que debe hacer nuestras leyes, que por el contrario debería protegernos de la opresión y la arbitrariedad.

Otro efecto importante y muy deseable de la separación entre el poder legislativo y el poder gubernativo sería la eliminación de la causa principal del proceso cada vez más rápido de centralización y concentración del poder. Este proceso es hoy resultado del hecho de que, como consecuencia de la fusión del poder legislativo y el gubernativo en la misma asamblea, ésta posee poderes que en una sociedad libre ninguna autoridad debería tener. Obviamente, a este órgano se le reclama un número creciente de tareas gubernativas, y puede enfrentarse a demandas particulares que se concre-tan en leyes especiales. Si los poderes del gobierno central no fueran mayores que los de los gobiernos regionales o locales, el gobierno central se ocuparía sólo de las cuestiones en las que parecería beneficioso para todos un reglamento uniforme a nivel nacional, y muchos problemas se dejarían a la competencia de autoridades inferiores.

Una vez reconocido por todos que gobierno bajo la ley y poderes ilimitados de los representantes de la mayoría son conceptos inconciliables, y que todo gobierno debe estar igualmente sometido a la ley, es suficiente confiar al gobierno central —en cuanto distinto de la asamblea legislativa— poco más que la política exterior, y los gobiernos regionales y locales, limitados por las mismas leyes uniformes en lo que respecta al modo en que los habitantes individuales deberían contribuir al fisco, podrían convertirse en compañías de tipo comercial en recíproca competencia para ganarse ciudadanos que podrían expresar su consenso por aquella

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compañía que les ofreciera los mayores beneficios al precio exigido.

De este modo, podemos aún salvar la democracia y, al mismo tiempo, detener el impulso hacia aquella su deformación conocida como «democracia totalitaria», que algunos consideran ya irresistible.

EL ATAVISMO

DE LA JUSTICIA SOCIAL*

FRIEDRICH A. H AYEK

I

Desvelar el significado de eso que hoy denominamos «justicia social» ha sido una de mis grandes obsesiones durante algo más de una década; y reconozco no haber logrado mi propósito. La conclusión a la que he llegado es que, referida a una sociedad de hombres libres, esa expresión carece de sentido. Sigue, sin embargo, siendo del máximo interés averiguar por qué, pese a ello, ese concepto ha venido dominando el debate político desde hace casi un siglo, y cómo ha podido ser utilizado con tanto éxito para justificar las pretensiones de ciertos grupos sociales. Tal es, pues, el tema del que fundamentalmente me voy a ocupar.

Para ello, resumiré lo que con mayor detalle explico en el segundo volumen de mi obra Derecho, legislación y libertad, titulado El espejismo de la justicia social. En él examino las razones que me han llevado a considerar la «justicia social» como una mera fórmula verbal carente de contenido y que se utiliza tan sólo para apoyar determinadas pretensiones sociales cuya justificación, en realidad, carece de toda base.

En el mencionado volumen arguyo, sobre todo de cara al estamento intelectual, que la expresión «justicia social» es concep-tualmente fraudulenta. Muchos lo han descubierto por su cuenta y, al ser ese tipo de justicia la única en torno a la cual se han tomado la molestia de reflexionar, han saltado a la conclusión de que es el propio concepto de justicia el que carece de base. Por tal

* Conferencia pronunciada en la Universidad de Sydney, el 6 octubre de 1976

[trad. esp. de Luis Reig Albiol en Democracia, justicia y socialismo, Unión Editorial, 3.ª

ed., 2005]. Posteriormente reproducido en Friedrich A. Hayek, Nuevos Estudios de Filosofía, Política, Economía e Historia de las Ideas, Unión Editorial, 2007, pp. 81 a 99.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. IX, n.º 2, Otoño 2012, pp. 415 a 430

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razón, me he visto obligado a poner de relieve, a lo largo de la citada obra, que las normas por las que ha de regirse la conducta individual son tan indispensables para el mantenimiento de una sociedad pacífica y libre como incompatibles con el intento de establecer en ella la «justicia social».

La expresión «justicia social» suele emplearse hoy como sinónimo de lo que antes se denominaba «justicia distributiva», y quizá refleje esta última expresión más fidedignamente lo que verdaderamente se pretende decir. En la obra antes citada, sub-rayo por qué tal ideal es inaplicable en una economía de mercado: no puede haber justicia distributiva cuando no hay nadie que distribuya. Por otro lado, la justicia sólo adquiere sentido en un orden normativo basado en la conducta individual. En una economía de mercado es inconcebible una norma sobre este último tipo de conducta que, promoviendo la mutua prestación de bienes y servicios, pueda producir un efecto distributivo que, en rigor, pueda merecer el calificativo de justo o injusto. Aunque algunos individuos ciñan su comportamiento a un arbitrario esquema de justicia, si se tiene en cuenta que nadie puede promover ni prever los resultados finales del proceso de mercado, sería de todo punto infundado calificar de justa o injusta la realidad resultante.

Es fácil demostrar lo infundado de la expresión «justicia social», tanto si se advierte la imposibilidad de que pueda llegarse a un acuerdo sobre lo que exige en cada caso concreto, como si se piensa en la inexistencia de una prueba que permita decidir cuál de las dos partes tiene razón cuando existe desacuerdo. Por otra parte, conviene recordar que ningún preconcebido programa redistributivo podría en la práctica tomar realidad en la medida en que se pretendiese respetar la libertad del ciudadano a proyectar su propia existencia. La responsabilidad del ser humano en lo que atañe a su propio actuar es un principio radicalmente incompatible con cualquier programa redistributivo.

Las más elementales encuestas de opinión ponen de relieve que, aunque muchas personas se encuentran hoy insatisfechas con la asignación de ingresos vigente, nadie tiene realmente una idea clara acerca de la distribución que califican de justa. Tan sólo se oyen apasionadas quejas sobre determinados aspectos puntuales de la

EL ATAVISMO DE LA JUSTICIA SOCIAL

realidad, y nadie ha logrado hasta ahora definir una norma de general aplicación de la que quepa deducir lo que es «socialmente justo», salvo el principio de «igual salario por igual trabajo», que, por supuesto, la libre competencia tiende a respetar, pero que excluye toda consideración relativa al mérito, la necesidad o cualquier otra particularidad por el estilo.

II

Si la mayoría de la gente sigue creyendo ciegamente en la existencia de la «justicia social», aun después de haberse percatado de que no saben realmente lo que quieren decir con esta expresión, es porque piensan que, cuando todo el mundo cree en ella, algún contenido debe tener. El fundamento de esta aceptación casi general de tan injustificable superstición es la herencia que hemos recibido de unos instintos que corresponden a un tipo diferente de sociedad, en la que el hombre ha vivido durante mucho más tiempo que en la actual, instintos que están en nosotros profundamente arraigados, aunque sean incompatibles con una moderna sociedad civilizada. Si el ser humano logró superar aquellas primitivas formas de convivencia, ello fue precisamente porque, en circunstancias propicias, un número creciente de sus miembros lograron innovar al haberse atrevido a ignorar los principios éticos hasta entonces considerados fundamentales.

No debe olvidarse que, antes de que la humanidad llegara al periodo abarcado por los últimos diez mil años, a lo largo de los cuales se desarrolló la agricultura, la urbe y la sociedad extensa, el ser humano vivió por lo menos durante un periodo cien veces más largo agrupado en pequeñas hordas de cazadores constituidas por medio centenar de individuos que, dentro de un territorio común y exclusivo, compartían los alimentos con arreglo a un estricto orden jerárquico. Pues bien, fueron las exigencias de este primitivo tipo de orden social las que determinaron muchos de los sentimientos morales que aún hoy nos gobiernan y que, especialmente en el aspecto social, no dudamos en refrendar a nivel colectivo. Se trataba de grupos en los que, por lo menos en lo que a los machos se refiere, la persecución de objetivos colectivos bajo

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la dirección del macho alfa era esencial a su supervivencia. Como lo era en igual medida la distribución del producto de la caza entre los miembros de la horda en función de la respectiva importancia para la supervivencia del grupo. Y es más que probable que muchos de los principios morales entonces adquiridos no hayan llegado hasta nosotros por mera transmisión cultural (es decir, por vía del aprendizaje y la imitación), sino que se hayan trans-formado en condicionamientos innatos y hereditarios.

Ahora bien, no todo lo que en nosotros es natural tiene por qué ser bueno o favorable para la preservación de nuestra especie en circunstancias distintas de aquellas en que se encontró la agrupación tribal. Disponía ésta de algo que para muchos sigue teniendo enorme atractivo: una común jerarquía de objetivos y una consensuada participación en el producto social basada en los merecimientos de cada actor. Tales factores propicios a la solidaridad tribal establecían, sin embargo, estrechos límites al desarrollo de aquellas formas de sociedad, ya que en tales condiciones el hombre sólo podía aprovechar aquellas oportunidades de las que todos tuvieran un conocimiento directo.

Por otro lado, a nivel personal, el individuo apenas podía desarrollar cualquier iniciativa que no gozase de la aprobación de la colectividad. Es ingenuo pensar que, en tal tipo de orden social, el ser humano fuera personalmente libre; esa «libertad natural»

es sólo una construcción imaginaria de nuestro mundo civilizado. El ser primitivo carecía de un ámbito autónomo de comportamiento, e incluso el propio jefe sólo podía esperar sumisión, apoyo y comprensión en la medida en que limitase sus iniciativas a lo habitual y conocido. Cuando se obliga a la gente a someterse a un orden jerarquizado —un tipo de orden en el que tanto siguen soñando los socialistas actuales—, queda necesariamente excluida toda experimentación personal.

III

El gran avance de la civilización y la sociedad abierta fue la paulatina sustitución de la persecución de objetivos colectivos por la instauración de una normativa abstracta. La acción regulada

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fue desplazando al obrar concertado y subordinado a la jerarquía.

El gran logro que esta evolución supuso para la humanidad fue situar al alcance de la sociedad —mediante la aparición de un conjunto de hitos indicadores, que hoy denominamos precios—

un cúmulo de información ampliamente difundida a lo largo y ancho de una población en continuo crecimiento. Pero también dio lugar a que la incidencia de los resultados sobre las diferentes personas y grupos no fuese ya considerada satisfactoria por nuestros instintos seculares.

Se ha sugerido más de una vez que la ciencia que explica el funcionamiento del mercado sea denominada « catalaxia», habida cuenta de que « katalattein» fue el término empleado por la Grecia clásica para designar el fenómeno de trueque o intercambio. Me pareció aún más adecuado el uso de dicho término cuando descu-brí que, además de significar «intercambiar», expresaba también la idea de «admitir en la comunidad» o «pasar de enemigo a amigo». En consecuencia, siempre me ha parecido adecuado denominar «juego de la catalaxia» a esa actividad mercantil que permite que se establezca entre gentes extrañas una colaboración mutuamente beneficiosa.

El funcionamiento del mercado se ajusta plenamente a la definición de juego que da el diccionario de Oxford: «una actividad competitiva sometida a reglas y en la que el resultado depende de la mayor habilidad, fuerza o suerte». En el caso de la actividad económica en el ámbto mercantil, también el resultado depende tanto de la suerte como de la destreza. Se logra, por añadidura, que en virtud de su práctica, cada participante maximice su aportación al fondo común sobre cuya base recibirá una parte a la vez inde-terminada e incierta.

Este juego lo iniciaron quienes en algún momento decidieron abandonar el cobijo de la disciplina tribal para intentar lu-crarse facilitando por su parte a algún individuo desconocido la satisfacción de sus necesidades. Cuando los primeros trafican-tes neolíticos de las que hoy son las Islas Británicas cruzaron el canal en embarcaciones cargadas con hachas de pedernal para tro-carlas por ámbar o vino, habían abandonado su exclusiva dedica-ción anterior a subvenir las necesidades de personas conocidas.

Les impulsaba a ello el acicate del lucro personal. Sin embargo,

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precisamente porque se esforzaron en descubrir a aquellos que en mayor medida apetecían sus mercancías, pudieron atender las necesidades de gentes totalmente desconocidas, quienes sin duda se beneficiaron con este incipiente comercio mucho más que con sus compañeros de tribu, aun cuando, sin duda, también a ellos les hubiera complacido disponer de esos artículos.

IV

Cuando, como elemento orientador del esfuerzo productivo, las señales abstractas expresadas a través de los precios fueron reem-plazando al conocimiento colectivo directo del entorno, se abrie-ron ante la humanidad posibilidades hasta entonces inéditas para la utilización más conveniente de los recursos. Tal logro, sin embargo, implicó la adopción de actitudes morales radicalmente distintas de las hasta entonces admitidas. Y fue esa lenta transformación de los hábitos lo que permitió la aparición, en los puertos y encrucijadas estratégicas de caminos, de los grandes centros comerciales y artesanos, donde individuos insatisfechos con las exigencias de la moral tribal establecieron nuevas relaciones comerciales y formularon las normas que regulan ese juego que denominamos catalaxia.

La necesaria brevedad de este ensayo me obliga quizá a simpli-ficar en exceso, hasta el extremo de utilizar términos peligrosa-mente imprecisos en contextos en los que no resultan totalmente apropiados. Pese a ello, proseguirá mi análisis señalando que al evolucionar éticamente desde la moral de la horda cazadora, en la que ha vivido la mayor parte de su historia, a esa otra que hizo posible la aparición del orden de mercado y la sociedad abierta, la humanidad pasó por un largo estadio intermedio, más breve que el de su primera época, pero mucho más extenso que el que hoy vivimos, a lo largo del cual surgió la moderna civilización urbana y comercial.

Ahora bien, ese periodo tiene especial importancia, dado que a lo largo del mismo fueron apareciendo los códigos éticos de las grandes religiones monoteístas. Me estoy refiriendo a un periodo histórico caracterizado por la existencia de la tribu, modelo

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de convivencia social que, en muchos aspectos, viene a ser una fase intermedia entre la sociedad primitiva —en la que la información estaba al alcance de todos y existía consenso en cuanto a los objetivos a lograr— y nuestra sociedad abierta y abstracta, en la que el orden es fruto de la sumisión generalizada a unas mismas reglas del juego, lo que a todos permite hacer el más oportuno uso de su visión personal de los acontecimientos para alcanzar sus objetivos particulares.

Nuestras instintivas reacciones siguen gobernadas por factores emocionales que son sin duda más apropiados a la pequeña horda de cazadores que a nuestra compleja sociedad; por los deberes hacia el «prójimo», es decir, hacia el miembro de la propia tribu. Consideramos todavía en gran medida al extranjero como persona ajena al íntimo círculo en el que rige nuestra obligación moral.

En una sociedad en la que los fines individuales son necesariamente diversos, por estar basados en una amplia gama de conocimientos personales, y en la que el esfuerzo individual se proyecta hacia el intercambio comercial con seres que para el actor son totalmente desconocidos, el respeto a las normas de conducta debe reemplazar a la persecución de fines preestablecidos como fundamento del orden y la colaboración social. El comportamiento personal se fue así acoplando al ejercicio de un juego reglamentado y en el que la meta fundamental de todos los actores era incrementar en lo posible sus ingresos personales o familiares. Las normas que, para dar mayor eficacia a tal juego, fueron luego emergiendo se centraron en torno al derecho de propiedad y a la forma de establecer pactos y contratos. Todo ello hizo posible la progresiva ampliación de la división del trabajo, así como el mutuo ajuste de un amplio conjunto de esfuerzos individuales productivos.

V

Normalmente suele infravalorarse el papel que la división del trabajo desempeña en la sociedad civilizada. La mayor parte de nuestros contemporáneos son incapaces de apreciar debidamente, en parte quizá a causa del poco feliz ejemplo sugerido por Adam

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Smith, que cabe considerar como un vasto fresco en el que aparecen una serie de personas dedicadas a las diferentes tareas de las que constan los procesos de elaboración de diversos bienes.

En realidad, la coordinación de los múltiples esfuerzos que el mercado realiza para obtener materias primas, herramientas y productos semielaborados destinados a la producción es una función mucho más importante que la simple ordenación fabril de un conjunto de obreros especializados.

Las ventajas que proporciona el mercado competitivo dependen en gran parte de esa división del trabajo que, a su vez, sólo puede darse en ese marco. Sólo los precios que el productor encuentra en el mercado pueden orientarle tanto respecto a lo que debe producir como sobre los medios que debe emplear, pues sólo haciendo las cosas de determinada manera podrá aspirar a vender sus productos a precios que rebasen los costes, y son esos precios los que constituyen la garantía de que no se están utilizando más recursos que los estrictamente necesarios. El afán de lucro inducirá y capacitará al actor para hacer precisamente lo que le permita superar a cualquier posible competidor; pero sólo podrá cumplir esta función si los precios están determinados exclusivamente por las fuerzas que operan en el mercado y nunca si son impuestos coactivamente por el gobierno. Sólo los precios libres pueden hacer, no sólo que demanda y oferta se equilibren, sino también que se emplee del mejor modo posible toda la información que se encuentra dispersa por el entramado social.

La práctica del juego del mercado dio lugar al mayor desarrollo y prosperidad de aquellas comunidades que lo practicaron, al incrementar las oportunidades de todos para alcanzar sus objetivos personales. Todo ello fue posible gracias a que la remuneración de los diferentes actores se hizo depender, no de la opinión que alguien pudiera tener sobre lo que en justicia debiera corres-ponderles, sino de una serie de circunstancias objetivas que nadie en su conjunto podía conocer. El modelo en cuestión implicaba que, aunque el esfuerzo e interés puestos en juego por el sujeto en la persecución de sus objetivos quedaban sin duda potenciados, no por ello cabía garantizar a nadie un nivel determinado de ingresos. Este proceso impersonal, a través del juego de los precios, y sobre la base del mejor uso de ese cúmulo de conocimientos que

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éstos reflejan, iba indicando al actor en cada caso cuál era el comportamiento adecuado a adoptar, con independencia, desde luego, de toda consideración relativa a la necesidad o al mérito personal.

La función ordenadora de los precios —potenciadora al máximo de la productividad— basa su eficacia en su capacidad de orientar a la gente sobre lo que en cada momento debe hacer para contribuir al máximo a la producción global. Por lo demás, sólo si se considera justo un sistema de remuneración que garantiza que todos los actores pueden perseguir, con las mayores probabilidades de éxito, sus propios objetivos, podrá también considerarse justa su participación en el producto total.

VI

Ahora bien, estas remuneraciones son totalmente distintas de las que son propias del modelo de organización social en el que nuestra especie desarrolló su existencia durante un periodo de tiempo extraordinariamente largo y que, por la razón mencionada, sigue ejerciendo sobre el hombre una poderosa influencia en lo que atañe a la orientación de sus más íntimos sentimientos y reacciones instintivas. Tal discrepancia cobró importancia especial a partir del momento en que se empezó a considerar inaceptable que los precios dependieran de una serie de circunstancias ajenas al control humano y a suponer que, establecién-dolos por vía gubernamental, la comunidad podía obtener determinadas ventajas. Ahora bien, en cuanto, al objeto de prestar auxilio a los grupos sociales que se estimaban especialmente merecedores de él, la humanidad se adentró por el camino de la perturbación de un conjunto de señales orientadoras del comportamiento en relación con cuya idoneidad no estaba en condiciones de juzgar —habida cuenta de que nadie podía disponer de ese cúmulo de conocimientos del que la constelación de precios es simple precipitado—, las cosas empezaron a torcerse.

Porque, en efecto, no sólo sufrió menoscabo la eficacia del proceso de asignación de recursos, sino que también, lo cual es aún más grave, los sujetos económicos se vieron en la imposibilidad de apreciar el valor futuro de los bienes por ellos producidos o

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apetecidos, hasta entonces fruto exclusivo de la conjunción de la oferta y la demanda.

A esto aludía Adam Smith al referirse a la intervención en el proceso mercantil de una mano invisible, certera visión que, sin embargo, ha sido tantas veces ridiculizada a lo largo de las dos últimas centurias por quienes han sido incapaces de comprender su íntimo significado. Precisamente porque el juego de la catalaxia es por completo ajeno a la idea que cada sujeto pueda tener sobre lo que es la más adecuada distribución de la riqueza, y porque únicamente toma en cuenta la circunstancia de si los actores someten o no su conducta a determinado conjunto de reglas formales, es por lo que la asignación de recursos realizada de este modo es preferible a cualquier otra.

Entiendo que si se acepta participar en un juego porque éste es capaz de potenciar las oportunidades de cuantos en él intervienen, resulta obligado considerar también justos los resultados a que el proceso da lugar, siempre que, por supuesto, quienes en él intervienen hayan obrado de acuerdo con las exigencias de la normativa establecida, sin incurrir en engaño o doblez alguna, vicios que ciertamente acompañan a quienes, después de haber retenido la parte obtenida en el juego, pretendiesen mejorar su suerte con el apoyo del Estado. Pero esto no excluye en absoluto la posibilidad de que, al margen totalmente del mercado, se garantice un nivel de vida suficiente a los más necesitados.

El que en un juego cuyo resultado depende tanto del mero azar como de la capacidad y circunstancias personales de cada individuo sean muy diversas las condiciones de partida de cada actor (condiciones que en cualquier caso tenderán necesariamente a mejorar como consecuencia del propio desarrollo del juego en cuestión) no constituye ninguna objeción contra él, puesto que una de sus finalidades consiste precisamente en hacer el más adecuado uso posible de las capacidades, conocimientos y circunstancias del entorno —inevitablemente diverso— de los diferentes sujetos; y uno de los más importantes recursos con que la sociedad cuenta en su esfuerzo por potenciar ese fondo común del que todos acaban participando radica en las dotes morales transmitidas de padres a hijos, y que con frecuencia sólo se adquieren, crean y cultivan porque pueden transmitirse.

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VII

El desarrollo del juego del mercado ha de dar lugar necesariamente a que, en todo momento, algunos ciudadanos dispongan de más ingresos que otros, lo que generalmente comporta que muchos estimen que reciben menos de lo que creen realmente merecer. No es por lo tanto sorprendente que tantas veces se pretenda corregir coactivamente tales diferencias. Lo cierto, sin embargo, es que esa producción total que supuestamente siempre está disponible sólo surge porque, al remunerar a los distintos actores, el mercado deja al margen toda consideración sobre el mérito o la necesidad. Las diferencias de ingresos resultan imprescindibles para atraer hacia los adecuados puntos del sistema productivo la atención de quienes disponen de determinada información, medios materiales o capacidad personal para potenciar así al máximo el volumen de la producción final. Serán quienes prefirieron gozar de la tranquilidad de unas rentas seguras de tipo contractual —y de tal modo evitaron tener que enfrentarse a una realidad económica siempre cambiante— quienes luego se escandalicen ante los elevados ingresos logrados por quienes, por el contrario, afrontaron un esfuerzo acertado y tenaz, facilitando a la sociedad la más adecuada utilización de los recursos disponibles.

Los elevados ingresos obtenidos por aquellos a quienes favorece la fortuna, sea por mérito propio o por circunstancias meramente fortuitas, son un elemento esencial del mecanismo que garantiza que los recursos se empleen en las aplicaciones que más potencian ese fondo común del que todos, en algún momento, to-marán su parte. El volumen total de producción sería inferior si no se considerara justa la percepción de esos beneficios, puesto que es la expectativa de ese mayor nivel de bienestar lo que induce a ciertos individuos a maximizar sus aportaciones al fondo.

Por tal razón, en determinadas ocasiones, debe considerarse justo que ciertas personas disfruten de niveles de ingresos especialmente elevados; y, lo que es más importante, quizá ello sea imprescindible para que la sociedad logre que gente menos emprendedora, hábil o afortunada disponga, pese a todo, de una corriente suficiente y segura de ingresos.

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Esa desigualdad de renta que a tantos molesta ha sido la condición imprescindible para alcanzar el alto nivel de vida logrado por la civilización occidental. Hay quienes consideran que un descenso de ese nivel de vida —o por lo menos una disminución de su tasa de crecimiento— no sería un precio demasiado elevado a pagar por lo que ellos piensan que sería una más justa distribución de la riqueza. Ahora bien, hoy en día el problema tiene implicaciones de mucha mayor trascendencia debido a que, por el propio funcionamiento del mercado, que tan escasa atención presta a las cuestiones relativas a la equidad pero que tan eficazmente potencia la capacidad productiva de la colectividad, la población mundial ha aumentado a tan elevado ritmo (sin que, desde luego, los ingresos de todos se hayan incrementado en la misma proporción), que únicamente podrá ésta sobrevivir (y lo dicho es aplicable naturalmente a las generaciones futuras) si la sociedad sigue sacando el mayor provecho posible de ese mismo juego que tanto contribuye a aumentar la producción.

VIII

Si la mayor parte de nuestros contemporáneos siguen siendo incapaces de advertir cuán grande es su deuda con ese juego que denominamos catalaxia, así como hasta qué punto incluso su propia existencia depende de su práctica, y si tanto se subraya las injusticias del mercado, se debe fundamentalmente a que ese modelo no es fruto de ningún esfuerzo planificador previo, algo que para muchos sigue hoy siendo incluso inimaginable.

Para fomentar el interés de cuantos integran la sociedad, ese orden, desde el punto de vista moral, sólo exige que tanto el empresario como los que trabajan por cuenta propia orienten adecuadamente su esfuerzo productivo a que la competencia se ejerza honestamente, es decir, de acuerdo con las reglas del juego. Los actores deberán dejarse conducir por las señales abstractas que los precios les ofrecen, sin conceder ningún trato económico de favor a nadie sobre la base de su mayor o menor simpatía, necesidad o mérito personal. Quien, por motivos extraeconómicos, deja de incorporar a su plan productivo al candidato más adecuado,

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además de adoptar una decisión económica inadecuada, atenta contra el interés general.

La nueva ética liberal, que la sociedad abierta (o Gran Sociedad) fue imponiendo, exigía la aplicación de una misma normativa a sus miembros, con la única excepción del especial tratamiento exigido por la unidad familiar. Tal extensión del orden moral a círculos cada vez más amplios fue acogida, en general, en especial por las clases más reflexivas, como un proceso rigurosamente ético. No se alcanzó a comprender, sin embargo, que la igualdad ante la ley implica, no sólo la extensión del sentido del deber a gentes a las que antes no alcanzaba, sino también la desaparición de pretéritas obligaciones no adaptables a ese entorno social más amplio.

Pues bien, fue esta atenuación de algunas de nuestras obligaciones morales —consecuencia, como hemos dicho, de la expansión de nuestro entorno ético— lo que resultó especialmente repudia-ble para quienes más proclives eran a ceder a sus más primigenios instintos y emociones. Hay, sin embargo, exigencias morales que, aun cuando sean esenciales a la cohesión del pequeño grupo, resultan incompatibles con la productividad y el pacífico quehacer que caracterizan a una amplia y moderna sociedad libre. Entre ellas están todas aquellas que, bajo el lema de la «justicia social», sugieren que el gobierno tiene la obligación de darnos aquello que puede exigir por la fuerza de quienes en el juego de la cata-láctica han sido más afortunados. Tal radical conculcación del incentivo individual a la producción sólo puede tener sobre la misma efectos negativos. Si las expectativas de lucro son de tal manera alteradas, y llegan a perder su capacidad de advertencia sobre cuáles son los proyectos económicos que implican la mayor aportación posible al producto global, no cabe ya garantizar el más adecuado empleo de los limitados recursos disponibles. Cuando lo que determina la participación de cada actor es el volumen del producto disponible, y no su individual aportación al mismo, la consiguiente lucha por el botín se convierte en insoportable obstáculo a la buena marcha de la producción.

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IX

Al parecer, subsisten en África comunidades primitivas en cuyo seno los jóvenes más emprendedores o dispuestos a adoptar mejores métodos productivos ven sus esfuerzos frustrados por determinados hábitos tribales que les obligan a compartir con los demás los frutos de su mayor laboriosidad, inteligencia, o fortuna. Un mayor nivel de ingresos implica así la participación en su disfrute de un número cada vez mayor de sujetos, y ello impide que cualquier miembro de la tribu supere el nivel medio comunitario.

En la sociedad moderna, el más inmediato efecto del intento de realizar la «justicia social» es impedir que el inversor se beneficie de los frutos de su esfuerzo capitalizador. Se trata, evidentemente, de la aplicación de un principio intrínsecamente incompatible con un mundo civilizado, dado que éste debe precisamente su alta tasa de productividad al hecho de que los ingresos individuales se encuentren muy irregularmente distribuidos; porque sólo así logra el mercado orientar los recursos productivos hacia aquellos menesteres que garantizan la obtención del máximo producto global. Y, por añadidura, gracias también a esa diferente asignación de rentas, en una economía de mercado basada en la competencia, incluso las personas menos afortunadas logran disfrutar también de niveles de renta superiores a los que cualquier sistema económico ajeno al mercado pudiera ofrecerles.

Todo esto no es sino la favorable consecuencia de la hasta ahora incompleta victoria del modelo social basado en la existencia de un marco general normativo sobre aquel otro que se limita a plas-mar determinados objetivos comunitarios. Y digo incompleta porque, aun cuando gracias a ella la humanidad ha logrado acceder a la sociedad abierta y a la convivencia en libertad, no por ello se encuentra el sistema libre del constante intento de reforma por parte del socialismo. Para ello cuentan con la profunda y ancestral predisposición de nuestros más originarios instintos. El mantenimiento del alto nivel de vida que nuestra sociedad, basada en el lucro, ha proporcionado a la humanidad exige, por el contrario, que ésta adopte una disciplina que los indómitos bárbaros que aún abundan entre nosotros se niegan a aceptar y hasta

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tildan de alienante, si bien en modo alguno están dispuestos a renunciar a ninguna de sus gratas ventajas.

X

Permítaseme, para terminar, que me ocupe brevemente de una objeción que, por basarse en un error muy extendido, no dudo será lanzada contra mi argumentación. Estoy seguro, en efecto, de que mi sugerencia de que a lo largo del proceso de selección cultural en el que la humanidad se ha venido desarrollando —en el que hemos sido mucho más capaces de hacer que de comprender lo que acontecía en nuestro entorno y en el transcurso del cual también esa capacidad que denominamos mente ha ido tomando forma al tiempo que se iban estableciendo nuestras estructuras sociales mediante sucesivos intentos de prueba y error—

será sin duda calificada de «darwinismo social». Ahora bien, esta obtusa manera de atacar una sólida argumentación, recurriendo al efecto a un epíteto descalificador, implica también una radical falacia. Es cierto que, a finales del siglo diecinueve, algunos investigadores, bajo la directa influencia de Darwin, atribuyeron excesiva importancia al proceso de selección de los más aptos que comporta el juego del libre mercado. Ahora bien, aun sin ánimo de minimizar este efecto, creo conveniente señalar que no es ésa la ventaja fundamental que nos proporciona la libre competencia. Su fruto más importante es, en mucha mayor medida, la paulatina adopción de estructuras sociales más idóneas.

Este descubrimiento no puede en modo alguno derivarse de la tesis darwiniana, sino que más bien fue fruto de la genial inspiración de quienes, con anterioridad, lo habían aplicado al estudio de diversos campos de investigación tales como el derecho y el lenguaje. El sujeto de nuestra investigación no es la evolución genética de las cualidades innatas, sino el desarrollo cultural logrado a través de un conjunto de procesos de aprendizaje, cuyos resultados tantas veces son contrarios a los más arraigados instintos que hemos heredado de nuestra originaria condición animal. Todo ello, sin embargo, en modo alguno invalida el hecho de que la humanidad haya accedido a la civilización, no

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planeando lo que para el hombre pudiera parecer más idóneo, sino asumiendo lo que, con el tiempo, demostró serlo; ni desmien-te tampoco el hecho de que, gracias a ello, fueran estableciéndose modos de convivencia que, precisamente por trascender los límites de lo que la mente humana hubiese sido capaz de aprehender, condujo finalmente a la humanidad a estadios de evolución que nadie habría podido imaginar.

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN

KEYNESIANA*

FRIEDRICH A. HAYEK

Como explico en uno de los siguientes escritos, había abandonado en gran parte el debate sobre política monetaria porque me di cuenta de que la mayoría de mis colegas de profesión empezaron a emplear un lenguaje y a discutir unos problemas que me parecían carentes de interés1. Sin embargo, a partir del verano de 1974, el problema de la inflación se hizo tan alarmante que me sentí en el deber de volver a ocuparme de él. Tras un artículo en un diario inglés (precedido por otro bastante similar en el alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung del 19 de agosto de 1974), que de nuevo se publica aquí como primero de un grupo, dediqué al problema gran parte del discurso pronunciado con ocasión de la entrega del Premio Nobel, en diciembre de aquel mismo año. Pero esta conferencia, debido a que se ocupa esencialmente de problemas de filosofía de la ciencia, se incluye en la primera parte del presente volumen como Capítulo II. Otra ocasión se me ofreció cuando me invitaron a hablar en la Accademia dei Lincei, en Roma, con motivo del centenario del nacimiento de Luigi Einaudi; el discurso se publica como segunda sección del presente capítulo.

Durante el segundo trimestre de 1975 tuve ocasión de pronunciar, en varios lugares de Estados Unidos, diversas conferencias más o menos sobre el mismo tema, introduciendo, según las circunstancias, discusiones sobre algunos otros temas que ahora he redac-tado, como una especie de suplemento, en la tercera sección de

* Nuevos Estudios de Filosofía, Política, Economía e Historia de las Ideas, F.A. Hayek, Clásicos de la Libertad, Unión Editorial, Madrid 2007, pp. 241-284. Esta es una traducción de Juan Marcos de la Fuente de la obra original de Hayek New Studies in Philosophy, Politics, Economics and History of the Ideas publicada por primera vez por Routledge

& Kegan Paul, Londres, 1978.

1 Una selección de mis comentarios y observaciones sobre la inflación ha sido editada por Sudha Shenoy para el Institute of Economic Affairs y publicada como Hobart Papper 4 con el título A Tiger by the Tail, Londres, 1972.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XIV, n.º 2, Otoño 2017, pp. 373 a 418

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este capítulo. Sigue, como sección cuarta, una conferencia que pronuncié en Ginebra en septiembre del mismo año. Las sugerencias que en ella se hacen acerca de las futuras instituciones monetarias fueron expuestas, de manera más amplia, en el ensayo Denationalization of Money, publicado por el Institute of Economic Affairs, Londres, 1976, del que en breve saldrá una nueva edición muy ampliada2.

I

LA INFLACIÓN, CAMINO HACIA EL PARO3

1

Siento tener que decir que la responsabilidad de la inflación que hoy sufre el mundo recae total y directamente sobre los economistas, o por lo menos sobre aquella gran mayoría de mis colegas que siguieron las enseñanzas de Lord Keynes.

Lo que hoy padecemos no es otra cosa que las consecuencias económicas de la doctrina de Keynes. Fue por consejo e incluso a instancia de sus discípulos como los gobiernos, por doquier, finan-ciaron una parte cada vez mayor de sus gastos mediante la creación de moneda a una escala que cualquier economista solvente anterior a Keynes habría predicho que causaría exactamente la clase de inflación en la que hemos venido a caer. Y lo hicieron así erróneamente convencidos de que se trataba de un método tan inexorable como efectivo a largo plazo para conseguir el pleno empleo.

La seductora idea de que, mientras exista paro, el déficit presupuestario es no sólo inofensivo sino incluso ventajoso resultó desde 2 [Esta 2.ª edición se publicó, en efecto, en 1978, también por el Institute of Economic Affairs. Una edición española, en traducción de Carmen Liaño, fue publicada por Unión Editorial en 1983, en coedición con el Instituto de Economía de Mercado, con el título La desnacionalización del dinero. El texto se halla ahora en F.A. Hayek, Ensayos de teoría monetaria, II, vol. VI de Obras Completas de F.A. Hayek, Unión Editorial, 2001 (pp.

187-304)].

3 Publicado en Daily Telegraph (Londres), 15 y 16 de octubre de 1974 [trad. esp. en F.A. Hayek, ¿Inflación o pleno empleo? , cit., pp. 10-110; también en Huerta de Soto, J., ed., Lecturas de economía política, Unión Editorial, 1986, vol. I, pp. 101-110].

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA luego muy del agrado de los políticos. Los partidarios de esta política sostuvieron siempre que un aumento del gasto total que con-dujera a un aumento del empleo no podía en absoluto considerarse como inflación. Y ahora, cuando el alza constante y acelerada de los precios ha venido a desacreditar un tanto esa opinión, la excusa general sigue siendo que una inflación moderada es el insignificante precio a pagar por el pleno empleo: «Más vale un 5 por ciento de inflación que un 5 por ciento de paro», ha dicho recientemente el Canciller alemán.

Esto es algo que convence a mucha gente, que no ve el grave daño que ocasiona la inflación. Podría creerse —e incluso así lo han sostenido algunos economistas— que toda inflación lo que produce es una cierta redistribución de las rentas, de modo que lo que unos pierden lo ganan otros, mientras que el desempleo comporta necesariamente una reducción de la renta real agregada.

Pero esto pasa por alto el daño principal que causa la inflación, a saber que provoca en toda la estructura de la economía una distorsión, un desequilibrio que antes o después hace inevitable un paro mayor que el que esa política pretendía evitar. Y ocurre así porque hace que un número creciente de trabajadores elijan tipos de trabajo que dependen del mantenimiento e incluso de la aceleración de la inflación. El resultado es una situación de creciente ines-tabilidad en la que una parte cada vez mayor del empleo corriente depende de que se perpetúe e incluso se acelere la inflación y en la que cualquier intento de moderarla lleva inmediatamente a un tal nivel de paro que las autoridades no tardarán en verse obligadas a abandonarlo para recurrir de nuevo a la inflación.

Nos es ya familiar el concepto de «stagflación» para definir aquella situación en que la tasa de inflación aceptada no basta para producir un nivel de empleo suficiente, por lo que los políticos no ven otra salida que la de aumentar esa tasa.

Pero este proceso no puede continuar indefinidamente, puesto que una inflación acelerada conduce muy pronto a una desorganización de toda la actividad económica. Es un resultado que tampoco puede evitarse con el control de precios y salarios mientras siga aumentando la cantidad de dinero en circulación, pues los empleos creados por la inflación dependen de la continua alza de precios y desaparecen tan pronto como este incremento se detiene.

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Una inflación «reprimida», aparte de desorganizar la actividad económica aún más que la abierta, no ofrece siquiera la ventaja de mantener el empleo creado por ésta.

Hemos sido arrastrados a una situación terrible. Todos los políticos prometen detener la inflación y conservar el pleno empleo.

Pero no pueden hacerlo. Y cuanto más tiempo consigan mantener el empleo recurriendo a la inflación, mayor será el paro cuando ésta llegue a su fin. No hay varita mágica que pueda sacarnos de esta situación que nosotros mismos hemos creado.

Esto no significa que hayamos de pasar por otra época de paro como la de los años 30. Lo ocurrido entonces se debió al hecho de no haber podido impedir una contracción de la demanda total para la que no había motivos. Hoy sabemos que en la situación actual el solo hecho de detener la inflación o incluso de reducir su tasa va a producir un importante desempleo. Es algo que nadie desea, pero que no podemos seguir evitando, y los esfuerzos por retrasarlo no harán sino agravar su magnitud.

La única alternativa que tenemos, y que por desgracia es una salida no improbable, es una economía controlada en la que a cada cual se le asigne su puesto; y aunque esa economía pueda evitar el paro abierto, la gran mayoría de los trabajadores vivirían en ella mucho peor que ahora los parados.

No es la economía de mercado (o el «sistema capitalista») la responsable de esta calamidad, sino nuestra errónea política monetaria y financiera. No hemos hecho sino repetir a gran escala lo que en el pasado produjo los recurrentes ciclos de auge y depresión: permitir que un largo auge inflacionario provoque el desvío de mano de obra y otros recursos hacia empleos en los que sólo pueden mantenerse si la inflación responde a lo esperado. Pero mientras que en otras épocas el mecanismo del sistema monetario internacional no tardaba en poner coto a la inflación, nos las hemos arreglado para concebir otro sistema que la ha permitido mantenerse durante dos décadas.

Mientras tratemos de mantener esta situación, no haremos más que empeorarla a largo plazo. Podemos evitar una reacción mayor que la estrictamente necesaria sólo si abandonamos la ilusión de que la prosperidad puede prolongarse indefinidamente y nos encargamos desde ahora de mitigar las inevitables penalidades y

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA evitar que la reacción degenere en una espiral inflacionaria. Esta tarea no consistirá principalmente en mantener los empleos actuales, sino en facilitar la creación de otros (temporales o permanentes) para quienes sin remedio habrán de perder los que ahora tienen.

No podemos ya evitar esta necesidad, y cerrar los ojos ante el problema no lo resolverá. Acaso sea cierto que, pues al público se le ha hecho creer que el gobierno siempre puede eliminar el paro, una aparente pasividad por su parte provocará graves conflictos sociales. Pero si así fuera, ya no está en nuestra mano evitarlo.

2

Para ver claramente las causas de nuestros quebraderos de cabeza, es necesario comprender el error capital de la teoría que ha venido inspirando la política monetaria y financiera durante el último cuarto de siglo, basada en la convicción de que todo paro importante se debe a una insuficiencia de la demanda agregada y puede remediarse mediante el incremento de esa demanda.

Esto resulta tanto más fácilmente creíble si se tiene en cuenta que el desempleo se debe en parte a esa causa, y que un aumento de la demanda agregada provocará en la mayoría de los casos otro aumento pasajero en el empleo. Pero no todo el paro se debe a una demanda total insuficiente o desaparecería si esa demanda fuera mayor. Y, lo que es peor, gran parte del empleo que un aumento de la demanda produce en los primeros momentos no puede mantenerse si la demanda permanece a ese nivel más alto, sino sólo si la demanda sigue subiendo.

Esta clase de paro que temporalmente «remediamos» mediante la inflación, pero que a la laga agravamos con ella, se debe a la mala utilización de los recursos que la inflación provoca, y sólo puede evitarse mediante la transferencia de trabajadores de los puestos en que hay exceso de oferta a aquellos en los que escasea.

En otras palabras, el continuo ajuste de la mano de obra de todo tipo a los cambios en la demanda exige un auténtico mercado de trabajo en el que todos los salarios sean determinados por la oferta y la demanda.

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Sin un mercado laboral que funcione no puede haber ni un cálculo significativo de los costes ni empleo eficiente de los recursos.

Ese mercado puede existir incluso con sindicatos bastante fuertes, siempre que éstos carguen con la responsabilidad por todo paro que sea fruto de sus excesivas exigencias salariales; pero desaparece cuando el gobierno les releva de esta responsabilidad comprometiéndose a mantener el pleno empleo a cualquier nivel de los salarios.

Esto, de pasada, constituye también una respuesta a la tan desorientadora disputa acerca del papel de los sindicatos como causa de la inflación. Estrictamente hablando, no existe inflación de costes: toda inflación obedece al exceso de demanda. A este respecto, los «monetaristas» que capitanea el profesor Milton Friedman tienen perfectamente razón. Pero los sindicatos pueden forzar a un gobierno comprometido en la política keynesiana de pleno empleo a hacer inflación para evitar el paro que de otro modo sus manejos podrían provocar. En efecto, si se piensa que el gobierno evitará que las subidas de los salarios provoquen paro, no habrá límite a las exigencias salariales, y a decir verdad tampoco habrá serios motivos para que los empresarios se opongan a ellas.

Sí los hay, en cambio, para cuestionar la propuesta del profesor Friedman de indexación como medio para combatir la actual inflación. No hay duda de que la indexación evitaría en buena parte el daño que la inflación causa a ciertos grupos, como los pensionistas o quienes viven de sus ahorros, y podría incluso curar de raíz las inflaciones debidas a la incapacidad para cubrir con sus ingresos los gastos corrientes.

Pero no es probable que remedie la inflación actual, debida a que todo el mundo trata de comprar cada vez más de lo que hay en el mercado y se empeña en que se le pague lo suficiente para poder adquirir cuanto desea al precio que le pidan. La desilusión es inevitable, porque esa mayor demanda provoca sin cesar nuevas alzas de precios, y el círculo vicioso sólo podrá romperse si la gente se contenta con una capacidad adquisitiva real algo más baja que la que tanto tiempo ha perseguido en vano. Pero la aplicación general de la indexación excluiría este remedio, e incluso podría hacer inevitable una inflación continua.

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA Pero las exigencias salariales no son actualmente las que más empujan a la inflación acelerada, aunque forman parte del mecanismo que la provoca. Pero la gente no tardará en aprender que un aumento de los salarios monetarios se anula a sí mismo. En cambio, lo que probablemente nos hará avanzar más por el camino peligroso es el pánico de los políticos cada vez que un pequeño descenso en el ritmo inflacionario ocasiona un aumento sustancial del paro. Es fácil que reaccionen recurriendo a la inflación y que descubran que cada vez hace falta una dosis mayor para restaurar el empleo, hasta que llegue el momento en que la medicina no surta ya el menor efecto. Tal es el proceso que debemos evitar a toda costa, pues sólo pueden tolerarlo quienes desean destruir el orden de mercado y sustituirlo por un sistema comunista o cualquier otro sistema totalitario.

Lo primero si queremos evitar este destino es enfrentarse con los hechos y hacer comprender a la mayoría que, después de los errores cometidos, simplemente no está ya en nuestra mano conservar ininterrumpidamente el pleno empleo. Ningún economista que haya vivido la experiencia de los años 30 dudará de que el paro masivo y prolongado es una de las peores calamidades que puedan abatirse sobre un país. Pero lo único que hoy está en nuestra mano es evitar que llegue a hacerse demasiado amplio y prolongado, y que no pase de ser el inevitable periodo de transición a una situación en la que de nuevo podamos esperar conseguir la razonable meta de un alto y estable nivel de empleo.

Lo que el público debe llegar a comprender para que sea posible una política racional es que, cualesquiera que hayan sido las culpas de pasados gobiernos, en la situación actual simplemente el gobierno no está en condiciones de hacer compatibles el pleno empleo y una organización de la economía pasablemente productiva.

Hará falta por parte de los gobiernos un gran valor —y más inteligencia de la que uno se atreve a esperar— para hacer comprender al pueblo cuál es la situación. Probablemente nos estamos acercando a una prueba crítica de la democracia, prueba de cuyos resultado nada nos autoriza a estar seguros. Uno de los primeros requisitos para superar esta crisis es que la gente sea oportuna-mente liberada de la ilusión de que existe un medio económico y

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fácil para garantizar el pleno empleo y al mismo tiempo un alza rápida y continua de los salarios reales. Esto es algo que sólo puede lograrse mediante una constante reestructuración del empleo de todos los recursos, para adaptarlos a condiciones reales en continua transformación, cosa que la perversión del medio monetario hace imposible y que sólo se consigue a través del correcto funcionamiento del mercado.

II

LA INFLACIÓN, EL ERRÓNEO EMPLEO DEL FACTOR

TRABAJO Y EL PARO4

1

La economía del mundo occidental se enfrenta a una crisis tras haber disfrutado durante veinticinco años de una gran prosperidad. Creo que esta época figurará en los anales de la historia bajo el epígrafe de la Gran Prosperidad, del mismo modo que a los años 30 se les conoce como la época de la Gran Depresión. Hemos logrado, a través de la eliminación de todos los frenos automáticos que funcionaban en el pasado, tales como el patrón oro y los tipos de cambio fijos, mantener, durante un tiempo mayor del que yo hubiera creído posible, un pleno empleo, e incluso un superempleo originado a través de la expansión crediticia y prolongado en su etapa final mediante una inflación declarada. Pero estamos llegando al inevitable desenlace, si no es que lo tenemos ya.

Me encuentro en una situación nada agradable: después de pre-dicar durante cuarenta años que el momento adecuado para prevenir el advenimiento de una depresión es el del auge, pero sin que, 4 Conferencia pronunciada en Roma el 8 de febrero de 1975 en el Congreso Internacional «Il problema de la moneta oggi», organizado con motivo del centenario del nacimiento de Luigi Einaudi, Accademia Nazionale dei Lincei, Atti Convegni Lincei 12 (Roma, 1976). Una versión cuidadosamente revisada por el editor, y acaso de más fácil lectura, puede hallarse en el «Occasional Paper 45», publicado con el título Full Employment at Any Price? por el Institute of Economic Affairs, Londres, 1975 [trad. esp.

en F.A. Hayek, ¿Inflación o pleno empleo? , cit., pp. 33-59; también en Huerta de Soto, J., ed., Lecturas de economía política, Unión Editorial, 1986, vol. I, pp. 257-270].

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA mientras éste duró, nadie me escuchara, ahora algunos se dirigen a mí de nuevo y me preguntan cómo pueden evitarse las consecuencias de una política contra la que había puesto en guardia constantemente. Veo a jefes de gobierno de todos los países industriales occidentales prometer a sus conciudadanos el cese de la inflación conservando el pleno empleo. Pero sé bien que no pueden lograr ese objetivo, e incluso me temo que tentativas tales como las que el presidente Ford ha anunciado recientemente de posponer la inevitable crisis con un nuevo impulso inflacionario puedan triunfar momen-táneamente y hacer que el desastre final sea aún mucho peor.

La verdad, incómoda aunque innegable, es que una falsa política crediticia y monetaria, promovida sin apenas interrupción durante todo el periodo a partir de la última guerra, ha abocado los sistemas económicos de los países industriales occidentales a una posición altamente inestable, con lo que cualquier acción que se emprenda produce consecuencias muy desagradables. Podemos elegir sólo entre estas tres únicas posibilidades:

— permitir que continúe la inflación declarada a un ritmo creciente, hasta provocar la desorganización completa de toda la actividad económica;

— imponer controles de precios y salarios que ocultarán durante algún tiempo los efectos de la inflación, pero que acabarían lle-vando a un sistema dirigista y totalitario;

— finalmente, acabar de una manera decidida con el incremento de la cantidad de dinero, lo cual nos haría patentes en seguida, por medio de la aparición de un fuerte desempleo, todas las malas inversiones del factor trabajo que la inflación de los años pasados ha causado y que las otras dos soluciones aumentarían aún más.

Para comprender la razón por la que todo el mundo occidental se encuentra ante este tremendo dilema, es necesario echar una breve ojeada a dos sucesos que tuvieron lugar durante las dos décadas transcurridas entre ambas guerras mundiales y que, en gran parte, determinaron los criterios que han regido la política de los años posbélicos. Quiero resaltar, en primer lugar, una experiencia que desgraciadamente se ha olvidado. En Austria y Alemania la experiencia

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de la gran inflación dirigió naturalmente nuestra atención a la conexión entre los cambios en la cantidad de dinero y los cambios en el nivel de desempleo, y nos mostró especialmente que el empleo creado por la inflación disminuía en cuanto ésta empezaba a disminuir y que su terminación producía siempre lo que vino en llamarse

«crisis de estabilización», con un fuerte paro. Fue la comprensión de esta conexión lo que hizo que yo y otros colegas nos opusiéramos desde el principio al tipo de política de pleno empleo propugnada por lord Keynes y sus seguidores.

No quiero dejar este recuerdo de la gran inflación sin añadir que yo he aprendido mucho observando personalmente las cosas, pero de una manera equivalente, e incluso en mayor medida, debo mis conocimientos a mis maestros, principalmente a Ludwig von Mises, quienes me enseñaron a ver la completa estupidez de los argumentos expuestos entonces, sobre todo en Alemania, para explicar y justificar los aumentos de la cantidad de dinero. Ahora me encuentro de nuevo con muchos de estos argumentos en países que entonces parecían estar más avanzados en ciencia económica y cuyos economistas despreciaban las teorías de sus compañeros alemanes. Ninguno de aquellos apologistas de la política inflacionaria fue capaz de proponer o aplicar medidas que terminasen con la inflación, la cual fue cortada finalmente por un hombre, Hjal-mar Schacht, quien creía firmemente en una cruda y primitiva versión de la teoría cuantitativa. Pero todo esto sólo de paso.

La política de las décadas recientes, o la teoría que subyace bajo la misma, tiene su origen, sin embargo, en las experiencias específicas de Inglaterra durante los años 20 y 30. Gran Bretaña había vuelto en 1925, tras la inflación de la primera guerra mundial (que ahora nos parece muy modesta), al patrón oro, en mi opinión muy sensata y honradamente, pero, desgraciada y erróneamente, a la anterior paridad. Esto último no lo exigía en modo alguno la doctrina clásica.

David Ricardo había escrito en 1821 a un amigo: «Yo nunca aconse-jaría a un gobierno restaurar a la par una unidad monetaria que ha sido depreciada en un 30 por 100»5. Me pregunto muchas veces qué diferente habría sido la historia económica mundial, si en las 5 David Ricardo a Jhon Wheatley, 18 de septiembre de 1821, recogido en The Works of David Ricardo, ed. Piero Sraffa, Cambridge University Press, 1952, vol. IX, p. 73.

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA discusiones de los años precedentes a 1925 un solo economista inglés hubiera recordado y señalado este viejo pasaje de Ricardo.

La infortunada decisión de 1925 hizo inevitable un proceso prolongado de deflación, y este proceso podría haber conseguido mantener el patrón oro si se hubiera seguido hasta que se hubieran reducido una gran parte de los salarios monetarios. Creo que este intento estaba muy cerca del éxito cuando, en la crisis mundial de 1931, Inglaterra lo abandonó junto con el patrón oro, que quedó muy desacreditado por este suceso.

John Maynard Keynes desarrolló sus ideas básicas durante el periodo de paro masivo en Gran Bretaña en los años que precedieron a la crisis económica mundial de 1929-31. Es importante señalar que esta evolución de su pensamiento económico tuvo lugar en un momento verdaderamente excepcional y casi único de su país.

Ocurría entonces que, como resultado de la gran apreciación del valor internacional de la libra esterlina, los salarios reales de prácticamente todos los trabajadores ingleses se habían incrementado muchísimo comparados con los del resto del mundo, y que los exportadores británicos, en consecuencia, no podían competir con éxito con sus colegas extranjeros. Para poder ofrecer trabajo a los parados habría sido necesario o bien reducir todos los salarios o elevar los precios en libras de la mayor parte de las mercancías.

Podemos distinguir tres fases distintas en la evolución del pensamiento de Keynes: empezó reconociendo la necesidad de reducir los salarios reales, llegó a la conclusión de que esto era políticamente imposible, y finalmente se convenció de que esto sería inútil e incluso perjudicial. El Keynes de 1919, que aún comprendía que

«no existe medio más sutil ni más seguro de destrozar las bases existentes de la sociedad que atacar a la unidad monetaria. El proceso compromete a todas las escondidas fuerzas de la ley económica en el campo de la destrucción y lo consigue de una forma que sólo un hombre entre un millón es capaz de diagnosticarlo»6, se convirtió en el inflacionista o al menos en el ardiente antideflacio-nista de los años 30. Sin embargo, tengo buenas razones para creer que habría desaprobado las actuaciones de sus seguidores en el 6 The Economic Consequences of the Peace (1919), reeditado en The Collected Writings of John Maynard Keynes, Macmillan for the Royal Economic Society, 1971, vol. II, p. 149.

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periodo posbélico y que, si no hubiera fallecido tan pronto, se habría convertido en uno de los líderes en la lucha contra la inflación.

Fue en ese periodo desafortunado de la historia monetaria inglesa, en el que alcanzó su liderazgo intelectual, cuando Keynes consiguió la aceptación de la idea fatal de que el paro se debe predominantemente a una insuficiencia de la demanda global en relación con el total de salarios que se tendrían que abonar si todos los trabajadores fueran empleados de acuerdo con los jornales existentes.

Esta fórmula del empleo como una función directa de la demanda total resultó ser muy efectiva, porque parecía confirmarse, en cierto grado, por los resultados de los datos empíricos cuantitativos. Por el contrario, la otra explicación del desempleo, que yo considero la correcta, no podía alegar estos apoyos. Hace ocho semanas, quise elegir como tema de mi discurso en la toma de posesión del Premio Nobel en Estocolmo los peligrosos efectos de este prejuicio cientista en este diagnóstico y que aquí sólo consideraré brevemente.

En resumen, nos encontramos con la curiosa situación de que la teoría de Keynes, que se ve confirmada por las estadísticas a causa de ser la única que se puede medir cuantitativamente, es falsa. Sin embargo, es aceptada ampliamente sobre la única base de que la explicación considerada en un principio como verdadera (y la que aún sigo considerando tal) no puede, por su propia naturaleza, ser controlada por las estadísticas.

La vieja, y para mí convincente, explicación del paro masivo radica en la discrepancia entre la distribución del factor trabajo (y de otros factores de producción) en las industrias (y en las localidades) y la distribución de la demanda sobre sus productos. Esta discrepancia está causada por una distorsión del sistema de precios y salarios relativos y sólo puede corregirse mediante un cambio en esas relaciones, esto es estableciendo en cada sector económico precios y salarios de tal modo que la oferta se iguale con la demanda.

En otras palabras, la causa del paro está en una desviación de los precios y salarios respecto a su posición de equilibrio que se habría establecido por sí solo en un mercado libre con moneda estable. Pero nosotros nunca podemos conocer de antemano cuál será la estructura de precios y salarios relativos a que daría lugar el equilibrio. Por tanto, somos incapaces de medir la desviación de los precios actuales respecto a los de equilibrio, desviación que

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA hace imposible vender parte de la oferta laboral. Somos incapaces asimismo de demostrar la correlación estadística entre la distorsión de los precios relativos y el volumen del desempleo. Sin embargo, aunque no sean mensurables, las causas son muy reales.

La moderna superstición de que sólo lo mensurable tiene importancia ha desorientado a los economistas y al público en general.

Probablemente mucho más importantes que este prejuicio de moda referente al método científico, atractivo para los economistas profesionales, son las implicaciones políticas que el sistema keynesiano presenta. Les ofrecía a los políticos no sólo un método rápido y barato de aliviar el sufrimiento humano, sino que también les ali-viaba a ellos de aquellas molestas restricciones que les impedían alcanzar la popularidad. Gastar y alcanzar presupuestos deficitarios se consideraron de pronto como auténticas virtudes. Se arguyó, incluso convincentemente, que el continuo gasto del gobierno es muy meritorio, dado que lleva a la utilización de recursos hasta entonces no utilizados, y que esto no sólo no costaba nada a la comunidad, sino que aportaba una ganancia neta.

Estas creencias condujeron, en particular, a un gradual des-mantelamiento de todas las barreras al incremento de la cantidad de dinero por las autoridades monetarias. Ya los acuerdos de Bretton Woods, con su intento de imponer la carga del ajuste internacional únicamente sobre los países con superávit, esto es, incitándoles a la expansión, pero sin exigir a los países con déficit que redujeran sus gastos, echaron las bases de una inflación mundial. Pero al menos se hizo esto con el laudable propósito de conseguir tipos de cambio fijos. Sin embargo, cuando las críticas de la mayoría de los economistas con mentalidad inflacionista lograron remover este último obstáculo a la inflación nacional, no quedó en pie ningún freno efectivo.

Creo que es innegable que la petición de tipos de cambio flexibles se originó totalmente en países cuyos economistas querían un mayor margen para la expansión del crédito (llamada «política de pleno empleo»). Desgraciadamente, estos economistas recibieron más tarde el apoyo de otros economistas que no estaban inspirados por el afán de la inflación, pero que, a mi entender, ignoraban el argumento más serio en favor de los tipos de cambio fijos: que constituyen el freno necesario, prácticamente irreemplazable, para

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obligar a los políticos y a las autoridades monetarias a que mantengan una moneda estable.

El mantenimiento del valor de la moneda y la evitación de la inflación exigen constantemente a los políticos medidas muy impopulares que sólo pueden justificar ante los afectados adversa-mente por ellas demostrando que el gobierno está obligado a adoptarlas. En la medida en que se considera de necesidad indiscutible preservar el valor exterior de la unidad monetaria, como es el caso con los tipos de cambio fijos, los políticos pueden resistir las constantes demandas de créditos más baratos, de evitar alzas en los tipos de interés, de mayor gasto en «obras públicas», etcétera. Pero mientras que una caída en el valor exterior de la moneda o una salida de oro actúan como señal que exige una pronta reacción, el efecto sobre el nivel interior de los precios es mucho más lento —y de ordinario precedido de una alentadora subida del empleo—

para que sea generalmente reconocido o atribuido a los que en definitiva son los responsables.

Se comprende, pues, perfectamente que, con la esperanza de frenar a otros Estados demasiado inclinados a aventuras inflacionistas, países como Alemania y Suiza, incluso cuando ellos mismos estaban ya notablemente afectados por una inflación importada, dudaran en denunciar completamente el sistema de tipos de cambio fijos mientras parecía que ello podía frenar las tendencias manifiestas en otros países a acelerar ulteriormente la inflación. Ahora, naturalmente, cuando el sistema de tipos de cambio fijos parece haber quebrado definitivamente y apenas quedan esperanzas de que imponiéndose a sí mismos una disciplina pueda inducir a otros países a controlarse, no hay razón alguna para ser fiel a un sistema que ya no es efectivo. Retrospectivamente, se podría preguntar si, por una vana esperanza, el Bundesbank alemán y el Banco Nacional Suizo no esperaron demasiado tiempo y elevaron el valor de su moneda demasiado poco. Pero, desde un punto de vista a largo plazo, no creo que podamos recuperar un sistema de estabilidad internacional a menos que se vuelva a un sistema de tipos de cambio fijos que imponga a los bancos centrales nacionales la obligación de resistir a las presiones de las fuerzas de tendencia inflacionista de su propio país, incluidos generalmente sus propios ministros de Hacienda.

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA 2

Pero ¿por qué todo este miedo a la inflación? ¿No podríamos intentar vivir con ella, como parece que lo vienen haciendo algunos países de Sudamérica, sobre todo si, como creen algunos, es necesaria para asegurar un pleno empleo? Si esto fuera cierto y si el daño causado por la inflación fuera sólo el que muchos destacan, entonces tendríamos que estudiar seriamente esta posibilidad.

La respuesta, sin embargo, es doble: primero, la inflación, para lograr los objetivos a los que aspira, ha de acelerarse constantemente , y esta inflación cada vez mayor llega tarde o temprano a un grado tal que resulta imposible un orden de economía de mercado; segundo y más importante: a largo plazo dicha inflación crea inevitablemente un paro mucho mayor que el que se pretendía evitar al principio.

Es falso el argumento tantas veces oído de que la inflación produce meramente una redistribución del producto social, mientras que el paro lo reduce, y que, por tanto, este último representa un mal más grave. En realidad, la inflación es causa de un paro incrementado.

No quisiera subestimar los otros efectos nocivos de la inflación, mucho peores de lo que se pueda uno imaginar si no se ha experimentado personalmente una gran inflación; y yo recuerdo, como experiencia personal, mis primeros ocho meses de trabajo durante los cuales mi salario aumentó 200 veces su importe inicial. No me cabe duda de que este desastre monetario lo tolera el pueblo porque, mientras sigue adelante la inflación, nadie tiene tiempo ni energías para organizar una rebelión popular. Pero debo decir que incluso estos efectos que experimentan todos los ciudadanos no son las peores consecuencias de la inflación. Esta consecuencia no se aprecia normalmente porque se hace patente sólo cuando la inflación se ha acabado . Hemos de señalar este aspecto a todos los economistas, políticos y otros que gustan de destacar a los países de Sudamérica con inflación durante varias generaciones y que parece que se han acostumbrado a vivir con ella. En estos países, predominantemente agrícolas, los efectos de la inflación se limitan a los que ya hemos mencionado. Por el contrario, en estas condiciones son de

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menor importancia los efectos principales de una inflación producida en países industrializados por el intento de crear empleo.

No tengo tiempo para discutir en esta ocasión los intentos realizados en algunos de estos países, en particular en Brasil, para afrontar los problemas de la inflación con métodos de indexación que, en el mejor de los casos, pueden remediar algunas de sus consecuencias, pero no las causas principales ni sus efectos más perniciosos.

Estos métodos no pueden impedir el peor de los daños causados por la inflación: la mala distribución del factor trabajo, que ya he mencionado y que ahora consideraré con mayor detenimiento.

La inflación hace que sean atractivos ciertos trabajos que desaparecerán cuando aquélla cese o cuando deje de acelerarse a un tipo suficiente como consecuencia de:

a) los cambios en la distribución proporcional de la corriente monetaria entre los diversos sectores y etapas del proceso de producción, y

b) los efectos de las expectativas de ulteriores subidas de precios que produce.

Los defensores de la política monetaria de pleno empleo se imaginan que sería suficiente un único aumento de la demanda total para asegurar el pleno empleo durante un tiempo indefinido, aunque bastante largo. Pasan por alto los inevitables efectos que tal política acarrearía sobre la distribución del factor trabajo en las industrias y sobre la política salarial de los sindicatos.

Tan pronto como el gobierno asume la responsabilidad de mantener el pleno empleo, sean cuales fueren los salarios que los sindicatos consiguen, estos mismos sindicatos se desentienden del paro que sus demandas salariales puedan producir. En esta situación, cada subida de jornales por encima del aumento de productividad forzará un incremento de la demanda total si se quiere evitar el paro.

El aumento de la cantidad de dinero provocado por esta escalada de salarios se convierte en un proceso continuo que exige nuevas y continuas sumas dinerarias adicionales. Esta oferta adicional de dinero conduce a cambios en la demanda relativa de los diversos bienes y servicios, lo que provoca ulteriores trastornos en los precios relativos en el curso de la producción y en la asignación de los factores de producción, entre ellos el trabajo. No examino aquí todas las demás

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA razones por las que los precios de los diferentes bienes —y las cantidades de los mismos que se producirán— reaccionarán de distinto modo a los cambios en la demanda.

La conclusión principal a la que puedo llegar es que cuanto más dure la inflación mayor será el número de trabajadores cuyos empleos dependerán de la continuación y a menudo incluso de la aceleración continua de la misma, y ello no porque ellos se hubieran quedado cesantes en ausencia de inflación, sino porque fueron atraídos a trabajos que la inflación hizo temporalmente atractivos, pero que desaparecen tan pronto como cesa el ritmo de inflación o desparece ésta.

No nos hagamos la ilusión de poder escapar a las consecuencias de los errores cometidos. El intento de preservar esos puestos de trabajo creados por la inflación conduciría a una destrucción total del mercado. Una vez más perdimos la oportunidad de prevenir una depresión cuando todavía estaba en nuestra mano hacerlo. En efecto, empleamos nuestra emancipación de los frenos institucionales (el patrón oro y las paridades fijas de intercambio) para actuar más estúpidamente que antes.

Son exclusivamente nuestros propios errores, que la experiencia pasada y el conocimiento disponible debieran habernos hecho evitar, los que nos traerán esta reaparición ineludible de un desempleo masivo, y no un fracaso del «capitalismo» o de la economía de mercado. Desgraciadamente, es demasiado cierto que el fracaso de las expectativas que nos habíamos forjado provoca serios conflictos sociales, pero esto no significa que lo podamos evitar. El peligro mayor ahora lo constituye el éxito de esas medidas, tan atractivas para los políticos, de posponer el día fatídico (lo que empeorará en definitiva la situación). Debo confesar que deseo que llegue pronto la inevitable crisis y que fracasen todos los intentos de volver a iniciar el proceso de expansión monetaria y que nos veamos obligados a elegir una nueva política.

Debo hacer hincapié en que, aunque considero inevitable un desempleo considerable durante varios meses, incluso quizá un año, no hemos de esperar otro largo periodo de paro masivo parecido al de los años de la Gran Depresión, siempre y cuando no cometamos crasos errores de política. Esto se puede evitar por medio de una

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política sensata que no repita los errores causantes de la larga duración de la Gran Depresión.

Antes de tratar lo que deberá ser nuestra futura política, quiero rechazar tajantemente una mala interpretación de mi punto de vista que ya he tenido ocasión de constatar. Yo no recomiendo el desempleo como medio de combatir la inflación, pero que debo aconsejar en una situación en la que la elección que se nos ofrece es únicamente este desempleo a corto plazo o un paro mucho mayor después; y lo que más temo es la actitud de après nous le déluge de los políticos que, preocupados por las próximas elecciones, les haga elegir la segunda alternativa. Desafortunadamente, algunos comentaristas, como los del Economist, piensan de modo parecido y abogan por la «reflación» cuando aún está aumentando la cantidad de dinero.

Lo primero que hemos de hacer es parar el aumento de la cantidad de dinero, o al menos reducir dicho aumento al ritmo del incremento real de la producción, y esto no podemos lograrlo con la suficiente celeridad. Además, no veo ninguna ventaja en una desaceleración gradual , aunque esto sea todo lo que se pueda lograr ahora debido a razones puramente técnicas.

Esto no quiere decir que no debamos disponernos a parar una deflación real cuando surja esta amenaza. Aunque no considero que la deflación sea la causa original de la caída de la actividad industrial, la frustración de las expectativas tiende indudablemente a producir un proceso de deflación (lo que hace más de cuarenta años llamé «una deflación secundaria»7), cuyos efectos pueden ser peores (y en los años 30 lo fueron) de lo que es necesario para combatir la causa original. Además, dicha deflación no tiene función directora que desarrollar.

Debo confesar que hace años pensaba de modo diferente. Desde entonces he variado de opinión respecto no de la explicación teórica de lo ocurrido, sino de la posibilidad práctica de lograr remover los obstáculos al funcionamiento del sistema de un modo particular.

Entonces creía que un proceso corto de deflación podría romper la rigidez de los salarios nominales (lo que los economistas han 7 Recuerdo que la expresión se empleó en los seminarios de la London School of Economics durante los años 30.

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA llamado desde entonces «rigidez a la baja») o la resistencia a que se reduzcan algunos salarios nominales en particular, y que de esta forma podríamos restaurar los salarios relativos que el mercado establece. Esto último me sigue pareciendo condición indispensable para que funcione satisfactoriamente el mecanismo del mercado, pero ya no creo que en la práctica sea posible lograrlo de esta manera. Debería haber comprendido entonces que la última oportunidad se perdió en 1931, después de que el gobierno británico abandonó el intento de hacer bajar los precios por medio de la deflación, justo cuando el éxito estaba ya muy próximo.

Si yo fuera el responsable de la política monetaria de un país, intentaría evitar una deflación amenazadora, es decir una reducción absoluta de la corriente de ingresos, con todos los medios a mi alcance, y lo anunciaría claramente. Esto sólo sería suficiente para impedir la degeneración de la recesión en una depresión duradera.

El restablecimiento del mercado funcionando adecuadamente exigiría, sin embargo, una reestructuración de todo el sistema de precios y salarios relativos y un reajuste de expectativas con precios estables, todo lo cual presupone una flexibilidad de los salarios mayor de la que ahora tenemos. No me atrevo a predecir qué posibilidad tenemos de conseguirlo y cuánto tiempo será necesario.

En una perspectiva de mayor alcance, es obvio que una vez que hayamos superado las dificultades inmediatas, debemos evitar el canto de sirena del método, aparentemente fácil y barato, de conseguir el pleno empleo pretendiendo el máximo de empleo que a corto plazo se consigue con presiones monetarias.

El sueño keynesiano pasó, aunque su fantasma aún continuará infec-tando la política durante algunas décadas. Sería de desear, aunque es mucho pedir, que la expresión «pleno empleo», tan relacionada con la política inflacionista, se abandonase. O, quizá, debiéramos recordar que esta meta fue el propósito de los economistas clásicos anteriores a Keynes. John Stuart Mill nos cuenta en su autobiografía8

que «el pleno empleo con salarios altos» constituyó en su juventud la principal aspiración de la política económica. Debemos dejar bien sentado que nuestro objetivo debe ser no el empleo máximo alcanzable a corto plazo, sino un «alto y estable (es decir, continuo) 8 Autobiography and Other Writings, ed. J. Stillinger, Boston, 1969.

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nivel de empleo», como se dijo en uno de los British White Papers de la época de la guerra9. Pero este objetivo sólo se puede conseguir restableciendo el mercado libre de trabas que, con el juego de precios y salarios, establece para cada sector la correspondencia de oferta y demanda. Una de las principales misiones de la política monetaria debe ser la de impedir fluctuaciones en la cantidad de dinero o en el volumen de la corriente de ingresos, pero no nos debemos dejar llevar por la preocupación del influjo que esta política ejerce sobre el empleo. El principal objetivo ha de ser la estabilidad del valor de la moneda . Las autoridades monetarias deberán ser protegidas de las presiones políticas que a menudo las fuerzan a adoptar medidas que a corto plazo son políticamente ventajosas, pero que a la larga resultan dañosas para la comunidad.

Ojalá pudiera compartir la confianza de mi amigo Milton Friedman, que piensa que es posible privar a las autoridades monetarias de todos sus poderes discrecionales con sólo fijarles la cantidad del incremento dinerario que deben y pueden añadir a la circulación cada año, y que con eso se cortaría el abuso de sus facultades con fines políticos. Me parece que él considera esto factible debido a que se ha acostumbrado a usar, a efectos estadísticos, una distinción neta entre lo que se considera dinero y lo que no. Esta distinción no existe en el mundo real. Creo que se debe dar cierta discrecionalidad a las autoridades monetarias para garantizar la convertibilidad de todos los tipos de cuasi-dinero en dinero real, cosa necesaria si queremos evitar serias crisis de liquidez o pánicos. Pero en lo que sí estoy de acuerdo con Friedman es en que debemos intentar lograr un sistema más o menos automático que en tiempos ordinarios regule la cantidad dineraria.

Y aunque no soy tan optimista como el editor del londinense Times, Mr. William Rees-Mogg, quien en un sensacional artículo10, y ahora en un libro11, ha propuesto la vuelta al patrón oro, el ver que tal propuesta viene de fuente tan influyente me hace sentir 9 Employment Policy, Cmd 6527, HMSO, mayo de 1944, Prólogo.

10 «Crisis of paper currencies: ¿has the time come for Britain to return to the de gold standar?», The Times, 1 de mayo de 1974.

11 William ReesMogg, The Reigning Error. The Crisis of World Inflation, Londres, 1974.

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA más optimista. Estaría de acuerdo en que el patrón internacional oro sería el mejor de todos los sistemas monetarios posibles si se pudiera confiar en los países más importantes para que obedecie-ran las reglas del juego necesarias para su conservación, pero esto me parece muy improbable y un país solo no puede tener un patrón oro efectivo, que por su naturaleza es internacional y sólo puede funcionar como sistema internacional.

Sin embargo, constituye un gran paso adelante en la vuelta a la razón cuando al final de su libro Mr. Rees-Mogg nos dice: «Deberíamos romper en pedazos el White Paper de 1944 de la comisión sobre pleno empleo, una gran revolución política y económica.

Esto hubiera parecido hasta hace muy poco un gran precio a pagar, ahora no lo es. No existe apenas esperanza de conservar el pleno empleo en la presente inflación, ni en Inglaterra ni en el resto del mundo. El criterio de un pleno empleo se convirtió en un compromiso para la inflación, pero ésta se ha acelerado tanto que ya no es compatible con el pleno empleo12».

Igualmente alentadora es la afirmación del Ministro de Hacienda británico, Mr. Denis Healey: «Es preferible que más gente esté trabajando —aunque esto signifique ganar menos que el promedio — a que sólo se forren los que tienen suerte de conservar sus empleos, mientras que millones viven de la beneficencia»13.

Parece como si en Inglaterra, el país donde se originaron las perniciosas doctrinas, estuviera en marcha un cambio de opinión.

Esperemos que este cambio de opinión se extienda rápidamente por todo el mundo.

III

ULTERIORES CONSIDERACIONES SOBRE EL MISMO TEMA14

Creo que hoy el primer deber de todo economista que quiera hacer honor a su nombre consiste en no perder ocasión para repetir que 12 Ibid., p. 112.

13 Speech at the East Leeds Labour Club reportet in The Times, 11 de enero de 1975.

14 Lo que sigue es una mera elaboración de algunos puntos expuestos en la conferencia anterior, efectuada por mí al hablar sobre el mismo tema general en varios lugares de Estados Unidos durante el segundo trimestre de 1975. Algunas de estas

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el paro actual es consecuencia directa e inevitable de las llamadas políticas de pleno empleo perseguidas durante los últimos 25 años.

La mayoría de la gente sigue aceptando erróneamente que un aumento en la demanda agregada eliminará la causa del paro. Pero la creencia en este remedio —que, aunque a corto plazo suele ser efectivo, a la larga produce un desempleo mayor— hace que la opinión pública sea incapaz de ejercer una presión irresistible para que los respectivos gobiernos dejen de acudir de nuevo a la inflación al menor atisbo de paro.

Aceptar esta fundamental verdad implica reconocer que la mayoría de los economistas que han aconsejado a los gobiernos a lo largo de este periodo, tanto en Gran Bretaña como en el resto de los países occidentales, se han desacreditado totalmente, por lo que ahora se les debería exigir que hagan pública confesión de sus desvaríos. La que fue indiscutible ortodoxia durante los últimos treinta años ha quedado completamente desacreditada. Una de las víctimas de la actual crisis económica es la credibilidad de nuestra ciencia, por lo menos de la visión keynesiana, que dominó la opinión durante una generación. Estoy plenamente convencido de que para reconducir al mundo contemporáneo no ya a una situación de normal prosperidad, sino por lo menos a un adecuado estado de equilibrio, será necesario liquidar previamente toda la mítica keynesiana. Y no me refiero tanto al estricto contenido de la obra de Keynes (que, al igual que Marx, dejó escritas cosas adaptables a todos los gustos) como a las tesis desarrolladas por sus epí-gonos, acerca de los cuales ha podido comentar recientemente Joan Robinson «cuán difícil les resultaba a veces convencer a su maestro del verdadero contenido de su revolucionaria construcción»15.

observaciones se añadieron ya al texto original cuando, junto a los capítulos anteriores y a la segunda sección de este capítulo, fue publicado por el Institute of Economic Affairs en su «Occasional Paper 45» bajo el título Full Employment at Any Price? , Londres, 1975. Se incluyen ahora algunos párrafos de intervenciones publicados en el First Chicago Report editado por el First National Bank of Chicago en mayo de 1975, y un folleto titulado A Discussion with Friedrich A. von Hayek, publicado por el American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington DC, 1975 [publicado en español en F.A. Hayek, ¿Inflación o pleno empleo?, cit., pp. 61-73].

15 Joan Robinson, «What has become of the Keynesian revolution?», en Milo Keynes (ed.), Essays on John Maynard Keynes, Cambridge, 1975, p. 125. Véase también nota en página 284.

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA La generalizada aceptación, por parte de la opinión pública, de la economía keynesiana se debió principalmente al hecho de que su argumentación coincidía con la vieja creencia de los tenderos de que su prosperidad depende de la demanda que los consumidores hacen de sus mercancías. La plausible aunque errónea conclusión derivada de esta experiencia individual en los negocios según la cual la prosperidad general puede mantenerse manteniendo alta la demanda general, hipótesis rechazada durante generaciones por la teoría económica, adquirió de pronto respetabilidad debido al prestigio de Keynes. Y desde los años 30 fue recibida como la quin-taesencia del sentido común por toda una generación de economistas educada en las doctrinas de su escuela. Lo cual tuvo como efecto que durante un cuarto de siglo hayamos empleado sistemáticamente todos los métodos disponibles para incrementar el gasto monetario, que en el corto plazo crea ciertamente empleo adicional pero que al mismo tiempo conduce a un erróneo empleo del trabajo que en definitiva acaba en mayor paro.

Esta conexión fundamental entre inflación y paro es confusa porque, aunque una demanda general insuficiente no suele ser la fuente primaria de paro (excepto en los periodos de deflación, en los que decrece la cantidad de dinero), el propio paro puede convertirse en causa de una absoluta contracción de la demanda agregada que a su vez produce un ulterior aumento del paro, originándose así un proceso acumulativo de contracción en el que el paro alimenta al paro. Desde luego, esta «depresión secundaria» causada por una deflación inducida debe evitarse mediante adecuadas contra-medidas monetarias. Aunque a veces se me ha acusado de representar la causa deflacionaria de los ciclos comerciales como parte del proceso de saneamiento, no creo que eso fuera lo que defendí. Si alguna vez creí que la deflación podía ser necesaria para quebrar la rigidez del desarrollo decreciente de todos los salarios individuales, que por supuesto se ha convertido en una de las principales causas de inflación, ya no pienso que éste sea un método políticamente posible y debemos buscar otros medios para restaurar la flexibilidad de la estructura salarial que no sea el de elevar todos los salarios excepto aquellos que deben caer respecto a todos los demás. Jamás dudé tampoco de que en la mayoría de los casos el empleo podría elevarse temporalmente aumentando el gasto

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monetario. Hubo una ocasión clásica en que incluso admití que esto podía ser políticamente necesario, aunque ello podía perjudicar a la larga a la economía.

La ocasión fue la situación de Alemania, creo que en 1930, cuando la depresión comenzaba a agravarse y una comisión política —la Comisión Braun— propuso combatirla mediante la reflación (término que aún no se había acuñado), esto es una expansión rápida del crédito. Uno de los miembros de la Comisión, cabalmente el principal autor del informe, era mi viejo amigo el Profesor Wilhelm Röpke. Yo pensé que en aquellas circunstancias la propuesta no era correcta y escribí un artículo criticándola. Si embargo, el artículo no lo envié a un periódico, sino al propio Profesor Röpke, con una carta de acompañamiento en la que hacía la siguiente puntualización:

«Aparte las consideraciones políticas, pienso que usted no debería

—al menos no debería aún— comenzar expandiendo el crédito.

Pero si la situación política es tan grave que seguir con el paro podría conducir a una revolución política, le ruego que no publique mi artículo. Esta, sin embargo, es una consideración política cuyo mérito no puedo juzgar desde fuera de Alemania, pero que usted sí podrá hacerlo.»

La reacción de Röpke fue no publicar el artículo, porque estaba convencido de que en aquellas circunstancias el peligro político de un paro creciente era tan grande que se podía correr el riesgo de causar ulteriores errores por medio de una mayor inflación con la esperanza de aplazar la crisis; en aquel singular momento, esto le pareció políticamente necesario y, por consiguiente, yo retiré el artículo.

Pero volvamos al problema específico de impedir que se produzca la que yo he llamado depresión secundaria causada por la deflación que una crisis podría inducir. Aunque es claro que es preciso evitar semejante deflación, que no produce ningún beneficio sino sólo daños, no es fácil comprender cómo esto pueda hacerse sin provocar nuevos errores en la dirección del trabajo. En general, probablemente pueda decirse que es posible acercarse a una posición de equilibrio de la manera más eficaz si se impide que la demanda de los consumidores sufra una caída notable, ofreciendo trabajo mediante obras públicas y salarios relativamente bajos, de suerte que los trabajadores querrán pasar lo antes posible

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA a otros empleos mejor remunerados, y no estimulando directamente particulares tipos de inversión o tipos análogos de gasto público que orienten el trabajo hacia empleos que ellos esperan que serán permanentes, pero que desaparecerán tan pronto como la fuente del gasto se agote.

En este momento, sin embargo, nuestro problema no es aún el de impedir que se produzca una deflación de este género, y el cla-mor a favor de la reflación se eleva en un momento en que la cantidad de dinero sigue aumentado por todas partes alegremente. Por eso nuestra principal tarea consiste todavía en impedir que se intente combatir el paro, que los errores en la dirección del trabajo ha hecho inevitable, mediante un nuevo impulso inflacionista, que lo único que haría sería aumentar aquellos errores y de este modo, a la larga, empeorar las cosas.

Una breve exposición no puede hacer justicia a la complejidad de los hechos en otro aspecto importante. Hay un motivo que hace particularmente difícil explicar la situación actual. En la errónea orientación del trabajo y en la distorsión de la estructura productiva durante los pasados ciclos económicos, era relativamente fácil señalar los lugares en que se había producido una expansión excesiva porque, en conjunto, estaba limitada a las industrias de bienes de capital. Todo se debía a una excesiva expansión del crédito para inversiones, por lo que se podía considerar que eran las industrias productoras de equipos de capital las que habían experimentado una expansión excesiva.

Por el contrario, la actual expansión monetaria, originada en parte por la expansión del crédito bancario y en parte a través de déficit presupuestarios, ha sido fruto de una política deliberada y ha discurrido por canales un tanto diversos. El gasto adicional se ha dispersado de manera mucho más amplia. En los casos anteriores no tuve especial dificultad en señalar ejemplos particulares de expansión excesiva; ahora me encuentro en un aprieto cuando se me pregunta por la cuestión, porque debería conocer la situación particular en un país en el que estos flujos monetarios adicionales fueron los primeros en producirse. También debería rastrear los movimientos sucesivos de los precios que indican estos flujos. Por consiguiente, no tengo una respuesta general a la pregunta.

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No me cabe la menor duda de que en cierto sentido hoy tenemos el mismo tipo de fenómeno, pero la super-expansión, el inde-bido aumento del empleo en determinadas ocupaciones, no se limita a un solo sector claramente definido como las industrias de bienes de capital. Hoy este aumento se halla repartido más ampliamente y su distribución es mucho más difícil de definir. Es éste un campo que me gustaría que fuera investigado por algún economista experto en estadística para ver cómo el proceso se ha desarrollado en determinados países. No sé en absoluto cuáles puedan ser estos países en los que dicho fenómeno pueda ser investigado.

Los lugares en que los trabajadores malcolocados, y por tanto des-colocados, pueden hallar un empleo permanente sólo pueden detectarse dejando que el mercado funcione libremente.

Podemos ciertamente esperar que la recuperación provenga de un restablecimiento de las inversiones industriales. Pero éstas deberían demostrar que son rentables y que pueden continuar cuando se haya alcanzado una posición de cierta estabilidad y de alto nivel de empleo. Esta posición no se conseguirá ni subvencio-nando las inversiones ni aplicando tipos de interés artificialmente bajos. Y menos aún podrá lograrse la deseada (es decir estable) forma de inversión mediante el estímulo de la demanda de los consumidores.

La idea de que, para que sean rentables las nuevas inversiones, tiene que aumentar la demanda de los consumidores es parte de la difundida falacia a la que los hombres de negocios son particularmente propensos. Esto sólo puede aplicarse a la inversión destinada a aumentar la producción con las mismas técnicas empleadas hasta entonces, pero no para aquellas inversiones que pueden aumentar la productividad per capita de los trabajadores dotando a una determinada fuerza laboral de un mayor equipo de capital.

Esta intensificación del uso de capital es alentada por unos precios de los productos (bienes de consumo) relativamente bajos (que exigen economizar en los costes laborales) y desalentada por los precios altos. Es esta una de las conexiones elementales entre salarios e inversión que la economía keynesiana pasa totalmente por alto.

No sólo pienso que la idea de que impulsando la demanda monetaria podremos mantener el pleno empleo es totalmente errónea, sino que también estoy convencido de que si esta idea prevalece

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA entre el público resulta totalmente imposible que un gobierno dotado de cierta discrecionalidad en estas materias pueda seguir una política sensata. Lo que la discusión ordinaria no tiene en cuenta es que los gobiernos y las autoridades monetarias distan mucho de ser libres de actuar de la manera que consideran sensata y conveniente a largo plazo. Su problema consiste principalmente en encontrar una excusa para resistir la siempre acuciante demanda de proveer más dinero y más barato. Esta ha sido una tradición de nuestra civilización durante siglos y que fuimos capaces de controlar mediante ciertas instituciones que tal vez no fueron particularmente eficientes o particularmente sensatas, pero que ofrecieron cierta resistencia a los gobiernos y a las que podían acudir si se les pedía crear más dinero para crear empleo. Los bancos centrales y los ministros de Hacienda podían decir: «No podemos hacerlo porque nos alejaría del patrón oro o porque tendríamos que bajar nuestro tipo de cambio.»

Fue la posibilidad de acudir a estas restricciones institucionales la única que hizo posible que los gobiernos se comportaran al menos con cierta prudencia. No era ciertamente una política ideal, ni lo que habrían hecho si hubieran tenido la libertad para seguir su propio criterio, pero era lo mejor que podía hacerse en la situación política concreta. Muchos de los economistas más inteligentes de nuestro tiempo, entre ellos muchos amigos personales míos, han contribuido a la destrucción del patrón oro y el régimen de tipos de cambio fijos. Crearon algo parecido al sistema de Bretton Woods en el que toda la responsabilidad de los ajustes internacionales recae sobre los países acreedores, mientras que los países deudores estaban exentos de ella. Había incluso intereses creados en suministrar suficiente liquidez internacional cuando ya se estaba en medio de una seria inflación. Finalmente, se dio al traste con las últimas restricciones cuando abandonamos este sistema de paridades fijas por otro de paridades flexibles.

La importancia de las paridades fijas radica en que imponen a las autoridades monetarias una disciplina muy necesaria. Lo que yo cuestiono seriamente es la demanda de paridades flexibles sobre la base de que, si esta demanda fuera orientada por los países anglosajones, ello facilitaría la expansión crediticia. Otra cosa fue, desde luego, cuando, finalmente resignados, algunos países abandonaron

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los cambios fijos a fin de protegerse contra la importación de la inflación procedente del resto del mundo. Alemania y Suiza probablemente hicieron bien cuando finalmente y después de largas dudas, acaso demasiado largas, llegaron a la conclusión de que si los cambios fijos dejaron de ser controles eficaces para la expansión excesiva, por lo menos no permitirían que los tipos fijos les obligaran a participar en la inflación internacional, y por tanto adoptaron también los cambios flexibles. No tengo modo de penetrar en las intenciones del Bundesbank alemán o del Banco Nacional suizo, pero durante mucho tiempo se guiaron por consideraciones de que era más importante frenar las tendencias inflacionistas en los países occidentales que excluir los efectos de estas políticas sobre sus propios países. En Alemania se resignaron tal vez —acaso demasiado tarde— al hecho de que, como los controles sobre otros habían dejado de ser eficaces y los tipos de cambio fijos no servían ya para su principal objetivo, les convenía adoptar tipos flotantes como protección contra la inflación.

En este sentido, creo que los economistas deberíamos tener mucho más en cuenta el significado político de las instituciones que ponen un freno a la política monetaria y pueden proteger a los gobiernos contra la presión política, que la corrección ideal de la política que puede llevarse a cabo. Ellos actuarán siempre bajo presiones políticas, y lo único que podemos hacer es protegerlos de esta presión política del mejor modo posible.

La idea de que una subida general de los precios tal como la hemos conocido en el mundo occidental en los últimos años se debe enteramente a un aumento excesivo de la cantidad de dinero, por lo que la responsabilidad de la misma recae totalmente sobre el gobierno, suele hoy definirse como la postura «monetarista».

Considero que esta tesis, formulada en términos generales, es incontrovertible, aunque también es cierto que han sido sobre todo las actividades de los sindicatos y las actividades análogas de otros organismos monopolistas (como el cartel del petróleo) las que han llevado a los gobiernos a adoptar esta política. Pero en un sentido más estricto el término «monetarista» se emplea hoy frecuentemente para designar a los defensores de alguna forma mecánica de la teoría cuantitativa del valor del dinero que en mi opinión simplifica excesivamente las conexiones teóricas.

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA Mi principal objeción contra esta teoría es que, al igual que la que se conoce con el nombre de «macro-teoría», dirige su atención sólo a los efectos de los cambios de la cantidad de dinero sobre el nivel general de precios y no a sus efectos sobre la estructura de los precios relativos. Por consiguiente, tiende a desatender los que yo considero como los efectos más perjudiciales de la inflación: los errores en la dirección de los recursos que provoca y el paro que en definitiva origina.

Sin embargo, en el orden práctico, creo que esta forma simple de la teoría cuantitativa es una guía bastante útil y estoy de acuerdo en que no debemos olvidar que las grandes inflaciones del pasado, particularmente las de Alemania a principios de los años 20 y al final de los 40, las frenaron hombres que se sirvieron de esta forma un tanto burda de la teoría cuantitativa. Pero aunque esta explicación muy simplificada de los acontecimientos me parezca inadecuada para aclarar algunos de los efectos más deletéreos de los cambios en la cantidad de dinero, ya subrayé hace cuarenta y cinco años, cuando intenté poner remedio a estas carencias, que «una de las cosas peores que podrían sucedernos sería que toda la gente dejara de nuevo de creer en las afirmaciones elementales de la teoría cuantitativa»16 (representada entonces por los economistas Irving Fisher y Gustav Cassel). Pero cabalmente esto fue lo que ocurrió como resultado de la capacidad persuasiva de Lord Keynes, cuyas propuestas para combatir la depresión de los años 30

chocaron contra las teorías tradicionales.

Los defectos de lo que se convirtió en el planteamiento tradicional de la teoría cuantitativa ya habían sido destacados doscientos años antes, cuando Richard Cantillon sostuvo, contra la análoga teoría cuantitativa mecánica propuesta por John Locke, que17

«comprendía perfectamente que la abundancia de dinero lo enca-rece todo, pero no comprendía cómo esto sucede. La gran dificultad de ese análisis consiste en descubrir de qué modo y en qué 16 Prices and Production, Londres, 1931, p. 3 [ed. esp.: Precios y producción, Ediciones Aosta/Unión Editorial, 1996]. E. von Böhm-Bawerk habla del «indestructible punto de verdad de la teoría cuantitativa».

17 Richard Cantillon, An Essay on the Nature of Commerce in General, ed. Henry Higgs, Londres, 1931, parte I, capítulo 6.

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proporción el aumento de dinero hace subir los precios de las cosas».

Este análisis de Cantillon (con los intentos análogos de David Hume) fue el primero que trató de describir el curso a través del cual una inyección de dinero adicional altera la demanda relativa de diversas mercancías y servicios. Este análisis explica cómo la inflación acaba originando errores en la dirección de los recursos y en particular en el trabajo que, en los empleos a que ha sido atraído, resulta «sobreabundante» apenas la inflación se reduce o simplemente deja de aumentar. Pero esta prometedora corriente de pensamiento fue anegada por el torrente keynesiano que hizo retroceder a los economistas a un estado de conocimiento que había sido superado mucho antes, y reabrió las puertas a errores de política gubernativa de los que nuestros abuelos se habrían avergonzado.

La actual inflación ha sido provocada deliberadamente por los gobiernos aconsejados por los economistas. El Partido Laborista británico la planeó en tal sentido ya en 1957, aunque se le fue un poco de la mano, como sucede siempre que se comienza a jugar con ella: en sus propuestas de un Fondo Nacional de Pensiones este partido afrontó el problema de los futuros movimientos de los precios partiendo del supuesto de que los precios se doblarían entre 1960 y 198018, lo cual en aquella época constituía ya una perspectiva alarmante, pero que ahora resulta, naturalmente, muy superada. Y desde 1948 un manual de economía19 muy influyente podía sostener que un aumento del 5 por ciento de los precios era inocuo (si esto hubiera sucedido, ¡desde 1948 a hoy los precios habrían aumentado en torno a cuatro veces respecto a entonces!). Lo que estos y otros economistas no tuvieron en la debida consideración fue, además, que los objetivos que ellos proponían exigían una aceleración de la inflación y que toda aceleración de la inflación tarde o temprano resulta insostenible. La inflación a una tasa constante no tarda en ser anticipada en las transacciones normales de los 18 National Superannuntiation. Labor’s Policy for Security in Old Age, publicado por el Partido Laborista, Londres, 1957, pp. 104 y 109.

19 Paul A. Samuelson, Economics: an Introductory Analysis, Nueva York, 1948, p. 282:

«Si el aumento de los precios pudiera mantenerse bajo, digamos, a menos del 5 por ciento anual, esta leve inflación constante no tendría por qué preocuparnos».

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA negocios, y entonces acaba simplemente perjudicando a quienes perciben rentas fijadas por contrato, sin ningún beneficio.

Gran parte de la confusión que reina en todo esto se debe al constante empleo erróneo del término «inflación». En su significado originario y propio designa un aumento excesivo de la cantidad de dinero que normalmente conduce a un aumento de los precios. Pero incluso una subida general de los precios, por ejemplo una subida causada por una escasez de géneros alimenticios debida a malas cosechas, no es necesariamente inflación. Ni tampoco podría llamarse inflación en sentido propio un aumento de los precios determinado por la escasez de petróleo y otras fuentes de energía, que llevaría a una reducción drástica del consumo, a no ser que esta escasez se transformara en un pretexto para aumentar ulteriormente la cantidad de dinero. Puede también darse una notable inflación que interfiere seriamente en el funcionamiento del mercado, sin que tenga lugar un aumento de los precios, si se impide que se produzca este efecto mediante controles. Pero si hay algo peor que la inflación abierta es lo que los alemanes conocen como «inflación reprimida», y los llamados intentos de combatir la inflación imponiendo controles de los precios sólo pueden empeorar las cosas, ya que este tipo de inflación desorganiza toda la actividad económica incluso más que la inflación abierta. Por lo demás, no produce ningún efecto beneficioso, ni si siquiera a corto plazo (excepto para quienes reciben el dinero adicional) y lleva directamente a una economía de dirección centralizada.

Permítaseme repetir, para concluir, que la inflación tiene desde luego muchos otros efectos negativos, mucho más dolorosos de lo que la mayoría de la gente que no la ha experimentado puede comprender; pero lo más serio y que al mismo tiempo se comprende menos es que, a la larga, produce inevitablemente un paro generalizado. No es verdad, como en cambio han sostenido muchos economistas, que mientras haya paro un aumento de la demanda agregada sólo produce ventajas y ningún perjuicio. Esto puede ser cierto a corto, pero no a largo plazo. La alternativa no es entre inflación y paro. Se trata de algo parecido al comer demasiado y a la indigestión: aun cuando el comer demasiado pueda ser agradable mientras se come, invariablemente seguirá la indigestión.

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IV

UN MEDIO PARA ACABAR CON LA INFLACIÓN: LA LIBRE

ELECCIÓN DE MONEDA20

1

La causa principal de nuestras actuales dificultades monetarias es, por supuesto, el respaldo científico dado por Lord Keynes y sus discípulos a la vieja superstición de que aumentando el gasto monetario podemos asegurar de un modo duradero la prosperidad y el pleno empleo. Es una creencia contra la que economistas anteriores a Keynes habían ya luchado con cierto éxito durante al menos dos siglos21, cortando la influencia que había ejercido sobre la mayor parte de la historia anterior. Esta historia nos presenta un amplio panorama de inflación, y es significativo que sólo durante el auge de los prósperos sistemas industriales modernos y la vigencia del patrón oro, a lo largo de un periodo de unos doscientos años (en Gran Bretaña, aproximadamente, de 1714 a 1914, y en Estados Unidos entre 1749 y 1949), pudieran los precios mantenerse prácticamente estables. En este insólito periodo de estabilidad monetaria el patrón oro impuso a los gobernantes una disciplina que les impidió abusar de sus facultades, como han hecho en casi todas las demás épocas, y no sólo en Occidente. Parece ser que una ley china intentó prohibir para siempre el papel moneda, sin conseguirlo por supuesto, mucho antes de que los europeos lo hubiesen siquiera inventado.

Fue John Maynard Keynes, hombre de gran inteligencia pero con un mediano conocimiento de la teoría económica, quien consiguió al fin rehabilitar una opinión hasta entonces coto de ciertos lunáti-cos con quienes abiertamente simpatizaba. Mediante una serie de nuevas teorías, intentó justificar aquella creencia intuitiva y a primera vista convincente, ya sostenida por muchos practicones, pero 20 Basado en una intervención titulada «International Money» en la Geneva Gold and Monetary Conference el 25 de septiembre de 1975 en Lausana, Suiza, y publicada como opúsculo con el título de Choice in currency: a way to stop inflation, por el Institute of Economic Affairs, Londres, 1976 [trad. esp. en ¿Inflación o pleno empleo? , cit., pp.

75-99, y en Huerta de Soto, J., Lecturas de economía política, vol. 1, cit., pp. 277-288.

21 Véase nota al final de este capítulo, p. 284.

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA incapaz de soportar el riguroso análisis del mecanismo de los precios: del mismo modo que no puede haber un solo precio para todos los tipos de trabajo, no puede conseguirse igualar la oferta y la demanda generales de trabajo actuando sobre la demanda total. El volumen de empleo depende de la correspondencia entre oferta y demanda en cada sector de la economía, y por tanto de la estructura salarial y la distribución de la demanda entre los diversos sectores.

La consecuencia es que, a largo plazo, el remedio keynesiano no evita el paro, sino que lo agrava.

La pretensión de una eminente figura pública y brillante pole-mista de proporcionar un medio sencillo y barato para evitar de modo permanente los males del desempleo conquistó a la opinión pública y, después de su muerte, también a la profesional. Sir John Hicks ha llegado incluso a proponer que al tercer cuarto de este siglo, entre 1950 y 1975, se le llame la era de Keynes, como el segundo fue la era de Hitler22. No creo que el daño hecho por Keynes sea tan grande como para justificar esa equiparación, pero sí es cierto que, mientras sus recetas parecieron tener éxito, se convirtieron en una ortodoxia a la que resultaba inútil oponerse.

Con frecuencia me he reprochado el haber abandonado la lucha cuando ya había dedicado tanto tiempo y energía a criticar la primera versión del montaje teórico de Keynes. Sólo después de publicada la segunda parte de mi crítica, me dijo que había cambiado de opinión y no creía ya en lo dicho en su Treatise on Money de 1930

(con cierta injusticia para consigo mismo, pues sigo pensando que el volumen II de ese tratado contiene parte de lo mejor de su obra).

En cualquier caso, me pareció entonces inútil volver a la carga, ya que le veía tan dispuesto a retractarse. Cuando resultó que la nueva versión de sus viejas opiniones —la Teoría General de 1936— conquistó a la mayoría de los profesionales, y cuando incluso algunos de los colegas más respetados por mí acabaron por apoyar el acuerdo keynesiano de Bretton Woods, me retiré casi totalmente del debate, dado que proclamar mi desacuerdo con el clima de unanimidad impuesto por la falange ortodoxa sólo hubiera servido para que no se me escuchase en otras cuestiones más interesantes para mí en aquel momento. (Creo, no obstante, que en lo que 22 John Hicks, The Crisis in Keynesian Economics, Oxford, 1974, p. 1.

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hace a algunos de los mejores economistas británicos, su apoyo a Bretton Woods se debió más a un malentendido patriotismo —la esperanza de que lo acordado beneficiaría a Gran Bretaña en sus dificultades postbélicas— que a la creencia de que iba a proporcionar un orden monetario internacional viable.)

2

Escribía yo hace treinta y seis años (1939) acerca del punto crucial que nos ocupa: «Nadie ha negado que se pueda aumentar la ocupación rápidamente y conseguir una situación de «pleno empleo»

en un plazo muy breve mediante la expansión monetaria, y menos aún aquellos economistas en cuyo pensamiento ha influido la experiencia de una gran inflación. Lo que sí se ha dicho es que el tipo de pleno empleo así conseguido es intrínsecamente inestable, y que crear ocupación por ese sistema supone perpetuar los altibajos de prosperidad y crisis. Puede haber situaciones deses-peradas en las que resulte necesario aumentar el empleo a toda costa, aun cuando sólo sea por un corto periodo. Trances como el que el doctor Brüning hubo de afrontar en Alemania en 1932 justifican medios desesperados. Pero el economista debe dejar bien sentado que buscar el máximo de empleo obtenible a corto plazo mediante la política monetaria no es sino el arbitraje del desesperado que nada tiene que perder y sólo pretende conseguir un res-piro»23.

A esto me gustaría añadir, como réplica a la constante y deliberada distorsión de mis opiniones por los políticos, a quienes les place pintarme como una especie de duende cuya influencia hace peligrosos a los partidos conservadores, lo que tan a menudo repito, y expuse hace nueve meses en Estocolmo, en mi discurso del Premio Nobel, con las siguientes palabras: «Lo cierto es que, debido a un erróneo punto de vista teórico, nos encontramos en una precaria situación en la que no podemos impedir la reaparición de un paro considerable; y ello no porque, como algunos erróneamente interpretan mi posición, dicho paro sea causado 23 F.A. Hayek, Profits, Interest and Investment, Londres, 1939, p. 63n.

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA deliberadamente como medio para combatir la inflación, sino porque surge necesariamente como consecuencia lamentable, pero inevitable, de la errónea política seguida, tan pronto como la inflación deje de acelerarse»24.

La llamada política de «pleno empleo» genera paro mediante un proceso complejo. Esencialmente, opera a través de cambios temporales en la distribución de la demanda que desvían tanto a los trabajadores en paro como a los ya empleados hacia puestos que desaparecerán al detenerse la inflación. En las crisis recurrentes de los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, la expansión del crédito durante el boom servía en gran parte para financiar inversión industrial, y el hiperdesarrollo y subsiguiente desempleo tenía lugar sobre todo en las industrias que producían bienes de capital. Pero en la inflación provocada de las últimas décadas las cosas han sido más complejas.

De los efectos de una inflación grave es buen ejemplo un recuerdo de los primeros años veinte que muchos de mis contemporáneos vieneses pueden confirmar: los famosos cafés de Viena fueron expulsados de las mejores esquinas de la ciudad por nuevas sucursales bancarias, y volvieron a ellas tras la «estabilización», cuando los bancos se habían reducido o estaban en quiebra y millones de sus empleados habían ido a engrosar las legiones de parados.

Las teorías en que se apoyaba la política de pleno empleo han quedado totalmente desacreditadas tras la experiencia de los últimos años. Como consecuencia, los economistas empiezan también a descubrir sus graves defectos intelectuales, que deberían haber visto desde el primer momento. No obstante, me temo que esas teorías van a darnos aún muchos quebraderos de cabeza, pues nos han legado toda una «generación perdida» de economistas que no han aprendido otra cosa. Uno de nuestros principales problemas será el de proteger nuestra moneda contra esos teorizantes, pues no van a dejar de ofrecer sus remedios de curandero, amparados en la popularidad que les da su eficiencia a corto plazo. No será fácil reducir a los ciegos doctrinarios que han estado siempre convencidos de tener la llave de nuestra salvación.

24 F.A. Hayek, «La pretensión del conocimiento», en este volumen, pp. 48.

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Por consiguiente, aunque la rápida pérdida de respetabilidad intelectual de la doctrina keynesiana resulte ya innegable, todavía constituye una grave amenaza contra las posibilidades de seguir una política monetaria sensata. Las gentes no se han dado todavía plena cuenta del daño irreparable que ha causado, especialmente en Gran Bretaña, su país de origen. El clima de seriedad y respeto que un día aureoló la política financiera británica ha desparecido totalmente. De modelo a imitar, Gran Bretaña ha descendido en pocos años a ejemplo disuasor para el resto del mundo. Un curioso incidente vino a ponerme no hace mucho ante los ojos esta decadencia: encontré en un cajón de mi mesa un penique británico fechado en 1863 que hace unos años, es decir, cuando llevaba exactamente cien en circulación, me había dado como vuelta un cobra-dor de autobús londinense y había yo llevado a Alemania para mostrar a mis alumnos lo que significaba la verdadera estabilidad monetaria. Creo que la cosa les impresionó bastante. Pero se rei-rían de mí si hoy pretendiese mencionar a Gran Bretaña para ese mismo ejemplo.

3

Al cabo de menos de treinta años de la nacionalización del Banco de Inglaterra, el poder adquisitivo de la libra esterlina se habría reducido a menos de una cuarta parte del que tenía en aquella fecha. Es algo que cualquier persona avisada hubiese podido prever, pues el control gubernamental de la cantidad de moneda ha resultado en todas partes fatal. No dudo de que una autoridad monetaria nacional o internacional, muy inteligente y dotada de plena independencia, puede funcionar mejor que el patrón oro o cualquier otra especie de sistema automático. Pero no veo la menor esperanza de que un gobierno, o cualquier otra institución sujeta a presiones políticas, sea capaz de obrar de esa manera.

Nunca tuve muchas ilusiones a este respecto, pero he de confesar que en el curso de una larga vida mi opinión de los gobiernos no ha hecho sino empeorar: cuanta más iniciativa e inteligencia tratan de desplegar (a diferencia de las que se limitan a seguir las normas vigentes), más daño parecen hacer, porque cuando se les sabe

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA dispuestos a tomar iniciativas en vez de limitarse a mantener un orden espontáneo que se corrige a sí mismo, es cuando menos pueden evitar servir a intereses parciales. Y las demandas de los grupos organizados son casi siempre nocivas, salvo cuando protestan de las restricciones que se les imponen en beneficio de los intereses de otros grupos. No me tranquiliza el que, al menos en ciertos países, los funcionarios sean en su mayoría hombres inteligentes, de buena voluntad y honrados. Lo importante es que si un gobierno quiere seguir siéndolo en el sistema político imperante, no tiene otra opción que la de obrar al dictado de ciertos grupos, y una de sus exigencias más acuciantes es siempre la de recaudar más para gastar más. Por dañina que la inflación resulte en general, hay siempre sectores importantes, incluidos algunos cuyo apoyo tiene gran importancia para los gobiernos inclinados al colectivismo, que a corto plazo ganan mucho con ella, aunque sólo sea porque logran conjurar durante algún tiempo una pérdida de ingresos a la que, por atribuirle carácter temporal, creen posible capear por ese medio.

La exigencia de dinero más abundante y barato es una fuerza política omnipresente a la que las autoridades monetarias nunca han conseguido oponerse, a menos de poder presentar de modo convincente un obstáculo que haga imposible ceder a esas demandas. Y esa fuerza se hace todavía más irresistible cuando los interesados pueden apelar a una cada vez más irreconocible imagen de San Maynard. Nada hay tan urgente como levantar nuevas defensas contra las arremetidas de las formas populares del keynesianismo; es decir reemplazar o restaurar aquellas restricciones que, bajo la influencia de sus teorías, han sido sistemáticamente des-manteladas. La principal función del patrón oro, del equilibrio presupuestario, de la necesidad de disminuir la circulación fidu-ciaria en los países deficitarios y de la limitación de la oferta de

«liquidez internacional» fue impedir a las autoridades monetarias capitular ante quienes exigían mayor abundancia de dinero. Y ésa y no otra fue la razón de que tales salvaguardias, que habían permitido a los gobiernos representativos hacer frente a las exigencias de poderosos grupos de presión, fuesen eliminadas a instigación de economistas convencidos de que, una vez libres los gobiernos de los grilletes de unas normas mecánicas, podrían obrar sabia-mente en beneficio general.

FRIEDRICH A. HAYEK

No creo que el remedio para nuestra situación sea un nuevo orden monetario internacional, ya se trate de una nueva autoridad o institución, ya de un acuerdo para adoptar un cierto mecanismo o sistema, como el clásico patrón oro. Estoy convencido de que cualquier intento de restablecer en esta coyuntura el patrón oro mediante un acuerdo internacional no tardaría en fracasar y sólo serviría para contribuir al descrédito de ese ideal. Sin la convicción pública de que ciertas medidas de momento penosas son a veces necesarias para conservar una estabilidad razonable, no podemos esperar que una autoridad con facultades para decidir la cantidad de moneda en circulación resista mucho tiempo las presiones en favor del dinero barato ni la seducción que ese recurso ejerce.

Al político guiado por la máxima keynesiana —ligeramente modificada— de que a la larga todos perderemos el cargo no le preocupa si su eficaz remedio para el desempleo va a producir un paro aún mayor en el futuro, pues la culpa no recaerá sobre quienes crearon la inflación, sino sobre quienes la detengan. No pudo inventarse peor cepo para un sistema democrático, en el que el gobierno ha de actuar de acuerdo con lo que el pueblo cree mejor.

Por eso nuestra única esperanza de una moneda estable es hoy la de encontrar el modo de protegerla de la política.

Con la única excepción del periodo de doscientos años en que estuvo vigente el patrón oro, prácticamente todos los gobiernos de la historia han aprovechado su privilegio de emitir moneda para defraudar y robar al pueblo. La esperanza de que los gobiernos se hagan más dignos de confianza mientras ese pueblo no tenga otra opción que la de utilizar el dinero que los políticos le proporcionan es hoy menor que nunca. Al tipo de gobierno hoy imperante, guiado por la opinión de la mayoría, pero expuesto en la práctica a que cualquier grupo importante le cree una «necesidad política»

amenazándole con retirarle los votos que le dan ese apoyo mayori-tario, no es posible confiarle instrumentos peligrosos. Por fortuna, aún no hemos de temer, espero, que los gobiernos empiecen una guerra por complacer a un sector indispensable de sus partidarios, pero la moneda es un arma demasiado peligrosa para dejarla al arbitrio de los políticos y, según parece, de los economistas.

Lo que resulta tan peligroso y exige acabar con ello no es el derecho del gobierno a emitir moneda, sino su facultad exclusiva de

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA hacerlo y su poder para obligar al público a utilizarla y aceptarla a un precio determinado. Este monopolio oficial no se debe, como tampoco el del correo, al beneficio que pueda reportar al público, sino al deseo de ampliar las facultades coercitivas del gobierno, y dudo que alguna vez haya hecho algún bien salvo a los gobernantes y sus protegidos. La historia entera contradice la idea de que los gobiernos nos hayan proporcionado una moneda más de fiar que la que hubiésemos tenido sin su celosa defensa del privilegio de emisión.

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¿Por qué no dejar al público elegir libremente la moneda que quiere utilizar? Las personas deben tener derecho a decidir si quieren comprar o vender en francos, libras, dólares, marcos alemanes u onzas de oro. No tengo objeción que hacer a la emisión de moneda por los gobiernos, pero creo que su derecho al monopolio en esta materia y su facultad para limitar la moneda en que los contratos pueden ser convenidos dentro de su territorio o para decidir los tipos a que las monedas pueden ser cambiadas son gravemente nocivos.

Parece que lo mejor que podríamos desear en este momento es que los gobiernos, por ejemplo todos los miembros de la Comunidad Económica Europea, y, mejor aún, todos los de la Comunidad Atlántica, se comprometiesen a no poner restricciones a la libre utilización en sus respectivos territorios de las monedas de los demás, incluida su compra y venta al precio acordado por las partes y su uso como unidades contables. Este, y no una utópica Unidad Monetaria Europea, me parece hoy el acuerdo posible y deseable al que debemos aspirar. Para llevar a la práctica tal plan sería importante, por razones que más adelante diré, disponer también que los bancos de cada país pudiesen establecer libremente sucursales en cualquiera de los demás.

Esta sugerencia puede, en un principio, parecer absurda a los imbuidos del concepto de una «moneda de curso legal». ¿Acaso no es imprescindible que la ley designe un determinado tipo de moneda como la legítima? La verdad es que esto sólo es cierto en la

FRIEDRICH A. HAYEK

medida en que, si el gobierno emite moneda, debe también decir lo que hay que aceptar para el pago de las deudas contraídas en esa moneda. También debe decidir cómo han de ser saldadas ciertas obligaciones legales no contractuales, como los impuestos o los daños y perjuicios. Pero no hay razón para que la gente no sea libre de concertar contratos, incluidas las compras y ventas ordinarias, en la clase de moneda que prefiera, o para que se la obligue a vender a cambio de una determinada clase de moneda.

No habría remedio más eficaz contra los abusos monetarios del gobierno que el de la libertad del público para rechazar la moneda que no le ofrezca confianza y preferir aquella en que la tenga. Tampoco podría haber nada que indujese tanto a los gobiernos a velar por la estabilidad de su moneda como el saber que, mientras con-servasen la oferta de ese medio de cambio por debajo de la demanda, ésta tendería a aumentar. Privemos, pues, a los gobiernos (o a sus autoridades monetarias) de toda facultad para proteger su moneda de la competencia: cuando no puedan seguir ocultando que su moneda se degrada, tendrán que restringir la emisión.

La primera reacción de muchos lectores será preguntar si el efecto de ese sistema no sería, de acuerdo con la vieja norma, que la moneda mala expulsase a la buena. Pero esto supone una mala interpretación de la llamada Ley de Gresham. Se trata de una de las más viejas intuiciones en cuanto al mecanismo de la moneda; tan vieja que, hace 2400 años, Aristófanes pudo decir en una de sus comedias que con los políticos ocurría lo mismo que con las monedas, que los malos echan a los buenos25. Pero la verdad, que al parecer aún no ha llegado a comprenderse, es que la Ley de Gresham sólo rige si ambas clases de moneda han de ser aceptadas a un tipo de cambio prescrito, pero sucederá lo contrario si el público tiene libertad para intercambiarlas en la proporción que le parezca.

25 Aristófanes, Las Ranas, 891-8: «A menudo me ha parecido que nuestra ciudad se comporta con los buenos y los malos ciudadanos del mismo modo que con la moneda antigua y las nuevas piezas de oro. En efecto, de la antigua —que no está falsificada y que es ciertamente la más bella de las nuestras, la única bien acuñada y apreciada en todas partes, entre griegos y bárbaros— no nos servimos en absoluto, sino sólo de estas malas piezas de cobre, acuñadas ayer y anteayer con pésimo cuño.» Por el mismo tiempo, el filósofo Diógenes llamaba a la moneda «el juego de dados de los legisladores».

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA Así pudo observarse muchas veces durante las grandes inflaciones, cuando ni la amenaza de las más severas penas conseguía evitar que la gente utilizase cualquier moneda —incluso mercancías, como cigarrillos y botellas de coñac— antes que la del gobierno, lo que claramente significa que la moneda buena expulsa a la mala26.

Bastará convertirlo en legal para que la gente se apresure a rechazar el uso de la divisa nacional cuando se deprecie de modo perceptible para hacer sus tratos en una moneda en la que confíe.

A los empresarios, en particular, les interesará ofrecer en los convenios colectivos unos salarios, no calculados sobre la futura alza de precios, sino expresados en una moneda digna de confianza y que pueda ser base de un cálculo racional. Esto privaría al gobierno de la facultad de contrarrestar los excesivos aumentos salariales y el paro consiguiente mediante la depreciación de la moneda. Evitaría también que los empresarios concediesen esos aumentos con la esperanza de que la autoridad monetaria no les dejaría en la estacada si prometían más de lo que podían pagar.

No hay motivo para preocuparse por los efectos de ese acuerdo sobre el hombre de la calle, que no sabe ni cómo manejar ni cómo procurarse monedas que no le son familiares. Tan pronto como los comerciantes supiesen que podían cambiarlas al momento, al curso corriente, en su divisa preferida, estarían más que dispuestos a vender sus artículos en cualquier clase de moneda. En cambio, las malas prácticas del gobierno se harían patentes mucho antes si los precios sólo subían en la moneda emitida por él, y el público apren-dería pronto a hacerle responsable del valor de la moneda que de él recibía. No tardarían en utilizarse en todas partes calculadoras electrónicas, que en pocos segundos darían el equivalente de cualquier precio en cualquier moneda al tipo de cambio vigente. Pero a menos que el gobierno nacional desbaratase totalmente la moneda por él emitida, probablemente se continuaría utilizando en las ope-raciones diarias al contado. Lo más afectado sería no tanto el uso de la moneda en los pagos corrientes como la inclinación a disponer de 26 Durante la inflación que siguió en Alemania a la Primera Guerra Mundial, cuando la gente comenzó a utilizar dólares y otras monedas sólidas en lugar de los marcos, un financiero holandés (creo recordar que fue Vissering) afirmó que la Ley de Gresham era falsa y la verdad todo lo contrario.

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diferentes clases de moneda. En todos los negocios y transacciones de capital habría una tendencia a cambiar rápidamente a un patrón de más confianza (y a basar en él los cálculos y la contabilidad) que mantendría la política monetaria nacional en la buena senda.

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El resultado más probable es que las monedas de aquellos países en cuya política monetaria se confiase tenderían a ir desplazando a las de los otros. La fama de seriedad financiera se convertiría en un capital celosamente custodiado por los emisores de moneda, seguros de que la más ligera desviación del camino honrado reduciría la demanda de su producto.

No creo que haya razón para temer que de esa competencia por la mayor aceptación de cada símbolo monetario surja una tendencia a la deflación o un aumento en el valor de la moneda. La gente sería tan reacia a pedir créditos o contraer deudas en una moneda que se creyese iba a aumentar de valor como a prestar en otra amenazada de depreciación. La utilidad milita decididamente en favor de una moneda capaz de mantener su valor con mínimas oscilacio-nes. Si cada gobierno o emisor de moneda hubiera de competir con los demás para convencer al público de ahorrar la que él emite y concertar en ella sus contratos a largo plazo, tendría que ofrecer confianza en su estabilidad a largo plazo.

De lo que no estoy seguro es de si en esa pugna por la confianza prevalecería alguna de las monedas emitidas por los gobiernos o la preferencia iría claramente a unidades como las onzas de oro. No parece improbable que, si a la gente se le diese completa libertad para decidir qué utilizar como patrón y medio general de cambio, el oro acabase por reafirmar su carácter de «recompensa universal en todos los países, culturas y épocas», como lo ha llamado recientemente Jacob Bronowski en su brillante obra The Ascent of Man27 y, en cualquier caso, se trata de una posibilidad menos remota que la de lograr eso mismo mediante un intento organizado para restaurar el patrón oro.

27 Bronowski, J., The Ascent of Man, BBC Publications, Londres, 1973.

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA La razón de que, para ser plenamente efectivo, el mercado libre internacional de divisas deba extenderse a los servicios de la banca es, por supuesto, que los depósitos bancarios en cuentas corrientes representan hoy con mucho la parte más considerable del capital líquido de la mayoría de la gente. Ya durante los últimos cien años de vigencia del patrón oro esta circunstancia le hizo cada vez más difícil funcionar como divisa plenamente internacional, porque su entrada o salida de un país exigía una expansión o contracción proporcionales de la mucho más amplia superestructura del crédito nacional, cuyo efecto recae indistintamente sobre toda la economía en vez de aumentar o disminuir exclusivamente la demanda de aquellas mercancías necesarias para restablecer el equilibrio entre importaciones y exportaciones. Con un verdadero sistema bancario internacional, la moneda podría ser transferida directamente sin provocar ese nocivo proceso de contracciones o expan-siones secundarias de la estructura crediticia.

Probablemente impondría también una severa disciplina a los gobiernos cuando sintiesen inmediatamente los efectos de su política sobre el atractivo de la inversión en su país. Acabo de leer en un panfleto whig inglés de hace más de 250 años: «¿Quién abriría un banco en un país arbitrario o dejaría su dinero allí?»28. Diré de pasada que el panfleto nos cuenta que otro medio siglo antes un gran banquero francés, Jean Baptiste Tavernier, invirtió toda la riqueza amasada en sus largas correrías por el mundo en lo que los autores llaman «las peladas peñas de Suiza»; y cuando Luis XIV le preguntó el motivo, tuvo el valor de decirle que «porque quería tener algo que pudiese llamar suyo». Al parecer, Suiza puso los cimientos de su prosperidad antes de lo que suele creerse.

Si prefiero la liberación total del intercambio monetario a cualquier especie de unión monetaria es también porque ésta exigiría una autoridad monetaria internacional que no me parece viable ni siquiera deseable, y que sería apenas más de fiar que una autoridad nacional. Creo que se está bastante de cuerdo sobre la extendida resistencia a conferir poderes soberanos, o al menos facultades 28 Gordon, Th., y Trenchard, J., The Cato Letters, cartas de 12 de mayo de 1722 y 3

de febrero de 1721, respectivamente, publicadas en ediciones reunidas en Londres a partir de 1724.

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dispositivas, a cualquier autoridad internacional. Lo que necesitamos no son autoridades internacionales investidas de funciones ejecutivas, sino simplemente instituciones internacionales (o, mejor, tratados internacionales debidamente respaldados) que puedan prohibir a los gobiernos ciertos actos lesivos para terceros. La efectiva prohibición de toda restricción sobre las transacciones en (y la posesión de) diferentes clases de moneda (o de créditos en ellas) haría al fin posible que la ausencia de aranceles y otros obstáculos para el movimiento de mercancías y personas garantizase una auténtica zona de libre cambio o mercado común, y contribuiría más que cualquier otra cosa a engendrar confianza en los países en ello comprometidos. Es urgente contrarrestar aquel nacionalismo monetario que critiqué por vez primera hace casi cuarenta años29, y que se ha vuelto más peligroso porque, a consecuencia de la afinidad entre ambas ideas, está convirtiéndose en socialismo monetario. Espero que la total libertad para utilizar la moneda que uno prefiera no tarde en ser considerada rasgo esencial de todo país libre30.

Podríais pensar que mi propuesta equivale nada menos que a la abolición de la política monetaria, y no iríais muy descaminados.

Como en otros contextos, he llegado aquí a la conclusión de que lo mejor que el Estado puede hacer con respecto a la moneda es proporcionar un marco de normas legales dentro del cual el público pueda desarrollar las instituciones monetarias que más le con-venga. Creo que con sólo evitar que los gobiernos pusieran sus manos en la moneda haríamos por ella más de lo que ha hecho ningún gobernante. Y la empresa privada lo habría hecho probablemente mucho mejor que todos ellos.

29 Monetary Nationalism and International Stability, 1937 [trad. esp. de José A. de Aguirre, El nacionalismo monetario y la estabilidad internacional, Ediciones Aosta/Unión Editorial, 1996; ahora en F.A. Hayek, Ensayos de teoría monetaria, II, vol. VI de Obras Compretas de F.A. Hayek, Unión Editorial, 2001].

30 A primera vista parecerá que esta sugerencia choca con mi reiterada defensa de los tipos de cambio fijos dentro del actual sistema, pero no hay tal. Los tipos de cambio fijos me parecen necesarios mientras los gobiernos nacionales tengan el monopolio de la emisión de moneda en su territorio, a fin de someterlos a una imprescindible disciplina; pero, naturalmente, pierden su papel cuando esa disciplina es sustituida por la de la competencia con los emisores de otras monedas que también circulan en sus territorios.

LA CAMPAÑA CONTRA LA INFLACIÓN KEYNESIANA UN COMENTARIO SOBRE KEYNES, BEVERIDGE

Y LA ECONOMÍA KEYNESIANA

Lord Keynes me ha parecido siempre una especie de nuevo John Law. Como él, Keynes fue un genio financiero que hizo auténticas contribuciones a la teoría monetaria. (Aparte de un interesante y original tratamiento de los factores que determinan el valor de la moneda, Law dio la primera explicación satisfactoria del desarrollo cumulativo de la aceptabilidad una vez que una mercancía es ampliamente utilizada como medio de cambio). Pero Keynes nunca pudo librarse de la falsa creencia popular de que, según decía Law,

«como la mayor cantidad de moneda dará trabajo a los ociosos y hará posible que quienes ya trabajan ganen más, la producción aumentará y prosperará la industria»31.

Contra este género de ideas emprendieron Richard Cantillon y David Hume el desarrollo de la moderna teoría monetaria. Hume, sobre todo, puso el dedo en la llaga al decir que, en el proceso inflacionario, «es sólo en ese intervalo o situación intermedia entre la entrada de dinero y la subida de los precios cuando el aumento en la cantidad de oro y plata resulta beneficioso para la industria»32.

Su tarea fue la misma que tendremos que volver a emprender tras la inundación keynesiana.

No obstante, sería injusto cargar a Lord Keynes con toda la culpa de lo ocurrido después de su muerte. Estoy seguro de que, dijera lo que dijese, habría sido figura destacada en la lucha contra la actual inflación. Lo sucedido después, al menos en Gran Bretaña, fue debido en gran parte a la versión del keynesianismo publicada con el nombre de Lord Beveridge de la que (pues era totalmente profano en la materia) son responsables sus asesores económicos.

Puesto que se me ha reprochado atribuir a Lord Keynes en una primera versión de este ensayo un conocimiento limitado de la 31 John Law, Money and Trade Considered with a Proposal for Supplying the Nations with Money (1705), en A Collection of Scarce and Valuable Tracts, Somers Collection, vol.

XIII, Londres, 1815, p. 821.

32 David Hume, «On Money», Essays, III, ed. T.H. Green and T.H. Grose, Londres, 1875.

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teoría económica, trataré de ser más preciso. Creo que lo precario de sus ideas sobre, por ejemplo, la teoría del comercio internacional o la del capital ha sido señalado muchas veces. Sus lagunas en la teoría monetaria a la que me refería no se referían en absoluto a su escasa familiaridad con la discusión sobre la relación entre dinero e interés suscitada entre estudiosos suecos y austriacos (esto habría podido decirse, hasta los años 30, de la mayoría de los economistas ingleses y estadounidenses), aunque fuera una lás-tima que las principales obras de Wicksell y Mises en este campo fueran recensionadas en el Economic Journal por Pigou y Keynes, que no conocían el alemán lo suficiente para poder seguir la argumentación. Lo que tenía en mente eran las desconcertantes lagunas que Keynes demostró en su conocimiento de la teoría (y de la historia) económica inglesa del siglo XIX. Tuve que recordarle tanto el pasaje de Ricardo citado más arriba (p. 250), pasaje que le habría ayudado, si le hubiera conocido, a ganar la batalla contra la vuelta del oro según la vieja paridad, como la declaración con que Stuart Mill afirmaba haber considerado en su juventud «el pleno empleo con salarios altos» como el objetivo principal de la política económica (véase supra, p. 259). A parte el Bullion Report y los ensayos de Ricardo que siguieron, Keynes ignoraba completamente, a lo que entiendo, las amplias discusiones que tuvieron lugar en aquel periodo, en particular de la gran obra de Henry Thornton, como también de las decisivas contribuciones aportadas más tarde por estudiosos ingleses como W. N. Senior y J. E. Cairnes a la teoría del valor del dinero. No creo que jamás hubiera oído hablar de la larga serie de estudiosos inflacionistas ingleses del siglo pasado que habrían podido inspirarle, o más probablemente le habrían disua-dido: creo que no habría tardado en descubrir en sus escritos la evidente falacia de considerar que el empleo es una simple función de la demanda agregada, y no habría gastado sus energías para explicar con tanta sutileza el mecanismo a través del cual los cambio en la cantidad de dinero influyen en la demanda agregada.

Espero que alguien escriba un día una historia de la inflación desde John Law a John Keynes. Se demostraría cómo la aceptación acrítica de la convicción de una relación tan simple entre demanda agregada y empleo ha causado muchas veces en los últimos 150 años un gran derroche de esfuerzos por parte de ingeniosos intelectuales.

EL CENTENARIO DE KEYNES:

LA CRÍTICA AUSTRIACA*

F.A. H AYEK

No resultará fácil a los futuros historiadores explicar cómo pudo llegar a estar la opinión general, durante una generación después de la prematura muerte de Keynes, tan completamente dominada por lo que se pensaba era el keynesianismo y en un modo tal como ningún hombre antes había dominado la política económica y su desarrollo. Tampoco será sencillo de explicar por qué dejaron de estar de moda tales ideas casi de repente, dejando tras de sí una comunidad de economistas un tanto perplejos y que habían olvidado muchas cosas que habían sido razonablemente bien comprendidas antes de la «revolución keynesiana». No puede caber duda que fue en el nombre de Keynes y sobre su trabajo teórico sobre los que el mundo moderno experimentó su mayor periodo de inflación general, y éste tiene de nuevo que pagar ahora por ello con una depresión de notable extensión y severidad. Sin embargo, es más que dudoso que el propio Keynes hubiera aprobado las políticas ejecutadas en su nombre.

Fue Keynes quien nos dijo, en 1919, que

No hay modo más sutil y seguro de subvertir las bases de una sociedad que devaluar su moneda. El proceso concita todas las fuerzas ocultas de las leyes económicas poniéndolas al servicio de la destrucción, y de una manera tal, que ni siquiera un hombre entre un millón sería capaz de diagnosticar.1

* [F.A. Hayek, «The Keynes Centenary: The Austrian Critique», The Economist, 11

de junio de 1983, pp. 45 48. –Ed.].

1 [J.M. Keynes, The Economic Consequences of the Peace, cit. La cita aparece en p. 49.

Aunque hubiera resultado bonito, Lenin jamás dijo eso. Véase Donald Moggridge, Maynard Keynes: An Economist’s Biography (Londres: Routledge, 1992), pp. 332-333. –

Ed.].

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. X, n.º 1, Primavera 2013, pp. 331 a 341

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Fue Keynes quien alegó que Lenin había llegado a la conclusión de que «el mejor modo de destruir el sistema capitalista era devaluar la moneda».2

Durante este crucial periodo pude observar buena parte del proceso y en ocasiones discutir los asuntos decisivos con Keynes, a quien admiraba mucho en muchos aspectos y aún considero uno de los hombres más notables que he conocido. Sin duda fue uno de los pensadores más potentes de su generación y uno de sus mejores exponentes. Sin embargo, por paradójico que suene, no fue un economista bien formado y el desarrollo de la economía como ciencia ni siquiera constituyó su principal preocupación. En último término, ni siquiera estimaba en mucho la economía como ciencia, tendiendo a justificar su capacidad superior para proporcionar justificaciones teóricas como un instrumento legítimo para persuadir al público a apoyar las políticas que según su intuición el momento requería.

La cuestión del papel de Keynes en la historia es esencialmente el de cómo pudo su docencia lograr abrir de nuevo las compuer-tas a la inflación, después de un general reconocimiento de que la ganancia temporal en empleo mediante una expansión del crédito habría de pagarse con creces más tarde con un desempleo más severo. Ahora se está volviendo a descubrir esta antigua verdad. La amarga experiencia ha vuelto a mostrar que la aceleración de la inflación, que cuanto puede hacer es mantener el tipo de empleo que la propia inflación ha creado, no puede continuar indefinidamente.

Keynes nunca admitió que se requería una inflación progresiva para que cualquier aumento en la demanda monetaria pudiera incrementar establemente el empleo de mano de obra. Era plenamente consciente del peligro que suponía una demanda monetaria creciente que degenera en inflación progresiva, y hacia el final de su vida le preocupó enormemente que pudiera ocurrir algo así. Puedo relatar de primera mano que, la última vez que discutí estos temas con él, estaba seriamente alarmado por la agitación creada por una expansión del crédito en algunos de 2 [Keynes, The Economic Consequences of the Peace, cit., p. 148. –Ed.].

EL CENTENARIO DE KEYNES: LA CRÍTICA AUSTRIACA sus asociados más cercanos. Incluso llegó a asegurarme que si sus teorías, tan necesarias en la deflación de los años treinta, alguna vez llegaran a producir efectos peligrosos, él cambiaría rápidamente la opinión pública en la dirección correcta. Pocas semanas más tarde estaba muerto y no pudo hacerlo.

Sin embargo, es innegable que cabe extraer de buena fe conclusiones inflacionistas a partir de sus enseñanzas. Esto indica que sus teorías deben de haber padecido algún defecto serio, lo que suscita la cuestión central de si la enorme influencia que ejercieron sus opiniones sobre la opinión profesional se debió a un progreso real en la comprensión de la economía o más bien a algún error categórico. Circunstancias especiales me hicieron pensar desde el principio que todo su análisis se fundaba sobre un error garrafal.

Me temo que esto me obliga a decir con franqueza que aún sigo convencido de que Maynard Keynes ni dominaba el cuerpo de teoría económica por entonces disponible ni se preocupaba realmente por familiarizarse con los desarrollos del mismo que quedaran al margen de la tradición marshalliana, en la que se había formado durante la segunda parte de sus años como estudiante en Cambridge. Su objetivo principal fue siempre influir en política, y la teoría económica no fue para él más que un instrumento a tal efecto; confió a su poder intelectual la elaboración de una teoría que se adaptara mejor a este fin, y lo intentó de diversas formas.

En estos esfuerzos teóricos le guiaba una idea central, que en cierta ocasión me describió durante una conversación como un

«axioma del que sólo un lerdo podría dudar», a saber, que existe siempre una correlación positiva entre el pleno empleo y la demanda agregada de bienes de consumo. Esto le hacía pensar que aún había más de verdad en aquella teoría del subconsumo que fue predicada durante generaciones por una larga lista de radicales y excéntricos pero por relativamente pocos economistas académicos. Fue su restablecimiento del enfoque del subconsumo lo que hizo sus teorías tan atractivas para la izquierda. La profunda intuición de John Stuart Mill de que la demanda de mercancías no es de suyo demanda de mano de obra, que Leslie Stephen pudo describir en 1876 como la doctrina cuya «plena

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comprensión quizás constituya la mejor prueba de la sensatez de un economista»,3 seguía siendo para Keynes un incomprensible absurdo.

EL PAPEL DE LA INVERSIÓN

En la tradición de Cambridge, que gobernó el poco tiempo que Keynes dedicó a sus estudios de economía, no se estudiaba en serio la teoría del capital de Mill-Jevons, más tarde desarrollada por Böhm-Bawerk y Wicksell. Hacia 1930, estas ideas habían sido completamente olvidadas en el mundo angloparlante. Junto con muchos de mis colegas de profesión, yo mismo podría haber aceptado fácilmente la elaboración que hiciera Keynes de la creencia común en una dependencia directa entre demanda agregada y empleo de no ser porque no sólo me había formado en la tradición de Böhm-Bawerk-Wicksell, sino que, poco antes de que apareciera el Treatise on Money 4 de Keynes, había dedicado mucho tiempo a analizar un intento americano similar, aunque mucho menos refinado, de desarrollar una teoría monetaria de las causas del «subconsumo».5 A tal objeto, había desarrollado un poco más la teoría monetaria Wicksell-Mises de sobreestimu-lación de la inversión que, pensaba yo, refutaba la ingenua suposición de la que partía Keynes de una dependencia directa de la inversión respecto a la demanda final.

Con el paso de los años tuve repetidas ocasiones de discutir estos temas con Keynes, y me quedó bien claro que nuestras diferencias radicaban por entero en su rechazo a cuestionar tal supuesto. En una ocasión acerté a hacerle admitir, con evidente 3 [Sir Leslie Stephen, History of English Thought in the Eighteenth Century (Londres: Smith, Elder, 1876), vol. 2, capítulo 11, p. 297. Las dos hijas de Stephen con su segunda mujer, Vanessa (quien se casaría con Clive Bell) y Virginia (con Leonard Woolf), fueron figuras centrales del grupo de Bloomsbury, que reunía a las personas más cercanas a Keynes durante los años que mediaron entre la universidad y su matrimonio en 1925 con Lydia Lopokova. –Ed.].

4 [J.M. Keynes, A Treatise on Money, cit. –Ed.].

5 [Sus esfuerzos quedaron reflejados en el artículo «La “paradoja” del ahorro», que figura como capítulo II de este volumen. –Ed.].

EL CENTENARIO DE KEYNES: LA CRÍTICA AUSTRIACA sorpresa por mi parte, que en ciertas circunstancias una inversión anterior podría originar un incremento en la demanda de capital. En una ocasión posterior, en que le encontré momentánea-mente interesado en la posibilidad de que una caída de los precios de los productos pudiera conducir a invertir en orden a reducir los costes unitarios, desestimó sin embargo tal idea rápida y abrup-tamente como si de una tontería se tratara.

Puesto que los factores que la economía keynesiana tan fatal-mente descuida son los determinantes del empleo distintos de la demanda final, una demostración de su papel en la historia puede ayudarnos a recordar brevemente, una vez más, este aspecto de la economía. Puede ayudar imaginar el continuo flujo de la producción como un gran río que puede, con independencia de la succión de su boca, crecer o menguar en sus diferentes tramos según aporten más o menos volumen los incontables afluentes de su cabecera. Las fluctuaciones en inversión y renovación harán que la corriente crezca o mengüe en volumen en los tramos superiores con los consiguientes cambios en empleo, como ocurre en el curso de las fluctuaciones industriales. No existe necesariamente correspondencia en un periodo dado entre el volumen (o incluso la dirección del cambio) de la venta de los productos finales y el del empleo.

El volumen de la inversión ni de lejos se mueve proporcionalmente con la demanda final, y no sólo se ve afectado por el tipo de interés, sino también por los precios relativos de los diferentes factores de producción, en particular de los diferentes tipos de trabajo, cambios tecnológicos aparte. La inversión dependerá del volumen de los diferentes tramos de la corriente, con independencia de si en un momento dado el empleo total de los factores de producción es mayor o menor que la demanda efectiva de productos finales. Lo que de modo inmediato determina la aportación de los afluentes a la corriente principal no será la demanda final, sino la estructura de precios relativos de los diferentes factores de producción: los diferentes tipos de trabajo, de productos semi-manufacturados, de materias primas y, por supuesto, de tipos de interés.

Cuando, dirigida por los precios relativos, toda la corriente cambie de forma, también el empleo tendrá que hacerlo en sus

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diferentes tramos y a ritmos muy diferentes; unas veces, parecerá felizmente alargarse la corriente toda, proporcionando empleos adicionales, y otras ocurrirá lo contrario. Esto puede producir fuertes fluctuaciones en el volumen de empleo, particularmente en las industrias «pesadas» y en la construcción, sin que se produzcan cambios en la misma dirección en la demanda de los consumidores. Es un hecho histórico bien conocido que en una recesión el reavivamiento de la demanda final suele ser efecto más que causa del de los primeros tramos de la corriente productiva, a saber, los compuestos por las actividades generadas por los ahorros en busca de inversión y por la necesidad de hacer frente a renovaciones y reparaciones atrasadas.

Lo importante es que las crecidas y menguas independientes de los diferentes tramos de la corriente de producción están causados por cambios en los precios relativos de los diferentes factores, viéndose algunos atraídos por los elevados precios hacia los primeros tramos del proceso, o viceversa. Esta constante reasignación de recursos queda completamente oculta por el análisis que Keynes decidió adoptar y que desde entonces se conoce como «macroeconomía», esto es, un análisis en términos de relaciones entre varios agregados o medias, tales como demanda u oferta agregadas, precios medios, etc. Este enfoque oscurece la naturaleza del mecanismo mediante el cual se determina la demanda de los diferentes tipos de actividad.

EL MITO DE LA MEDICIÓN

Inevitablemente ha de quedar defraudada la esperanza [de la economía] de convertirse en una ciencia más «empírica» ha-ciéndose más «macroeconómica», porque esas magnitudes estadísticas —que sólo cabe establecer por «medición»— no se convierten ipso facto en relevantes como causa de las acciones de unos individuos que de hecho las desconocen. Los fenómenos económicos no son fenómenos de masas del tipo al que cabe aplicar la teoría estadística, sino que pertenecen a la esfera de fenómenos comprendida entre los fenómenos simples, en los que la gente puede establecer todos los datos relevantes, y los

EL CENTENARIO DE KEYNES: LA CRÍTICA AUSTRIACA verdaderos fenómenos de masas, en los que hay que guiarse por probabilidades.

No se puede negar seriamente que las causas monetarias ejerzan importantes efectos en el orden del mundo de los bienes reales, o que Keynes haya descuidado en gran medida tales efectos. Sin embargo, el enfoque puramente monetario que adoptó creó considerables dificultades de crítica a un oponente convencido de que Keynes había pasado por alto las cuestiones cruciales. Debo explicar por qué no volví a la carga después de haber dedicado tanto tiempo a un cuidadoso análisis de sus escritos, una negligencia que me he reprochado continuamente desde entonces. No se trató simplemente (como a veces he pretendido) de la inevitable desilusión de un joven al que un famoso autor le dice que sus objeciones no importan, puesto que él ya ni siquiera cree en sus propios argumentos. Tampoco se trata realmente de que yo fuera consciente de que una refutación efectiva de las conclusiones de Keynes tendría que poner en entredicho todo el enfoque macroeconómico. Más bien, fue que su menosprecio hacia lo que a mí me parecían cuestiones cruciales me hizo advertir que la crítica pertinente tendría que ocuparse más de lo que Keynes no trataba que de lo que trataba, y que en consecuencia el requisito previo para desmontar completamente su argumento era elaborar una teoría del capital aún inadecuadamente desarrollada.

Así, pues, me embarqué en esta tarea, intentando dirigirla hacia una discusión de los factores determinantes de la inversión en un sistema monetario. La parte preliminar «pura» de la misma, sin embargo, resultó mucho más difícil y me llevó mucho más tiempo de lo esperado. Cuando estalló la guerra, haciendo dudo-sa la publicación de una obra tan voluminosa, recogí en una obra separada lo que pretendía hubiera sido el primer paso de un análisis de las debilidades keynesianas, que quedó indefinidamente pospuesto.6

La causa principal del aplazamiento fue que pronto me encontré apoyando a Keynes en su lucha contra la inflación de la guerra, y por entonces lo último que deseaba era minar su autoridad.

6 [F.A. Hayek, The Pure Theory of Capital, cit. –Ed.].

F.A. HAYEK

Aunque considero las doctrinas de Keynes como las principales responsables de la inflación del último cuarto de siglo, estoy convencido de que no era algo que deseara y que con todas sus fuerzas se habría dedicado a impedir. Pero no estoy seguro de que lo hubiera logrado, ya que nunca vio con claridad que sólo una aceleración de la inflación podía asegurar de modo duradero un elevado nivel de empleo.

DISCÍPULOS DESVIADOS

Keynes, hacia el final de su vida, no es que estuviera precisamente contento con la dirección que estaban tomando los esfuerzos de sus asociados más cercanos. Puedo perfectamente creer su dicho de que, así como Marx nunca fue marxista, tampoco él era keynesiano. Sabemos también, por la autoridad de la profesora Joan Robinson, que «hubo momentos en que no nos resultó fácil hacer ver a Maynard en qué consistía realmente su revolución, pero cuando finalmente la resumió después de la publicación de su libro supo centrar el asunto».7 Fueron de hecho las ideas del grupo de doctrinarios keynesianos más jóvenes las que guiaron la inflacionista política de «pleno empleo» durante los siguientes treinta años, no sólo en Gran Bretaña, sino en casi todo el resto del mundo.8

Soy plenamente consciente de que, efectivamente, estoy sosteniendo que quizás la figura intelectual más impresionante con la que jamás me he encontrado estaba completamente equivocada en lo que toca a la obra científica por la que principalmente se le conoce. Pero debo añadir que estoy convencido de que debía su extraordinaria influencia en este campo, al que dedicó sólo una pequeña parte de sus energías, a una combinación casi única de otros talentos. Con independencia de si tenía o no razón, esos talentos le convirtieron en una de las figuras más sobresalientes 7 [Joan Robinson, «What Has Become of the Keynesian Revolution?», conferencia en la British Association, 1972, en sus Collected Economic Papers, volumen 5 (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1980), p. 170. –Ed.].

8 [Véase en este volumen el Anexo al capítulo X para más información sobre el episodio. –Ed.].

EL CENTENARIO DE KEYNES: LA CRÍTICA AUSTRIACA de su época. En el futuro aparecerá como un representante de su tiempo, como ahora lo son para nosotros algunas famosas figuras renacentistas. No discuto que su influencia en otros campos tuviera por qué ser más benéfica. En realidad, estoy convencido de que su influencia fue desastrosa, con ese rechazo suyo de la moralidad convencional9 y su altanera actitud de «a largo plazo, todos muertos».

Fueron esos notables talentos, empero, los que hacen tan difícil escapar a su influencia y resistirse a ser arrastrados hacia su modo de pensar. No es sólo que poseyera una increíble variedad de intereses intelectuales, sino que incluso sentía mayor inclinación por las artes. También fue un gran patriota, si es que ésa es la palabra correcta para designar a un profundo creyente en la superioridad de la civilización británica. Una de sus más destacadas características, y fuente principal de la fascinación que su persona ejercía, era el hecho de que sus esfuerzos intelectuales estuvieran en gran medida dominados por sus sentimientos estéticos.

ALPHA PLUS

Un breve episodio de esa última vez en que coincidimos, en una cena en el King’s College, puede dar una idea de la asombrosa riqueza de su mente. En los últimos años de la guerra me había enviado regularmente la edición americana del Journal of the History of Ideas, al que él estaba suscrito y que a mí me resultaba difícil conseguir. Dos o tres semanas antes de esa cena en el King’s me había remitido el último número, y dio la casualidad de que yo había leído en él esa misma mañana un artículo sobre las circunstancias de la publicación póstuma de la segunda obra de Co-pérnico. Durante el café me senté frente al astrónomo del college, que aún no había visto el artículo, lo que proporcionó un tema de conversación bien recibido.

9 [Para las opiniones de Keynes sobre ética y moralidad, véase su ensayo «My Early Beliefs», op. cit., pp. 433-450. Por la importancia del mismo para entender el pensamiento de Keynes, véase Robert Skidelsky, John Maynard Keynes: Volume One, Hopes Betrayed 1883-1920 (Nueva York: Viking, 1983), capítulo 6. –Ed.].

F.A. HAYEK

Keynes, que estaba sentado en la mesa un poco más allá y enzarzado en otra conversación, estaba evidentemente siguiendo al mismo tiempo mi relato del asunto. De repente me inte-rrumpió, cuando estaba desgranando un detalle complicado, con un «Te equivocas, Hayek». Ofreció él entonces un relato mucho más completo y preciso de las circunstancias, aunque quizás hiciera dos o tres semanas que él había visto lo que yo había leído hacía apenas unas horas.

Me he limitado aquí a sus principales contribuciones a la teoría económica. Pero la gran influencia de Keynes excedió con mucho, e incluso es anterior, a las esperanzas que su obra técnica despertó de un pleno empleo sostenido. Keynes se había ganado la atención de los pensadores «avanzados» mucho antes y contribuyó enormemente a impulsar una tendencia que entraba en conflicto con sus propios comienzos dentro del liberalismo clásico. La época en que se convirtió en ídolo de los intelectuales de izquierdas fue en realidad en 1933, cuando dejó atónitos a muchos de sus anteriores admiradores con un ensayo sobre «National Self-Sufficiency» en el New Statesman and Nation 10 (reimpreso con igual entusiasmo en la Yale Review,11 el comunista Science and Society 12 y el nacional-socialista Schmoller’s Jahrbuch 13). En el ensayo proclamaba que «[e]l decadente capitalismo internacional —pero no por ello menos individualista— en cuyas manos nos hemos encontrado tras la guerra no es en modo alguno un éxito. No es inteligente, no es bello, no es justo, no es virtuoso y, sobre todo, no proporciona bienes. En resumen, nos desagrada y estamos empezando a despreciarlo.»14 Más tarde, en el mismo tono, en su prefacio a la traducción alemana de la General Theory,15 sinceramente 10 [ The New Statesman and Nation, 8 de julio de 1933, pp. 36-37, y 15 de julio, 1933, pp. 65-67. Reimpreso en Activities 1931-9: World Crises and Policies in Britain and America, cit., pp. 233-246. –Ed.].

11 [ The Yale Review 22, n.º 4, verano de 1933, pp. 755-769. –Ed.].

12 [No se menciona en el Índice General de la revista marxista Science and Society que el artículo de Keynes se hubiera reimpreso ahí. –Ed.].

13 [«Nationale Selbstgenügsamkeit», Schmoller’s Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaf im Deutschen Reiche, cit. –Ed.].

14 [«National Self-Sufficiency», op. cit., p. 239. –Ed.].

15 [J.M. Keynes, Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, cit.

El Prefacio a la edición alemana aparece reimpreso en The General Theory of Employment,

EL CENTENARIO DE KEYNES: LA CRÍTICA AUSTRIACA

recomendaba sus propuestas políticas como más fácilmente adaptables a las condiciones de un régimen totalitario que aquellas en que la producción se guía por la libre competencia.

No es de extrañar que sus discípulos se quedaran de piedra cuando, mucho después de su muerte, se supo que menos de una década más tarde había dicho de mi libro The Road to Serfdom,16

en una carta personal, que «desde consideraciones morales y filosóficas me encuentro virtualmente de acuerdo con todo; y no sólo de acuerdo, sino en un acuerdo profundamente emociona-do».17 Keynes matizó esta aprobación con la curiosa opinión de que «en un país que piensa correctamente cabe ejecutar a salvo actos peligrosos que, si fueran ejecutados por quienes no sienten correctamente, podrían conducir al infierno».

Los genios inspirados y con gran poder de convicción no constituyen necesariamente una bendición para la sociedad en la que surgen. John Maynard Keynes fue indudablemente uno de los grandes hombres de su época, en algunos aspectos representativo y en otros revolucionario, pero difícilmente el gran científico cuyas intuiciones siguen un único camino al desarrollarse.

Sus Collected Writings, «principalmente en el campo de la economía», que ahora andan rondando el volumen treinta, constituyen sin duda una documentación importante de los movimientos intelectuales de su tiempo. Pero un economista puede sentir dudas sobre si tal distinción —para la que aún tienen que esperar Newton, Darwin y los grandes filósofos británicos— no es más una muestra de la idolatría de que gozó entre sus admiradores personales que algo proporcionado a su contribución al avance del conocimiento científico.

Interest and Money, cit., pp. xxv-xxvii. El pasaje significativo reza: «[L]a teoría de la producción como un todo, que es lo que intenta proporcionar esta obra, se adapta mucho más fácilmente a las condiciones de un régimen totalitario que la teoría de la producción y distribución de una producción dada bajo condiciones de libre competencia y amplias medidas de laissez-faire» (p. xxvi). –Ed.]

16 [F.A. Hayek, The Road to Serfdom, cit. –Ed.] {traducción española: Camino de servidumbre (Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1946; nueva ed., Alianza Editorial, 1978)}.

17 [Carta del 28 de junio de 1944, reimpresa en Activities 1940-6: Shaping the Post-War World: Employment and Commodities, cit., p. 385. –Ed.].

EL ORDEN EXTENSO Y EL AUMENTO

DE LA POBLACIÓN*

FRIEDRICH A. H AYEK

Lo más decisivo para la prosperidad de un país es el aumento de su población.

ADAM SMITH

I

LA ALARMA MALTHUSIANA:

EL FANTASMA DE LA SUPERPOBLACIÓN

En los capítulos anteriores he tratado de describir cómo han conseguido desarrollarse los órdenes extensos de cooperación humana pese a la oposición de nuestras tendencias instintivas, a la angustiosa sensación de incertidumbre que el propio proceso comporta y a la general ignorancia de la economía. Todas estas rémoras aparecen de nuevo hoy, filtradas y destiladas, en las propuestas de los movimientos que pretenden utilizar medios racionales para alcanzar unos fines auténticamente atávicos. También he afirmado que si dichas iniciativas llegasen a prevalecer y pusieran fin a la economía de mercado, el orden extenso se des-moronaría a nuestro alrededor, sembrando la muerte y el sufrimiento entre toda la población. Gústenos o no, la existencia de la actual población es un hecho inamovible. Destruir su fundamento material con el señuelo de alcanzar los esquemas «éticos»

y gratificantes para los instintos que postulan los socialistas implicaría la muerte de miles de millones de seres y la miseria del resto de la población (véanse mis obras 1954/1967: 208, y 1983: 25-29).

* Capítulo VIII de F.A. Hayek, La fatal arrogancia: los errores del Socialismo, Unión Editorial, Madrid 1997 pp. 343-361.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. VIII, n.º 1, Primavera 2011, pp. 371 a 393

FRIEDRICH A. HAYEK

La íntima dependencia entre la existencia de una nutrida población y la aparición —y los beneficios— de ciertas prácticas, instituciones y modalidades de relación interpersonal es algo sabido desde hace tiempo. Uno de los más agudos pensamientos de Adam Smith sostiene que «lo mismo que el poder del intercambio ocasiona la división del trabajo, así también la extensión de esta división puede siempre quedar limitada por la extensión de aquel poder, o, en otras palabras, por la extensión del mercado» (1776/1976: 31; igualmente, los dos ensayos titulados «Fragmentos sobre la división del trabajo», en Lectures on Jurisprudence, 1978: 582-586). También viene de antaño la idea de que quienes adoptaron las prácticas del mercado competitivo consiguieron mayor aumento demográfico y desplazaron a otros grupos que siguieron costumbres diferentes. Inspirándose en las tesis propugnadas por John Locke en su Second Treatise (1690/1887), el historiador norteamericano James Sullivan notó ya en 1795 que, desplazadas las tribus aborígenes norteamericanas por los colonos europeos, éstos lograron que medio millar de personas prospe-rasen donde antaño «un solo salvaje, dedicado a la caza, sólo lo-graba «arrastrar una mísera existencia» (1795: 139). (Las tribus americanas que siguieron dedicadas a la caza como único medio de subsistencia fueron desplazadas por las tribus que aprendieron a practicar la agricultura.)

Aunque los procesos de desplazamiento de unos pueblos por otros, o de unos hábitos por otros más eficaces, puede haberse producido muchas veces por la violencia, no hay razón para suponer que siempre haya sido así. Es evidente que las cosas habrán sucedido de manera diferente según hayan sido afectados los distintos entornos. Y aunque no podamos analizar aquí estas cuestiones con mucho detenimiento, cabe imaginar muchas posibles secuencias al respecto. En algunas zonas en las que llegó a instau-rarse el orden extenso y que adoptaron las nuevas prácticas, quienes fueran capaces de obtener mayor producción de un determinado campo podrían a menudo ofrecer a los ocupantes de otros territorios, como compensación por el acceso a los mismos (sin que los «invadidos» tuvieran que realizar esfuerzo alguno y los

«invasores» usar la violencia), tanto o más de lo que, tras arduo esfuerzo, los primeros podían obtener de sus parcelas. Por lo tanto,

EL ORDEN EXTENSO Y EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN

ninguna necesidad tendrían los segundos de recurrir a la violencia. Por otro lado, la propia mayor población alcanzada permitiría a los colectivos de civilización más desarrollada mantener bajo su control a los territorios más amplios que otrora les habían sido imprescindibles para su supervivencia. Así, pues, muchos de estos procesos pudieron desarrollarse pacíficamente, aunque la superior capacidad bélica de las colectividades más propensas a aceptar la actividad mercantil habrá contribuido sin duda, en muchas ocasiones, a imprimir mayor celeridad a dichos procesos.

Ahora bien, aunque la extensión del mercado y el aumento de la población puedan conseguirse enteramente por medios pacíficos, no deja de haber gentes informadas y sensatas que se nieguen a admitir la existencia de vinculación alguna entre el incremento de la población y la favorable evolución del orden civilizado. Por el contrario, ante la actual densidad de la población, y, más aún, ante la aceleración de su ritmo de crecimiento durante las tres últimas centurias, se alarman en extremo y vislumbran para la humanidad un futuro de auténtica pesadilla. Incluso un filósofo tan razonable como A.G.N. Flew (1967: 60) elogió sin reservas a Julian Huxley por haberse adelantado a señalar, «cuando tal opinión no era todavía generalmente compartida, que la fertilidad de nuestra especie constituye la más grave amenaza que gravita sobre su bienestar material, tanto presente como futuro».

He afirmado reiteradamente que el socialismo constituye una amenaza para el bienestar presente y futuro de la raza humana, en el sentido de que ni el socialismo ni ningún otro sucedáneo conocido del orden de mercado pueden mantener a la actual población mundial. Sin embargo, reacciones como las que acabamos de citar, adoptadas incluso por personas que en modo alguno se consideran socialistas, sugieren que un orden de mercado que produce, y es producido por, una población tan numerosa constituye también un serio peligro para el bienestar de la humanidad. De donde la urgencia de deshacer semejante equívoco.

La generalizada opinión de que el crecimiento demográfico implica un progresivo empobrecimiento mundial es sencillamente un error. Se trata de una injustificable simplificación de la teoría malthusiana de la población. La teoría de Thomas Malthus

FRIEDRICH A. HAYEK

constituyó en su tiempo una buena aproximación al problema, pero en las actuales condiciones es inaplicable. La idea de Malthus según la cual el trabajo humano puede considerarse como un factor de producción más o menos homogéneo (es decir, que todos los salarios son iguales, empleados en la agricultura, con los mismos instrumentos e idénticas oportunidades) no estaba lejos de la verdad en el orden económico entonces existente (una economía basada teóricamente en dos factores). Para Malthus, que fue también uno de los primeros descubridores de la ley de rendimientos decrecientes, resultaba obligado concluir que cualquier aumento de la oferta de mano de obra lleva consigo la reducción de lo que hoy denominamos «productividad marginal» y, consi-guientemente, de la renta de los trabajadores, en especial cuando se ha alcanzado el óptimo aprovechamiento de las tierras más productivas. (Sobre la relación entre ambos teoremas de Malthus véase McCleary, 1953: 111.)

Ahora bien, estos postulados han perdido toda vigencia en la cambiada realidad contemporánea, en la cual el trabajo no es ya homogéneo, sino diversificado y especializado. A medida que se intensifican los procesos de intercambio y se perfeccionan los medios de comunicación y transporte, el aumento demográfico no puede sino resultar favorable a la evolución económica, ya que favorece una más acusada diversidad laboral y una aún más elaborada diferenciación y especialización, todo lo cual sitúa a la sociedad ante la posibilidad de aprovechar recursos económicos antes inexistentes y elevar así notablemente la productividad del sistema (véanse los capítulos II y III de la presente obra, así como los comentarios que haremos más adelante). La aparición de nuevas habilidades laborales, sean éstas naturales o adquiridas, equivale, de hecho, al descubrimiento de nuevos recursos económicos, muchos de los cuales pueden gozar de carácter complementario en relación con otras líneas de producción, lo cual experimenta una ulterior potenciación debido a la natural tendencia de la gente a aprender y practicar esas nuevas habilidades, puesto que ello les facilita el acceso a superiores niveles de vida.

Cualquier zona más densamente poblada puede, por añadidura, recurrir a tecnologías que no hubieran sido aplicables de haber estado la región menos habitada. Y, en la medida en que tales

EL ORDEN EXTENSO Y EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN

técnicas sólo se practiquen en determinadas zonas del planeta, siempre será posible recurrir a su importación, a condición de que, por supuesto, se disponga del capital necesario. Ahora bien, incluso la simple convivencia pacífica propicia por sí sola una mejor utilización de los recursos disponibles de una población más numerosa.

Cuando, de este modo, la mano de obra deja de ser factor homogéneo de producción, no pueden ya aplicarse las conclusiones malthusianas, siendo en tal supuesto posible incluso que un aumento de la población fomente la aparición de nuevos aumentos demográficos gracias a esa más desarrollada diversificación de habilidades alcanzadas a nivel individual. La expansión demográfica puede así iniciar procesos de ininterrumpida aceleración hasta constituirse en el factor fundamental que condicione cualquier ulterior avance de la civilización en sus aspectos materiales o espirituales.

No es el simple aumento de la población, sino una mayor diversidad de los individuos, lo que ha facilitado el acceso a una mayor productividad. Los hombres se han hecho poderosos porque se han hecho diferentes: las nuevas posibilidades de especialización —que dependen no tanto del aumento de inteligencia en los individuos cuanto de la creciente diferenciación de éstos—

proporciona las bases para un empleo más exhaustivo de los recursos naturales. Esto, a su vez, exige una ampliación de la red de servicios indirectos garantizada por el mercado a través del sistema de signos que forman los precios. A medida que el mercado va revelando siempre nuevas oportunidades de especialización, el primitivo modelo malthusiano, condicionado por la presencia de dos únicos factores, va perdiendo progresivamente su vigencia.

El generalizado temor de que el aumento demográfico que acompaña a este proceso y al mismo tiempo lo fomenta ha de conducir a un general empobrecimiento y al desastre es en gran parte fruto de un error de cálculo estadístico.

No niego que un aumento de la población pueda conducir a una reducción de los ingresos medios. Pero también esta posibilidad se interpreta erróneamente, error que deriva de comparar los ingresos medios de un número de sujetos existentes y

FRIEDRICH A. HAYEK

pertenecientes a distintos tramos de renta con los ingresos medios de una población posterior más numerosa. El proletariado constituye una población adicional que nunca habría visto la luz del día si no hubieran surgido nuevas oportunidades de trabajo.

La disminución del ingreso medio deriva del simple hecho de que un elevado aumento de la población implica generalmente un aumento proporcionalmente mayor de los estamentos más pobres en relación con los más ricos. Pero de aquí no puede concluirse que todos tengan necesariamente que ser más pobres como resultado de este proceso. Ningún miembro singular de una comunidad existente tiene por qué ser más pobre (aunque, sin duda, algunos que antes vivían más holgadamente puedan verse desplazados por algún recién llegado hacia situaciones menos privilegiadas).

Por el contrario, quienes ya se hallan integrados en el proceso pueden llegar a disfrutar de un más elevado nivel de vida, aun cuando el ingreso medio mengüe a medida que nuevas gentes se sumen al colectivo en cuestión. Es una simple perogrullada que una reducción del ingreso medio es plenamente compatible con un incremento en todos los grupos de renta de tal forma que los aumentos menores en número correspondan a los económicamente mejor situados. Dicho en otras palabras, si la base de la pirámide de ingresos crece más que su altura, el ingreso medio del total será menor.

En definitiva, debemos concluir que el proceso de crecimiento beneficia más al más amplio número de pobres que al más reducido número de ricos. El capitalismo aumentó las posibilidades de empleo. Creó las condiciones en que sujetos a quienes sus padres no hubieran podido proporcionar tierras y medios de producción en cantidad suficiente para garantizar su subsistencia y la de su prole pudieran obtenerlos de otros, y todo ello en beneficio mutuo. En virtud de este proceso pudieron vivir, aunque po-bremente, y tener hijos, quienes de otro modo, sin la posibilidad de un trabajo productivo, difícilmente habrían podido alcanzar la madurez y procrear: dio existencia y mantuvo en vida a millones que de otro modo no habrían existido en absoluto y que, de haber vivido durante algún tiempo, jamás habrían alcanzado la capacidad de tener descendencia. Han sido los pobres quienes más han salido beneficiados. No le faltaba razón a Marx al decir

EL ORDEN EXTENSO Y EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN

que el «capitalismo» ha creado el proletariado: por él pudo subsistir y sigue subsistiendo.

Es, pues, insostenible la tesis según la cual los ricos arrebata-ron a los pobres aquello que, en ausencia de dicha violenta apropiación, les habría —o podría haber— correspondido.

Es la cantidad de capital disponible, junto con las tradiciones y prácticas acumuladas para la obtención y comunicación de la información, lo que determina el nivel de población que cada colectivo puede mantener. Pero sólo habrá oferta de empleo y se producirán recursos e instrumentos que sirvan a la satisfacción de las necesidades futuras de personas desconocidas, si quienes pueden invertir capital que salve el intervalo entre el desembolso presente y la ganancia futura obtienen con ello un beneficio que sea por lo menos igual que el que obtendrían de otras aplicaciones de sus recursos.

Sin los ricos, es decir, quienes fueron capaces de acumular el necesario capital, los pobres que hubieran logrado sobrevivir habrían sido mucho más pobres al verse en la perentoria necesidad de aprovechar tierras rigurosamente marginales, siempre bajo la amenaza de que la sequía u otras calamidades naturales les impi-dieran proporcionar alimento a sus hijos. La creación de capital modificó tales condiciones más que cualquier otra cosa. A medida que los capitalistas pudieron emplear a otras gentes en sus propios proyectos, su capacidad de garantizar la supervivencia del proletariado empezó a redundar en beneficio no sólo propio, sino también de otros. Esta capacidad fue potenciándose ulteriormente a medida que algunos individuos pudieron emplear a otras personas no ya para satisfacer directamente sus propias necesidades, sino para intercambiar bienes y servicios con otras innumerables gentes. Es, pues, evidente que no fue una simple minoría la que se vio beneficiada por la instauración de las instituciones de la economía de mercado tales como la propiedad privada, el respeto a los contratos, el libre comercio y el empleo de capital.

Sólo la envidia y la ignorancia pueden haber inducido a muchos a criticar, en vez de encomiar, la posesión de unas riquezas superiores a lo que exige la simple satisfacción de las necesidades corrientes. La idea de que la acumulación de este capital se

FRIEDRICH A. HAYEK

realiza siempre «a expensas de otros» implica el retroceso a planteamientos que, por muy evidentes que a algunos puedan seguir pareciendo, carecen actualmente de todo fundamento y hacen imposible una adecuada comprensión del desarrollo económico.

II

EL CARÁCTER REGIONAL DEL PROBLEMA

Otra causa de confusión es la tendencia a concebir el aumento de la población en términos puramente globales. El problema de la población debe plantearse como problema regional, teniendo en cuenta los distintos aspectos que presenta en las distintas áreas.

El problema real consiste en saber si el número de habitantes de determinadas regiones tiende, por la razón que sea, a sobrepasar los recursos de que pueden disponer (sin excluir los destinados al comercio con otras regiones).

En la medida en que el aumento de población derive de la mayor productividad alcanzada por los habitantes de la región en cuestión, o de una utilización más eficaz de sus propios recursos, y no de un deliberado apoyo realizado artificialmente desde fuera, no hay razón para temer. Moralmente, ningún derecho tenemos a evitar el aumento de la población en otros lugares del mundo, como tampoco tenemos el deber de fomentarlo. Por el contrario, puede realmente surgir un conflicto moral si los países económicamente desarrollados persisten en potenciar e incluso subvencionar el crecimiento demográfico en regiones como el Sahel en África Central, en las que existen pocas posibilidades de que, en un futuro previsible, su actual población pueda mantenerse con sus propios recursos. Todo intento de mantener la población por encima del límite que permite la reproducción del capital acumulado lleva consigo una disminución del número de personas que es posible mantener. Si no se interfiere en su evolución, tales poblaciones crecerán sólo en la medida en que puedan alimentarse a sí mismas. Los países desarrollados, al impulsar el crecimiento demográfico de países como el Sahel, alientan expectativas y crean condiciones que implican obligaciones, y de este modo asumen una grave responsabilidad que, tarde o temprano,

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tendrán que traicionar. El hombre no lo puede todo; la constatación de sus propias limitaciones le permitirá satisfacer sus apetencias mejor que si se deja llevar de su natural impulso a remediar remotos sufrimientos respecto de los cuales, desgraciadamente, bien poco puede hacer.

Sea de ello lo que fuere, no existe riesgo alguno de que, en un futuro razonablemente previsible, la población global del mundo supere sus recursos naturales. Todo parece apuntar más bien a que las fuerzas implicadas detendrán el proceso mucho antes de que el desastre se produzca. (Véase los estudios de Julian L. Simon [1977, 1981 a y b], Esther Boserup [1981], Douglas North [1973, 1981] y Peter Bauer [1981], así como mis ensayos 1954: 15 y 1967: 208.)

No hay duda de que, en las zonas templadas de todos los continentes, excepto Europa, existen amplias regiones que no sólo permiten un aumento de la población, sino cuyos habitantes, con sólo aumentar la densidad de ocupación e intensificar la explotación de sus propios recursos, pueden esperar aproximarse a los niveles de riqueza, confort y civilización alcanzados por «Occidente». En estas regiones es preciso que la población aumente si se desea alcanzar los niveles de bienestar a que se aspira. Es su propio interés el que exige su potenciación demográfica. Y sería ciertamente presuntuoso, y difícilmente defendible desde el punto de vista ético, inducirles, y más aún forzarles, a contener su expansión. Aunque el intento de preservar indiscriminadamente toda vida humana en cualquier parte puede plantear serios problemas, no por ello queda nadie legítimamente autorizado a oponerse al aumento de población en aquellos grupos que pueden mantenerse con sus propios esfuerzos. Nada justifica que desde los países desarrollados se recomiende (como hizo el Club de Roma y posteriormente el libro Global 2000) a los menos desarrollados que «pongan fin» a su crecimiento, o que se intente interferir en sus políticas nacionales, a lo cual estos países con razón se resisten.

Algunas de las ideas en que se basan tales políticas tendentes a limitar la población son realmente indignantes. Por ejemplo, la de que los países desarrollados deberían convertir en una especie de parques naturales algunas zonas de los países subdesarrollados. Pura fantasía es la imagen idílica de unos seres primitivos,

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felices en su pobreza rural, que renuncian al desarrollo económico, única vía que les puede deparar lo que ellos mismos consideran conquistas fundamentales de la civilización. Como hemos visto, estas ventajas de la civilización exigen sacrificar ciertas tendencias instintivas y de otro tipo. Ahora bien, los países subdesarrollados deben decidir por sí mismos, individualmente, si el bienestar material y un superior nivel de cultura compensan los sacrificios que exigen. Es evidente que no se les debe obligar a mo-dernizarse, así como tampoco sería justo que, a través de una política de aislamiento, se les impidiera aprovechar las oportunidades de la modernización.

Con la sola excepción de aquellas ocasiones en las que el aumento del número de indigentes ha inducido a los gobiernos a establecer en su favor políticas de tipo redistributivo, jamás se ha dado el caso, a lo largo de la historia, de que un aumento de la población haya repercutido negativamente sobre el nivel de vida de quienes ya habían alcanzado determinadas cotas de ingresos. Como convincentemente ha demostrado Simon, «no hay ni ha habido nunca evidencia empírica alguna en el sentido de que un aumento de la población en volumen o densidad haya tenido un efecto negativo sobre el nivel de vida» (1981a: 18; véase también sus principales obras sobre el tema, 1977 y 1981b).

III

DIVERSIDAD Y DIFERENCIACIÓN

La diferenciación es la clave para comprender el aumento de la población, por lo que merece la pena que nos detengamos a desarrollar este punto capital. Lo que distingue fundamentalmente al hombre y constituye la razón de muchas otras específicas características suyas es su diferenciación y diversidad. Aparte de algunas pocas especies en las que la selección impuesta artificialmente por el hombre ha producido una diversidad comparable a la suya, la diversificación del hombre es única. Ésta se produjo porque, a lo largo de la selección natural, los seres humanos desarrollaron una elevada capacidad para aprender de sus semejantes. Aquí radica el hecho de que, a lo largo de la historia, el

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aumento demográfico haya sido no un proceso de autolimitación, sino de autoestimulación. La población humana aumenta en una especie de reacción en cadena en la que una mayor intensidad de ocupación del territorio tiende a producir nuevas oportunidades de especialización, y de este modo tiende a aumentar la productividad individual, y con ello a un ulterior aumento demográfico.

Pudo así desarrollarse no sólo un más amplio conjunto de habilidades y ocupaciones, sino una más rica variedad de tradiciones culturales entre las cuales su gran inteligencia les permitió seleccionar, especialmente durante el largo periodo de la adolescencia.

La subsistencia de la mayor parte de la población actual depende de esa extraordinaria flexibilidad, de esa rica diversidad de individuos cuyas diferentes habilidades les permiten diferenciar-se unos de otros cada vez más, adoptando una ilimitada variedad de combinaciones de diferentes corrientes culturales.

La diversidad a la que el aumento demográfico ha proporcionado nuevas oportunidades es esencialmente la del trabajo en sus distintas modalidades, la de la información y el conocimiento, la de la propiedad y los ingresos. Se trata de un proceso que ni es sencillo ni es causal o predecible, ya que cada aumento de la densidad de población lo único que hace es crear nuevas posibilidades que pueden o no ser descubiertas y realizadas con la debida pron-titud. Sólo cuando algunas poblaciones primitivas superaron este estadio y su ejemplo pudo ser imitado, pudo acelerarse el proceso. El aprendizaje se realiza a través de una multiplicidad de canales y presupone una gran variedad de posiciones y conexiones individuales entre grupos e individuos con nuevas posibilidades de colaboración.

Una vez que la gente ha aprendido a beneficiarse de las nuevas oportunidades que el aumento de la densidad de población le ofrece (no sólo en razón de la especialización efectuada por la división del trabajo, el conocimiento y la propiedad, sino también por cierta acumulación individual de nuevas formas de capital), se forma la base para un incremento ulterior. Gracias a la multiplicación, diferenciación, comunicación e interacción en ámbitos cada vez más extensos, así como a la transmisión a través del tiempo, la humanidad se ha convertido en una realidad distinta, conservando ciertos rasgos estructurales capaces de

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producir efectos beneficiosos para un ulterior aumento de sus miembros.

A lo que sabemos, el orden extenso es probablemente la más compleja estructura del universo, una estructura en la que los organismos biológicos que han alcanzado una elevada complejidad han adquirido la capacidad de aprender, es decir, de asimilar parcialmente ciertas tradiciones suprapersonales que les permiten adaptarse puntualmente a una estructura supercambiante de un nivel aún más elevado de complejidad. Paso a paso, se van su-perando los impedimentos que en cada momento se oponen al incremento de la población; éste, a su vez, proporciona la base para un aumento ulterior, y así sucesivamente, todo lo cual alimenta el desarrollo de un proceso progresivo y acumulativo que no tiene por qué detenerse hasta que todas las regiones fértiles y productivas de la tierra hayan alcanzado una densidad demográfica parecida.

IV

EL CENTRO Y LA PERIFERIA

Y quizá sea así como acabe el proceso en cuestión. Disiento de esa terrorífica visión según la cual la humanidad acabará apiña-da sobre la superficie del planeta. Tal vez la historia de la explosión demográfica esté llegando a su fin o, por lo menos, acercán-dose a un nivel de mayor estabilidad. El más elevado crecimiento demográfico nunca se produjo en las zonas de economía de mercado desarrolladas, sino más bien en su periferia, es decir entre aquellos menesterosos que carecen de tierras fértiles y equipos productivos que les permitan sobrevivir, pero a quienes los «capitalistas» pueden ofrecer nuevas oportunidades de supervivencia.

Ahora bien, incluso esas zonas periféricas de la economía están hoy en trance de desaparición. En efecto, pocos son ya los países situados en esa periferia, ya que el explosivo proceso de expansión demográfica ha alcanzado, durante las últimas generaciones, hasta los más remotos confines de la tierra.

Así, pues, existen poderosas razones para rechazar la extra-polación a un indefinido futuro de la tendencia, observada en los

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últimos siglos, hacia un explosivo aumento demográfico. Podemos esperar —y es de prever— que, agotada la reserva de población de que hasta ahora se han nutrido las corrientes migrato-rias que intentaban incorporarse al orden extenso, disminuirá esa expansión poblacional que a tantos preocupa. Al fin y al cabo, esa tendencia nunca ha aparecido en colectivos que hayan disfrutado de un elevado nivel de bienestar económico. No disponemos de datos suficientes para prever en qué momento alcanzará la curva de aumento su punto de inflexión, pero es indudable que habrá de transcurrir mucho tiempo antes de que nos hallemos ante los horrores que evoca la fantástica imagen de un indefinido e ineluctable aumento de la humanidad.

Entiendo que el problema ya no es tan grave. En mi opinión, el crecimiento demográfico está a punto de tocar techo —si no es que ya lo ha tocado—, y la población, en lugar de aumentar, más bien tenderá a disminuir. Aunque no cabe precisar mucho al respecto, será seguramente en la última década del presente siglo cuando el aumento de la población alcance su punto máximo, para entrar posteriormente en declive, a no ser que se le estimule deliberadamente.

Ya a mediados de la década de los sesenta, la tasa anual de crecimiento en las regiones en vías de desarrollo alcanzó en torno al 2,4 por ciento, para descender luego al nivel actual del 2,1 por ciento. Durante aquellos años, el aumento de población en los países más desarrollados había empezado ya a descender. Así, pues, después de alcanzar su máximo histórico a mediados de los sesenta, la tasa de aumento demográfico parece haber iniciado su declive (Naciones Unidas, 1980, y J.E. Cohen, 1984: 50-51).

Según Cohen, «la humanidad ha empezado a practicar o experimentar la restricción que rige en las demás especies».

Un más detallado examen de la evolución demográfica en la periferia de las economías desarrolladas permite comprender mejor el proceso en cuestión. Los ejemplos más significativos nos los ofrecen tal vez esas grandes ciudades —México, El Cairo, Calcu-ta, Sao Paulo, Yakarta, Caracas, Lagos o Bombay— que, en los países hoy en vías de desarrollo, han visto más que duplicada su población en un corto espacio de tiempo y donde los recintos de las antiguas urbes han quedado cercados por suburbios o chabolas.

FRIEDRICH A. HAYEK

El aumento de población que ha tenido lugar en estas ciudades deriva del hecho de que la gente que vive en la periferia de las economías de mercado, pese a obtener indudables ventajas de su participación en las mismas (al disponer, por ejemplo, de una más adecuada asistencia médica, de una mejor información en todos los campos y de unas más avanzadas instituciones y prácticas económicas), sin embargo no han llegado aún a adaptarse plenamente a las tradiciones, esquemas morales y costumbres de estas economías. En muchos casos, siguen practicando hábitos de reproducción propios de modalidades de convivencia que nada tienen que ver con la economía de mercado, como sucede, por ejemplo, con esa instintiva reacción que induce a los estamentos más pobres, ante la más leve mejoría de su nivel de vida, a incrementar su descendencia al objeto de asegurarse una más cómoda ancianidad. Estas viejas costumbres están hoy en vías de regresión

—y en algunos lugares a ritmo extraordinariamente rápido— a medida que esas comunidades periféricas, especialmente las más cercanas al centro, van asumiendo hábitos que les permiten regular mejor su propagación. Al fin y al cabo, una de las razones del atractivo que ejercen los grandes centros comerciales es la posibilidad de asumir, a través de la imitación, tipos de comportamiento que garantizan la consecución de los objetivos de la gente.

El estudio de estas barriadas marginales, en sí mismo interesante, permite también ilustrar algunas de las cuestiones antes planteadas. No es cierto, por ejemplo, que la población campesina situada en las proximidades de estas ciudades haya sido sacri-ficada a expensas de las barriadas marginales, sino que más bien ha resultado beneficiada por el crecimiento de las ciudades. Éstas han permitido alimentar a millones de seres que, de otro modo, o hubieran perecido o no habrían ni siquiera llegado a ver la luz de no haberse incorporado (ellos o sus padres) a estos núcleos urbanos. Quienes emigraron a las ciudades (o a sus zonas periféricas) no lo hicieron por entender que la población de la gran urbe los recibiría amablemente, proporcionándoles puestos de trabajo y equipos productivos, ni por el bienintencionado consejo de sus «vecinos» rurales de mejor posición, sino más bien siguiendo los rumores acerca de otras gentes desconocidas (procedentes tal vez de algún remoto valle de montaña) que también lograron

EL ORDEN EXTENSO Y EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN

sobrevivir gracias a su integración en el proceso expansivo de la gran ciudad, a la que acudieron con la esperanza de encontrar un puesto de trabajo remunerado. Todos ellos lograron sobrevivir gracias a su ambición personal, o al mero deseo egoísta de alcanzar un más elevado nivel de vida, y no porque confiaran en la beneficencia de nadie, lo que no empece para que los resultados superaran con creces lo que ésta, en el mejor de los casos, hubiera podido ofrecer. La gente procedente del campo aprendió de las señales del mercado —aunque difícilmente podía comprenderlo en términos abstractos— que la parte de la renta no consu-mida por los ricos de las ciudades se destina a la constitución de los fondos de capital y de los flujos salariales requeridos, facilitando así la supervivencia a quienes no han recibido de sus padres tierras cultivables y los instrumentos para trabajarlas.

Sin duda, a algunos les resultará difícil admitir que las poblaciones integradas en los barrios marginales prefirieran deliberadamente esas nuevas modalidades de ganarse el sustento a las de su antiguo entorno campesino, que tan bucólicamente suele idealizarse. Y, sin embargo, como ocurría con los campesinos ir-landeses e ingleses que Engels encontraba en los barrios bajos del Manchester de su tiempo, eso es precisamente lo que ha ocurrido.

La miseria de estas zonas periféricas se debe fundamentalmente a la aguda marginalidad económica que indujo a los campesinos a abandonar el agro y fijar en ellas su residencia. Tampoco cabe olvidar al respecto los negativos efectos «cíclicos» que los propios gobernantes del tercer mundo introducen en sus economías a través de sus programas intervencionistas, así como su inclinación, siguiendo las sugerencias de ciertos reformadores sociales, a proteger los intereses de los grupos laborales ya establecidos, eliminando así la potencial oferta de trabajo de la que esos colectivos periféricos podrían beneficiarse.

Finalmente —y es aquí donde a veces puede observarse el proceso de selección en su forma más pura—, los efectos de la moral en que se basa el sistema de mercado no repercuten de manera más dura y manifiesta sobre quienes ya han aprendido a practicarla de una forma relativamente más elaborada, sino más bien sobre los recién incorporados, que aún no la han asimilado convenientemente. Quienes viven en las zonas periféricas no

FRIEDRICH A. HAYEK

suelen observar plenamente las nuevas prácticas, por lo que casi siempre se les considera como «indeseables» y a menudo incluso al límite de la criminalidad. Estas gentes sufren personalmente el primer impacto que ciertas prácticas de una civilización más avanzada producen sobre quienes sienten y piensan aún conforme a la moralidad de la tribu y de la aldea. Sin embargo, por muy doloroso que resulte para ellos este proceso, no por ello dejan de ser los principales beneficiarios de la división del trabajo impuesta por la práctica de los negocios; muchos de ellos van cambiando gradualmente sus hábitos, logrando así una mejor calidad de vida. Por lo menos un mínimo cambio de conducta por su parte es condición indispensable para que puedan integrarse en el más amplio grupo establecido y poder así obtener una parte cada vez mayor del producto total.

Lo que decide qué sistema ha de prevalecer es el número de personas que cada sistema de normas es capaz de mantener. Estos sistemas normativos no son necesariamente los que las masas (de las que los habitantes de las zonas marginales son tan sólo un dra-mático ejemplo) han adoptado ya plenamente, sino los que practican ciertos núcleos de población a cuya periferia se agolpan numerosos adherentes potenciales deseosos de participar en el creciente producto global. Quienes adoptan al menos parcialmente las prácticas del orden extenso, beneficiándose de ello, lo hacen a menudo sin percatarse de los sacrificios que tales cambios pueden entrañar. No es sólo el primitivo campesinado quien tiene que aprender tan duras lecciones: también los conquistadores militares que consiguen dominar a una población, llegando incluso a destruir sus élites, tienen que acabar comprendiendo, a veces muy a su pesar, que para disfrutar de los beneficios de esas poblaciones tienen que aceptar sus prácticas.

V

EL PROLETARIADO DEBE SU EXISTENCIA

AL CAPITALISMO

En los restantes apartados de este capítulo resumiré algunos de mis principales argumentos, destacando varias de sus implicaciones.

EL ORDEN EXTENSO Y EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN

Si preguntamos qué es lo que más debe la humanidad a las prácticas morales que llamamos capitalistas, la respuesta es: su propia supervivencia. La acusación socialista que atribuye la existencia del proletariado a la explotación de grupos que habrían podido mantenerse por sí mismos no pasa de ser una pura ficción.

La mayor parte de los individuos que actualmente constituyen el proletariado ni siquiera habrían llegado a existir de no habér-seles proporcionado los medios de subsistencia. Aun cuando puedan sentirse explotados, y los políticos no dejen de fomentar esos sentimientos para conseguir poder, la mayor parte del proletariado del mundo occidental, así como la numerosa población de los países en desarrollo, deben su existencia a las oportunidades que los países desarrollados les han proporcionado. Es ésta una situación que no se circunscribe al mundo occidental y a los países subdesarrollados. Los países comunistas como la Unión Soviética pasarían hambre si los países occidentales no les proporcionaran el sustento necesario, a pesar de lo cual no faltan en Occidente quienes se resisten a admitir que el mantenimiento de la población del mundo, incluyendo la de los países comunistas, sólo es posible manteniendo eficaces y mejorando las bases de la propiedad privada en que se sustenta el orden extenso.

El capitalismo ha introducido también una nueva forma de obtener recursos que libera a las gentes, y a menudo también a sus descendientes, al independizarlas respecto a los grupos familiares y tribales. Y ello se produce incluso cuando al capitalismo se le impide desplegar todas las posibilidades que es capaz de ofrecer; tal es el caso de los monopolios establecidos por algunos grupos organizados de trabajadores, como los sindicatos, que crean una escasez artificial de ciertos tipos de trabajo impidiendo así que accedan a trabajar quienes estarían dispuestos a hacerlo por un salario inferior.

Es en estos casos donde más claramente aparece la ventaja de sustituir las concretas metas particulares por normas abstractas. Nadie anticipó lo que sucedería. Ni el deseo consciente de fomentar la expansión demográfica ni el interés por determinadas formas de vida ya conocidas produjo semejante resultado. No siempre quienes fueron los primeros en adoptar las nuevas prácticas (el ahorro, la propiedad privada y otras semejantes), o sus

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directos descendientes, disfrutaron de mejores oportunidades de supervivencia. Estas prácticas no aseguran la supervivencia de ningún sujeto en particular, sino que más bien tienden a incrementar las oportunidades (o expectativas, o probabilidades) de una más rápida propagación del grupo. Tales resultados jamás fueron ni deseados ni previstos. Es posible que algunas de estas prácticas hayan implicado una subestimación de ciertas existencias personales, una predisposición a sacrificar ciertos sujetos a través del infanticidio, el abandono de ancianos y enfermos, o a eliminar a los elementos peligrosos, en orden a mejorar las perspectivas de supervivencia y multiplicación del resto de la población.

Difícilmente puede sostenerse que el aumento de la población sea bueno en sentido absoluto. Lo único que afirmamos es que dicho efecto, es decir, el aumento de determinadas poblaciones que se someten a precisas normas de conducta, conduce a la selección de aquellas prácticas cuya vigencia se convierte en causa de una ulterior multiplicación. (Como ya indicamos en el capítulo I, tampoco se pretende sugerir que la evolucionada moral que limita e incluso elimina ciertos sentimientos innatos deba suplantar a éstos por completo. Nuestros innatos instintos siguen siendo importantes en nuestras relaciones con quienes nos son más próximos, así como en algunas otras situaciones.) Ahora bien, si la economía de mercado prevaleció sobre otros tipos de orden porque permitió a los grupos que adoptaron sus normas una mayor pujanza demográfica, entonces el cálculo de los valores del mercado equivale a un cálculo en vidas humanas: quienes se adaptaron a él hicieron lo que en mayor medida contribuyó a aumentar la población, aun cuando no persiguieran este objetivo.

VI

EL CÁLCULO DE COSTES ES UN CÁLCULO DE VIDAS

Aunque el concepto de «cálculo de vidas» no debe entenderse literalmente, tampoco se trata de una metáfora. Si bien no existe una simple relación cuantitativa entre la preservación de vidas

EL ORDEN EXTENSO Y EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN

humanas y la acción económica, no debe infravalorarse la importancia de los últimos efectos del orden de mercado. Cuestión ésta que merece algunos comentarios adicionales. Cuando se trata de sacrificar unas pocas vidas en aras de otras muchas, no debe olvidarse que, por lo general, aquéllas corresponden a seres desconocidos.

Aunque nos desagrade enfrentarnos con los hechos, continuamente nos vemos obligados a adoptar tales decisiones. En las decisiones públicas o privadas, las vidas individuales desconocidas no constituyen valores absolutos. Los constructores de carreteras, de hospitales o de equipos eléctricos nunca podrán extre-mar al máximo la prevención de accidentes mortales sobre la base de que, afrontando los correspondientes costes, siempre será posible reducir el riesgo general sobre la vida humana. Cuando el cirujano militar aplica tras la batalla el triage, es decir, permite que muera uno que podría ser salvado, porque el tiempo que debería emplear en él puede dedicarlo a salvar otras tres vidas (véase Hardin, 1980: 59, quien define el triage como «el procedimiento que salva el mayor número de vidas»), no hace otra cosa que realizar un cálculo de vidas humanas. Es éste un nuevo ejemplo que ilustra cómo la alternativa entre salvar un mayor o menor número de vidas confirma nuestra manera de enjuiciar las cosas, aunque sólo sea como un vago sentimiento acerca de lo que debe hacerse. Ahora bien, la exigencia de salvar el mayor número de vidas no significa que todas las vidas deban considerarse igualmente importantes. Puede ser más importante salvar la vida de un médico, en el ejemplo aducido, que la de uno cualquiera de sus pacientes, pues en caso contrario ninguno sobreviviría. Es evidente que algunas vidas son más importantes en el sentido de que crean o preservan otras vidas. El buen cazador o el defensor de la comunidad, la madre fértil y acaso también el hechi-cero pueden ser más importantes que un mayor número de niños o ancianos. De la vida de un buen jefe puede depender la de muchos otros. Y la de un sujeto altamente productivo puede ser más valiosa para la comunidad que la de otros individuos adul-tos. No es el número actual de vidas lo que la evolución tiende a maximizar, sino el potencial flujo de existencias futuras. Si en una determinada comunidad se lograra preservar en vida a los varones y

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mujeres en edad fértil, así como a los sujetos encargados de garantizar su seguridad y manutención, difícilmente quedaría afectada la perspectiva de un aumento futuro, mientras que la muerte de todas las mujeres por debajo de los cuarenta y cinco años acabaría con toda posibilidad de preservar la estirpe.

Ahora bien, aunque, por esta razón, en un orden extenso todas las vidas desconocidas deben ser valoradas por igual —y en nuestros propios ideales nos hemos acercado bastante a esta finalidad en lo que respecta a la acción del gobierno—, este criterio no ha regido nunca en el pequeño grupo o en nuestras innatas respuestas, por lo que cabe plantearse la cuestión de la moralidad o bondad del principio.

En definitiva, como acontece con cualquier organismo vivo, la principal «finalidad» a que tienden tanto la estructura física del hombre como sus tradiciones es la producción de otros seres humanos. En esto la humanidad ha obtenido un enorme éxito, y su esfuerzo consciente será plenamente eficaz sólo si, con o sin conocimiento de ello, contribuye a alcanzar este resultado. Carece de sentido preguntarse si las acciones que llevan a este fin son realmente «buenas», especialmente si con ello se pretende saber si nos «gustan» los correspondientes resultados. Pues, según hemos visto, jamás hemos sido capaces de elegir nuestros esquemas morales. Pese a la tendencia a interpretar la bondad en sentido utilitarista, a proclamar que lo «bueno» es lo que produce los resultados apetecidos, esta pretensión no es ni verdadera ni útil.

Aun limitándonos al sentido más usual, observamos que la palabra «bueno» expresa generalmente lo que la tradición nos dice que debemos hacer, aun cuando no sepamos por qué, lo cual no obsta para que tratemos siempre de justificarlo racionalmente.

En nuestra mano está, sin embargo, dilucidar cuál, entre las muchas y conflictivas normas que la tradición nos presenta como buenas, contribuye en determinadas condiciones a preservar y multiplicar los grupos que las observan.

EL ORDEN EXTENSO Y EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN

VII

LA VIDA NO TIENE OTRO OBJETIVO

QUE LA VIDA MISMA

La vida persiste sólo en la medida en que es capaz de mantener su propia continuidad. Dejando aparte la cuestión relativa a para qué se vive, es indudable que hoy la mayor parte de los hombres viven a causa del orden de mercado. Hemos accedido a la civilización por el aumento de la población, el cual a su vez es fruto de la civilización: podemos ser pocos y salvajes, o muchos y civilizados. Si la población se redujera al nivel de hace diez mil años, la humanidad no podría preservar la civilización. Aun en el supuesto de que los actuales conocimientos se conservaran en ar-chivos y bibliotecas, podrían ser utilizados en muy escasa medida si no existiera un número suficiente de individuos que desempeñaran las tareas requeridas por una amplia especialización y división del trabajo. De producirse un holocausto nuclear, toda la sabiduría acumulada en los libros no libraría a los pocos miles de supervivientes de tener que volver a la vida de los primitivos cazadores y recolectores, aunque probablemente se acortaría el tiempo total que la humanidad tendría que permanecer en tal situación.

A medida que las gentes lograron ir mejorando su posición mediante la subordinación de sus concretas metas comunitarias a normas abstractas que les permitían participar en un proceso de ordenada colaboración que nadie era capaz de vigilar o estructu-rar, y que nadie había podido prever, fueron creando situaciones no intencionadas y a menudo incluso no deseadas. Tal vez nos desagrade el hecho de que nuestras normas se formaran principalmente porque tenían capacidad para aumentar la población, pero en la actualidad poco cabe hacer al respecto, si es que alguna vez algo pudo hacerse, ya que nos encontramos ante una situación insoslayable. La población actual es muy numerosa y sólo una economía de mercado puede garantizar su supervivencia.

Gracias al desarrollo de los medios de información, los hombres pueden hoy en cualquier parte del mundo conocer los altos niveles de bienestar que es posible alcanzar. La mayoría de los que viven en algunas de las zonas menos densamente pobladas sólo

FRIEDRICH A. HAYEK

pueden acceder a estos niveles mediante un aumento de la población posibilitada por la aplicación de la economía de mercado, la cual contribuirá, a su vez, ulteriormente a incrementar el número de habitantes.

Puesto que incluso el actual número de habitantes sólo puede preservarse y asegurarse mediante la aceptación de unos principios generales, es nuestro deber —si no queremos condenar a millones de hombres a la inanición— oponernos a las pretensiones de ciertos idearios que tienden a destruir los principios básicos de esta moral, tales como la institución de la propiedad plural.

En todo caso, nuestros deseos y preferencias son en gran parte irrelevantes. Con independencia de que deseemos o no un ulterior aumento de la producción y de la población, debemos en todo caso —aunque no sea más que para mantener la población y la riqueza actualmente existentes y para protegerlas, en la medida en que podamos, contra cualquier calamidad— esforzarnos en conseguir, en las condiciones más favorables, al menos por algún tiempo y en muchas zonas geográficas, un ulterior aumento de la población.

Aun cuando no he intentado abordar la cuestión de si, de poder hacerlo, la humanidad optaría o no por incorporarse a la civilización, el simple examen de las cuestiones analizadas pone de relieve dos importantes conclusiones. En primer lugar, el espec-tro de una explosión demográfica que sembraría por doquier la miseria carece, como hemos visto, de todo fundamento. Desde el momento en que tal peligro queda eliminado, si consideramos las realidades de la vida «burguesa» —y no las utópicas ensoña-ciones de una vida exenta de dolor, conflictos, incumplidas expectativas y hasta de condicionamientos morales—, parece juicio-so concluir que las ventajas y oportunidades de la civilización ejercen una poderosa atracción sobre quienes aún no disfrutan de ellas. Pero la cuestión de si la civilización es o no deseable carece probablemente de respuesta definitiva sobre la base de tales especulaciones. El segundo aspecto que conviene destacar es que cualquier decisión que pretenda mantener un mínimo de objeti-vidad a este respecto tiene que tener en cuenta cómo de hecho reaccionan quienes tienen la posibilidad de elegir, lo que ciertamente no es nuestro caso. La rapidez con que de ordinario los

EL ORDEN EXTENSO Y EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN

habitantes del Tercer Mundo —en contraste con los intelectuales formados en Occidente— se esfuerzan por participar de las ventajas que les ofrece el orden extenso, aunque ello comporte vivir durante algún tiempo en las miserables barriadas de la periferia, ofrece un significativo paralelismo con las reacciones del campesinado europeo a la introducción del capitalismo urbano, las cuales nos demuestran que de ordinario la gente elige la civilización cuando tiene posibilidad de hacerlo.

LA FATAL ARROGANCIA

FRIEDRICH A. VON H AYEK*

La moral tradicional no puede satisfacer las exigencias racionales Las cuatro exigencias antes mencionadas —que no es racional lo que científicamente no pueda probarse, o no puede ser plenamente captado por la mente, o carece de objetivos plenamente especificados o tiene efectos desconocidos— son seguidas o admitidas tanto por el racionalismo constructivista como por el ideario socialista. Implican estos dos últimos, intrínsecamente, una interpretación mecanicista o física de los órdenes extensos, que conciben como mecanismos capaces de organizar y controlar cualquier conjunto de elementos, tal como cabe hacer cuando se dispone de un conocimiento pleno de la realidad. Un orden extenso, sin embargo, es necesariamente algo totalmente distinto.

Admitiré, por tanto, de entrada, que la mayor parte de las normas, instituciones y prácticas propias de la moralidad tradicional y del modelo capitalista no se compaginan con las exigencias o criterios antes establecidos; que, en la perspectiva de la razón y de la ciencia característica de esta teoría, son «irracionales» y «acientíficas». Es más, como también hemos destacado, quienes respetan los hábitos tradicionales son, por lo general, incapaces de comprender cómo tales prácticas surgieron y siguen vigentes, por lo que nada de extraño tiene que ofrezcan diversas «justificaciones»

posibles que siempre adolecerán de ingenuas (con lo que son fácil presa del ataque de nuestros intelectuales), y que ninguna relación tienen con sus verdaderas razones. Muchos tradicionalistas ni siquiera se toman la molestia de acometer tan ímproba tarea (con lo que sus argumentos son considerados dogmáticos y anti-intelectuales), limitándose a seguir sus pautas de comportamiento por

* Friedrich A. von Hayek, en Obras Completas. Volumen I. La fatal arrogancia. Los errores del socialismo, 2.ª ed., cap. V, pp. 271-301.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. X, n.º 2, Otoño 2013, pp. 359 a 394

FRIEDRICH A. VON HAYEK

mero hábito o convicción religiosa. Nada hay de «nuevo» en todo esto, puesto que hace ya más de 250 años subrayó Hume que «las normas morales no son conclusiones de nuestra razón». Pero la conclusión a que él llega no ha logrado alejar de los modernos racionalistas la tentación de pregonar —para lo que, paradójicamente, muchas veces recurren a la propia autoridad de Hume—

que si algo no es fruto de la razón, debe ser simple necedad o cuestión de preferencias arbitrarias. De donde su insistencia en el intento de descubrir alguna justificación racional de la moral.

Las tradicionales orientaciones de carácter religioso, como la fe en Dios y gran parte de la moral concerniente al sexo y a la familia (cuestiones de las que en esta obra no nos ocuparemos), son incapaces de satisfacer estas condiciones. Pero lo propio acontece con las tradiciones específicamente morales (de cuyo análisis sí nos ocuparemos), tales como la propiedad privada, el ahorro, el intercambio, el juego limpio y la fidelidad a las obligaciones libremente contraídas.

Las cosas se complican aún más cuando se piensa que las tradiciones, instituciones y creencias a que antes nos hemos referido no sólo no son capaces de superar las exigencias lógicas, metodológicas y epistemológicas, sino que pueden también ser recusadas por los socialistas —y de hecho lo son— basándose en argumentos de muy diferente especie. Tales tradiciones constituyen, en efecto, según Chisholm y Keynes, «un lastre insoportable» y, según Wells y Forster, «se hallan indisolublemente vinculadas al mundo del mercado y la transacción mercantil»

(véase el capítulo VI). También se las suele identificar, especialmente en nuestros días, con la alienación, la opresión y la «injusticia social».

Tales críticas llevan a la conclusión de que es necesario proceder cuanto antes al establecimiento de una nueva moral que pueda ser racionalmente estructurada y justificada y que no peque de alienante, opresiva, «injusta» e interesada. Ahora bien, tales pretensiones constituyen tan sólo un aspecto de la más ambiciosa finalidad que persiguen estos legisladores de nuevo cuño, con lo que aludo especialmente a los socialistas como Einstein, Mo-nod y Russell, así como a aquellos otros que, como Keynes, se han declarado contrarios a toda moral. Por lo demás, nos veríamos

LA FATAL ARRONGANCIA

precisados a crear un nuevo lenguaje y un nuevo derecho, puesto que los existentes tampoco son capaces de superar tales pruebas, por razones análogas a las que concurren en el caso del mercado. (No conviene olvidar que tampoco las leyes científicas pueden salir triunfantes de esta contrastación [Hume, 1739/1951, y Popper, 1934/ 59].) Tan eximia labor reformista parece, por último, a dichos reformadores, de la más absoluta prioridad, puesto que son ellos los primeros en rechazar la posibilidad de cualquier compensación sobrenatural capaz de premiar a quienes respetan los códigos morales establecidos (imposibilidad aún más predicable, claro está, del lenguaje, el derecho y la ciencia). Pero siguen convencidos de que es necesario algún tipo de justificación.

Y así, engreídos en el convencimiento de que el orden existente ha sido creado deliberadamente, y lamentando no haberlo realizado mejor, se aprestan a abordar con decisión la tarea reformista.

La meta socialista no es otra que la radical reconstrucción tanto de la moral tradicional como del derecho y el lenguaje, para así acabar con el orden existente y sus presuntamente inexorables e injustas condiciones, que nos impiden acceder al imperio de la razón, la felicidad y la verdadera libertad y justicia.

Justificación y revisión de la moral tradicional Las tesis racionalistas en que se apoyan todos estos argumentos

—así como las correspondientes iniciativas políticas— representan, en el mejor de los casos, un vano intento por alcanzar la perfección y, en el peor, una recaída en esas desacreditadas fórmulas metodológicas que nada tienen que ver con la investigación real. En los actuales órdenes extensos coexisten ciertos so-fisticados esquemas morales con otros planteamientos obsoletos en relación con la ciencia y el funcionamiento de la razón que son fruto del constructivismo, el cientismo, el positivismo, el hedonismo y el socialismo. Cuanto hemos afirmado, sin embargo, no pretende ser una crítica de la razón y de la ciencia, sino sólo de estas teorías de la ciencia y de la razón y de algunas de sus prácticas.

Este análisis crítico resulta aún más evidente si recordamos que nada puede ser justificado con arreglo a las tesis racionalistas; tal

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dificultad, en efecto, no sólo atañe a la moral, sino también al lenguaje, al derecho y hasta a la propia ciencia.

Que cuanto acabo de exponer es también aplicable al conocimiento científico quizá pueda parecer sorprendente a quienes no estén muy al día en la evolución del debate y de las conclusiones de la filosofía de la ciencia. Hoy es indudable, sin embargo, no sólo que las leyes científicas no pueden ser definitivamente justificadas —o por lo menos no lo son sobre la base de lo establecido por las metodologías constructivistas—, sino que incluso hay razones para suponer que algún día muchas de nuestras actuales conjeturas perderán toda vigencia. Cualquier concepción que oriente mejor nuestra conducta —lo que sin duda ya es en sí mismo un importante paso adelante— puede ser tan errónea como la tesis que la ha precedido. Hemos aprendido de Karl Popper (1934/1959) que el deber del científico es proponer y sustituir al mayor ritmo posible las sucesivas y siempre erróneas teorías explicativas. Por otra parte, es indudable también que si hoy abandonáramos todas nuestras conjeturas —ésas cuya certeza no cabe probar— pronto retrocederíamos al nivel del primitivo salvaje que sólo confía en sus instintos. Tal es la recomendación que, por lo visto, nos dirige cualquier variante del cientismo, desde el racionalismo cartesiano al positivismo moderno.

Por otro lado, aun cuando sea indudable que la moral tradicional, etc., no puede justificarse racionalmente, lo propio acontece con cualquier otro posible código de conducta, incluso los que los socialistas puedan llegar a ofrecernos. Cualesquiera que sean las normas que en definitiva decidamos adoptar, nunca podrán justificarse sobre la base de la razón, cual exigen los críticos del sistema capitalista. Insistamos una vez más en que ningún principio moral —ni relativo a la ciencia, al derecho o al lenguaje— puede gozar de tal tipo de justificación (véase Bartley, 1962/1984, 1964, 1982). Si dejásemos de ajustar nuestra conducta a cuanto racionalmente no podemos explicar —o a aquello que hacemos sin saber por qué lo hacemos—, hasta nuestra propia existencia correría peligro.

En realidad, la pretensión de que los esquemas morales sean justificados por vía racional no es sino un nuevo subterfugio

LA FATAL ARRONGANCIA

encaminado a distraer la atención del verdadero problema planteado, maniobra que, sin embargo, no deja de contar con el respaldo de ciertos erróneos e incoherentes enfoques epistemológicos y metodológicos tradicionales que, aunque muchas veces se re-montan a tiempos más remotos, son especialmente fruto —sobre todo en lo que atañe a las materias aquí analizadas— de las tesis avanzadas por Augusto Comte en el sentido de que el ser humano es capaz de reconstruir en su integridad cualquier esquema moral y de sustituirlo por normas que hayan sido conscientemente elaboradas y racionalmente justificadas (es decir, por emplear la terminología del citado autor, que hayan sido objeto de adecuada «demostración»).

No me detendré a examinar aquí las razones que hacen imposible semejante justificación. Aportaré un ejemplo especialmente apropiado a la argumentación que abordaré en el siguiente epígrafe y que constituye una de las más socorridas justificaciones de la moralidad.

No hay ninguna razón para suponer, como lo hacen los partidarios del racionalismo y del hedonismo, que nuestra moral deba apuntar a la consecución de determinados fines; por ejemplo, el logro de la felicidad. Nada induce a pensar que la selección evolutiva de pautas de comportamiento más adecuadas para facilitar la supervivencia de una más nutrida población tenga nada que ver con la felicidad de nadie, y mucho menos que sea fruto de algún intento de alcanzarla. Por el contrario, son muchos los indicios de que si alguien hubiera intentado alcanzar de este modo su propia felicidad, habría sido sin duda arrollado por cuantos se esforzaban simplemente por sobrevivir.

Ahora bien, aunque ciertamente no sea posible edificar, justificar ni establecer nuestras tradiciones morales, sí lo es reconstruir los procesos que en su día contribuyeron a su aparición, análisis que nos permite advertir mejor su verdadera función; y en la medida en que triunfemos en el intento, podremos abordar con más probabilidades de éxito el perfeccionamiento y reformulación de los mismos. Podremos incluso proceder, por tales vías, a la supresión de algunos de sus condicionamientos, introduciendo, al efecto, reformas escalonadas basadas siempre en su crítica inmanente (véase Popper, 1945/66 y 1983, 29-30), es decir en una

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crítica orientada a perfeccionar la íntima coherencia y consistencia del sistema.

Hemos citado ya como ejemplo de tal tipo de paulatino perfeccionamiento los estudios recientemente sobre derechos de autor y las patentes. Por citar otro ejemplo, subrayaremos que, por mucho que la humanidad deba al derecho clásico basado en la propiedad plural (es decir al Derecho Romano), entendida como la capacidad de disponer personalmente del exclusivo uso e incluso abuso del patrimonio personal, simplifica en exceso las normas requeridas para el funcionamiento de un mercado eficiente. Por ello, y al objeto de facilitar un más adecuado desarrollo de ese orden mercantil, está en la actualidad surgiendo una nueva rama del análisis económico específicamente orientada al perfeccionamiento del tradicional derecho de propiedad.

Lo que al efecto se requiere es lo que en alguna ocasión se ha denominado una «reconstrucción racional» (expresión en la que la palabra «reconstrucción» nada tiene que ver con el «constructivismo») de la forma en que el sistema pudo convertirse en realidad. Se trata, en efecto, de una investigación histórica —o histórico-natural— y no de un intento de edificar o justificar el conjunto del sistema en sí. Es algo que tiene cierto paralelismo con lo que los seguidores de Hume denominan «historia conjetural», técnica a través de la cual se intenta dilucidar por qué ciertas normas lograron prevalecer, aunque sin abandonar, en ningún momento, el fundamental principio formulado por el citado autor, según el cual «las leyes morales no son fruto de nuestra razón». Fue ésta la orientación fundamental que inspiró no sólo a los filósofos escoceses, sino también a un amplio conjunto de estudiosos de la evolución cultural que va desde los gramáticos romanos clásicos hasta Bernard Mandeville, pasando por Herder, Giambattista Vico (autor que defendió la profunda tesis de que homo non intelligendo fit omnia («el hombre lo hizo todo sin comprenderlo» [1854: V, 183]) y la Escuela histórica alemana del derecho, representada por Savigny, para desembocar finalmente en Carl Menger. Aunque entre los citados autores sólo éste fuera posterior a Darwin, todos intentaron elaborar alguna reconstrucción racional, análisis histórico conjetural o explicación evolutiva sobre la aparición de las instituciones culturales.

LA FATAL ARRONGANCIA

Llegados a este punto, debo reconocer la incómoda posición en que me coloca el hecho de no poder declarar, cual sería mi deseo, que son mis propios compañeros de profesión, los economistas especializados en el análisis de la formación de los órdenes extensos, quienes en mayor medida están capacitados para ofrecer una adecuada interpretación de esas tradiciones morales que han posibilitado el avance de la civilización. Solamente quienes son capaces de percibir los favorables efectos que sobre el colectivo tiene la propiedad plural están en situación de explicar por qué la práctica de ciertos hábitos permitió a los grupos humanos que los asumieron descollar sobre otros que prefirieron planteamientos morales distintos. Mi buen deseo de defender a mis colegas economistas estaría ciertamente mucho más justificado si muchos de ellos no estuvieran, en general, tan afectados por el error constructivista.

¿Cuál es, en última instancia, el proceso a través del cual se van formando los códigos morales? ¿Cuál debe ser nuestra «reconstrucción racional» al respecto? La respuesta a estos interrogantes ha sido esbozada ya en los capítulos precedentes. Dejando aparte el postulado constructivista según el cual se pueden edificar racionalmente los esquemas morales en toda su integridad, cabe identificar por lo menos otras dos posibles fuentes de nuestra moral.

En primer lugar, según ya hemos indicado, está la así llamada moralidad innata, la de nuestros primitivos instintos: la solidaridad, el altruismo, la decisión del grupo, etc. Pero las prácticas morales que sobre ellos se basan son incapaces de alimentar a la numerosa población que hoy puebla el orbe, así como de mantener en funcionamiento el orden extenso.

En segundo lugar, se puede recurrir a los esquemas éticos de tipo evolutivo basados en el respeto al ahorro, a la propiedad individual, la honestidad en las transacciones, etc., hábitos todos ellos cuya adopción produjo el actual orden social extenso. Tal tipo de moralidad se halla situado entre el instinto y la razón, posición oscurecida por esa falsa dicotomía que los contrapone.

El funcionamiento del orden extenso exige que en todo momento se asuma debidamente esa moralidad surgida en el seno de aquellos grupos que, por aceptar las normas en cuestión, fueron capaces de superar en capacidad demográfica y bienestar

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material a los restantes. La paradoja que caracteriza tanto a los órdenes extensos como al mercado —paradoja que escapa a la comprensión de los socialistas aún más que a la de los constructivistas— es que, en virtud de este proceso, y del correspondiente mejor aprovechamiento de los recursos tanto disponibles como meramente potenciales, cabe mantener a mayor número de individuos de lo que sería posible mediante un proceso dirigido personalmente. Y aunque esta moralidad no se «justifica» por el hecho de que nos permite hacer estas cosas, no cabe duda que gracias a ella, de hecho, logramos sobrevivir, lo que ciertamente no es poco.

Los límites del conocimiento fáctico para guiar nuestro comportamiento.

La imposibilidad de observar los efectos de nuestra moralidad La raíz del cientismo es, sin duda, su falsa suposición acerca de la posibilidad de justificación, construcción o demostración. Pero aunque sus partidarios lo admitieran, no por ello dejarían de esgri-mir otros postulados de su vieja metodología, la cual se halla relacionada con la exigencia de justificación, si bien no depende estrictamente de ella. Por ejemplo (volviendo a su lista de exigencias), argüirían que somos incapaces de comprender plenamente las tradiciones morales y su funcionamiento; que al adoptarlas perseguimos objetivos que no es posible justificar plenamente con anterioridad; que su observancia produce efectos que no son inmediatamente observables y por lo tanto no se puede hacer que resulten beneficiosos —y en todo caso no es posible conocerlos y preverlos plenamente.

En definitiva, la moral tradicional no se compagina con las exigencias números dos, tres y cuatro. Tan íntimamente están todas ellas relacionadas, que, una vez señalados los matices que las separan, se puede proceder a un tratamiento unitario de todas ellas.

Así, digamos brevemente que lo que las hace mutuamente inter-dependientes es el hecho de que todas coinciden en que quienes adoptan las oportunas decisiones no pueden saber en realidad lo que están haciendo ni qué objetivos persiguen en la medida en que no puedan conocer con claridad y especificar por adelantado los efectos del acto en cuestión. Para ser racional, viene a afirmarse, la acción debe ser deliberada y prevista.

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A menos que estas exigencias se interpreten de una manera tan amplia y trivial que pierdan prácticamente todo significado específico —afirmando que la finalidad implícita del mercado es, por ejemplo, producir el beneficioso efecto de «generar riqueza»— la asunción de prácticas tradicionales, tales como las que producen el orden de mercado, no cumple ciertamente con dichas exigencias. Creo que nadie querrá interpretar éstas de manera tan frívola; por supuesto que no las entienden así ni sus defensores ni sus adversarios. Por consiguiente, clarificaremos la situación en que nos encontramos si admitimos sin reservas que, ciertamente, las instituciones tradicionales superan nuestra capacidad de comprensión, y que no podemos especificar previamente sus fines ni sus efectos, beneficiosos o no. Lo cual no deja de ser una ventaja.

En el mercado (y también en otras muchas instituciones del orden extenso) descuellan siempre en importancia las consecuencias no intencionadas. En el aspecto económico, la distribución de ingresos tiene lugar, por ejemplo, a través de procesos impersonales en los que intervienen una amplia serie de sujetos motivados por sus fines personales (que por añadidura son a menudo vagos e imprecisos). Ninguno de estos sujetos está, pues, en situación de predecir el resultado de sus interacciones.

Examinemos, por ejemplo, la afirmación de que es irracional seguir o hacer algo ciegamente (es decir sin comprenderlo) y que los objetivos y efectos de una determinada acción no sólo deben ser plenamente conocidos con anterioridad, sino también constatables y capaces de producir los máximos beneficios. Apliquemos ahora estos criterios a un orden extenso. Al analizar la formación de este orden en el vasto marco evolucionista en el que se va for-jando, resulta aún más evidente el carácter absurdo de las exigencias racionalistas. Las decisivas consecuencias que justifican en sí mismas la existencia del orden —y que, de hecho, hicieron que determinadas prácticas prevalecieran sobre otras— están extraordinariamente alejadas en el tiempo del momento en que se tomaron las oportunas decisiones. Sus resultados afectan, por añadidura, a conjuntos de seres acerca de los cuales nada sabían quienes las adoptaron. De haber conocido dichas consecuencias, los que adoptaron las prácticas en cuestión seguramente habrían

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considerado indeseables sus efectos, con independencia de cuál sea la valoración que hoy les pueda ser atribuida. Por lo que atañe a nuestros contemporáneos, no hay razones para suponer que todos (o algunos de ellos) tengan pleno conocimiento de la historia —por no mencionar el contenido de las ciencias de la evolución, la economía y todas las restantes materias especializadas que precisarían conocer para determinar con acierto por qué los grupos que asumieron las prácticas en cuestión llegaron a prevalecer sobre los restantes, aun cuando ciertamente nunca faltarán quienes estén dispuestos a ofrecer una amplia variedad de absurdas justificaciones. La valoración de muchas de las normas que favorecieron esos mayores niveles de colaboración y prosperidad diferirá hoy, de hecho, de lo que en otro tiempo pudiera haberse anticipado. Puede incluso ocurrir que algunas fueran rechazados en diversos estadios de la evolución del proceso histórico.

En los órdenes extensos, las circunstancias que determinan lo que cada actor debe hacer para favorecer mejor el logro de sus fines personales incluye, curiosamente, un cúmulo de decisiones adoptadas por otra serie de sujetos a quienes mueven afanes en igual medida personales. Por lo tanto, en ningún momento del proceso estarán los distintos actores en situación de establecer, desde su propia perspectiva, qué finalidades debieran contribuir a satisfacer esas normas que gradualmente han ido estructurando el actual orden de convivencia. Sólo más tarde, y siempre de manera imperfecta y retrospectiva, se ha podido explicar —y ello sólo en términos generales— cómo se produjeron tales procesos (Hayek, 1967, ensayos 1 y 2).

No existe en inglés o alemán palabra de uso corriente que exprese adecuadamente lo que constituye la esencia del orden extenso, ni por qué su funcionamiento contrasta con las exigencias racionalistas. El término «trascendente», único que en principio puede parecer adecuado, ha sido objeto de tantos abusos que no parece ya recomendable su empleo. En su sentido literal, sin embargo, alude dicho vocablo a lo que está más allá de los límites de nuestra razón, propósitos, intenciones y sensaciones, por lo que sería desde luego aplicable a algo que es capaz de generar e incorporar cuotas de información que ninguna mente personal ni organización singular no sólo no serían capaces de aprehender, sino tan

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siquiera de imaginar. En su aspecto religioso, dicha interpretación queda reflejada en ese pasaje del padrenuestro que reza «hágase tu voluntad (que no la mía) así en la tierra como en el cielo», y también en la cita evangélica: «No sois vosotros quienes me habéis elegido, sino Yo quien os eligió para que produzcáis fruto y para que éste permanezca» (San Juan, 15: 26). Ahora bien, un orden trascendente estrictamente limitado a lo que es natural (es decir, que no es fruto de intervención sobrenatural alguna), cual acontece con los órdenes de tipo evolutivo, nada tiene que ver con ese animismo que caracteriza a los planteamientos religiosos, es decir, con esa idea de que es un único ente, dotado de inteligencia y voluntad (es decir, un Dios omnisciente), quien, en definitiva, determina el orden y el control.

El rechazo de las exigencias racionalistas por las razones señaladas tiene, pues, importantes repercusiones para cualquier tipo de antropomorfismo o animismo, incluso el del propio socialismo. Si la coordinación del comportamiento a través del mercado y otras instituciones y tradiciones morales deriva de procesos de carácter estrictamente natural, espontáneo y con capacidad de autoorganización —y que permiten la adaptación de la especie humana a tan nutrida sucesión de acontecimientos que nadie sería capaz no sólo de captarlos sino hasta ni siquiera de imagi-narlos—, resulta claro que toda sugerencia en el sentido de que tales procesos deban concordar con algún específico criterio de justicia o disfrutar de algún atributo de carácter moral (véase capítulo VII) tiene necesariamente que estar influido por alguna ingenua concepción antropomórfica. Y aun cuando estaría justificado plantear tales exigencias a los dirigentes de un proceso guiado por la razón, o a un Ser trascendente que estuviera en situación de atender nuestras súplicas, son improcedentes en lo que atañe a esos procesos de impersonal autoorganización que actúan en nuestro días.

En un orden tan extenso que la captación de sus detalles supera ampliamente la capacidad de comprensión y control de una sola mente, nadie está en condiciones de establecer el nivel de ingresos que a cada sujeto debe corresponder, ni tampoco es posible abordar dicha cuestión desde la óptica de algún específico módulo de justicia o criterio previamente consensuado. Ello no deriva

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tan sólo de los problemas que toda concepción antropomórfica del cosmos comporta, sino también porque «el bienestar de la gente..

no depende de principio alguno, plantéese la cuestión desde el punto de vista de quienes perciben los ingresos o de quienes se responsabilizan de su distribución (unos situarán el fiel aquí y otros allí); porque los resultados dependen de decisiones que a su vez son consecuencia de hechos que no cabe regular a través de normas de carácter general» (Kant, 1798, II, 6, nota 2). La sugerencia de que, para que florezca la espontaneidad, la gente deben estar sólo sometida a normas de carácter general —como ya advirtieron tanto Hume como Kant— es un principio que nunca ha sido refutado, sino que más bien ha sido objeto de una cada vez más acusada desatención.

Pese a ser cierto que el «bienestar carece de principios» —por lo que no es posible establecer sobre dicha base ningún orden espontáneo—, la propensión a rechazar las normas de convivencia que han hecho posible la existencia de tal tipo de orden —rechazo quizá basado en la idea de que dichas normas se oponen a la moral—deriva del convencimiento de que la consecución del bienestar económico debe regirse por algún principio, así como de la negativa a aceptar (con lo que de nuevo aparecen en escena las tendencias antropomórficas) que el orden social extenso implica la existencia de procesos de carácter competitivo en los que el éxito no se debe a una mente superior, a un comité, a algún ser sobrenatural o a la conformidad con algún principio conocido de mérito individual. En la clase de orden que nos ocupa, el éxito de algunos proyectos implica necesariamente el fracaso de otros igualmente meritorios a la vez que bien intencionados. El premio nada tiene que ver con el mérito (p. e., el cumplimiento de ciertas normas morales; véase Hayek, 1960: 94). A través del mercado se puede, por ejemplo, satisfacer una amplia variedad de necesidades ajenas sin que haya que hacer referencia alguna a los méritos personales ni a las vías a través de las cuales haya llegado el sujeto a disponer de los medios necesarios para ello. Como ya advirtió Kant, no existe criterio general capaz de valorar el merecimiento de las diversas oportunidades que el azar va poniendo en el camino de los distintos sujetos dotados de diferente información, diferentes habilidades y diferentes deseos. De hecho,

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esta situación es la más común. Los aciertos que a algunos otorgan el éxito son fundamentalmente inintencionados e imprevisibles, tanto en lo que respecta a aquellos a quienes sonríe la suerte como a los que perdieron en el envite. Nunca podrá ser justa la arbitraria evolución de los precios, ya que depende de acontecimientos que nadie está en condiciones de prever. Y, de igual modo, los sucesivos pasos hacia lo que al principio es un futuro desconocido tampoco pueden ser justos en el sentido de que respondan a alguna previa apreciación acerca de lo que sea bueno o malo para el «bienestar» de la gente, o a algún otro criterio que pretenda tomar en consideración las oportunidades de éxito que a cada actor le hayan correspondido.

Una explicable aversión a la aparición de tales consecuencias de carácter moralmente neutro —consustanciales, como queda dicho, a cualquier proceso de descubrimiento basado sobre la prueba y el error— lanza a muchos en persecución de algo que en realidad es una contradictio in terminis: a saber, el control del proceso evolutivo —que necesariamente tiene que estar basado en la prueba y el error— al objeto de amoldarlo a los deseos del momento. Cualquier sistema moral así alcanzado estaría cuajado de una serie de demandas irreconciliables que ningún esquema de convivencia podría resolver, siendo su mera existencia inagota-ble fuente de insolubles conflictos. El imposible intento de hacer justa una realidad cuyos resultados son por naturaleza independientes de lo que alguien haya hecho e incluso sido capaz de prever conculca, en definitiva, el correcto funcionamiento del propio proceso ordenador.

Tales demandas de justicia son sencillamente incompatibles con cualquier proceso natural de carácter evolutivo; incompatibilidad que afecta, no sólo a lo que en el pasado haya acontecido, sino también a lo que en cada momento suceda. Porque es indudable que el funcionamiento de tal tipo de proceso no se detiene jamás. No es sólo que la civilización sea fruto de la evolución, sino que es en sí misma un proceso del tipo descrito, el cual, una vez establecido un marco normativo de carácter general y basándose siempre en la libertad personal, sigue desarrollándose por sí mismo. No puede dicha evolución estar sometida en ningún momento a lo que la gente considere más oportuno. Si en algunas

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ocasiones ciertas apetencias antes insatisfechas quedan colma-das, ello acontecerá, por lo general, sobre la base de que otras no lo sean. Aunque adoptando conductas acordes con los dictados de la moral cada actor puede incrementar sus oportunidades de éxito, los resultados finales nunca tendrán por qué coincidir con las valoraciones morales de los sujetos involucrados. La evolución no puede ser justa.

En realidad, insistir en que todo cambio futuro sea justo equivale a paralizar la evolución. Ésta impulsa a la humanidad tan sólo en la medida en que se van produciendo situaciones no propicia-das por nadie y que, en consecuencia, no cabe prever ni valorar sobre la base de cualquier principio moral. A este respecto, basta preguntarse (especialmente a la luz del desarrollo histórico al que se hizo referencia en los capítulos I y II) cómo sería el mundo de hoy si antaño alguien hubiera podido, como por arte de magia, imponer sobre sus semejantes determinados criterios de justicia basados en la igualdad o el mérito. Resulta fácil colegir que, en dicho supuesto, la sociedad civilizada no habría llegado a aparecer. Un mundo rawlsoniano (Rawls, 1971) jamás llegaría a la civilización, ya que, al reprimir las diferencias, paralizaría la posibilidad de nuevos descubrimientos. En ese mundo careceríamos de esas señales abstractas que permiten a los distintos actores descubrir las necesidades que siguen insatisfechas tras las innumerables alteraciones experimentadas por las circunstancias y que, además, permiten orientar el comportamiento hacia la opti-mización del flujo productivo facilitado por el sistema.

Pueden los intelectuales seguir empecinados en el error de creer que el hombre es capaz de diseñar nuevas y más adecuadas éticas «sociales». En definitiva, tales «nuevas» reglas constituyen una evidente degradación hacia módulos de convivencia propia de colectivos humanos más primitivos, por lo que son incapaces de mantener a los miles de millones de sujetos integrados en el macro-orden contemporáneo.

La adopción de actitudes antropomórficas es muy explicable, pero debe ser rechazada por sus múltiples errores. Reaparece aquí el aspecto positivo y simpático del punto de vista de los intelectuales cuyas opiniones ya hemos refutado. Hasta tal punto ha podido la ingenuidad humana fomentar la formación de esas estructuras

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supraindividuales capaces de potenciar las posibilidades de los individuos, que no hemos podido evitar la tentación de suponer que nada nos impide diseñar nuestro entorno moral en toda su integridad. De este modo hemos caído en el error de creer que la mera existencia de esas estructuras sociales más amplias prueba la viabilidad de semejante pretensión. Aunque se trata de un error que, como subraya Mises, puede calificarse de «grandioso.. ambicioso.. magnífico.. y atrevido».

Motivaciones indefinidas: En un orden extenso la mayor parte de los fines de la acción no son conscientes o deliberados Me referiré a continuación a un conjunto de temas y aspectos relacionados con las cuestiones estudiadas y que entiendo permitirán ilustrar las interconexiones existentes entre ellas.

Conviene, en primer lugar, abordar la cuestión de cómo surge realmente nuestro conocimiento. La mayor parte de lo que sabemos

—y debo confesar que hubo de pasar mucho tiempo antes de que yo mismo alcanzara las conclusiones que ahora defiendo— no deriva de nuestras inmediatas experiencias, ni tampoco de la directa observación de los acontecimientos, sino de un ininterrumpido proceso de análisis crítico del cúmulo de conocimientos que, a través de anteriores generaciones, nos han llegado. Ello exige, sin embargo, la asunción y respeto de tradiciones morales que no pueden justificarse a partir de bases estrictamente racionales (en el tradicional sentido del término). Los usos heredados son fruto de procesos de selección a lo largo de los cuales compiten entre sí un conjunto de irracionales o, mejor dicho, «injustificados» tipos de comportamiento, llegando hasta las siguientes generaciones tan sólo aquellos que, sin que nadie se lo haya propuesto intencionadamente, más han contribuido a facilitar el crecimiento de la población de aquellos colectivos que decidieron asumirlos, actitud que nada tiene que ver con las motivaciones —quizá de índole religiosa— que indujeron a la gente a hacerlo. Ahora bien, ese proceso de selección que da forma a determinados usos y hábitos morales es capaz de tomar en consideración mucha más información acerca de la realidad circundante de lo que pudiera

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lograrse a través de la interpretación directa de los acontecimientos. En este sentido, cabe considerar las normas tradicionales «más inteligentes» que nuestra propia razón (véase el capítulo I de la presente obra). Este decisivo aspecto sólo puede captarlo un racionalista verdaderamente crítico.

En segundo lugar, está la cuestión —íntimamente ligada a la anterior, y a la que también se ha hecho ya referencia— relativa a cuáles pueden ser las circunstancias que verdaderamente condicionan la evolución selectiva de las normas de conducta. Debe subrayarse al respecto, de inmediato, que esos resultados a corto plazo, que por lo general constituyen el incentivo que induce al hombre a la acción, son más bien irrelevantes en lo que atañe a dicha selección, puesto que ésta depende más bien de las consecuencias a largo plazo, es decir de ese largo plazo que tan olím-picamente despreciara Lord Keynes (1971, C.W.: IV, 65). Tales efectos favorables exigen fundamentalmente —como ya se ha dicho, y más tarde de nuevo se recalcará— la existencia de normas que garanticen el respeto del ámbito privado a través de la oportuna salvaguardia de los derechos de propiedad y de los compromisos contractualmente contraídos, principio que ya advirtió Hume al afirmar: «No derivan tales normas de la utilidad o ventajas que pueda obtener una determinada persona o el público del disfrute de un determinado bien particular» (1739/1886, II, 273). No pre-vieron nuestros antepasados, antes de adoptarlas, los ventajosos efectos que las normas llegarían a facilitar; sólo posteriormente hemos sido capaces de descubrir, a través de la oportuna reflexión, cuánto les debemos en realidad.

Nuestra afirmación de que las tradiciones recibidas facilitan nuestra «adaptación a la desconocida evolución de los acontecimientos» debe tomarse literalmente. La capacidad de adaptación a lo desconocido constituye la clave de todo proceso evolutivo; y el conjunto de circunstancias a las que un orden moderno de mercado se ve obligado a ajustar su estructura es algo que nadie puede anticipar. La información que se encuentra a disposición de los individuos y organizaciones en su intento de adaptar su comportamiento a ese desconocido conjunto de nuevas circunstancias es siempre de carácter parcial y sólo abordable a través de la interpretación de una serie de señales (es decir, el sistema

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de precios) que a través de la integración de largas cadenas de comportamientos individuales les van llegando a los distintos sujetos y cada uno de los cuales va añadiendo, a su propio modo, una combinación de datos y abstractas señalizaciones. Pese a la complejidad del proceso en cuestión, la estructura del conjunto de comportamientos así generados tiende a adaptarse, a través de estas señales parciales y fragmentarias, a unas condiciones que ningún individuo ha previsto o conocido. Aun así, esta adaptación jamás llega a ser perfecta. Y esta es la razón de que semejante estructura sobre-viva, asegurando al mismo tiempo la supervivencia y prosperidad de cuantos se benefician de sus ventajas.

No hay posible alternativa planificadora a semejante proceso capaz de autoorganizarse y adaptarse a lo desconocido. El ser humano en modo alguno puede recurrir para ello a la razón o a sus

«bondadosas inclinaciones naturales». Sólo sometiéndose a un conjunto de normas cuya obediencia a veces le resulta incómoda logrará su grupo competir fructuosamente con otros que antes descubrieron y asumieron esa adecuada normativa.

Si las restricciones morales que condicionan nuestro comportamiento fueran fruto de intencionada elaboración o consciente elección por nuestra parte, fácilmente podríamos explicar por qué el correspondiente esquema establece sobre nosotros determinados condicionamientos. La realidad, sin embargo, es totalmente distinta. Se trata de un problema sumamente difícil incluso para los especialistas que durante generaciones han dedicado sus esfuerzos al estudio de estas cuestiones, siendo lo más probable que surjan vivas discrepancias en cuanto a las relaciones efecto-causa que puedan haber intervenido. El curioso cometido de la ciencia económica es demostrar lo poco que se sabe de muchas de las realidades que, pese a ello, el hombre sigue intentando controlar.

Para la mente ingenua, que sólo es capaz de concebir el orden como resultado de un arreglo deliberado, quizá parezca absurdo que, ante condiciones especialmente complejas, tanto el orden como su adaptación a lo desconocido puedan garantizarse más eficazmente a través de la decisión descentralizada; y también que la pluralidad de centros decisorios aumenta las posibilidades del orden en general. Pero es innegable que la descentralización permite, de hecho, hacer uso de superiores cuotas de información,

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razón por la cual es preciso rechazar categóricamente cualquier receta sugerida por el constructivismo racionalista. Por razones similares, sólo el plural control de los recursos, es decir, sólo ac-cediendo a que corresponda a diversos actores la responsabilidad de determinar su uso, permite aprovechar al máximo la dispersa información disponible. Para ello bastará garantizar simplemente la libertad personal y la propiedad privada.

Gran parte de la información específica que se halla al alcance de cualquier actor sólo podrá ser aprovechada por éste si es libre para tomar sus propias decisiones. Nadie puede transmitir a un semejante cuanto sabe; gran parte de la información disponible en cada actor, en efecto, sólo irá tomando forma a medida que éste adopte una serie de nuevas decisiones. Por añadidura, cada sujeto sólo recurrirá a dicha información en la medida en que vaya adoptando los comportamientos que corresponden a las específicas circunstancias que le afectan, tales como la escasez relativa de los factores que precisa utilizar. Sólo de este modo puede descubrir aquello que, en función de sus propios criterios, vale la pena descubrir, información que, por otra parte, dependerá también de las reacciones que a través del mercado reciba de muchos otros sujetos, a su vez condicionados por sus respectivos entornos. Lo crucial no es utilizar sólo la información existente, sino descubrir tanta información como las circunstancias dominantes hacen posible.

Arguméntase muchas veces que la propiedad privada comporta la adopción de posturas egoístas que sólo fomentan el interés particular de quienes ya poseen. Se ha llegado a afirmar, incluso, que se trata de una institución inventada por quienes, disponiendo ya de algún patrimonio, intentaron impedir su invasión por parte de sus semejantes. Tales sugerencias, derivadas de cierto resentimiento rusoniano y reflejadas también en el aserto de que nos han puesto «grilletes» en virtud de intereses de índole egoísta y explotadora, se niegan a reconocer que la alta capacidad productiva de la sociedad moderna sólo ha podido surgir en la medida en que, a través de la utilización plural de los bienes y de su intercambio mercantil, se ha alcanzado la más oportuna utilización del ampliamente diseminado conocimiento relativo a las circunstancias que en cada caso concurren y, por ende, del conjunto

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de recursos que intervienen en el proceso económico. El mercado es el único mecanismo descubierto hasta ahora capaz de facilitar a los diferentes actores esa información que les permite valorar las relativas ventajas de la alternativa utilización de aquellos recursos de cuya existencia y específicas características tienen conocimiento directo, y cuyo adecuado empleo redunda siempre, con independencia de la intención que motive al actor, en beneficio de un amplio conjunto de sujetos alejados y desconocidos.

Por propia naturaleza, tal información se presenta siempre dispersa, por lo que no puede ser transmitida a ninguna autoridad a la que se le haya hecho responsable de gestionar intencionadamente el esquema productivo.

Así, pues, la institución de la propiedad plural no guarda ninguna relación con el egoísmo; no fue —ni pudo ser— «inventada»

por nadie para favorecer, en detrimento de otros, los intereses de quienes ya eran «propietarios». Aporta más bien ventajas de tipo general en la medida en que transfiere a muchos ese control de la producción que antes correspondía a unos pocos entes decisorios que, cualesquiera que sean sus alegaciones, tienen escasa información sobre lo que acontece en ese orden extenso que aprovecha al máximo el conocimiento diseminado entre todos. Se beneficia con ello, en definitiva, tanto a quienes nada tienen como a quienes ya poseen algo.

La libertad bajo la ley en modo alguno exige que la posesión de propiedades alcance a todos: lo importante es que exista una pluralidad de propietarios. Personalmente preferiría carecer de propiedad en una sociedad en la que la gente poseyera algo, que vivir en otra en la que todo fuera colectivo y todo dependiera de la arbitrariedad del poder político.

Pero este argumento también es impugnado, e incluso ridi-culizado, como excusa egoísta de las clases privilegiadas. Los intelectuales, pensando en términos de los limitados procesos causales tales como se verifican, por ejemplo, en la física, no tienen dificultad en persuadir a los trabajadores manuales de que son las decisiones egoístas de los poseedores del capital, y no el propio proceso del mercado, las que se benefician de las oportunidades ampliamente dispersas y de los hechos en constante cambio.

Hasta el mecanismo orientativo implícito en la existencia de los

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precios ha sido, en ocasiones, tildado de subterfugio capitalista encaminado a enmascarar la explotación de la clase trabajadora.

Pero tales especiosas acusaciones soslayan la importante verdad de que ese conjunto de hechos son en igual medida ajenos a la intención de esos capitalistas —que supuestamente todo lo manipulan— como a esos potenciales gestores públicos que, de imponerse el modelo socialista, asumirían las funciones directivas. Tales hechos objetivos simplemente no existen y nadie, por tanto, puede captarlos.

En tercer lugar, conviene señalar que existen fundamentales diferencias entre el hecho de adaptar nuestro comportamiento a las exigencias de algún esquema normativo y disponer de determinada cuota de información (distinción a la que diversos autores han hecho referencia, por ejemplo Gilbert Ryle cuando distingue entre «saber cómo» y «saber qué»; 1945-46, 1-16, 1949). Someter nuestra conducta a normas es algo que nada tiene que ver con advertir que existe alguna relación causa-efecto. Aquella opción debe ser con-templada simplemente como lo que es: la decisión de integrarse en determinado esquema de comportamiento en relación con cuyo concreto contenido el sujeto poco sabe y cuyas múltiples ramifi-caciones, desde luego, es incapaz de aprehender. Por lo general, logramos asumir y adaptarnos a ciertas normas, sin que ello quiera decir que seamos también capaces de abordar el análisis o la descripción de su contenido. Nuestras reacciones ante la realidad no dependen necesariamente de nuestro conocimiento de las relaciones causa-efecto, pues con harta frecuencia carecemos de información adecuada. Y, desde luego, nada hay de racional en insistir en que debiéramos disponer de algo que no podemos tener. Muy inferiores serían ciertamente nuestras posibilidades de éxito si sólo nos dejáramos llevar por el limitado conocimiento que, acerca de tales efectos, solemos tener.

La previa formación de un orden o esquema en nuestro cerebro o mente no sólo no es un método superior sino inferior de garantizar un orden, ya que siempre será una parte de la realidad y sólo recogerá algunos de sus aspectos. Al igual que el cerebro humano es incapaz de abordar la explicación exhaustiva de su propio funcionamiento (véase Hayek, 1952: 8.66-8.86), le está vedado también concebir o predecir los resultados que puedan aflorar de la interre-lación de una pluralidad de intelectos.

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En cuarto lugar, importa advertir que un orden surgido de las distintas decisiones de muchos individuos sobre la base de informaciones diferentes no puede depender de una escala común de la importancia relativa de los diferentes fines. De ahí que sea obligado recurrir al análisis de la utilidad marginal, cuestión importante cuya discusión abordaremos en el capítulo VI. Ello no obstante, parece oportuno analizar aquí, en términos generales, las ventajas que la diferenciación individual proporciona a los órdenes extensos. Libertad personal significa libertad de ser diferente, es decir, de que cada individuo pueda dedicar sus dominios privados a la consecución de aquellos fines que personalmente juzgue más convenientes.

Todo orden deriva —y ello no sólo acontece en lo relativo a la cooperación humana— de la diferenciación de sus elementos, diferenciación que puede incluso quedar reducida a su simple situación espacial o temporal, si bien ofrecería escaso interés un orden sólo basado en tal diferenciación. El orden es deseable, no porque garantice que cada cosa ha de quedar finalmente situada en el sitio que le corresponde, sino porque es capaz de ofrecer oportunidades de otro modo inexistentes; y el nivel alcanzado por ese conjunto de posibilidades depende más de la variedad de los elementos en juego que de la mera localización temporal o espacial de los mismos.

Abundan los ejemplos. Recordemos cómo la evolución genética ha permitido extender la duración de los periodos de infan-cia y adolescencia de la especie humana, lo cual, a nivel individual, condujo a un mayor pluralismo que aceleró sensiblemente la evolución cultural y el crecimiento demográfico de la especie homo. Aunque las peculiaridades de tipo biológico de los distintos individuos quizá no sean tan acusadas en el hombre como en alguno de los animales domésticos —la raza canina, fundamentalmente—, ese más dilatado periodo de aprendizaje ha permitido al hombre adaptarse mejor a las circunstancias concretas y le ha facilitado una mejor asimilación de las distintas variantes de la cultura en cuyo seno ha nacido. La diversidad de habilidades personales —que da origen a una división del trabajo cada vez más amplia y articulada— deriva, en un orden extenso, fundamentalmente de esa diversidad de corrientes tradicionales, aunque no dejen de influir las inclinaciones innatas y las peculiares

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capacidades de cada sujeto. La tradición, en su conjunto, es, además, incomparablemente más compleja, de tal modo que ninguna mente puede estar nunca en condiciones de aprehender su íntimo contenido, y mucho menos de transmitirlo a terceros eficazmente, no sólo a causa del elevado número de sujetos que deberían recibirlo, sino también porque éstos elegirán selectivamente sólo aquellos aspectos que consideren más oportunos. Ahora bien, la ventaja fundamental que la diferenciación individual aporta es su capacidad para facilitar la convivencia en grupos cada vez más amplios.

Así, pues, las diferencias entre individuos potencian el poder colaborador del grupo más allá de la mera suma de los esfuerzos individuales. La colaboración sinergética permite poner en juego posibilidades creativas que nunca habrían llegado a producirse si los distintos sujetos hubieran tenido luchar aisladamente por su supervivencia. La especialización libera y fomenta el desarrollo de unos pocos individuos cuya específica contribución basta para garantizarles el sustento o incluso superar la contribución que otros prestan al total. Según la famosa frase de Wilhelm von Humboldt —recogida posteriormente por Stuart Mill en el fron-tispicio de su obra On Liberty— la civilización es «el desarrollo humano en su más rica diversidad».

La información que desempeña probablemente la función principal en esta diferenciación —y que nada tiene que ver con la información de cada individuo concreto y menos aún con la de un supuesto supercerebro rector— surge a lo largo de un proceso de interacción experimental entre las opiniones —dispersas, diferentes y a veces contrapuestas— de millones de individuos que se comunican entre sí. Nuestra hoy incrementada capacidad intelectual no deriva del avance de nuestra inteligencia a nivel personal, sino de la existencia de procesos que permiten combinar mejor la dispersa información existente. Todo ello se traduce, en fin, en la creación de un nivel de vida superior, consecuencia de la mayor productividad alcanzada por el sistema.

La diferenciación personal es, por lo tanto, una parte importante de la evolución cultural, y en gran medida el valor de un individuo para los otros se debe a las diferencias que le separan de ellos. Tanto la amplitud del orden como la importancia del mismo

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aumentarán con la diversidad de sus elementos. Y como, por otro lado, un orden más perfecto propicia la aparición de nuevos procesos diferenciadores, la colaboración personal puede así ampliar-se indefinidamente. Si las cosas fueran de otro modo —si todos fuéramos, por ejemplo, iguales, y ninguna nueva diferencia a nivel personal pudiera surgir—, serían muy escasas las ventajas que podría ofrecernos la división del trabajo (exceptuada, quizá, la de la colaboración entre gentes emplazadas en diferentes ámbitos geográficos), y mínimas las que se derivarían de la coordinación del esfuerzo de muchos sujetos. Quedaría descartada la posibilidad de establecer órdenes sociales de cierta entidad y amplitud.

Los individuos fueron, pues, diferentes antes de estar en situación de combinarse en complejas estructuras de cooperación. Además, se combinaron formando entidades de carácter muy distinto: no simplemente una suma sino una estructura en cierto modo análoga —aunque en varios importantes aspectos diferente— a un organismo.

En quinto lugar, está la cuestión de si, a la vista de todas estas dificultades y objeciones, subsiste todavía en el hombre la pretensión de limitar su comportamiento a la persecución deliberada de objetivos conocidos y constatables. Esta recomendación deriva, en parte, de la subsistencia de esa micro-ética cautelosa e instintiva que carac-terizó a la convivencia en las ancestrales agrupaciones humanas de reducida dimensión, entornos en los que, sobre la base de la solidaridad y el altruismo, se intentaba satisfacer directamente las necesidades visibles de determinadas personas a través de ciertas iniciativas por todos solidariamente asumidas. Ya hemos dicho que en los órdenes extensos tanto la solidaridad como el altruismo quedan restringidos a los pequeños subgrupos; y que todo intento de ajustar el comportamiento normal a tales principios redundaría en detrimento de la capacidad coordinadora del sistema. En la medida en que la mayor parte de las actividades productivas de los miembros trascienden los límites de la percepción individual, los impulsos altruistas innatos obstaculizan la formación de órdenes más extensos.

Todos los esquemas morales son favorables a las actitudes altruistas, entendidas éstas como la adopción de una actitud favorable ante nuestros semejantes. La cuestión es cómo ponerlo en

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práctica. Las rectas intenciones no bastan. Todos sabemos de los sorprendentes senderos que las mejores intenciones recorren. Recomendar la limitación del comportamiento a la consecución de efectos predecibles y favorables para unos grupos o individuos no basta para el orden extenso y hasta puede ser irreconciliable con este orden. También la moral del mercado nos lleva a mejorar la suerte de nuestros semejantes, no de modo que nos lo propon-gamos explícitamente, sino realizando actos que, sin embargo, producen precisamente ese efecto. El orden extenso permite sosla-yar ese mar de ignorancia en el que estamos inmersos —al tiempo que facilita nuestra adaptación al futuro imprevisible— de manera más eficaz de lo que pudiera arbitrarse a través de cualquier esfuerzo altruista.

En un orden capaz de hacer oportuno uso de la superior productividad en virtud de la división del trabajo nadie está en condiciones de discernir a quién en definitiva beneficiará —en teoría o de hecho— el esfuerzo productivo asumido, ni puede nadie anticipar tampoco el efecto que sus decisiones puedan tener sobre quienes finalmente consuman los productos aportados por el actor al sistema o a cuya producción haya contribuido indirectamente. Así, pues, carece de sentido recomendar a cualquier sujeto que oriente su comportamiento sobre motivaciones altruistas.

En la medida en que quepa calificar de altruistas sus iniciativas

—habida cuenta de que eventualmente redundarán en beneficio de muchos—, el actor lo será, no porque intente o desee atender ninguna necesidad concreta, sino porque se aviene a asumir y respetar determinado esquema normativo abstracto. Nuestro «altruismo», en este nuevo sentido, es totalmente diferente del «altruismo» instintivo. Nuestra bondad o maldad no dependerá, como antaño, del fin perseguido, sino del mayor o menor respeto mostrado hacia el esquema normativo. Sólo si en nuestro coti-diano quehacer respetamos las normas establecidas, beneficia-mos a una amplia gama de sujetos situados más allá del alcance de nuestra percepción directa. Y no hará falta subrayar que, sobre la base de nuestros ingresos, siempre nos resultará posible dedicar la porción que juzguemos más oportuna a la satisfacción de esa instintiva inclinación a atender las necesidades de nuestro más próximo entorno. Todas estas cuestiones, sin embargo, se

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ven hoy envueltas en un cúmulo de confusión como consecuencia del abuso de que es objeto el término «altruista» por parte de los socio-biólogos.

Cabe aún otra explicación de la pretensión de limitar la acción a la deliberada persecución de objetivos conocidos y beneficiosos. Tal exigencia deriva no sólo de nuestras arcaicas e infundadas predisposiciones instintivas, sino también del hecho de coincidir en los intelectuales que la defienden una específica circunstancia que, aunque comprensible, no deja de comportar peligro.

Preocupa especialmente al intelectual el uso que en definitiva se dé a eso que suele denominar sus «creaciones intelectuales», por lo que ansiosamente escudriña los avatares que experimentan los frutos de su trabajo, aferrándose a ellos en mayor medida de lo que es usual entre quienes crean artículos meramente materiales.

Tal reacción hace que la élite intelectual se resista a integrarse en el proceso mercantil, que implica trabajar por objetivos imperceptibles en una situación en la que el único resultado identificable, si es que alguno hay, se resuelve en beneficio de otros. El obrero manual suele aceptar de buen grado que sea el empresario que contrató sus servicios quien establezca —dentro de ciertos límites— las necesidades que, en definitiva, deban quedar cubiertas.

Los frutos de la labor intelectual, sin embargo, son más difíciles de identificar, al quedar integrados en un flujo de ideas al que contribuyen muchos otros autores. Pues bien, el hecho de que las gentes más preparadas se resistan más que el resto de los mortales a someterse al control de algo que consideran tan irracional como el mercado (pese a que reiteradamente dicen trabajar «para el mercado de las ideas») hace que, quizá inadvertidamente, tiendan a oponerse a que acontezca aquello que en mayor medida les haría útiles a la humanidad.

Esta oposición justifica también, hasta cierto punto, la hostili-dad de los estamentos intelectuales hacia el mercado, así como su natural inclinación hacia el socialismo. Tanto la oposición como la inclinación se verían tal vez paliadas si tales estamentos llegaran a disponer de un conocimiento más adecuado del papel que desempeñan en la naturaleza los órdenes de carácter espontáneo y abstracto, lo que seguramente acontecería si consiguieran valorar con mayor rigor las conquistas alcanzadas en el ámbito de las

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ciencias de la evolución, como en la biología y en la economía.

Pero, en general, se niegan a aceptar las conclusiones de dichas disciplinas y a admitir la existencia de esas complejas estructuras acerca de las cuales sólo cabe establecer esquemas de carácter abstracto que son intrínsecamente incapaces de facilitar al actor posibilidad alguna de «construir» los correspondientes modelos (es decir, de edificar el orden completo a partir de algunos elementos conocidos) o de prever la particular configuración que en cada caso éstos llegarán a adoptar. A lo sumo, se puede establecer alguna conclusión en torno a las condiciones generales a partir de las cuales tales órdenes o sistemas pueden materializarse, condiciones que, en determinados casos, quizá hasta sea posible crear.

Trátase de un tipo de proceso que conoce bien el químico, que a diario se ocupa de fenómenos complejos de similar especie, pero del que tienen escasa noción los científicos normalmente dedicados a explicar las cosas a partir de la simple conexión de unos pocos elementos sujetos a observación. Estos científicos tienden, en consecuencia, a interpretar animísticamente el funcionamiento de esas más complejas estructuras y a reputarlas fruto de una previa e intencionada actuación; o a postular en otras ocasiones la existencia de inconfesables manipulaciones («conspiraciones» es el término frecuentemente empleado) de las clases dominantes al impulso de oscuros designios pero cuyos diseñadores nunca logran, sin embargo, identificar. Renace con ello con más vigor aún esa inicial tendencia del intelectual a no querer dejar los frutos de su trabajo a los avatares del mercado. Esa sensación de quedar re-legado a mero juguete de las ocultas e impersonales fuerzas llega a convertirse, para él, en una especie de humillación personal.

Ahora bien, es evidente que quienes asumen tales actitudes en ningún momento llegan a vislumbrar que esos supuestamente omnipotentes capitalistas no son, en realidad, a su vez, sino meros instrumentos de un proceso impersonal que también a ellos impide prever los efectos y últimas consecuencias de sus decisiones. Distínguese el promotor económico del resto de los mortales tan sólo por el hecho de desarrollar su esfuerzo productivo en un plano algo superior, por lo que sus decisiones afectan a sectores más extensos del mercado. Para los críticos que nos ocupan, en fin, la simple idea de que el logro de sus apetecidos fines deba

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quedar a merced de las actividades de hombres tan despreciables (puesto que sólo les impulsa el afán de lucro) constituye algo que juzgan verdaderamente inicuo.

La ordenación de lo desconocido

Es de lamentar que el idioma inglés carezca del equivalente del muy utilizado término alemán Machbarkeit (factibilidad). Me he preguntado alguna vez si no se rendiría un buen servicio introduciendo el término «makeability» —«manufacturability» (manu-facturabilidad) tiene un significado demasiado restringido (y mi «constructivismo» apenas puede traducirse por «constructi-ble»)— para expresar mejor ese concepto que tanto en el presente como en el anterior capítulo hemos examinado, criticado y rechazado, a saber: que los órdenes de tipo evolutivo pueden ser mejo-rados mediante la inventiva humana.

Esta opinión es insostenible. De hecho, sólo se puede ordenar lo que no conocemos si lo produce el orden mismo. En el campo de la física, la producción de ciertos efectos se basa muchas veces en la indirecta incentivación de las propias fuerzas que ponen orden en la naturaleza, en lugar de intentar disponer los elementos en sus respectivos lugares de manera que quede debidamente es-tructurado el orden en cuestión. Éste es el proceso que ponemos en marcha para producir cristales o nuevas sustancias químicas.

La química, y en mayor grado aún la biología, se ve obligada a re- currir cada vez con mayor frecuencia a tales procesos de auto- organización, pues aunque en una estructura compleja no se pue- da determinar lo que, a nivel individual, suceda a cada elemento, nada impide crear condiciones en virtud de las cuales tales ele- mentos se sitúen espontáneamente en la disposición requerida. La mayoría de los productos sintéticos no son

«construibles» en el sentido de que sea posible colocar cada una de sus partes en las posiciones requeridas. A lo sumo, se podrá inducir su formación.

Un método análogo es preciso seguir para establecer cualquier proceso que desee coordinar las acciones individuales que trascienden nuestra observación. Para conseguir la autoformación de

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estructuras colectivas capaces de ordenar las relaciones interpersonales, habrá que establecer condiciones de carácter meramente general para que cada elemento logre encontrar su lugar en el orden. Para que, en virtud de tal proceso, los individuos puedan contar con las mayores oportunidades de éxito, a lo más que ca-brá recurrir es a excluir a aquellos elementos que se muestren incapaces de adaptarse a las normas requeridas. Tal tipo de limitación de nuestra capacidad aumenta necesariamente a medida que aumenta la complejidad de la estructura que se desea producir.

No otro es el procedimiento que, en lo que respecta a su propio comportamiento, deberá adoptar el individuo que ya se encuentre integrado en un orden extenso, del que sólo podrá conocer, claro está, su más inmediato entorno. Tal sujeto deberá realizar un ininterrumpido esfuerzo de exploración de lo que queda más allá del horizonte de percepción directa, para establecer y mantener la comunicación que constituye la base y esencia de todo orden extenso. De hecho, para que cualquier sujeto pueda mantenerse debidamente informado acerca de lo que acontece en el orden en cuestión, será imprescindible que la dispersa información existente sea utilizada por un amplio conjunto de actores diversos y entre sí desconocidos; sólo así se podrá conseguir que la información poseída por millones de sujetos llegue a formar una especie de estructura exosomática o esquema material. En virtud de tal proceso, cada actor se convertirá en mero eslabón de una cadena a través de la cual serán transmitidas las señales que facilitan la adaptación de cada proyecto personal a ese conjunto de circunstancias que globalmente nadie puede conocer; y sólo así podrá el orden mantener su expansión indefinida. Y el carácter espontáneo del proceso irá facilitando información significativa sobre un conjunto de medios cada vez más extenso sin estar al servicio exclusivo de fines particulares.

Hemos examinado ya algunos aspectos fundamentales de este proceso de comunicación en el que se encuadra el mercado con su necesaria y continua evolución de los precios. Sólo convendrá añadir y destacar ahora que, además de regular en cada momento el flujo de bienes y servicios, los hábitos y modos de comportamiento que condicionan al sistema no dejan también de producir sus efectos sobre el futuro acontecer, por lo que, en realidad,

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procede atribuir al orden que nos ocupa no sólo un carácter espacial sino también temporal. No sólo quedarán coordinados entre sí los comportamientos de los distintos sujetos que estén espacial-mente alejados, sino que quedarán también afectados acontecimientos que sólo más tarde se producirán, incluso más allá de la vida de los actores en cuestión. Admitido todo esto, sólo un amoral impenitente se atrevería a seguir propugnando cualquier tipo de medida política sobre la base de que «a largo plazo todos estaremos muertos». Es indudable que los colectivos que mayor desarrollo y capacidad de expansión han alcanzado son aquellos que han considerado loable que los padres se ocupen de las necesidades de sus hijos y otros descendientes que quizá nunca lleguen a conocer.

Hay quienes se sienten tan perturbados por algunos de los efectos del mercado que pasan por alto hasta qué punto resulta increíble y poco menos que maravilloso que este orden haya logrado imponerse en la mayor parte del mundo actual, un mundo que abarca millones de seres que trabajan en ambientes en constante transformación, proporcionando medios de subsistencia a otros muchos hombres en gran parte desconocidos, y hallando al mismo tiempo satisfechas sus expectativas de que obtendrán bienes y servicios producidos por otras gentes igualmente desconocidas.

Incluso en los tiempos más calamitosos, nueve de cada diez verán confirmadas sus esperanzas.

Ahora bien, el orden de cooperación así establecido, aun cuando sin duda imperfecto y en muchas ocasiones quizá poco eficiente, logra integrar entornos superiores a los que podría abarcar cualquier otro esquema que fuera fruto de creación intencionada y que estuviera basado en la colocación en el lugar «apropiado» de cada uno de sus elementos. La mayor parte de las deficiencias de las que adolece el orden espontáneo son, en realidad, fruto más bien de las interferencias exógenas mediante las que se intenta alterar su correcto funcionamiento o modificar de algún modo los correspondientes resultados. Sólo muy raramente tales intenciones logran producir los efectos deseados, ya que, en realidad, éstos dependen de tal número de circunstancias que ninguna mente sería capaz de aprehenderlas en su integridad. Una intervención deliberada —en orden, por ejemplo, a eliminar ciertas desigualdades

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materiales— puede afectar seriamente el correcto funcionamiento del orden. Por el contrario, si se respetan sus más fundamentales principios, cualquier sujeto elegido al azar dispondrá siempre de una más amplia gama de posibilidades y oportunidades de éxito de lo que le pudiera ofrecer cualquier otro sistema rival.

Cómo no puede planificarse lo que no se puede conocer

¿A dónde nos lleva, en definitiva, la discusión desarrollada a lo largo de los dos últimos capítulos? Los ataques de Rousseau a la propiedad privada inspiraron ciertamente en su día el ideario socialista. Su influencia se ha dejado sentir igualmente en las actitudes adoptadas por prestigiosos pensadores contemporáneos. Porque hasta figura tan destacada como Bertrand Russell no tuvo reparo alguno en definir la libertad como «la ausencia de todo obstáculo a la realización de nuestros deseos» (1940: 251).

Por lo menos durante las décadas que precedieron al manifiesto fracaso económico del socialismo del Este, era opinión generalizada que una economía planificada con arreglo a los cánones de racionalidad a que antes nos referimos facilitaría el acceso de la humanidad, no sólo a la justicia social (véase el capítulo séptimo de la presente obra), sino también a una más eficaz utilización de los recursos económicos. Tal idea resultaba muy atractiva a primera vista. Pero al argumentar así, se soslayaban las dificultades que anteriormente mencionamos, a saber, que nadie puede conocer la totalidad de recursos que habrían de emplearse en semejante plan, y por lo tanto difícilmente podría éste controlarse centralmente.

Sin embargo, los socialistas siguen siendo incapaces de hacer frente a los obstáculos que encuentran para encajar las distintas decisiones individuales en un esquema común concebido a la manera de un «plan». El conflicto entre nuestros instintos, que, desde Rousseau, se vienen identificando con la «moralidad», y las tradiciones morales que han sobrevivido a la evolución cultural y sirven para contener estos instintos, se concreta en la separación que hoy observamos a menudo entre ciertos tipos de filosofía ética y política por una parte y la economía por otra. Lo importante

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no es que lo que el economista considera eficiente sea por ello mismo «justo», sino que el análisis económico puede demostrar la utilidad de prácticas otrora consideradas buenas —utilidad desde la perspectiva de toda filosofía que rechace el sufrimiento humano y la muerte que implicaría el colapso de nuestra civilización.

Teorizar sobre cómo debe ser la sociedad «justa» sin haberse tomado previamente la molestia de reflexionar cuidadosamente sobre las consecuencias económicas que comporta perseguir dicho ideal significa conculcar nuestra obligación de prestar en todo lo posible ayuda a nuestros semejantes. Pese a ello, tras más de setenta años de experiencia socialista, la mayor parte de nuestros intelectuales —fundamentalmente los situados no en Europa del Este o en el Tercer Mundo (entornos en los que el socialismo ha sido ensayado)— siguen intentando trivializar las enseñanzas de la economía y negándose a preguntarse si habrá alguna razón de por qué el socialismo, cuando se ha intentado ponerlo en práctica, nunca ha funcionado como sus líderes intelectuales pretendían. La fútil búsqueda de una sociedad verdaderamente socialista

—tras la previa idealización y posterior desilusionado abandono de los esquemas sobre los que se ha basado un inacabable rosario de «utopías» (Unión Soviética, Cuba, China, Yugoslavia, Vietnam, Tanzania, Nicaragua, etc.)— debiera haber bastado para demostrar que algo hay en el socialismo que no se ajusta a ciertos hechos.

Pero estos hechos, que ya explicaron los economistas hace más de un siglo, siguen ignorados por quienes persisten en su rechazo racionalista de la idea de que puede haber hechos que trascienden el contexto histórico o presentan una insuperable barrera a los deseos humanos.

En cambio, quienes siguiendo las líneas de pensamiento en su día iniciadas por Mandeville, Hume y Smith persistieron en el estudio de la verdadera ciencia económica, consiguieron ciertamente ofrecernos no sólo una más adecuada comprensión del mecanismo que subyace en el orden mercantil, sino también una fundada crítica del supuesto según el cual se puede impunemente sustituir el orden de mercado por cualquier otro de corte socialista. La comprensión de las ventajas que el mercado proporciona a la humanidad chocaba tan frontalmente con lo que la mera intuición parecía sugerir, que el correspondiente análisis hubo

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de hacerse de manera retrospectiva y sobre la base del estudio de los órdenes espontáneos ya existentes. De este modo se llegó fácilmente a la conclusión de que el control descentralizado de los recursos, es decir, aquel que puede realizarse a través de la propiedad plural, garantiza la generación y utilización de mayores volúmenes de información de los que pudiera ofrecernos cualquier otro modelo basado en la dirección centralizada. En este tipo de esquema, mantener en funcionamiento el orden y asegurar su evolución más allá de los entornos directamente accesibles a la autoridad central sólo resultaría posible si, en vivo contraste con lo que en realidad acontece, los responsables locales, además de valorar las específicas circunstancias que caracterizaran a cada uno de los potenciales recursos ubicados en sus entornos, estuvieran también informados del valor relativo y constante cambio de los mismos; y si, por añadidura, pudieran transmitir sus opiniones de manera rigurosa y precisa a la autoridad central con antelación suficiente como para que ésta pudiera emitir las oportunas instrucciones poniendo también en juego la información análogamente facilitada por los restantes gestores locales. Éstos, a su vez, se enfrentarían con análogas dificultades insalvables en su esfuerzo por recoger y transmitir la información requerida.

Desde el momento en que se comprende en qué consiste la tarea que corresponde a la autoridad central, resulta claro que las instrucciones no pueden derivar del mero examen de los datos que los gestores locales puedan haber reputado más significativos; sería necesario entablar algún tipo de negociación entre los grupos o individuos que controlan los distintos factores. El hipotético supuesto —a que tan frecuentemente se recurre en la descripción teórica del proceso mercantil (método analítico que, en general, manejan por cierto autores de escasa inclinación socialista)— de que puede admitirse que tales hechos (o «parámetros») son conocidos y pueden emplearse en la explicación teórica dificulta aún más el análisis de estas cuestiones y, consiguientemen-te, produce las curiosas decepciones que inducen a sostener varias formas de pensar socialista.

El orden de una economía extensa sólo debe y puede formarse mediante un proceso totalmente diferente: por un evolucionado método de comunicación que le permita transmitir, no una

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infinita multiplicidad de informaciones sobre hechos particulares, sino simplemente ciertas propiedades abstractas de diversas condiciones particulares, tales como precios competitivos, que deben ser mutuamente contrastados para realizar un orden general. Esta constelación de precios permite evaluar las tasas de sustitución o equivalencia de los diferentes recursos, lo que facilita, a su vez, la toma de decisiones por parte de quienes los controlan. De este modo, determinados conjuntos de bienes pueden ser considerados equivalentes o sustitutivos, sea en orden a lograr la satisfacción de específicas apetencias, sea en orden a crear directa o indirectamente los necesarios recursos productivos. Por sorprendente que pueda parecer el que semejante orden no sólo exista, sino que se haya formado a través de una selección evolutiva sin que haya sido deliberadamente diseñado, no conozco ningún esfuerzo serio por refutar esta tesis o desacreditar el propio proceso, a menos que se quiera tomar como tal cualquier declaración de que todos estos hechos pueden, de algún modo, ser conocidos por alguna autoridad de planificación central. (Véase también, en relación con esto, la polémica sobre el cálculo económico, en Babbage [1832], Gossen [1854/1889/1927], Pierson [1902/

1912], Mises [1922/81], Hayek [1935], Rutland [1985], Roberts

[1971].)

En realidad, todo el concepto de «planificación» queda reducido a un cúmulo de confusiones. El plan no es —ni podría nunca ser— plenamente controlado por un solo agente. Tendrá siempre que recurrirse a algún comité o comisión de expertos al que corresponde la responsabilidad de establecer lo que cada centro productivo deba o no hacer. Aunque, en ocasiones, y al objeto de convencer a los restantes miembros del comité, cada vocal aporte retazos de la información que precisamente le ha hecho opinar como opina, las decisiones finales no constituirán criterio com-partido por todos, sino mera amalgama de opiniones basadas en diferentes conjuntos de datos. Cada retazo de información aportada al comité dará forzosamente lugar a que otros recuerden datos que sólo adquieren relevancia en la medida en que, a lo largo del proceso, llega a conocimiento del interesado esa nueva información. En el fondo, el fenómeno que nos ocupa no es sino un nuevo intento de aprovechar al máximo la información dispersa (a

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través de una especie de mercado en realidad muy ineficaz, dada la ausencia de una verdadera competencia entre las proposiciones y habida cuenta de la disminuida posibilidad de recurrir al empleo de mecanismos contables), pero dista mucho de ser un proceso de unificación de los conocimientos de un determinado número de personas concretas. Los miembros del comité sólo podrán facilitar algunas de las razones que respaldan sus respectivas opiniones, transmitiéndose sólo aquellas conclusiones que su personal conocimiento de la situación juzgue oportuno transmitir. Por añadidura, sólo en escasas ocasiones serán comparables las circunstancias personales de cuantos abordan un mismo problema, por lo menos en la medida en que se trate de cuestiones que afec-ten a amplios sectores de la sociedad y no a una parte relativamente independiente de la misma.

Quizá la mejor forma de ilustrar la imposibilidad de llegar, en ausencia de los precios de mercado, a una deliberada y «racional»

asignación de los recursos en un orden extenso sea reflexionar sobre los problemas que plantea la asignación óptima del capital disponible entre sus diversas posibles aplicaciones de modo que aumente el producto final. El problema estriba, esencialmente, en determinar cuál es el volumen de recursos que procede dedicar a la producción futura en detrimento de la presente. Adam Smith advirtió ya el carácter paradigmático del tema cuando subrayó, al referirse al comportamiento de cualquier poseedor de recursos:

«Es evidente que son los propios interesados quienes, en mayor medida conscientes de las circunstancias concurrentes, con acierto mayor que cualquier otro ente público o legislador, podrán determinar el tipo de industria que procede prioritariamente capi-talizar, así como en qué concreta línea de producción la inversión producirá más favorables resultados» (1776/1976).

Situados ante el problema de una adecuada utilización de los medios disponibles en un sistema económico extenso controlado por una autoridad única, la primera dificultad con que se tropieza es que nadie puede conocer cuál es la cantidad de capital que en cada momento se encuentra disponible, aunque sin duda esté ésta estrictamente acotada en el sentido de que, en la medida en que se la rebase o no se la alcance, aparecerán las correspondientes

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disrupciones entre las demandas y ofertas futuras de los bienes y servicios afectados. En el supuesto examinado, tales diferencias no están sometidas a procesos de corrección automática, sino que implicarán el incumplimiento de algunas de las instrucciones recibidas, sea porque ciertas mercancías precisadas no estén disponibles, sea porque determinados materiales o equipos no puedan ser utilizados en las proporciones establecidas al no disponerse de los necesarios bienes de producción complementarios (herramientas, materiales o mano de obra). Ninguna de las magnitudes requeridas por el planificador puede ser determinada a través de su contrastación o comparación con algo «dado», ya que todas dependerán de las decisiones adoptadas por diversos conjuntos de sujetos que, entre diversas posibles alternativas, decidirán a la luz de la información personal de que disponen en cada momento. Sólo cabe establecer una solución aproximada del problema a través de la combinada aportación, a través de los precios de mercado, de los proyectos de quienes están en situación de valorar las circunstancias que cada actor juzgue relevantes. La «cantidad de capital» derivará, por ejemplo, de la constatación del conjunto de recursos reservados para necesidades futuras (recursos que la gente está voluntariamente dispuesta a detraer del consumo presente), es decir de la preferencia por el ahorro.

La adecuada comprensión del papel que desempeña la transmisión de información (es decir del conocimiento concreto en torno a las circunstancias concurrentes) constituye la clave para entender el funcionamiento de los órdenes extensos. Nos hallamos, sin embargo, ante cuestiones eminentemente abstractas cuya comprensión resulta especialmente difícil para cuantos han sido formados de acuerdo con los cánones racionalistas hasta ahora prevalentes en los enfoques mecanicistas, cientistas y constructivistas, a los que tan proclives han sido nuestros sistemas educativos y que, por lo tanto, tan escasa atención han dedicado a los avances alcanzados en el estudio de las ciencias biológicas, económicas y de la evolución. Debo confesar que, en lo que a mí respecta, los conceptos que nos ocupan me han exigido una larga peregrina-ción mental desde que por primera vez atisbara su esencia fundamental con ocasión de mi ensayo «Economics and Knowledge»

(1936/48). Sólo más tarde completé su más detallada elaboración

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en «Competition as a Discovery Procedure» (1978: 179-190), así como en «The Pretence of Knowledge» (1978: 23-24), integran-do todo ello, finalmente, en una teoría general en torno al carácter disperso de la información, tesis sobre la que baso mi actual convicción de la superioridad de los órdenes espontáneos sobre los que son fruto de una dirección central.

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APÉNDICE

Hayek ante la regulación de la vivienda

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EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Y DEL URBANISMO*

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«Si los poderes públicos abolieran los subsidios tendentes a disminuir el coste de los alquileres y, al mismo tiempo, redujeran, en cuantía exactamente igual, las exacciones fiscales que pesan sobre los sectores laborales, no sufrirían éstos el menor perjuicio económico; ahora bien, es indudable que las masas trabajadoras preferirían aplicar sus retribuciones no a disponer de viviendas adecuadas, sino a cometidos distintos, con lo que se hacinarían en locales infectos, toda vez que muchos ni siquiera conocen las ventajas de ocupar habitaciones más confortables y el resto valoran en menos la vivienda que otras comodidades. Ésta es la razón y la única razón válida, que justifica los subsidios, y la expongo con tanta crudeza porque el tema es analizado a menudo sin enfrentarse con la auténtica realidad por los escritores de tendencias izquierdistas».

W.A. Lewis**

1. Las aglomeraciones urbanas

La civilización actual se halla vinculada a la existencia de grandes núcleos de población. Casi todas las diferencias que se aprecian entre las sociedades primitivas y lo que denominamos vida civilizada se hallan íntimamente relacionadas con las aglomeraciones humanas que designamos con el apelativo de «ciudades», de tal suerte que, cuando utilizamos los términos «urbanamiento», «civilidad», o «política», nos referimos a la manera de vivir propia de la gran urbe.

Incluso el distinto modo en que se desenvuelven las masas campesinas, en relación a cómo vivían los pueblos primitivos, deriva de las

* Los fundamentos de la libertad, 10.ª ed., Capítulo XXII, pp. 446-464, Unión Editorial, Madrid 2020.

** The Principles of Economic Planning, Londres 1949, p. 32.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XIX, n.º 2, Otoño 2022, pp. 395 a 418

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comodidades que los núcleos urbanos les facilitan. El disponer, para hacer más grata la vida rural, de aquellos bienes y productos que las ciudades proporcionan, como ocurre con las civilizaciones ya avanzadas, se convierte en el ideal de la vida refinada.

Ahora bien, no ya las ventajas que disfrutan quienes residen en las grandes ciudades, sino, sobre todo, el notable incremento en la producción industrial, que proporciona bienes y equipos a la población menos numerosa radicada en las áreas rurales y que a su vez facilita productos alimenticios a cuantos residen en la ciudad, implican costes elevadísimos. La actividad que se desarrolla en las grandes aglomeraciones urbanas no sólo alcanza mayores porcentajes de producción que la agraria, sino que resulta mucho más cara. Tan sólo quienes ven incrementado de modo notable su propio rendimiento como consecuencia de residir en la ciudad obtienen neta ventaja a pesar de los gastos extraordinarios que tal género de vida implica. El coste y las comodidades que la residencia en las poblaciones comporta son de tal naturaleza, que los ingresos mínimos requeridos para mantener cierto nivel de vida han de ser mucho más elevados que si se radica en las zonas rurales. Cierto nivel de pobreza que todavía es soportable en el campo, no sólo se tolera difícilmente en la ciudad, sino que los signos de penuria se hacen tan ostensibles que llegan a inquietar al resto de la gente. Regístrase así el sorprendente fenómeno de que, siendo las aglomeraciones urbanas la causa y origen de prácticamente todo lo que la civilización más valora —facilitando al mismo tiempo los medios indispensables para el progreso de la ciencia, el arte y el bienestar material—, tales aglomeraciones engendran igualmente los más sombríos aspectos que presenta la civilización.

Los dispendios que la vida en núcleos de gran densidad de población comporta, no sólo son de cuantía extraordinaria, sino que, en gran proporción, quedan a cargo de la propia colectividad; con lo que, de modo inevitable y automático, en vez de gravitar sobre los directamente afectados, recaen sobre cuantos viven en la urbe. La íntima convivencia que implica la vida ciudadana desna-turaliza, en muchos aspectos, las características del derecho de propiedad. En tales condiciones, sólo hasta determinado límite es cierto el supuesto de que los actos de dominio realizados por el titular de un bien cualquiera le afectan de modo exclusivo. Lo que

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA Y DEL URBANISMO

los economistas denominan «efectos de vecindad», es decir, aquellas repercusiones que provocan sobre el patrimonio de terceros los actos que determinado dueño realiza en el suyo revisten la máxima importancia. En realidad, acontece que el uso de cada parcela ubicada en las ciudades depende en cierta medida del actuar de quienes residen en sus inmediaciones y, en parte también, de los servicios públicos que la propia colectividad facilita y sin los cuales la utilización práctica de los inmuebles propiedad de cada vecino apenas si sería posible.

Los conceptos básicos de propiedad privada y libertad de contratación, como consecuencia de lo expuesto, no facilitan una solución inmediata a los complejos problemas que plantea la vida ciudadana. Aun suponiendo que no hubieran existido autoridades investidas de poder coactivo, no cabe duda que las preeminentes ventajas que ofrecen las grandes aglomeraciones urbanas habrían motivado la aparición de instituciones capaces de establecer —res-petando el goce de los derechos inherentes a la propiedad— una adecuada delimitación entre la superior facultad de determinar cuál sea el destino que deba darse a las áreas en plan de urbaniza-ción y la subordinada que incumbe al particular en cuanto al disfrute de las parcelas enclavadas en aquéllas. En muchos aspectos, las funciones que desempeñan las corporaciones municipales se corresponden con las que entrañaría el ejercicio de la facultad superior a que acabamos de referirnos.

Es innegable que, por desgracia, hasta hace bien poco, los economistas han prestado escasa atención a los problemas que plantea coordinar los diferentes aspectos del desenvolvimiento de las ciuda-des1. Aun cuando algunos aparecen como los más acerbos debela-dores de las malas condiciones que caracterizan a muchas viviendas

—y conviene recordar ahora que, hace más de cincuenta años, un semanario satírico alemán proponía definir a los economistas como aquellas personas que se dedicaban a medir la superficie de las casas 1 Recientemente se ha hecho un valioso intento de remediar esta postura. Véase R.

Turvey, Economics Real Property, Londres 1957. Entre las publicaciones anteriores en torno al tema de la imposión local, véase E. Cannan, especialmente su History of Local Rates, 2.ª ed., Londres 1912, y su memorándum en Royal Commission on Local Taxation.

Memoranda Chiefly Relating to the Classification and Incidence of Imperial and Local Taxes, H.M. Stationary Office, Londres 1899, 9.528, pp. 160-175. Ambas cuentan todavía entre las más útiles aportaciones en cuestiones tan cruciales.

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de los trabajadores al objeto de poder afirmar que eran demasiado pequeñas—, en lo relacionado con los problemas más importantes de la vida urbana se han atenido prácticamente al ejemplo de Adam Smith, cuando en sus lecciones aseveraba que las cuestiones de higiene y seguridad pública, «es decir, lo relativo a los métodos más adecuados para librar de inmundicias las calles y prevenir las acciones dolosas en el ámbito ciudadano mediante el mantenimiento de un cuerpo policial, si bien ofrecen aspectos de indudable utilidad práctica, constituyen temas harto triviales para ser tomados en consideración en esta suerte de disertaciones2.»

Habida cuenta del menosprecio que los economistas han exte-riorizado hacia el análisis de tales cuestiones, no debería lamen-tarse que su temática acuse un estado altamente insatisfactorio. En realidad, la dirección de la opinión pública en este orden de cosas ha quedado prácticamente en manos de individuos que —al centrar con preferencia su atención en eliminar determinadas deficiencias— han descuidado la cuestión primordial, consistente en coordinar las iniciativas privadas hasta lograr su ajuste general. Ahora bien, es evidente la singular importancia que, en la cuestión que examinamos, posee el utilizar eficazmente, dentro de ciertos límites, el saber y habilidad de los particulares, si bien impidiendo, al propio tiempo, que con su actuar obtengan ganancias en perjuicio de terceros. No debemos pasar por alto que, en general, la mecánica del mercado —aun sin negar las imperfecciones que en este orden de cosas haya podido reflejar— ha gobernado el desarrollo de las poblaciones con mayor acierto de lo que comúnmente se acepta. La mayor parte de los proyectos de mejora, basados no en el perfeccionamiento del sistema de mercado, sino en su sustitución por otro de dirección centralizada, ponen de manifiesto hasta qué punto se hace caso omiso de la singular capacidad que habría de tener tal autoridad para alcanzar la eficacia de ese sistema.

Ciertamente, cuando analizamos la manera tan poco reflexiva como han actuado las autoridades —que, sin percatarse con excesiva claridad de las fuerzas que impulsan el progreso de las ciudades, se enfrentaron con cuestiones harto complejas—, nos maravillamos de 2 Adam Smith, Lectures on Justice. Police, Revenue and Arms (conferencias pronunciadas en 1763), ed. E Cannan, Oxford 1896, p. 154.

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA Y DEL URBANISMO

que los resultados adversos no hayan sido mayores. Gran parte de las medidas encaminadas a combatir determinados males no han conseguido sino empeorarlos y, en sus últimas manifestaciones, han puesto en manos de los jerarcas un mayor control potencial de la vida privada del que, en circunstancias normales, disponen cualesquiera otras autoridades.

2. La congelación de los alquileres

Examinemos, ante todo, la congelación de los alquileres. He aquí una medida que, para afrontar pasajeras emergencias, fue siempre adoptada con carácter circunstancial, sin que se considerara, en ningún caso, solución definitiva; ahora bien, es difícil negar que en numerosos países de la Europa occidental ha tomado carta de naturaleza, traduciéndose en una limitación de la libertad y del bienestar de la gente más nociva que cualquier otra derivada de la injerencia estatal, salvo la que ha puesto en marcha los procesos inflacionarios. El sistema se implanta durante la Primera Guerra Mundial con la finalidad de impedir el alza momentánea de los alquileres, y, sin embargo, se ha mantenido en muchos países durante más de cuarenta años, haciendo caso omiso de los efectos que la inflación al propio tiempo provocaba, con lo que la renta inmobiliaria es notoriamente inferior a la que hubiera fijado el libre mercado. Mediante tal mecanismo, la propiedad urbana ha sido objeto de una efectiva expropiación. No puede caber la menor duda de que la congelación de los alquileres —

en mayor grado que cualquier otra medida de tal naturaleza— ha agravado, a la larga, el mal que pretendía curar y ha dado origen a un estado de cosas que, en definitiva, faculta a quienes ejercen la autoridad para, de modo arbitrario, interferir el libre desplazamiento de los seres humanos. No sólo ha contribuido de modo notable a quebrantar el respeto a la propiedad, sino que incluso ha debilitado el sentido de responsabilidad de la gente. Estas afirmaciones serán tildadas de extemporáneas y exageradas por aquellos que no han soportado directamente, durante un largo periodo, las repercusiones derivadas de la legislación de alquileres. Ahora bien, para cuantos no pasa inadvertido el progresivo empeoramiento de los edificios dedicados a vivienda y la influencia que en el tono general de vida de los

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habitantes de París, Viena o incluso Londres ejerce su lamentable estado, forzosamente son claras las deletéreas repercusiones de medidas de tal naturaleza sobre el conjunto de las actividades mercantiles e incluso sobre el carácter de toda la población.

En primer término, cuando los alquileres se fijan por debajo del nivel que el mercado señalaría, la escasez de viviendas se hace cró-nica. La demanda se mantiene mayor que la oferta, y cuando las autoridades imponen el respeto a la tasa máxima (por ejemplo, impidiendo que el arrendador perciba «primas»), se ven obligadas también a sujetar la concesión de viviendas a un mecanismo regu-lador. La gente imprime un ritmo mucho más lento a sus cambios de residencia, y, a medida que transcurre el tiempo, su asenta-miento en estos o aquellos distritos y la utilización de las clases distintas de morada no coincide ya con sus apetencias y necesidades. Se interrumpe la natural evolución que induce a un grupo familiar, en la época de máximos ingresos, a ocupar locales más espaciosos que la joven pareja que inicia su vida conyugal o que el matrimonio de jubilados. Como nadie puede ser compelido a cambiar de alojamiento, los inquilinos conservan el local arrendado, que se convierte de hecho en una especie de patrimonio familiar inalienable que pasa de una generación a otra haciendo caso omiso de la necesidad de ocuparlo. Cuantos heredan locales arrendados gozan de una situación de privilegio, pero, en cambio, núcleos de población en constante aumento se ven en la absoluta imposibilidad de instalar su propio hogar, o, si lo consiguen, es únicamente a base de gozar del favor oficial o de sacrificar un capital trabajosa-mente reunido o de acudir a procedimientos turbios o tortuosos3.

Adviértase, en otro orden de cosas, que el propietario pierde todo interés por conservar en buen estado los edificios, no invirtiendo ni 3 Véase M. Friedman y G.J. Stigler, Roofs of Ceilings? , Nueva York (Foundation for Economic Education), 1946; B. de Jouvenel, No Vacancies, Nueva York (Foundation for Economic Education), 1948; R.F. Harrod, Are These Hardships Necessary? , Londres 1948; F.W. Paish, «The Economics of Rent Restriction», Lloyds B.R. , abril 1950, XX, reimpreso en la obra del mismo autor Post-War Financial Problems, Londres 1950; W. Röpke, Wohnungswirtschaft – ein europäisches Problem, Düsseldorf 1951; A. Amonn, «Normalissie-rung der Wohnungswirtschaft in grundsätzlicher Sicht», Schweizer Monatshefte, junio 1953, y mis ensayos anteriores, Das Mieterschutzproblem, Viena 1929, y «Wirkungen der Mietzinsbeschränkungen», Schriften des Vereins für Sozialpolitik, CLXXXII, 1929.

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un céntimo más de aquella porción que los inquilinos se hallan obligados a abonarle con específico destino a tal finalidad. En ciudades como París, donde la inflación ha reducido en más de un 80 por 100

los ingresos por arrendamiento, los inmuebles habitados han llegado a un grado de deterioro sin precedentes y que durante décadas será imposible corregir.

Con todo ello, sin embargo, lo más importante no son los daños materiales. Ocurre que en los países occidentales, como consecuencia de la prohibición de elevar los alquileres, numerosos individuos se hallan sometidos, en su quehacer diario, a las decisiones arbitrarias de la autoridad y se habitúan a no realizar ningún acto importante sin solicitar previamente orientaciones y permisos del gobernante. De esta suerte, consideran normal que alguien les facilite gratuitamente el capital indispensable para construir su propia morada y que su bienestar económico dependa de los favores que otorga el partido dueño del poder, que a su vez utiliza las facultades omnímodas de que dispone en materia de viviendas para beneficiar precisamente a sus correligionarios.

Nada ha contribuido en mayor grado a minar el respeto de la gente hacia la propiedad, la ley y los tribunales, como la circunstancia de que constantemente se acuda a la autoridad con la pretensión de que decida cuál, en el conflicto de dos apetencias contrapuestas, deba prevalecer, tanto si se trata de distribuir el beneficio de servicios públicos esenciales, como de disponer de la que nominalmente se considera propiedad privada con arreglo al juicio que al jerarca merezca la urgencia de contrarias necesidades individuales. Por ejemplo, cuando se somete a la autoridad gubernativa la tarea de dilucidar quién sufrirá mayores daños, «el arrendador —padre de tres niños de corta edad, cuya esposa se encuentra inválida— al que se deniega la pretensión de ocupar una vivienda de su propiedad» o «el inquilino de aquella vivienda

—con un niño tan sólo a su cargo y la madre política físicamente impedida— al que se forzará a desalojar la habitación en virtud de demanda promovida por el arrendador»4. En ocasiones, semejantes contiendas son decididas por la arbitraria intervención de 4 El ejemplo viene dado por F.W. Paish en el ensayo citado en la nota precedente, p. 79 de la reimpresión.

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la autoridad gubernativa, que prescinde de toda norma legal al dictar su resolución. Un reciente fallo del Tribunal Administrativo de Apelación alemán pone de manifiesto el extraordinario poder de que disponen las autoridades cuando los actos más trascendentes de la vida privada se hallan sometidos a su superior decisión. La sentencia declaraba improcedente la negativa de una oficina de colocación laboral a facilitar ocupación a determinado trabajador, domiciliado en población distinta, a menos que el departamento administrativo que controlaba las viviendas concediera permiso al obrero para trasladarse a su nuevo destino, facilitándole al propio tiempo alojamiento; el fundamento de la resolución administrativa no radica en que la oficina de colocación no se hallara facultada para rechazar la petición aludida, sino en razón a que tal negativa presuponía «una inadmisible cuestión de competencia entre los distintos órganos de la administración»5.

Cierto que coordinar las atribuciones de las diferentes autoridades —ardiente anhelo de los planificadores— es empeño capaz de trocar lo que de otra forma no pasaría de arbitraria interferencia en las decisiones de los particulares en poder despótico sobre la vida toda del individuo.

3. La intervención de los poderes públicos

En tanto que la congelación de los alquileres —hasta donde alcanza la memoria de la mayoría de la gente— todavía se considera medida de emergencia que tan sólo razones de índole política obligan a mantener6, todo el mundo acepta, como principio incuestionable, que incumbe al Estado-providencia, de modo permanente, realizar cuanto sea preciso al objeto de reducir el coste de las viviendas con destino a los estamentos más débiles de la población, bien procediendo directamente a su construcción o bien impulsando la edificación con subsidios a los particulares. Pocos 5 E. Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrrchts, I, Munich 1950, p. 222.

6 Sólo recientemente se han hecho determinados esfuerzos sistemáticos en Gran Bretaña y en Alemania para abolir todo el sistema de control de alquileres. Incluso en los Estados Unidos todavía subsiste en la ciudad de Nueva York.

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advierten, sin embargo, que, a menos que tales actuaciones se hallen sujetas a rigurosa limitación, tanto en lo que atañe a su alcance como a los métodos utilizados, deben dar origen, en definitiva, a consecuencias análogas a las que provocan las tasas máximas de los alquileres.

Adviértase, ante todo, que los sectores de la población que el gobernante desea proteger proporcionándoles alojamiento sólo resultan realmente beneficiados si se edifican tantas viviendas como aquéllos desean ocupar. Facilitar parte de los alojamientos precisos no supone aditamento a los construidos por los particulares, sino mera sustitución de la actividad privada por la pública. En segundo lugar, las casas baratas proporcionadas por el poder público han de quedar rigurosamente asignadas al estamento que se desea proteger, y el mero hecho de colmar la demanda a precios más asequibles obliga a facilitar un número de viviendas notablemente superior al que tales núcleos urbanos, en otro caso, hubieran requerido. No se olvide, por último, que en términos generales, sólo se puede canalizar la actividad pública a la construcción de viviendas con destino a las familias más necesitadas si se parte del obligado supuesto de que los nuevos alojamientos no han de ser más cómodos ni de alquileres más módicos que los utilizados antes por tales núcleos de población, puesto que si se diera el caso de que los individuos así protegidos gozaran de mayores ventajas que los situados inmediatamente sobre ellos en cuanto a medios económicos, la presión que realizarían para obtener análogo beneficio sería tan irresistible que desencadenaría un proceso constantemente renovado y que progresivamente incrementaría el número de solicitantes.

De todo lo anterior se infiere —como reiteradamente afirman quienes pretenden introducir reformas en materia de vivienda— que cualquier profunda alteración que los poderes públicos introduzcan en el sistema de alojamientos urbanos resultará inoperante si el proporcionar morada a todos no se considera servicio público cuyo coste ha de soportar el erario. Ahora bien, esta fórmula no sólo es una grave amenaza a la libertad, sino que obliga a la gente a destinar al capítulo de la vivienda más de lo que en realidad desea. Salvo que el Estado no fuera capaz de colmar la demanda actual de viviendas más confortables y a tipos asequibles de alquiler, resultará ineludible

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introducir un mecanismo permanente que regule el disfrute de las ya existentes; tal sistema comportaría el que, en definitiva, decidieran los jerarcas qué parte de sus ingresos debería la gente destinar a vivienda así como la clase de morada a asignar a cada individuo o grupo familiar. Es fácil imaginar el omnímodo poder que gravitaría sobre la vida humana si quedara al libre arbitrio de los jerarcas la concesión de viviendas.

Tampoco debemos silenciar que numerosos esfuerzos llevados a cabo para asignar el carácter de servicio público a la construcción de alojamiento han dificultado seriamente mejorar los locales destinados a viviendas, ya que paralizan las fuerzas que provocan la gradual rebaja de los costes de edificación. Todos los monopolios son indudablemente antieconómicos, pero la máquina burocrática estatal lo es todavía más; la supresión del orden competitivo y la tendencia al inmovilismo, característica de cualquier sistema de planificación centralizada, impiden, sin lugar a dudas, alcanzar el anhelado objetivo —técnicamente posible si se aplican los adecuados métodos— de reducir, de modo creciente y sustancial, los costes de la edificación. La construcción de viviendas por la administración pública (y el otorgamiento de subsidios a los particulares al objeto de que tal género de edificaciones se incremente) puede, por tanto, y en el mejor de los casos, resultar beneficiosa para aquellos sectores de la población económicamente más necesitados; pero tales medidas, al propio tiempo, los someten a tan alto grado de dependencia de los poderes públicos, que se plantea un grave problema político si los beneficiarios llegan a ser la mayoría de las poblaciones. La política de vivienda a que venimos haciendo referencia no es inconciliable —como también acontece con la asistencia a los menesterosos— con un sistema general de libertad. Pero suscita gravísimas cuestiones que debemos afrontar resueltamente si queremos evitar sus nocivas repercusiones.

4. Problemas que plantea el hacinamiento

La oportunidad de obtener mayores ingresos y el disfrute de otras ventajas que la residencia en las poblaciones proporciona queda compensada, en gran medida, por los mayores gastos que tal género

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de vida implica y que generalmente se incrementan cuanto mayor es la categoría de la ciudad. Aquellos que por trabajar en la urbe ven incrementados sus ingresos se hallan en situación más ventajosa, aun cuando por serles necesario trasladarse diariamente entre puntos distantes hayan de abonar el precio del transporte y alquileres más altos por una modesta morada. Otros disfrutarán de estas ventajas si no se ven en el caso de destinar parte de sus ingresos a gastos de transporte o no han de residir en barrios caros o no les importa ocupar habitaciones reducidas a cambio de disponer de mayores sumas con que procurarse otras comodidades. En el centro de las poblaciones existen viejos caserones cuyos solares gozan en la actualidad de tan gran demanda para fines distintos de la vivienda, que carecería de interés dedicarlos a edificar nuevas moradas. Tales inmuebles, tiempo ha desechados por las personas pudientes, proporcionan a quienes se hallan empleados en menesteres de bajo rendimiento la oportunidad de disfrutar las ventajas que la ciudad ofrece a base de vivir hacinados en extremo. En tanto existan individuos dispuestos a ocuparlos, lo más conveniente en muchos casos es no derribarlos; con lo que se da la paradoja de que los más necesitados habitan con frecuencia en distritos cuya superficie edificable tiene gran valor y que los propietarios obtienen saneadas rentas de inmuebles ubicados en la parte más desmante-lada de la urbe. Los edificios de esta categoría continúan dedicados a vivienda porque los viejos inmuebles originan reducidos gastos de conservación, pudiendo albergar en cambio numerosas familias.

De no existir tan destartaladas moradas, o si fuera menor su superficie habitable, muchos de los que desean vivir en las grandes aglomeraciones urbanas perderían la oportunidad de que los incrementados ingresos que en ellas obtienen puedan igualar y acaso sobrepasar el mayor gasto que implica la residencia urbana.

La existencia de locales sórdidos y mal acondicionados destinados a vivienda —y que en forma más o menos agravada se registra durante el periodo de crecimiento de la mayoría de las poblaciones— plantea dos clases de problemas que conviene distinguir, aunque por lo general se confundan. La existencia de barrios insalubres, cuyos moradores arrastran una vida generalmente mísera, actuando con frecuencia al margen de la ley, provoca, sin duda, un efecto deletéreo sobre el resto de la población y obliga a la autoridad

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municipal o a los ciudadanos a hacer frente a ciertos gastos que, en cambio, no soportan los residentes de los mencionados distritos. En tanto que para los usuarios de tales viviendas sea ventajoso residir en el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que el municipio toma a su cargo el coste que su proceder ocasiona, existe la posibilidad de que la situación se altere transfiriendo los costes al propietario, lo que sin duda daría lugar al derribo de los viejos e insalubres caserones y a levantar nuevos inmuebles, que el comercio o la industria utilizarían. Claro está que una medida de tal naturaleza en modo alguno resultaría beneficiosa para los inquilinos de las destartaladas casonas. La nueva realidad no se habría producido en interés de los directamente afectados por la medida; el problema queda situado en el cuadro de los denominados «efectos de vecindad» y pertenece a la temática de la planificación urbana que examinare-mos más adelante.

Las razones que aconsejan la demolición de los sórdidos distritos o suburbios —si se contemplan tomando en consideración la conveniencia o la necesidad de sus usuarios— son completamente distintas. En tal supuesto se plantea un auténtico dilema. La gente, si se decide a vivir hacinada en destartalados inmuebles, es tan sólo porque de tal suerte se le proporciona la ansiada oportunidad de beneficiarse de las altas remuneraciones que la actividad ciudadana proporciona. Ahora bien, cuando se pretende que tan sórdi-das viviendas desaparezcan hay que elegir de dos cosas una: o bien se impide que los individuos en cuestión aprovechen lo que constituye una parte de sus ingresos ordenando el derribo de sus míseros alojamientos, pero de módicos alquileres —donde radicaba su ventajosa situación— y se les obliga a abandonar la ciudad hasta tanto no se disponga para todos de locales con condiciones mínimas de habitabilidad7, o, en otro caso, se les facilita viviendas decorosas a menor precio de su coste, lo que equivale a otorgarles un subsidio que les permita continuar residiendo en la urbe, causa a su vez de que nuevas gentes que se hallan en análoga situación inicien su éxodo hacia la ciudad. De tal suerte, no sólo se contribuye a que las ciudades crezcan más allá de lo razonable, sino que 7 Tales oportunidades frecuentemente se utilizan en varias partes del mundo para mantener alejadas minorías raciales impopulares.

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se facilita la aparición de ciertos grupos a cuyas necesidades habrá de proveer la comunidad. Cuando así acontece, las autoridades pronto se consideran investidas de la facultad de decidir a quién se le permite trasladarse a determinada ciudad y a quién no.

Como acontece a menudo en este orden de cosas, las medidas adoptadas pretenden satisfacer las necesidades que determinados individuos experimentan, sin calcular que incrementarán el número de personas a quienes habrá de extenderse la protección.

Es cierto que muchos de los que habitan en los suburbios vienen residiendo muchos años en las ciudades y no conocen otro género de vida, lo que les incapacita para acomodarse a las actividades del campo. Ahora bien, el problema más grave deriva de la afluencia de numerosas personas procedentes de las regiones más pobres y predominantemente rurales, para quienes la acomodación económica en los viejos y ruinosos edificios urbanos constituye a modo de trampolín para alcanzar una mayor prosperidad. Para esta gente, trasladarse a la ciudad resulta ventajoso a pesar de verse en el caso de utilizar viviendas reducidas e insalubres. Cuando se les facilita alojamiento más confortable y económico, el éxodo hacia las poblaciones alcanza un ritmo mucho más intenso. Sólo existen dos maneras de resolver el problema: o bien se permite que los factores económicos disuasorios operen, o bien se implanta un rígido control que imponga orden y canalice la afluencia de nuevas gentes; los partidarios de la libertad consideran la primera solución como mal menor.

El problema de la vivienda en modo alguno es un problema independiente con solución aislada, sino que se halla involucrado con cuantos temas plantea la pobreza y que únicamente se puede resolver elevando el nivel de vida de todos. Ahora bien, este objetivo se distanciará si acudimos a subsidiar a determinadas personas precisamente para que abandonen aquellas comarcas donde sus ingresos superan a sus gastos y se instalen en otras donde ocurrirá lo contrario, o bien si se ponen obstáculos al desplazamiento de quienes consideran que el emigrar de un lugar ha de permitirles obtener mayores ingresos aun cuando sea a costa de vivir en condiciones que nosotros consideramos deplorables.

No disponemos de espacio bastante para proceder al estudio de cuantas medidas las autoridades municipales pueden adoptar con

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la finalidad de ayudar a determinados sectores de la población, pero que en realidad no son más que medios y subvenciones que facilitan el crecimiento de las gigantescas aglomeraciones humanas más allá de límites económicamente aconsejables. Cuantas fórmulas se ingenian para, invocando una supuesta conveniencia pública, facilitar a la gente servicios por bajo de su coste —con la finalidad inicial de descongestionar las poblaciones y favoreciendo el ulterior crecimiento de los distritos del extrarradio— no hacen, a la larga, más que empeorar las cosas. Las censuras que ha provocado la política de la vivienda implantada en Inglaterra son igualmente aplicables a la mayoría de los países. «Nos hemos sometido a aquellas directrices que suponen la concesión de recursos económicos con destino al mantenimiento de las aglomeraciones urbanas financiados mediante la exacción fiscal que ha de soportar todo el país, lo que provoca y estimula el crecimiento antieconómico de las grandes ciudades8.»

5. Urbanismo y derechos de propiedad

El normal ejercicio de las facultades dominicales provoca en las grandes poblaciones, por las relaciones de vecindad, beneficios o perjuicios que afectan a terceros, suscitando nuevos problemas en razón a que el mecanismo de los precios no los acusa con la debida precisión. Las ventajas o desventajas que origina el disfrute de la propiedad mobiliaria afectan, por lo general, de modo exclusivo, a sus titulares, a diferencia de cuando se trata de una parcela de terreno, pues acontece entonces con frecuencia que su uso repercute necesariamente en la utilidad de los precios colindantes. En el ámbito ciudadano, lo expuesto hace referencia a la actuación de los titulares de la propiedad privada y, en mayor grado todavía, a la forma en que se utilicen los terrenos comunales, tales como las calles o los lugares de recreo y esparcimiento, tan esenciales en la ciudad.

Para que el mercado pueda armonizar los esfuerzos de los individuos, tanto el propietario como las autoridades que gobiernan los 8 Sir Frederick Osborn, «How Subsidies Distort Housing Development», Lloyds B.

R. , abril 1955, p. 25.

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servicios públicos han de hallarse emplazados de tal suerte que se percaten de los efectos que su conducta provoca sobre los bienes ajenos. Tan sólo cuando el valor de los patrimonios privados y públicos refleja la totalidad de las repercusiones derivadas de su uso, el mecanismo de los precios opera en debida forma. En la especial regulación antes mencionada, esto queda muy debilitado. El valor de los bienes inmuebles es influido por la manera en que el resto de la gente usa de los suyos, y más todavía por los servicios públicos habi-litados y los reglamentos que las autoridades imponen; y, a menos que al adoptar decisiones se hayan tenido en cuenta tales efectos, existen pocas probabilidades de que el beneficio exceda al coste total9.

Ahora bien, aun cuando el mecanismo de los precios constituye una guía imperfecta para el goce de la propiedad urbana, no se puede prescindir del mismo si el proceso de desarrollo incumbe a la iniciativa privada y si ha de operar el conocimiento y previsión dispersos entre toda la gente. Hay razones de peso a favor de la adopción de cualesquiera medidas prácticas conducentes a que ese mecanismo funcione de modo más eficaz y a que los propietarios tomen en consideración todas las posibles consecuencias de sus actos. El marco jurídico dentro del cual las decisiones de los titulares de propiedad privada han de coincidir con el interés público deberá, por tanto, ser más casuístico y adaptado a las circunstancias locales de lo que requiera cualquier otra especie de propiedad.

Tal «planificación urbana», que en general se apoya en el mercado, dicta normas para el desarrollo de ciertos sectores de la ciudad —

dejando, de todos modos, que el particular actúe libremente— y constituye una parte no despreciable del esfuerzo que impulsa al mercado a operar con mayor eficacia.

Existe otro tipo de injerencia totalmente distinto aun cuando se le designa también con el nombre de «planificación urbana» o

«urbanismo». A diferencia del anterior, esta última prescinde deliberadamente del mecanismo de los precios y aspira a imponer en su lugar una dirección centralizada. Gran parte de la planificación 9 Sobre estos problemas véase la obra de R. Turvey mencionada en la nota 1; Alli-son Dunhan, «City Planning: An Analysis of the Content of the Master Plan», The Journal of Law and Economics, I, 1958.

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urbana que llevan a cabo arquitectos e ingenieros, ignorando en absoluto la función que desempeñan los precios en la coordinación de las actividades individuales, corresponde a tal tipo de inje-rencia10. Incluso cuando no pretende someter el futuro desenvolvimiento urbano a un plan preconcebido que asigne determinado uso a cada parcela de terreno, su finalidad, en definitiva, no es otra que hacer cada vez más inoperante el mecanismo del mercado.

La cuestión, por tanto, no consiste en si debe o no propugnarse la planificación urbana, sino más bien en si las medidas a aplicar completan y coadyuvan al mecanismo del mercado o impiden su funcionamiento sustituyéndolo por una dirección centralizada.

Las cuestiones que en la práctica suscita tal proceder ofrecen gran complejidad, no siendo posible hallar ninguna solución perfecta.

El carácter beneficioso de cualquier medida se apreciará en cuanto contribuya a un deseable proceso cuyos detalles, sin embargo, serán muy impredecibles.

La mayor dificultad práctica consiste en que, en realidad, todas las disposiciones adoptadas con fines urbanísticos aumentan el valor de determinados bienes inmuebles y, en cambio, reducen el de otros. Tan sólo resultarán beneficiosas si en el conjunto de las ganancias que comportan superan a las pérdidas provocadas. Si en verdad se desea no dañar a unos en beneficio de otros, es obligado que tanto las ganancias como las pérdidas deriven del actuar de la autoridad encargada de dirigir los planes, la cual habrá de incau-tarse de las plusvalías producidas (incluso si las medidas en cuestión se hubieran adoptado en contra del deseo de alguno de los propietarios), abonando con carácter de compensación a los perjudicados el importe de los daños sufridos. Todo ello puede lograrse sin que la autoridad asuma poderes arbitrarios y de imposible control, reconociéndole únicamente la facultad de expropiar a precio de mercado. Este derecho basta, por lo general, para que la autoridad pueda exigir al propietario las plusvalías derivadas de la gestión pública, y al propio tiempo permite la adquisición de los predios, que ven disminuido su valor como consecuencia de las 10 La medida en que el movimiento de planificación urbana, bajo la dirección de hombres tales como Frederick Law Olmsted, Patrick Geddes y Lewis Mumford, se ha convertido en algo antieconómico que constituiría materia para un interesante estudio.

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medidas adoptadas contra la voluntad de sus propietarios. La autoridad, en la mayoría de los casos, ni siquiera habrá de adquirir los inmuebles en cuestión, pues, al socaire de su facultad de expropiar, no le será difícil convenir con el propietario una adecuada fórmula compensatoria. Cuando el único poder coactivo de que la autoridad dispone es el derecho a expropiar al precio de mercado, los intereses legítimos de la gente se hallan debidamente protegidos. Pero en cierta medida se trata de un método imperfecto, ya que «el valor de mercado» no es una magnitud que carezca de ambigüedad y los criterios acerca de cuál sea el justo precio distan mucho de ser uniformes. Ahora bien, lo importante es que las discrepancias sean resueltas, en última instancia, por tribunales independientes, sus-trayéndolas al arbitrio de la propia autoridad planificadora.

El riesgo más grave lo crean numerosos planificadores cuando desean eludir el cómputo de cuantas inversiones se precisan para realizar sus proyectos. Arguyen, en muchas ocasiones, que, si hubiera que abonar los precios que rigen en el mercado, resultaría prohibitiva la realización de determinadas mejoras.

Ahora bien, lo que esto en verdad significa es que, en tal supuesto, el proyecto ha de ser abandonado. Nunca, en efecto, son más inconsistentes las motivaciones del planificador urbano que cuando pretende expropiar a los ciudadanos fijando la indemnización por debajo del justo precio que señala el mercado; la dialéctica empleada parte de la falacia de no existir otro procedimiento para reducir el coste social del proyecto. Lo que en realidad acontece es que se aspira a realizar obras sin abonar su coste; el planificador desea evidenciar las ventajas que comportan sus proyectos acudiendo al fácil expediente de que determinados sujetos soporten una parte de los gastos, para seguidamente adoptar, ante su justa queja, una actitud de absoluta indiferencia.

La mayor parte de los razonamientos en pro de la planificación urbana son utilizados para extender la planificación más allá de los límites en que normalmente queda configurada y salvaguardada la propiedad privada. Algunas de las medidas que persigue la injerencia quizá se lograran si se dividiera el contenido del dominio de tal suerte que la facultad de adoptar las decisiones se reservara a alguna entidad autónoma que en representación del municipio o la región quedara facultada para asignar cargas y ventajas al propietario

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individual. Este tipo de ordenación, en el que la entidad autónoma retiene cierto control permanente sobre la utilización de las parcelas de los particulares, constituye una alternativa a la directa injerencia de la administración. Ofrece también la ventaja de que esa entidad autónoma sea una entre muchas y de que su poder quede limitado por hallarse en el caso de competir con otras de naturaleza similar.

En cierta medida, como parece natural, incluso la competencia entre municipios y otras corporaciones administrativas provoca efectos restrictivos análogos a los que acabamos de exponer. El planificador urbano, sin embargo, exige con frecuencia que sus programas tengan alcance regional e incluso nacional. Verdad es que en la planificación concurren siempre ciertos factores que requieren grandes unidades para operar de manera efectiva. Ahora bien, todavía es más cierto que, a medida que el área de la planificación centralizada se amplía, los datos peculiares de carácter local se tienen menos en cuenta. Los programas de ámbito nacional, en vez de intensificar la competencia, la eliminan totalmente. Tal eliminación, en verdad, no es deseable. Es probable que no exista solución perfecta a las dificultades que la complejidad del problema plantea. Pero los mejores logros derivarán siempre de la aplicación de un método que opere principalmente a través de alicientes ofrecidos a los particulares permitiéndoles disponer a su antojo de sus predios, puesto que ningún otro mecanismo utiliza tan adecuadamente los dispersos conocimientos, posibilidades y perspectivas derivadas de todo proceso de desarrollo como lo hace el mercado.

Ciertos sectores estiman que estas dificultades se obviarían si se implantara el impuesto único ( the single-tax plan), es decir, transfiriendo la propiedad de todos los terrenos a la comunidad para después cederlos en arriendo —a los tipos fijados por el mercado—a quienes desean explotarlos. Este sistema de socialización de la tierra es, sin duda, considerando su aspecto lógico, el más seductor y plausible de todos los programas socialistas. Si los supuestos de hecho en que se basa fueran correctos, es decir, si fuera posible distinguir de modo inequívoco el propio valor de las «fuerzas permanentes e indestructibles del suelo» y el que deriva de dos clases de mejoras (las procedentes de la acción colectiva y las debidas al esfuerzo del propietario individual), las razones en favor de su instauración serían muy sólidas. Pero las dificultades mencionadas

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derivan de la circunstancia de que aquella diferenciación no puede hacerse con el rigor adecuado. Por otra parte, para que las parcelas en manos de los particulares proporcionaran el rendimiento debido, el precio del alquiler habría de quedar inalterable y el plazo del arriendo ser muy largo y de libre transmisión, con lo que tal sistema apenas diferiría de la propiedad privada y las cuestiones que esta última suscita reaparecerían. Aun suponiendo que las cosas fueran tan sencillas como pretenden los partidarios del «impuesto único sobre la tierra», no cabe esperar que, implantándolo, se soluciona-ran los problemas que nos preocupan.

6. Control de la utilización de solares

El despotismo administrativo, bajo cuya férula los planificadores urbanos desean colocar la economía, queda bien ilustrado por las previsiones drásticas de la British Town and Country Planning Act, de 194711. Aunque dicha ley fuera derogada tras una vigencia de pocos años, no le han faltado admiradores en todas partes, e incluso se ha presentado como ejemplo digno de imitación por los Estados Unidos12. La ley establecía nada menos que la expropiación de todas las ganancias que el propietario de suelo urbano obtuviere por cualquier cambio importante del destino que se le diera y 11 Quizá debería decirse, en disculpa de los economistas británicos, que difícilmente se hubieran convertido tales absurdos en ley si las decisivas etapas de preparación de la misma no hubiesen coincidido con momentos en que tales economistas estaban ocupados casi por completo en el esfuerzo de la guerra, mientras los planificadores urbanos tenían tiempo y campo libre para configurar su concepción de un mundo mejor para la posguerra. Cuando se discutió la ley en el Parlamento, muy pocos comprendieron sus implicaciones y probablemente nadie previó que el ministerio responsable utilizaría los poderes que se le daban para decretar la completa confiscación de las plusvalías originadas por el desarrollo urbanístico. Sobre la Ley, véase Sir Arnold Plant, «Land Planning and the Economic Functions of Ownership», Journal of the Chartered Auctioneers and Estate Agents Institute, XXIX, 1949, y como complemento de la obra de R. Turvey ya mencionada, su artículo «Development Charges and the Compensation-Bettermen Problem», E. J. , LXIII, 1953, y mi artículo «A Levy on Increa-sing Efficiency», The Financial Times, Londres, 26, 27 y 28 de abril de 1949.

12 G.M. Haar, Land Planning in a Free Society: A Study of the British Town and Country Planning Act, Harvard University Press, 1951; véase mi crítica de dicho estudio en University of Chicago Law Review, XIX, 1952.

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definiendo la ganancia como la plusvalía que hubiera registrado el valor de los terrenos en el supuesto de que no se hubiese permitido una utilización distinta, precio que podría haber sido igual a cero13.

La indemnización por la confiscación de tales plusvalías procedía de un fondo especialmente presupuestado al efecto. La tesis subya-cente en tal mecanismo presuponía que la gente tan sólo se hallaría facultada para enajenar determinada parcela a un precio no influido por cualquier cambio de su actual destino; toda ganancia provocada por una alteración de su uso correspondería a la autoridad planificadora como precio del permiso para realizar el cambio, mientras que cualquier pérdida causada por una disminución de valor, en función de su uso actual, afectaría tan sólo al propietario.

En los casos en que una propiedad dejaba de ser rentable por man-tenerla invariablemente destinada a determinada utilización, el impuesto de plusvalía ( the development charges), como se denominó la exacción fiscal, hubiera ascendido al valor íntegro del precio mencionado al serle asignado nuevo destino.

Debido a que la entidad autónoma encargada de la aplicación de las disposiciones legales a que venimos refiriéndonos asumió facultades omnímodas sobre las pretensiones del particular en cuanto afectaban a alterar el destino de las parcelas de su propiedad —salvo si se trataba de terrenos dedicados a explotaciones agrícolas—, quedó en realidad investida de plenos poderes en lo atinente a si aquéllos habían de aplicarse a finalidades industriales o mercantiles. Ahora bien, como quiera que la actuación de la entidad autónoma no podía quedar sujeta, por su propia constitución, a limitaciones, el Central Land Board puso pronto de manifiesto que no tenía el propósito de debilitar sus poderes imponiéndose normas que restringieran su actuar. Las instrucciones que dictó al iniciar su gestión expresaban lo anterior con singular claridad. El Central Land Board se reservaba explícitamente el derecho a separarse de aquellas instrucciones siempre que «por razones especiales sus normas no fueran de aplicación» y asimismo «cuando juzgara conveniente modificar sus directrices». Por último, declaró 13 Técnicamente hablando, tal organismo actúa dentro de los límites señalados por el ministro responsable, que, habiendo sido autorizado para fijar los impuestos de desarrollo en un porcentaje del valor de la plusvalía, decidió fijarlos en el 100 por 100.

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que interpretaría con criterio restrictivo «las disposiciones de carácter general» cuando así conviniera en cada caso concreto14.

No es sorprendente que se descubriese la imposibilidad de poner en práctica una ley de tales características; y así, tras siete años de vigencia, tuvo que ser derogada, sin que se abonara ninguna de las compensaciones previstas por la percepción de la

«plusvalía originada por los nuevos procesos de desarrollo» de la propiedad. De toda la ordenación, lo único que ha quedado vigente es la necesidad de solicitar el permiso de la autoridad planificadora para cualquier proceso económico, autorización que se presume obtenible si el proyecto no es contrario al plan general previamente publicado. El propietario individual, por tanto, de nuevo tiene interés en dar a sus bienes inmuebles el uso más adecuado. La realidad que examinamos podría calificarse de episodio curioso y que pone en evidencia los desatinos a que da lugar una impremeditada legislación si no se tratara de las consecuencias que lleva consigo la ideología hoy tan extendida. Todos los esfuerzos para eliminar el mecanismo del mercado en lo que respecta a la propiedad urbana y reemplazarlo por una dirección centralizada conducen a un sistema que deja al arbitrio del jerarca la completa dirección de los procesos de desarrollo. La fracasada experiencia inglesa pasó inadvertida, por cuanto, durante la vigencia de la ley, el mecanismo burocrático indispensable para su aplicación no llegó nunca a operar por completo. La ley y el aparato requerido para su aplicación eran tan complejos, que nadie, salvo los escasos contribuyentes que, por su desgracia, quedaron prendidos en sus mallas, llegó a comprender de qué se trataba.

7. Reglamentación en materia de edificación

Las ordenanzas municipales relativas a la edificación urbana plantean problemas, en muchos aspectos, similares a los de la planificación de las ciudades. Aun cuando no susciten importantes cuestiones de principio, es obligado proceder brevemente a su examen. Dos 14 Central Land Board, Practice Notes (First Series), L.H. M. Stationary Office, 1949, pp. 2-3.

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razones aconsejan que las edificaciones en la ciudad se sometan a regulación. En primer lugar, porque, como es harto sabido, pueden crear situaciones de insalubridad o riesgo de incendio, con daño para otros inmuebles. Las condiciones que en la actualidad se exigen en materia de construcción atañen no sólo a la seguridad de los colindantes y usuarios, sino también de los clientes y personas relacionadas con los ocupantes. En segundo término, someter la construcción de los nuevos inmuebles a normas obligatorias constituye, probablemente, la única manera de impedir el fraude y el engaño, toda vez que las fórmulas contenidas en las ordenanzas de la edificación sirven para interpretar las cláusulas convenidas en orden a la adecuada construcción y aseguran la utilización de los materiales y técnica adecuados y comúnmente admitidos, salvo que se desee aplicar otros, pero en tal caso todo ello debe ser consignado de manera explícita en el contrato.

Aunque no puede negarse la conveniencia de la reglamentación, pocas materias se prestan tanto como ésta a las intromisiones abusivas de la autoridad, habiendo sido utilizada con harta frecuencia para imponer trabas absurdas o dañosas al progreso de las poblaciones o bien para proteger situaciones prácticamente monopolísticas de los industriales de la localidad. Cuando tales instrumentos rebasan una ordenación mínima, y, de modo especial, cuando tienden a que los nuevos procedimientos técnicos permitidos sean los de general aplicación en un momento dado, existe el riesgo de que dificulten gravemente el deseado progreso económico. Si impiden la aplicación de nuevos métodos y amparan los monopolios locales de trabajadores y empresarios, las regulaciones provocan el alza en los costes de la construcción y de modo indirecto son causa de la escasez de viviendas y del hacinamiento que se registra en los inmuebles ya existentes. Ello es rigurosamente exacto cuando las ordenanzas, en lugar de limitarse a prescribir que las nuevas edificaciones queden sometidas a ciertas condiciones y pruebas, requieren la aplicación de determinadas técnicas.

Interesa advertir que las «ordenanzas de inspección» imponen menos restricciones que las «ordenanzas técnicas», siendo, por lo tanto, aquéllas preferibles. Éstas, aparentemente, concuerdan más con nuestros principios, toda vez que limitan las facultades discrecionales de la autoridad; pero la discrecionalidad conferida por las

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«ordenanzas técnicas» no puede ser censurada. El que determinado procedimiento sea idóneo para ejecutar una obra puede ser objeto de dictamen por peritos en la materia, y las discrepancias, sometidas a ulterior decisión de los tribunales.

Dilucidar si la facultad de dictar las ordenaciones en materia de edificaciones urbanas incumbe al Estado o a las corporaciones locales suscita nuevos temas de indudable importancia y complejidad.

Es, sin duda, posible que las ordenanzas emanadas de las autoridades comarcales tiendan a proteger las prácticas monopolísticas y que contengan, en otros aspectos, normas más restrictivas. Cabe aducir también razones de peso a favor de que se publique un modelo o formulario general minuciosamente elaborado y que los regidores de cada localidad adaptarían a sus necesidades peculiares introduciendo las modificaciones del caso. Pero, en general, las ordenanzas de ámbito local provocan una competencia entre las distintas corporaciones interesadas, que suprime obstáculos y restricciones carentes de base, con bastante mayor rapidez y eficacia que unas ordenanzas generales de aplicación a todo el país o a extensas regiones del mismo.

8. Control de emplazamientos industriales

En el conjunto de cuestiones que suscita la ordenación urbana, las relacionadas con el emplazamiento de las industrias de rango nacional asumirá sin duda gran importancia en el futuro. La atención de los partidarios de la planificación se concentra cada vez más en tales problemas y es precisamente en esta materia donde, con reiteración, se afirma que los logros de la libre competencia son, sin duda, irracionales y nocivos. Ahora bien, ¿dónde se descubre la supuesta irracionalidad de los actuales emplazamientos de las zonas industriales y la pretendida posibilidad de mejorarlos acudiendo a la dirección centralizada? Claro está que, si la gente pudiera prever con la necesaria anticipación y en todos sus detalles el alcance de los procesos de desarrollo, gran parte de las decisiones en su día adoptadas habrían sido diferentes, y, en tal sentido, lo que entonces aconteció se nos antojara, a posteriori, inadecuado.

Ello no quiere decir, sin embargo, que partiendo de los datos de

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que entonces se dispuso, hubiérase procedido de manera distinta, o bien que los logros hubieran sido más satisfactorios de haber dirigido los procesos de desarrollo una autoridad nacional. Aun cuando de nuevo nos movamos en una esfera en la que el mecanismo de los precios opera sólo imperfectamente, sin tener en cuenta muchos factores que desearíamos ver ponderados, resulta más que dudoso que un planificador central fuera capaz de regir tales procesos con tanto acierto como el mercado. Debemos subrayar los sorprendentes éxitos que en este orden de cosas logra el mercado cuando obliga a la gente a considerar aspectos que directamente no captan pero que los precios hacen tangibles. El análisis crítico más difundido en relación con la materia que nos ocupa dio pie a que A. Lösch afirmara: «La consecuencia, sin duda, más importante que se deduce de la lectura de este libro es haber evi-denciado, de manera sorprendente, hasta qué punto las fuerzas del mercado libre pueden operar de modo altamente beneficioso.» A renglón seguido añade que el mercado «respeta los deseos apenas intuidos de la gente, tanto si son beneficiosos como perjudiciales», y que su mecanismo «actúa —aunque con excepciones— por el bien común bastante más de lo que generalmente suponemos15».

15 August Lösch, The Economics of Location, Yale University Press, 1954, pp. 343-44.

LA CONGELACIÓN DE LOS ALQUILERES*

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Examinemos, ante todo, la congelación de los alquileres. He aquí una medida que, para afrontar pasajeras emergencias, fue siempre adoptada con carácter circunstancial, sin que se considerara, en ningún caso, solución definitiva; ahora bien, es difícil negar que en numerosos países de la Europa occidental ha tomado carta de naturaleza, traduciéndose en una limitación de la libertad y del bienestar de la gente más nociva que cualquier otra derivada de la injerencia estatal, salvo la que ha puesto en marcha los procesos inflacionarios. El sistema se implanta durante la Primera Guerra Mundial con la finalidad de impedir el alza momentánea de los alquileres, y, sin embargo, se ha mantenido en muchos países durante más de cuarenta años, haciendo caso omiso de los efectos que la inflación al propio tiempo provocaba, con lo que la renta inmobiliaria es notoriamente inferior a la que hubiera fijado el libre mercado. Mediante tal mecanismo, la propiedad urbana ha sido objeto de una efectiva expropiación. No puede caber la menor duda de que la congelación de los alquileres —en mayor grado que cualquier otra medida de tal naturaleza— ha agravado, a la larga, el mal que pretendía curar y ha dado origen a un estado de cosas que, en definitiva, faculta a quienes ejercen la autoridad para, de modo arbitrario, interferir el libre desplazamiento de los seres humanos. No sólo ha contribuido de modo notable a quebrantar el respeto a la propiedad, sino que incluso ha debilitado el sentido de responsabilidad de la gente. Estas afirmaciones serán tildadas de extemporáneas y exageradas por aquellos que no han soportado directamente, durante un largo periodo, las repercusiones derivadas de la legislación de alquileres. Ahora bien, para cuantos no pasa inadvertido el progresivo empeoramiento de los edificios dedicados a vivienda y la influencia que en el tono general de vida

* Fundamentos de la Libertad, Unión Editorial, 2019, pp. 449-452.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política Vol. XVII, n.º 1, Primavera 2020, pp. 493 a 496

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de los habitantes de París, Viena o incluso Londres ejerce su lamentable estado, forzosamente son claras las deletéreas repercusiones de medidas de tal naturaleza sobre el conjunto de las actividades mercantiles e incluso sobre el carácter de toda la población.

En primer término, cuando los alquileres se fijan por debajo del nivel que el mercado señalaría, la escasez de viviendas se hace cró-nica. La demanda se mantiene mayor que la oferta, y cuando las autoridades imponen el respeto a la tasa máxima (por ejemplo, impidiendo que el arrendador perciba «primas»), se ven obligadas también a sujetar la concesión de viviendas a un mecanismo regu-lador. La gente imprime un ritmo mucho más lento a sus cambios de residencia, y, a medida que transcurre el tiempo, su asenta-miento en estos o aquellos distritos y la utilización de las clases distintas de morada no coincide ya con sus apetencias y necesidades. Se interrumpe la natural evolución que induce a un grupo familiar, en la época de máximos ingresos, a ocupar locales más espaciosos que la joven pareja que inicia su vida conyugal o que el matrimonio de jubilados. Como nadie puede ser compelido a cambiar de alojamiento, los inquilinos conservan el local arrendado, que se convierte de hecho en una especie de patrimonio familiar inalienable que pasa de una generación a otra haciendo caso omiso de la necesidad de ocuparlo. Cuantos heredan locales arrendados gozan de una situación de privilegio, pero, en cambio, núcleos de población en constante aumento se ven en la absoluta imposibilidad de instalar su propio hogar, o, si lo consiguen, es únicamente a base de gozar del favor oficial o de sacrificar un capital trabajosa-mente reunido o de acudir a procedimientos turbios o tortuosos1.

Adviértase, en otro orden de cosas, que el propietario pierde todo interés por conservar en buen estado los edificios, no 1 Véase M. Friedman y G.J. Stigler, Roofs of Ceilings? , Nueva York (Foundation for Economic Education), 1946; B. de Jouvenel, No Vacancies, Nueva York (Foundation for Economic Education), 1948; R.F. Harrod, Are These Hardships Necessary? , Londres 1948; F.W. Paish, «The Economics of Rent Restriction», Lloyds B.R. , abril 1950, XX, reimpreso en la obra del mismo autor Post-War Financial Problems, Londres 1950; W. Röpke, Wohnungswirtschaft – ein europäisches Problem, Düsseldorf 1951; A. Amonn, «Normalissie-rung der Wohnungswirtschaft in grundsätzlicher Sicht», Schweizer Monatshefte, junio 1953, y mis ensayos anteriores, Das Mieterschutzproblem, Viena 1929, y «Wirkungen der Mietzinsbeschränkungen», Schriften des Vereins für Sozialpolitik, CLXXXII, 1929.

LA CONGELACIÓN DE LOS ALQUILERES

invirtiendo ni un céntimo más de aquella porción que los inquilinos se hallan obligados a abonarle con específico destino a tal finalidad. En ciudades como París, donde la inflación ha reducido en más de un 80 por 100 los ingresos por arrendamiento, los inmuebles habitados han llegado a un grado de deterioro sin precedentes y que durante décadas será imposible corregir.

Con todo ello, sin embargo, lo más importante no son los daños materiales. Ocurre que en los países occidentales, como consecuencia de la prohibición de elevar los alquileres, numerosos individuos se hallan sometidos, en su quehacer diario, a las decisiones arbitrarias de la autoridad y se habitúan a no realizar ningún acto importante sin solicitar previamente orientaciones y permisos del gobernante. De esta suerte, consideran normal que alguien les facilite gratuitamente el capital indispensable para construir su propia morada y que su bienestar económico dependa de los favores que otorga el partido dueño del poder, que a su vez utiliza las facultades omnímodas de que dispone en materia de viviendas para beneficiar precisamente a sus correligionarios.

Nada ha contribuido en mayor grado a minar el respeto de la gente hacia la propiedad, la ley y los tribunales, como la circunstancia de que constantemente se acuda a la autoridad con la pretensión de que decida cuál, en el conflicto de dos apetencias contrapuestas, deba prevalecer, tanto si se trata de distribuir el beneficio de servicios públicos esenciales, como de disponer de la que nominalmente se considera propiedad privada con arreglo al juicio que al jerarca merezca la urgencia de contrarias necesidades individuales. Por ejemplo, cuando se somete a la autoridad gubernativa la tarea de dilucidar quién sufrirá mayores daños, «el arrendador —padre de tres niños de corta edad, cuya esposa se encuentra inválida— al que se deniega la pretensión de ocupar una vivienda de su propiedad» o «el inquilino de aquella vivienda

—con un niño tan sólo a su cargo y la madre política físicamente impedida— al que se forzará a desalojar la habitación en virtud de demanda promovida por el arrendador»2. En ocasiones, semejantes contiendas son decididas por la arbitraria intervención de la 2 El ejemplo viene dado por F.W. Paish en el ensayo citado en la nota precedente, p. 79 de la reimpresión.

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autoridad gubernativa, que prescinde de toda norma legal al dictar su resolución. Un reciente fallo del Tribunal Administrativo de Apelación alemán pone de manifiesto el extraordinario poder de que disponen las autoridades cuando los actos más trascendentes de la vida privada se hallan sometidos a su superior decisión. La sentencia declaraba improcedente la negativa de una oficina de colocación laboral a facilitar ocupación a determinado trabajador, domiciliado en población distinta, a menos que el departamento administrativo que controlaba las viviendas concediera permiso al obrero para trasladarse a su nuevo destino, facilitándole al propio tiempo alojamiento; el fundamento de la resolución administrativa no radica en que la oficina de colocación no se hallara facultada para rechazar la petición aludida, sino en razón a que tal negativa presuponía «una inadmisible cuestión de competencia entre los distintos órganos de la administración»3. Cierto que coordinar las atribuciones de las diferentes autoridades —ardiente anhelo de los planificadores— es empeño capaz de trocar lo que de otra forma no pasaría de arbitraria interferencia en las decisiones de los particulares en poder despótico sobre la vida toda del individuo.

3 E. Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrrchts, I, Munich 1950, p. 222.

Camino de Libertad

Veinte ensayos de F. A. Hayek,

en el 50 Aniversario de su Premio Nobel

REVISTA PROCESOS DE MERCADO

INSTITUTO JUAN DE MARIANA